Suspendido indefinidamente debate del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos

El pasado 28 de agosto se ha anunciado la suspensión del trámite legislativo del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por parte del Gobierno. La decisión obedeció en gran medida al desacuerdo expresado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pues la institucionalidad creada no se haría cargo en su totalidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Chile.

La postergación indefinida del debate debilita gravemente la posibilidad de contar en Chile con una institucionalidad sobre derechos humanos, de carácter permanente y dotada del mandato de promover y proteger los derechos humanos en el país. De la mayor relevancia se considera la continuidad de la asistencia jurídica que actualmente brinda el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, como el conjunto de beneficios que se otorgarían a las víctimas de la represión política durante la dictadura, entre importantes materias abordadas en la iniciativa. Igualmente, se necesita contar en el país, entre otras medidas, con una institucionalidad orientada hacia el futuro que garantice la no repetición de graves violaciones a los derechos y libertades fundamentales.

El proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresó a tramitación en junio de 2005 y fue aprobada por la Cámara de Diputados en agosto de 2006. En el Senado, los contenidos de la propuesta fueron modificados sustancialmente producto de un acuerdo entre el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia y Senadores de la Alianza Por Chile. La cámara baja, en tanto, rechazó dichos cambios por lo que se constituyó una Comisión Mixta, en octubre de 2007. Luego de meses de trabajo, dicha instancia alcanzó un acuerdo que fue dado a conocer el 1º de julio pasado (Boletín Nº 3878-17).

Uno de los aspectos centrales de la propuesta de la Comisión Mixta consistía en reponer la facultad del Instituto para deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, respecto de actos futuros que importen la violación a los derechos humanos. También planteaba eliminar la prohibición que se le había impuesto a la entidad, para pronunciarse acerca de casos determinados cuya resolución esté pendiente ante los tribunales de justicia o que puedan afectar a personas individuales.

Además, se dotaba de rango legal al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, otorgándosele expresamente la facultad de deducir acciones legales, incluidas las de presentar querellas respecto de los delitos de secuestro o desaparición forzada, o bien, por homicidio o ejecución sumaria. Ello en el marco de la asistencia legal y judicial que el Programa brinda a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o violencia política, para hacer efectivo su derecho a la ubicación de las personas detenidas desaparecidas o de los cuerpos de las personas ejecutadas y el establecimiento de las circunstancias de dicha desaparición o muerte. Asimismo, se disponía establecer una Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y  Tortura.

El Instituto es definido –en la propuesta de la Comisión Mixta- como una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile. De este modo se eliminaba la vinculación con el Ministerio de Justicia que dispuso el Senado en septiembre del año pasado.

Entre las facultades conferidas al Instituto de Derechos Humanos se encontraba la de elaborar un Informe Anual sobre la situación nacional de derechos humanos y hacer recomendaciones; comunicar al Gobierno y a los distintos órganos del Estado su opinión sobre situaciones relativas a los derechos humanos; proponer a los órganos del Estado medidas para favorecer la protección y promoción de los derechos humanos; promover que la legislación, reglamentos y prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos; difundir el conocimiento y la enseñanza de los derechos humanos, incluyendo la formación de las Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad Públicas; entre otras funciones. Una de las facultades que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados otorgaba al Instituto, y eliminada en el Senado, consistía en promover la aprobación, suscripción y ratificación de declaraciones, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, sin embargo la Comisión Mixta no repuso esta facultad.

Si bien la propuesta de Instituto de Derechos Humanos acordada en el parlamento presenta algunos aspectos deficientes, constituye un primer paso necesario para avanzar en el país hacia la vigencia plena de los derechos y libertades fundamentales. Por ello, resulta lamentable la falta de definición respecto de plazos y mecanismos necesarios para reanudar el debate y revisar los contenidos del proyecto en función de alcanzar un acuerdo que ponga a Chile a la altura de los estándares internacionales.