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Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres: Por un proceso constituyente inclusivo, participativo y paritario

Con el fin de aportar al proceso constituyente chileno una mirada de género, Corporación Humanas presentó el estudio “Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres”, que sistematiza las experiencias de países de la región y de otras regiones centrando la atención en los procesos que llevaron a cabo los movimientos de mujeres y feministas para incorporar los derechos de las mujeres en las Nuevas Constituciones

“Como institución feminista que promueve y protege los derechos humanos de las mujeres, estamos conscientes de la importancia que tienen los procesos constituyentes, en tanto pueden ser una oportunidad para avanzar en derechos humanos de la mitad de la población, ausentes en la actual Constitución. Sin embargo, sabemos que existen desafíos para lograr levantar la voz y demandas de las mujeres, como dan cuenta la mayoría de los países analizados” dijo Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas.

Chile se encuentra en medio de un proceso constituyente que tiene de antesala más de una década de presión social. Promulgada en dictadura y reformada en distintos periodos, la actual Constitución ha sido ampliamente cuestionada. Perteneciendo al grupo de las constituciones vigentes más viejas del mundo, el país ha vivido más debates constitucionales que cualquier otro país democrático en veinte años.

La presidenta de Corporación Humanas, sostiene que los nuevos derechos van apareciendo con una rapidez que antes no teníamos y que son necesarios insertarlos en cuerpos constitucionales. “Si miramos las convenciones y tratados internacionales han ido avanzando en función de los cambios que se están dando en el mundo”.

En el caso de América Latina -entre 1978 y 2010- 28 países fueron parte de alrededor de 388 reformas constitucionales parciales y 16 tuvieron cambios constitucionales. Las asambleas constituyentes y los referéndum han sido los mecanismos más usados en la región y, en los últimos diez años, estos cambios han sido fruto de la presión de los movimientos sociales.

En esta misma panorámica regional observamos que la presencia de las mujeres en las asambleas constituyentes no fue lo que se esperaba a pesar del trabajo realizado por los movimientos de mujeres y feministas. “Si miramos las acciones afirmativas, es decir, la obligatoriedad de que las asambleas constituyentes tuvieran un porcentaje de mujeres solo lo vimos en Argentina, Ecuador y Bolivia”, resalta Carrera. Y advierte, que sea cual sea el mecanismo, para reformar una Constitución, el principio básico es la paridad.

Contar con el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es básico. Ella exige la redistribución del poder y los recursos políticos, económicos, y simbólicos entre mujeres y hombres, y entre las personas sin distinción alguna. Para que haya igualdad sustantiva, el Estado debe tomar medidas afirmativas necesarias para acelerar la superación de las desigualdades de origen.

“Este estudio de Corporación Humanas hace un énfasis importante en destacar las distintas estrategias que tienen las organizaciones de mujeres para hacer valer diferentes puntos de vista en las bases ciudadanas para una nueva Constitución desde una perspectiva de género”, comenta Pamela Figueroa, Jefa División de Estudios del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

En tanto, Claudio Fuentes, cientista político de la Universidad Diego Portales, señala que la experiencia comparada nos dice que los cambios no deben acotarse a ciertos principios mínimos. “Urge una incidencia coordinada desde la sociedad civil para que hagan efectivos sus derechos y en este punto la pregunta es sí es factible una incidencia coordinada y colectiva de grupos feministas para el proceso chileno que está en marcha”.

El objetivo de esta acción debiese ser incorporar la protección de los derechos de las mujeres es decir, “que la Constitución establezca el principio de igualdad, no discriminación y de compensación (acción afirmativa). Además, deben explicitarse derechos de acceso a funciones públicas, derechos económicos, laborales, protección contra la violencia, derechos de las mujeres indígenas y no discriminación en la maternidad”, puntualiza Fuentes.

Por su parte, la abogada Verónica Undurraga indicó que las mujeres debemos prepararnos no sólo frente a un escenario de asamblea constituyente, sino que también ante la eventualidad que los cambios se realicen en el Congreso. “Hasta ahora las constituciones la hecho siempre hombres y nunca por mujeres”.

La investigación “Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres” incorpora además diversas miradas de actores/as locales, como son la sociedad civil, academia, partidos políticos, Gobierno y Congreso respecto tanto del déficit de la actual Constitución, como de las potencialidades y posibilidades de integrar derechos de las mujeres en una Nueva Constitución.

Santiago 04 de octubre, 2017.-

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“En educación en sexualidad somos el país peor evaluado”

 “Avanza el VIH en jóvenes debido a que no tienen educación sexual de calidad” advierte Débora Solís, directora ejecutiva de Aprofa.

Por Loreto Flores Ruiz

Las consecuencias son muy profundas y dañinas. Se están tomando decisiones y legislando sin pensar en esto”.

Un total de 19 especialistas y profesionales ligados a la atención de pacientes en temas de anticoncepción fueron entrevistados en Chile para realizar el “Barómetro Latinoamericano sobre el acceso a métodos anticonceptivos modernos”, en el que participaron también Brasil, México y Colombia.

La directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa), Débora Solís, sostiene que “la finalidad del estudio es ofrecer una visión comparativa entre los países participantes en relación a diversos temas sobre cómo se accede a métodos anticonceptivos”.

—¿Cuáles fueron los resultados?

—Hay un consenso en que en Chile hay un amplio acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres, aunque se podría ampliar más la oferta. Como segundo llamado aparece que aun cuando Chile tiene un marco de política pública de acceso a los métodos anticonceptivos no se está aplicando la norma. Tenemos documentos que son de avanzada, pero en la práctica, hay deficiencia en la atención.

—¿A qué se debe esto?, ¿a los profesionales que atienden?

—No solamente a los profesionales que atienden. El acceso de las mujeres jóvenes a los servicios de salud es absolutamente menor que el de las mujeres adultas. A pesar de que por ejemplo existe el Implanon (método anticonceptivo) para que ellas se los puedan poner, hay una serie de barreras de acceso que no siempre logran las jóvenes pasar para llegar a la matrona; deben enfrentar a la persona que da la hora, el portero, la enfermera que toma las muestras, que hacen comentarios discriminatorios como por ejemplo: “Ud. tan chica y buscando un método”.

—Y en relación con los otros países que se sometieron al barómetro, ¿en qué posición está Chile?

—En relación a educación en sexualidad somos el país peor evaluado. Y esto es muy coincidente con otro estudio llamado “Cumplimiento 2008-2015 en América Latina: Prevenir con Educación”, que salió el año pasado. En él están considerados 19 países y nosotros aparecemos en el último lugar en implementación de políticas de educación en sexualidad.

—¿Y a qué se debe que estemos en el último lugar en este tema?

—Coincido con lo que dicen los especialistas en el Barómetro, en el sentido de que hay una oposición tan fuerte y un reconocimiento tan bajo de que esto forma parte de los derechos humanos, que cada vez que el Ministerio de Educación ha querido impulsar una política pública que llegue a toda la población —sólo hay que recordar lo que ocurrió con las Jocas— eso forma un revuelo de tal tamaño que no siempre los gobiernos están disponibles para asumir ese costo.

—¿Cómo sería una buena política de educación sexual en los colegios?

—Una política de educación en sexualidad, lo primero que tiene que hacer, a nivel nacional, tiene que ver con la actualización y formación de sus docentes. Cuando uno se encuentra con los docentes, esto forma parte de sus prioridades, porque finalmente son ellos los que se enfrentan al problema, entre comillas, que significa tener un estudiante que manifiesta ser homosexual o transexual o que se embaraza.

—¿Cuáles son las consecuencias de ser el país peor evaluado?

—No hay ningún estudio que lo diga así, pero mi opinión es que, el que Chile sea un país que avanza en contagio de VIH en población joven, yo diría que también se debe a que los jóvenes no tienen educación de calidad. Si toca hablar de VIH y el docente no tiene la información correcta, cosa que es muy probable, la información que va a compartir es una información alterada. Hoy día que avancen las infecciones de transmisión sexual, que avance el VIH en población joven, a mi juicio, tiene mucho que ver con que los chiquillos no disponen de la información adecuada y también que el acceso a los servicios es limitado. Las consecuencias son muy profundas y dañinas. Se están tomando decisiones y legislando sin pensar en esto.

—¿Qué rol tiene la familia en esto?

—Un rol fundamental para apoyar a sus hijos. Sin embargo, las familias tampoco tienen mucha información disponible. Vivimos en un país donde sobre este tema no se habla. Si llega una hija de 14 años a preguntarle a la mamá que si ella tiene sexo anal si debe usar condón o no, no sé si todas las mamás tienen los elementos para responder. El Estado no puede eludir tener una política nacional de educación en sexualidad, porque es parte de un derecho humano.

—Se necesita educar más en valores.

—En valores, en situaciones entre comillas problemáticas asociadas en sexualidad, capacitar más en género para que las mujeres estén más empoderadas y puedan negociar mejor el uso del condón, pero eso no es una charla, es una estrategia que tiene que estar permanentemente en la escuela para que dé resultados.

Fuente: La Segunda