Lejos de disminuir, la violencia hacia la mujer se mantiene con fuerza en Chile. Es un hecho no menor: cada seis días muere en el país una mujer por esta razón. A la fecha, ya son 50 las asesinadas este año, y en 2008 murieron 59. Aurora Jesús Olivares (33 años, tres hijos, de 17, 15 y 2 años) fue la última víctima: el domingo 15 de noviembre la mató su pareja, Rubén Darío Vargas, quien se suicidó inmediatamente después, mientras la macabra situación era descubierta por el hijo de 15 años al regresar en la madrugada de una fiesta.
Eso sucede pese a que en dos décadas, desde que se recuperara la democracia, se haya avanzado, entre otras medidas, en una respuesta desde el Estado en materia legal (en 1994 se aprobó la primera Ley de Violencia Intrafamiliar chilena); en que se lograra alguna protección hacia las víctimas; en que las agredidas hayan obtenido derecho a la atención en salud (protocolos especiales y salas exclusivas para recibir a las mujeres en los centros de salud), y en que se instalaran casas de acogida (hay 25 en todo Chile) para los casos más graves, vale decir, cuando las agredidas deben dejar su hogar.
Más. En 2005, la nueva Ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar mejoró la situación: creó el delito de maltrato habitual, que castiga con cárcel la violencia síquica y física, y logró así una mejor definición de este tipo de violencia; aumentó las sanciones por esta conducta; modificó el Código Penal y subió en un grado las penas de cárcel en caso de lesiones causadas por violencia intrafamiliar, y dio mayores garantías de lograr protección a quienes denuncian, al obligar al agresor a abandonar la casa, prohibirle que se acerque a la víctima y conminarlo a asistir a terapia.
En otro orden, se creó en 2007 el Fono-familia 149 de Carabineros, atendido por profesionales para orientar a aquellas mujeres que viven violencia. Además de ello, el Ministerio Público puso en marcha un programa nacional que da respuesta en 24 horas a las mujeres y se instalaron unidades especializadas para la atención de delitos de violencia intrafamiliar en las fiscalías.
A esto se suma un desafío pendiente que apunta el Sernam: mejorar el seguimiento a las medidas cautelares que aseguren mayor protección a las mujeres -en trámite actualmente en el Parlamento mediante un proyecto de ley que sanciona el femicidio -, y poner en marcha un programa para la reeducación de los agresores, que impulsará el Ministerio de Justicia en coordinación con esta cartera.
Pero pese a todo ello, el país sigue entre las naciones con más altos índices de este tipo de violencia contra las mujeres. Anualmente las denuncias por esta causa llegan casi a 100 mil, y en el 98% de estas la víctima es una mujer. Sólo en 2006 se recibieron 95.829 denuncias ante Carabineros.
Pero la cuestión más preocupante es que de todos estos casos sólo unos mil llegan a asumirse judicialmente. En el resto de las situaciones, la mujer se retracta.
Datos que son el indicador más claro de que no es suficiente con lo que se ha avanzado en la implementación de políticas públicas y legislación para combatir la violencia hacia las mujeres y que, como incluso los candidatos presidenciales están planteando, se requiere de nuevas medidas.
Algunos de ellos reivindican incluso una reformulación total -’integral’ le llaman- de la actual legislación sobre la materia.
¿El motivo? Consideran que no se ha atendido suficientemente el proceso anterior a los asesinatos de las mujeres, que representa el gran problema y que, al retractarse la mayoría de las violentadas de sus denuncias, suele quedar impune, sin reparación posible. “La violencia hacia la mujer no es un evento, sino un continuo, y ahí es donde hay que poner énfasis para combatirla”, dice la directora de la Corporación Humanas, Lorena Frías, sobre este asunto.
De ahí la necesidad de poner en práctica nuevas políticas y realizar cambios urgentes, que instituciones que trabajan específicamente en estas materias, como DOMOS, la Fundación Templanza y la Corporación Humanas, enumeran a continuación.
1. Modificación a la ley
¿Basta con la ley que tenemos y las modificaciones que actualmente se discuten en el Congreso? Para los entendidos no es suficiente: la Ley 20.066 se aboca al concepto de “violencia intrafamiliar” y no al de “violencia contra la mujer”, cuestión que invisibiliza el delito. La reivindicación, entonces, es una ley de violencia hacia las mujeres, ya que el 98% de las agresiones las sufren ellas. Casos emblemáticos son hoy las legislaciones mexicana, argentina y española, que señalan que este es un problema no sólo judicial sino que debe enfrentarse también desde otros prismas. Pero más urgente que transformar esta ley es tener medidas que mejoren su aplicabilidad hoy. “Es una ley que entró en vigencia sin los recursos efectivos para su aplicación y de este hecho deri- van muchos aspectos de su ineficacia en la respuesta a las víctimas desde el sistema dejusticia”, señala Carolina Peyrín, directora ejecutiva de la Corporación DOMOS.
2. Exiguas medidas de protección
La dotación de Carabineros parece insuficiente para defender a las víctimas, debido al elevado número de estas, quedando así desamparadas. “Sería interesante analizar las políticas de seguridad ciudadana que se están realizando e incorporar una perspectiva de género. De las 50 asesinadas este año, un tercio contaba con medidas de protección.
No es posible resolver el problema ni siquiera con medidas como el uso de brazaletes con GPS que algunos proponen. No hay un plan cuadrante para el marido que le pega a la señora, y el espacio de riesgo es la casa”, dice Lorena Fríes. Por su parte, Carolina Peyrín agrega: “Hay falta de seguimiento de los agresores que ya han sido denunciados y a los que se han aplicado medidas alternativas. En la mayoría de los femicidios se encuentra un largo historial previo de búsqueda de ayuda y falta de respuesta oportuna del sistema por parte de las víctimas”.
3. Pobreza de políticas públicas y presupuesto
La exclusiva penalización y sanción de este delito no ha logrado cambios significativos en el tema. Se aborda desde una perspectiva excesivamente judicial y los expertos aseguran que es necesario tratarlo en forma paralela desde políticas públicas que abarquen los ámbitos de la educación y la cultura, entre otros, con énfasis hacia mujeres de sectores rurales —que viven con mayor gravedad el problema por su ubicación territorial distante de centros de socorro—, niños y adolescentes. “Faltan iniciativas de prevención. Y no existe inversión para hacerla”, señala Valentina Martínez, directora del centro clínico y de investigación Fundación Templanza. Efectivamente, no un hay un presupuesto del Estado desglosado para esta materia. “Se cree que la respuesta penal soluciona el problema, pero que los índices de violencia se mantengan ratifica que se trata de un problema social y, por eso, se requiere de voluntad política para dar un tratamiento integral a este flagelo. Deberían existir políticas públicas de prevención que, por ejemplo, incorporen a los colegios. Aquí, educar para prevenir es fundamental”, dice Lorena Fríes.
4. Registro único sobre víctimas y victimarios
Un aspecto crucial que los entendidos aseguran debiera ser moción de ley, es la obligatoriedad de poner en marcha un registro único o un catastro sobre víctimas y victimarios, lo que no existe. Hoy cada servicio que atiende a la mujer (salud, fiscalías, etc.) tiene formatos o protocolos distintos para recabar la información de la denunciante. El Sernam intentó en 2008 proponer una ficha única para registrar estos temas, informatizada, sin buenos resultados. La idea final es hacer eficiente una lectura de los datos que permita determinar la magnitud, prevalencia e incidencia de la violencia contra las mujeres en el país. “Este registro único tendría que hacer visible el vínculo de la víctima con su agresor (si es el marido, padre o hermano, etc.) y las resoluciones del Poder Judicial emanadas en cada situación. Es un tema clave, porque a través de éste se podría saber que tal mujer ha sido violentada tres veces por su pareja, por ejemplo, en el momento en que es nuevamente agredida.
Así habría posibilidad de evitar su muerte”, explica la directora del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género Humanas.
5. Más que casas de acogida
Las mujeres ingresan a estas casas gracias a una orden judicial. ¿Pero qué sucede cuando salen de ahí? “La reivindicación es una política de Estado que les dé a las mujeres la posibilidad de romper el vínculo material y afectivo con el agresor, mediante mecanismos de apoyo crediticio; subsidios al empleo; beneficios en materia de vivienda, etcétera”, comenta Lorena Fríes. Tal como están las cosas hoy, no es sostenible el egreso autónomo de las mujeres de estos hogares. Para que no regresen con el hombre que intentó quitarles la vida es necesario que se les facilite su ingreso al mundo laboral. No es suficiente que exista un convenio con SENCE para capacitarlas, como lo hay actualmente.
6. Reeducación y atención a los victimarios
Es un tema urgente y, pese a que se está abordando, resulta insuficiente: es necesario rehabilitar a los agresores. “La política del Ministerio de Salud en violencia de género 2008-2010 incluye el trabajo con agresores, pero en la realidad los recursos del sistema no dan abasto para atender a las víctimas. Por tanto, no es real que cuando un hombre es derivado por suspensión condicional de la sentencia a tratamiento por la red de salud pública, encuentre respuesta…
El Ministerio de Justicia abrirá cinco centros pilotos para el trabajo con hombres que ejercen violencia, bajo la tutela de la Penitenciaría”, dice Peyrín. Pero especifica que no está claro cuál es el perfil del hombre agresor que será derivado a estos lugares. Además, sostiene que “es una señal muy negativa que a hombres con un historial de violencia grave les sea conmutada la pena de cárcel por la de tratamiento.
No está de acuerdo con un enfoque biomédico del problema, como si se tratara de una patología (como suele suceder en muchos casos), sino que insiste en la necesidad de reeducación del victimario. Lorena Fríes añade otro hecho: “Además, aparte de matar, ahora ellos se están suicidando.
La sacrifico a ella y me la llevo conmigo, es una idea que se está instalando y hay que combatirla”.
7. Reparación del daño
“Hoy, efectivamente, lo que se ha instalado en nuestro país en materia de violencia contra la mujer está en la fase de la detección, denuncia expedita y hasta es posible que las víctimas accedan a algún acompañamiento. Sin embargo, es dramática la ausencia de espacios de reparación del daño a su integridad física, síquica y también social. Eso nos lleva a pensar que no hay conciencia de este problema”, sostiene Valentina Martínez. Le preocupa que en la gran mayoría de los casos no exista sanción alguna para los agresores y prevalezca la impunidad, en la medida en que la mayoría de las mujeres agredidas se retracta de las denuncias. Hay que buscar, dice, alguna forma de reparación del daño que ellos causan.
