• Graves omisiones en materia de institucionalidad para la protección de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas en Cuenta Pública presidencial

Importantes compromisos en materia de fortalecimiento de los derechos humanos y no discriminación asumió el Presidente de la República en su Programa de Gobierno. Se señala en el acápite respectivo: “Una política de Estado en materia de protección y promoción de los derechos humanos y fundamentales impone tener presente todas las dimensiones de los derechos, y preocuparse, al menos, de los siguientes aspectos:... fortalecer y ampliar los derechos de las personas, reforzando su consagración normativa e institucional e incluir figuras o dimensiones de ellos no cubiertas institucionalmente,… Reforzar una política para enfrentar las situaciones del pasado orientada por valores de verdad, justicia y reconciliación… Corregir o erradicar las trabas, requisitos o normas que impiden la plena vigencia y disfrute de los derechos de las personas. Fortalecer las instituciones, acciones, procedimientos y prácticas de tutela y protección de los derechos fundamentales” (Programa de Gobierno para el Cambio el Futuro y la Esperanza Chile 2010-2014, página 151).

Además, se compromete a “Promover una política de respeto por todas las personas, independiente de su orientación religiosa, política, sexual u origen étnico o racial, velando porque no existan discriminaciones arbitrarias contra las minorías” (Ibidem, pág. 151).

Se trata de relevantes desafíos que el Estado de Chile todavía no ha resuelto a cabalidad, impactando en las condiciones de vida de la ciudadanía. Pese a ello, la reciente Cuenta Pública no abordó satisfactoriamente estas materias. Únicamente el Presidente Piñera se limitó a reforzar un conjunto de valores, sin señalar las medidas concretas que se adoptarían para ello. “Una sociedad de sólidos valores significa respetar y proteger la vida, su dignidad y los derechos humanos; no discriminar a nadie por su origen étnico, situación económica, apariencia física, opción religiosa o preferencia sexual. Significa también respetar y promover la familia, la naturaleza, la honestidad, la justicia, la fraternidad y la paz” y luego invitó a recordar las palabras de un pontífice (Mensaje a la Nación, de S.E. el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique).

En particular se lamenta la falta de apoyo a la ley que establece medidas contra la discriminación, pendiente ante el Senado desde hace casi cinco años, así como a la Defensoría de las Personas, cuya creación viene demandándose por diversos actores desde la recuperación de la democracia.

Igualmente se comprometió la Coalición Por el Cambio durante la campaña presidencial a proteger los derechos de las personas que viven juntas, “nos ocuparemos de los 2 millones de chilenas y chilenos que conviven en pareja sin estar casados. Por ello, protegeremos sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que hoy les impiden ese acceso y las discriminaciones existentes, de forma de construir una sociedad inclusiva y acogedora y no excluyente y castigadora” (pág. 143). Pero ninguna palabra dedicó el Presidente a ello, aunque sí formuló anuncios –como el bono de Bodas de Oro- orientados a fortalecer el matrimonio. En tanto en el Congreso Nacional permanecen sin debate iniciativas de ley sobre uniones de hecho y el Pacto de Unión Civil.

Asimismo, se lamenta la escasa relevancia asignada en el Mensaje a los pueblos indígenas. Especialmente llamó la atención la falta de propuestas concretas del nuevo gobierno en materia de implementación de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Cabe recordar que con la ratificación del Convenio 169 de la OIT en septiembre de 2008 y la firma de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas el año anterior, el Estado reconoció los derechos colectivos que les corresponden. Esto implica una profunda modificación de la institucionalidad chilena -en colaboración con los propios pueblos indígenas- que permita el ejercicio de los derechos territoriales y autonómicos que corresponden a los pueblos originarios. Especialmente preocupante ha sido la falta de compromiso del Ejecutivo para cumplir con el deber de consulta previa, de buena fe y orientado a alcanzar el consentimiento de los pueblos indígenas frente a medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarles. Esto incluye la consulta previa ante proyectos de inversión en territorios indígenas y frente a proyectos de ley, cuestión que hasta la fecha no se ha verificado.

Se espera que el debate del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas –que el Presidente ha señalado impulsará a la brevedad mediante urgencia legislativa- se verifique con la participación de las organizaciones indígenas representativas y sea efectivamente consultado conforme a las específicas recomendaciones hechas al gobierno de Chile por el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya. Lo mismo respecto de la creación de la Agencia de Desarrollo Indígena en reemplazo de la CONADI, la reformulación de la política de tierras y, en particular, el anunciado Plan Araucanía que contempla inversiones en infraestructura, generación de empleos, mejoramiento de la calidad de la educación, de la salud y promoción cultural.

Ver columna Las omisiones del Presidente de Matías Meza-Lopehandía