El Gobierno decidió dar suma urgencia al proyecto de ley que incorpora el uso de brazaletes electrónicos para el control de quienes están bajo medidas alternativas.
El anuncio lo hicieron hoy el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y el diputado Jorge Burgos (DC), integrante de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja.
“El Gobierno le pondrá suma urgencia y por otro lado, ellos (los parlamentarios) van a priorizar la discusión de este proyecto”, explicó Maldonado.
La idea es que durante las tres semanas legislativas de enero “se pueda avanzar sustancialmente para que pueda ser revisado por el Senado cuando el parlamento se constituya nuevamente en marzo”.
Maldonado destacó que éste es “un proyecto bien relevante porque permite mejorar una cuestión que es bien sensible para la ciudadanía: el control de las medidas alternativas. Cuando la persona es condenada, pero no es un delito de mayor gravedad, en lugar de ir a prisión queda en libertad con un control limitado y este proyecto lo que hace es mejor ese sistema de control”.
Además de una mayor número de funcionarios para las tareas de supervisión también se establece, por primera vez, un sistema de monitoreo electrónico para las personas que cumplen condena. Se trata de un brazalete electrónico con GPS que permite saber la ubicación exacta de la persona en todo momento.
De acuerdo al diputado Jorge Burgos , en Chile hay más de 50 mil personas privadas de libertad por cautelares o condenadas y un número similar de personas que cumplen penas a través de lo que la ley actual llama beneficios carcelarios (remisión condicional, reclusión nocturna y libertad vigilada, entre otros).
“Este proyecto es una buena cosa desde el punto de vista de dar tranquilidad a la gente respecto de que no haya reincidencia, ni impunidad” por falta de control planteó el parlamentario.
Proyecto con déficit
Agregó Burgos que esta ley está asociada a un financiamiento de $6 mil millones “que es poco, porque se requiere de a lo menos el doble y vamos a jugarnos para que Hacienda ponga más plata”.
A su juicio el uso de sistemas tecnológicos también podría extenderse para controlar algunas medidas cautelares, lo que requiere indicaciones del Ejecutivo.
Sólo para algunos casos
El uso de brazaletes con GPS se aplicaría para controlar la libertad vigilada en casos de violencia intrafamiliar o algunos delitos de carácter sexual.
Desde septiembre la Fiscalía Oriente tiene un proyecto piloto bajo el cual monitorea cautelares de dos personas a las que se les puso el dispositivo en un tobillo.
