Senadores y Gobierno dan señales positivas para una pronta ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

Recientes anuncios dan cuenta de una favorable disposición para que Chile se integre a la Corte Penal Internacional. En julio pasado, al iniciarse el debate sobre la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, senadores de la Alianza Por Chile y de la Concertación de Partidos por la Democracia definieron un principio de acuerdo para la ratificación del Estatuto de Roma como de la referida Convención. Dicho acercamiento se produjo después del viaje realizado a fines de junio por los Senadores Sergio Romero (RN) y Hernán Larraín (UDI) a La Haya, para conocer el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

La posibilidad de ratificar el Estatuto de Roma se condiciona al avance previo del proyecto de ley que tipifica en la legislación chilena los crímenes de competencia de la CPI: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (Boletín 3493-07). Por ello, el Gobierno conformó un grupo de trabajo de alto nivel a fin de preparar una indicación sustitutiva al proyecto que en 2004 presentaron los Senadores Viera-Gallo y Naranjo y que se encuentra radicado en la Comisión de Constitución. El equipo estuvo dirigido por el ex Ministro de la Corte Suprema Enrique Cury e integrado por la abogada de derechos Humanos Pamela Pereira, el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia Edgardo Riveros junto a asesores jurídicos de Cancillería y Justicia. La propuesta de ley será presentada dentro del plazo que el Senado abrió para la presentación de indicaciones, que vence el 1º de septiembre.

La tipificación de los crímenes de competencia de la CPI en la legislación chilena permitirá a los tribunales nacionales investigar y juzgar la eventual comisión de dichos crímenes en forma preferente a la Corte Penal Internacional. Si bien no se trata de un requisito previo a su ratificación, permite a los tribunales nacionales ejercer la jurisdicción preferente. Ello, puesto que la jurisdicción de la Corte es complementaria a las jurisdicciones nacionales y sólo actuará cuando los tribunales nacionales no puedan o no tengan voluntad de aplicar justicia, de manera de garantizar que los crímenes no queden en la impunidad.

En relación al acuerdo político adoptado, el Senador Jaime Gazmuri señaló “acordamos hacer una tratamiento en conjunto y paralelo de esta convención de la ONU (Convención sobre Desapariciones Forzadas) con la ratificación de Chile al Tratado Penal Internacional, que tiene un rango mayor que la Convención y que no ha sido aprobada por Chile porque no hemos sido capaces hasta ahora  de construir un acuerdo político sustantivo en el Congreso Nacional”. Explicó que “en el Senado, la oposición ha tenido mucha reticencia a firmar el denominado Tratado de Roma, que es importante para el desarrollo del derecho humanitario en el mundo y establecer efectivamente un tribunal que tenga jurisdicción universal respecto de los crímenes de lesa humanidad, siempre y cuando, en los países no hayan condiciones de establecer esos juicios penales” (Departamento de Prensa del Senado de la República, 17/07/2008).

Por su parte, el Senador Sergio Romero aclaró que “la iniciativa para destrabar el tema del Tribunal Penal Internacional surgió hace varias semanas, cuando le expusimos al ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, cuál era nuestra posición una vez que se confirmó que se habían destrabado las restricciones de armamentos para quienes firmaran el Tratado derivado del acuerdo de Roma”. Agregó que luego “visitamos junto al senador Hernán Larraín la Corte Penal Internacional en La Haya y, entonces planteamos en la Comisión la posibilidad de alcanzar un acuerdo, a fin de que durante este año intentáramos destrabar la tramitación de este Tratado, a través de un calendario que consultara varias etapas”. Precisó que “la primera de ellas es definir en la Comisión de Constitución los delitos tipificados en ese cuerpo internacional, para incorporarlos a nuestro ordenamiento legal y luego analizar la reforma a la Constitución necesaria, de acuerdo al dictamen del Tribunal Constitucional. Esta situación naturalmente va a tener que ser estudiada con las reservas correspondientes” (Departamento de Prensa del Senado de la República, 17/07/2008).

El acuerdo alcanzado en el Senado representa un gran avance para lograr en definitiva la incorporación de Chile a la Corte Penal Internacional. Especialmente considerando que más de 100 Estados han ratificado el Estatuto de Roma, en cambio Chile es el único país de América del Sur que hasta la fecha no se integra a dicho mecanismo internacional de justicia.

Es de esperar que la Comisión de Constitución del Senado, a partir de las indicaciones que se presenten, debata prontamente el proyecto de tipificación de crímenes de manera de contar con una legislación que sancione el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Ello permitirá satisfacer la condición que parlamentarios de la Alianza Por Chile han definido como previa a la ratificación del Estatuto de Roma.