Santiago de Chile, 29 de enero 2018.- En un acto público celebrado en el Gran Salón de la Cámara de Diputados el Estado de Chile asume su responsabilidad por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra la Sra. Gabriela Blas, mujer aymara que en 2011 demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera se da cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado ante la CIDH por la Sra. Blas y el Estado de Chile, en junio de 2016.
El acuerdo ha permitido poner fin a la denuncia presentada por Gabriela Blas, representada por Corporación Humanas y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, ante la CIDH en mayo del año 2011. Los hechos que dieron lugar a la denuncia se remontan a julio de 2007, cuando la Sra. Blas sufre el extravío de su hijo E.B.B. mientras realizaba labores de pastoreo en un sector aislado del altiplano al interior de Arica. Al denunciar el hecho fue detenida arbitrariamente, sometida a interrogatorios y acusada injustamente sobre su participación en la pérdida de su hijo.
Para Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, “el acto que se realiza el día de hoy reviste la mayor importancia por cuanto el Estado de Chile asume públicamente la responsabilidad que le cabe en las graves violaciones a los derechos de la Sra. Gabriela Blas, violaciones en que lamentablemente incurrieron diversos agentes del Estado en contra de una mujer aymara, contrariando de esta manera las obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación, violencia contra las mujeres y protección de los derechos de los pueblos y personas indígenas”.
Agrega que “valorando el Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado con el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en especial, las medidas de reparación adoptadas por el Estado resulta claro igualmente que violaciones graves a los derechos humanos de una persona o una comunidad difícilmente pueden ser completamente reparadas pues las vidas de las personas afectadas ya nunca volverán a ser las mismas. De ahí que los mayores esfuerzos del Estado deban dirigirse a prevenir por todos los medios que estas ocurran y que el desafío mayor sea la adopción de garantías de no repetición que cautelen los derechos de todas las personas”.
Nancy Yáñez, también abogada de Gabriela Blas, señaló “que este acuerdo de solución amistosa ha sido un proceso largo en la perspectiva de buscar mecanismos reparatorios para un hecho grave de vulneración a los derechos de la Sra. Gabriela en distintos ámbitos, como lo son la situación de privación de libertad, la pérdida de su hija menor dada en una adopción internacional, la pérdida de su dignidad cuando fue acusada de un crimen que no cometió en contra de su hijo y luego el ensañamiento de la justicia por medio del cual se le aplicó un sanción totalmente discriminatoria. El acto de reparación reconoce que los hechos constituyen una violación a los derechos humanos de Gabriela Blas”.
Por su parte, el canciller Heraldo Muñoz señaló que “la única reflexión posible es que Chile no puede repetir los errores y debe ser capaz de construir la sociedad más justa, más inclusiva, y -sobre todo- más consciente de la necesidad de incorporar en todos los ámbitos de la vida social el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales, que tanto hemos anhelado”. Agregó que “este acto pretende contribuir de alguna medida a ello, así como a la reparación a la Sra. Gabriela por los daños sufridos”.
Al acto asistieron el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza; la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual; el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; y la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fríes, entre otras autoridades.
El acuerdo de solución amistosa considera diversas medidas que tienen por fin reparar el daño provocado a Gabriela Blas, como también que hechos como los sufridos por ella, no se repitan en el futuro. Entre las medidas destacan la eliminación de antecedentes penales de Gabriela Blas, otorgarle el acceso a una vivienda definitiva en la ciudad de Arica, y la realización de programas de capacitación sobre derechos humanos de mujeres indígenas y acceso a la justicia a funcionarios y funcionarias del Estado.
El acto público, junto con la eliminación de antecedentes penales para Blas, fue una de las condiciones estipuladas en el acuerdo de solución amistosa tramitado ante la CIDH, a través de cual el Estado chileno reconoció y se disculpó por las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.
