Corporación Humanas-Diversas organizaciones de derechos humanos plantearon ayer al gobierno la necesidad de contar con instancias de trabajo, que consideren la participación de la sociedad civil, para dar seguimiento a las recomendaciones que le han sido formuladas al Estado de Chile en la materia por distintos órganos de Naciones Unidas. Y así cumplir con los compromisos internacionales contraídos por Chile en el marco de los tratados de derechos humanos ratificados ante la ONU.
En reunión sostenida ayer en el palacio de la Moneda con el subsecretario de la Secretaría General de Presidencia, Claudio Alvarado, diversas organizaciones de derechos humanos plantearon al gobierno la necesidad de contar con instancias de trabajo, con la participación de la sociedad civil, para dar seguimiento a las recomendaciones que en materia de derechos humanos le han formulado al Estado de Chile distintos órganos de Naciones Unidas.
Por parte las organizaciones de la sociedad civil, estuvieron presente José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano; Francisco Cox, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Lorena Fries, presidenta Corporación Humanas; y Hernán Vergara, presidente de Amnistía Internacional – Chile. Mientras que por el gobierno, participaron también el coordinador de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, Claudio Oliva; el abogado y asesor la División Jurídico-Legislativa, Ignacio Covarrubias; y el Asesor Especial para Asuntos Indígenas, Sebastián Donoso.
Durante el encuentro, se planteó al gobierno la necesidad urgente de que el Estado cumpla con las recomendaciones que le fueron formuladas por instancias de las Naciones Unidas durante 2009, entre ellas, el Comité Contra la Tortura, el Comité contra la Discriminación, el Consejo de Derechos Humanos, del que Chile es parte, y el Relator Especial para asuntos indígenas, James Anaya.
En una misiva dirigida al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, las organizaciones denuncian la existencia de graves rezagos por parte del Estado respecto a la aplicación de estas recomendaciones, y manifiestan su disposición “a colaborar, desde nuestro rol, para asumir este desafío que incumbe a todos los poderes del Estado”.
Destacando, que estos órganos de Naciones Unidas han constatado “las serias limitaciones institucionales existentes para asegurar la vigencia y protección efectiva de muchos de estos derechos, y la ausencia de una actuación coherente desde el Estado, incluyendo sus distintos poderes, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Chile en esta materia”.
Mecanismo de seguimiento
Para las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos que asistieron a la reunión, contar con un mecanismo para dar seguimiento a las recomendaciones que le formularon diversas instancias de la ONU al Estado de Chile es “avanzar hacia la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país”, señala Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas.
Dicho mecanismo requiere la creación de una instancia de trabajo con participación directa de los diversos estamentos del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de “identificar los principales desafíos que surgen de las recomendaciones, así como para identificar las acciones que resultan indispensables para su materialización”, aclaran. Cabe destacar que dicho mecanismo fue planteado al gobierno de Michelle Bachelet, pero en definitiva este grupo de trabajo no fue creado.
Para José Aylwin, contar con esta instancia “es fundamental para evitar que persistan prácticas abusivas, discriminatorias y las graves violaciones a los derechos humanos constatadas por estos organismos de Naciones Unidas, iniciativa que por lo demás una de las recomendaciones que han sido planteadas al estado. El gobierno, en la reunión, valoró este acercamiento nuestro, por parte de organizaciones que trabajamos en la promoción, investigación y defensa de derechos humanos, y quedó de responder a nuestra solicitud. Que no debiera ser otra, que favorable”
Por su parte, Hernán Vergara, presidente de Amnistía Internacional – Chile, junto con recordar que dicha organización envío una carta al presidente Piñera “de la que no hemos tenido respuesta”, destacó la existencia de una “notoria falta de voluntad política para llevar a cabo políticas públicas en favor de lo que hemos denominado una trilogía esencial en materia de derechos humanos: un plan nacional de derechos humanos que no existe, un Instituto de Derechos Humanos que aún no funciona y una defensoría de las personas que no tiene avance desde mayo pasado avance en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Sumando a ello, la falta de coherencia, muchas veces abismante, entre lo que el ejecutivo señala en el ámbito internacional y lo que manifiesta en el país”.
El año pasado el Estado de Chile se sometió por primera vez al Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, ante el Consejo de Naciones Unidas. Lorena Fries, Presidenta de Corporación Humanas, destaca que “los Estados miembros recogieron las sugerencias que hicimos las organizaciones no gubernamentales y que luego propusieron a nuestro país, tales como la necesidad de ratificar el Protocolo CEDAW, la reforma de la Sociedad Conyugal y el establecimiento de normas sobre igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en materia de participación política y acceso a espacios de poder público. Por ello, nos parece fundamental que se genere una instancia de trabajo entre el Estado y la sociedad civil, para identificar los principales desafíos que surgen de las recomendaciones y así cumplir con los compromisos adquiridos y pasar el Examen (EPU) en cuatro años más”, finaliza.
