Cuatro años después del fallo que despojó a Karen Atala de la tuición de sus tres hijas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara admisible el caso, iniciado por Corporación Humanas, el Centro de Derechos Humanos de la UDP y la Asociación de Libertades Públicas.

El hecho demuestra que no basta con los esfuerzos del Gobierno por institucionalizar una política de irrestricto compromiso con los derechos humanos, si los otros dos poderes del Estado no avanzan al ritmo exigido por los estándares mundiales.

De poco sirve suscribir compromisos internacionales de protección a las garantías fundamentales, si sus preceptos sucumben a un Poder Judicial que no los asume en estas materias. Y eso cuando llegan a ser ley nacional, porque aún hay un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales que aguardan su ratificación en el Congreso.

Para mayor bochorno frente al mundo, se da la paradoja que mientras el Gobierno debe lidiar internamente con las reticencias internas de los otros poderes, frente al reproche internacional está obligado a responder como Estado, llegando incluso a defender un fallo arbitrario que no guarda ninguna concordancia con los principios orientadores de su programa de Gobierno.

Alberguemos la esperanza de que el asiento que ocupamos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU obligue al conjunto de nuestras instituciones a ponerse a la altura de la dignidad de las personas.

Mientras tanto, la falta de garantías para las personas con una opción distinta a la heterosexual será un tema que las organizaciones de la sociedad civil haremos evidente en la presentación que oficialmente debe hacer en marzo del 2009 ante dicho Consejo.