Humanas-Los casos de dos jóvenes mujeres – de 19 y 21 años, respectivamente – internadas en hospitales públicos con graves complicaciones en su salud, luego de haber interrumpido sus embarazos con Misotrol, nos obligan nuevamente a mirar una realidad que cada cierto tiempo irrumpe en la discusión pública, pese a los esfuerzos por ser silenciada.

En Chile, se realizan decenas de miles de abortos anualmente en condiciones de clandestinidad. Porque – a diferencia de otros países – la legislación nacional lo penaliza en cualquier circunstancia.

La interrupción de un embarazo es un procedimiento médico bastante seguro si es practicado en condiciones médicas y sanitarias adecuadas. Sin embargo, las legislaciones punitivas, como la chilena, obligan a la clandestinidad, transformando todo aborto en un riesgo para la salud y la vida de las mujeres. Riesgos por lo demás a los que no todas las mujeres están expuestas por igual: son las mujeres pobres y las jóvenes que, al no poder pagar por la interrupción de un embarazo en buenas condiciones, o viajar a otro país, se ven obligadas a recurrir a procedimientos peligrosos, con consecuencias inciertas para su salud.

Son diversas las razones que pueden llevar a una mujer a interrumpir un embarazo en un determinado momento de su vida. Sin duda no se trata de una decisión trivial, máxime cuando los riesgos son tan altos al realizarse en condiciones de clandestinidad. Resulta de toda evidencia que la amenaza de una sanción penal no opera como un disuasivo cuando se trata de la decisión respecto de la propia vida de una mujer y del sentido que ésta desea darle.

La situación de estas dos mujeres nos obliga a preguntarnos por la verdadera calidad de la ciudadanía de las mujeres en un país que pretende ser moderno y desarrollado.

La maternidad puede ser una experiencia maravillosa, pero la primera condición para ello es que sea producto de la libre decisión. Es la voluntad lo que convierte a la maternidad en una vivencia propiamente humana, diferenciándonos de otras especies animales. Las mujeres somos sujetas morales, capaces de tomar nuestras propias decisiones respecto de lo que queremos sea nuestra vida. Es la capacidad de guiar nuestra existencia según nuestro propio plan de vida lo que nos constituye en seres humanos. Sin embargo, las leyes que prohíben todo aborto niegan a las mujeres la más básica facultad humana; la autodeterminación.

La penalización total del aborto en Chile desconoce la condición de sujetas de derechos de las mujeres. Las fronteras nacionales parecieran impenetrables para los avances internacionales en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos. El derecho a la vida, a la integridad física y síquica; el derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, el derecho al más alto nivel de salud física y mental, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a la intimidad y vida privada, así como el derecho a decidir sobre la maternidad son cotidianamente atropellados tratándose de las mujeres chilenas. La legislación nacional no sólo se aparta de su función protectora de los derechos, sino que se erige como un instrumento para el control de su sexualidad y el sometimiento de sus cuerpos al mandato de la maternidad.

La extrema vulneración de los derechos de estas jóvenes queda de manifiesto en la tremenda exposición pública a la que han sido sometidas, transgrediendo la más elemental obligación de confidencialidad en la relación médico/a – paciente. De hecho, el Ministerio de Salud dispuso en su Ordinario Nº 1675 del 24 de abril de 2009 que los directores de Servicios de Salud deben garantizar el trato humanizado y compasivo hacia éstas mujeres, respetando los contenidos de una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, y siguiendo las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, cuyas indicaciones son expresas en la urgente necesidad de evitar todo trato vejatorio o castigador que pueda asimilarse a una forma de tortura.

Las leyes que penalizan todo aborto son inaceptables en una sociedad democrática. Aún más inaceptable es la falta de debate social al respecto. Pese a que diversos estudios de opinión dan cuenta de un significativo respaldo ciudadano a la necesidad de modificar la legislación vigente, autoridades gubernamentales y parlamentarias – en su inmensa mayoría – desatienden dicha necesidad y reclamo, profundizándose la brecha entre representantes y representados/as.

La ciudadanía mayoritariamente es partidaria de legislar para permitir el aborto en ciertas circunstancias, tal como lo reflejan diversas encuestas de opinión. La V Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2008 (Corporación Humanas, 2008) muestra que el 79% de las mujeres están de acuerdo con que sea legal el aborto en caso de peligro para la vida la madre; 76% si el embarazo es producto de una violación; y el 70% si el feto tienen una malformación grave. Además, el 69% expresa que no votaría por un candidato o candidata que rechaza la legalización del aborto cuando corre peligro la vida de la mujer

El silencio de las autoridades, en particular del Congreso, frente a la demanda ciudadana por la modificación de las leyes sobre aborto resultan incomprensible. Han transcurrido casi veinte años desde que el gobierno militar repusiera el castigo al aborto terapéutico, con la consiguiente condena y estigmatización a las mujeres. Si bien ello puede explicarse por la ausencia de un Congreso democráticamente elegido, no resulta entendible que luego de dos décadas se mantenga dicha penalización, y que las escasas iniciativas para su reposición no hayan sido siquiera debatidas en dicho hemiciclo. Debiera ser motivo de preocupación para quienes desean postularse – o repostularse – a ocupar un escaño, que el 69% de las mujeres no esté dispuesta a votar por un candidato o candidata que rechaza la legalización del aborto cuando corre peligro la vida de la mujer.