Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el Comité el aumento de la violencia policial y pidieron anular el decreto ley de Amnistía. Dieron cuenta de las falencias que tiene Chile en la aplicación de la Convención y propusieron una serie de medidas y recomendaciones.

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Después de su aprobación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, el Protocolo adicional de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles quedó en condiciones de ser votado por la Sala del Senado.

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