Sistema Nacional

La justicia es, además de un derecho humano, la garantía que requiere toda sociedad democrática para que los derechos se respeten. Dada la resistencia de muchos sistemas de administración de justicia a incorporar los avances en materia de derechos humanos de las mujeres, se requiere potenciar la justicia de género de modo de garantizar mayor acceso y satisfacción de justicia para las mujeres.

 Corporación Humanas ha asumido la representación jurídica nacional e internacional de algunos casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos de mujeres, con el propósito de proteger tanto las garantías específicas de las víctimas, como de promover cambios en la legislación y las políticas públicas que eviten la recurrencia de estas situaciones. Entre los múltiples casos litigados por nuestro equipo jurídico destaca el caso de Karen Atala vs. Chile que logró un histórico fallo de la Corte IDH en materia de no discriminación por orientación sexual de una mujer lesbiana.

Humanas actualmente lleva casos de litigio estratégico, en tribunales nacionales y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dentro del marco de estrategias de incidencia a nivel nacional y regional, en la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Dentro de los casos emblemáticos a nivel nacional patrocinamos causas sobre:

1. Violencia Sexual en Dictadura:

Representamos judicialmente a cinco mujeres que fueron víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura cívico militar, con el fin de relevar la violencia sexual que se ejerció por parte de los órganos de represión y agentes del Estado en forma generalizada y sistemática en contra de las mujeres.

Operación Cóndor:
En febrero de 2011 se interpone querella criminal por tres mujeres víctimas de violencia sexual, en contra de Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda y de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores de los delitos asociación ilícita y aplicación de torturas a través de tormentos de connotación sexual.
Las tres querellas son investigadas en sede nacional por el Ministro en Visita Mario Carroza.
Las tres querellantes fueron detenidas en Buenos Aires, Argentina, en Noviembre de 1975, en el marco de la Operación Cóndor, siendo detenidas en Coordinación Federal y luego en Villa Devoto. Las tres fueron dejadas en libertad y posteriormente exiliadas entre octubre del 76 y julio del 77.

La causa se encuentra en estado de investigación sumaria sin que se haya dictado aún auto de procesamiento.

Tramitación en Argentina:
La querella fue interpuesta el 12 de mayo de 2014 en nombre de las tres víctimas en los Tribunales de Justicia de Argentina dentro del marco de la investigación que se realiza en dicho país por la Operación Cóndor. Su principal fundamento es que “(…) Durante las décadas de los setenta y ochenta, principalmente en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia –y con la ayuda y cooperación de la CIA de Estados Unidos- se implementó la denominada Operación Cóndor, un plan de coordinación de operaciones represivas destinadas a desarticular todas las formas de organización de grupos de ideología política opositora a las dictaduras imperantes. El plan estableció protocolos y procedimientos de acción para las detenciones ilegales, desapariciones forzadas, seguimiento, vigilancia, tortura y eliminación de los militantes y activistas de izquierda. El accionar conjunto de las dictaduras se dio tanto a nivel de las fuerzas armadas y de seguridad, como en el ámbito diplomático y de los servicios de inteligencia”.

Academia de Guerra Aérea:
En enero de 2011 se interpone querella criminal en contra de Leonardo Schneider, Edgar Ceballos Jones, Álvaro Valenzuela Alias “Papudo” y todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores de los delitos de torturas sexuales, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, secuestro y asociación ilícita para secuestrar y torturar.

Los hechos materia de esta investigación dicen relación con el secuestro, tortura y violencia sexual cometidos en contra de una militante del MIR que fue secuestrada del domicilio de su madre en la comuna de La Reina en diciembre de 1974, siendo detenida en el centro clandestino de detención y tortura que se instaló en la Academia de Guerra Aérea en la comuna de Las Condes.

Luego de tres años de investigación consideramos que existen antecedentes suficientes para solicitar el procesamiento del Señor Fernando Matthei Aubel, con el objeto que se haga efectiva la responsabilidad penal que le cabe por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea en la época en que él era Director General de este establecimiento. Puesto que él era quien dirigía la AGA, ocupaba el lugar preponderante en la cadena de mando de la organización jerárquica que allí operaba y nada de lo que en este centro clandestino de detención y tortura ocurría, ni los crímenes que allí se cometían podía transcurrir sin la orden directa, autorización o consentimiento de su Director General.

La solicitud de procesamiento fue rechazada en primera instancia por el Ministro Carroza por lo que se interpuso recurso de apelación que aún no ha sido resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Subterráneo de la Plaza de la Constitución:
En diciembre de 2010 se interpuso querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de torturas sexuales, otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, secuestro y asociación ilícita para secuestrar y torturar, cometidos en contra de una joven de 19 años, militante de las Juventudes Socialistas, que fue secuestrada afuera de su hogar materno en la comuna de Cerrillos en junio de 1974 y llevada al centro ilícito de detención y tortura instalado en los subterráneos de la Plaza de la Constitución, luego fue trasladada a Londres 38, 3 y 4 Álamos y posteriormente enviada al exilio.
La causa se encuentra en estado de investigación sumaria sin que se haya dictado aún auto de procesamiento.

2. Violencia sexual policial:

A partir del año 2011 se vive en Chile un proceso de articulación de diversos movimientos sociales que se han tomado la agenda política del país canalizando demandas de igualdad social y profundización de la democracia en base a convocatorias masivas a manifestaciones sociales de diversa índole.
Las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho varios llamados a detener la violencia policial con ocasión de las manifestaciones estudiantiles, especialmente la violencia sexual ejercida por agentes estatales en contra de niñas y jóvenes. Sin embargo, y a pesar de la interposición de dos querellas por delitos de tortura y violencia sexual en contra de dos jóvenes estudiantes en el contexto de marchas y manifestaciones sociales, las autoridades no han sido capaces de canalizar estas demandas y no han tomado las medidas necesarias para evitar que conductas como las descritas se vuelvan a cometer.
Las dos querellas criminales interpuestas por Corporación Humanas fueron investigadas por las Fiscalías de Ñuñoa y Puente Alto, sin embargo, luego de dos años de investigación en ambas causas el Ministerio Publicó comunicó su decisión de no perseverar sin formalización de ninguno de los Carabineros involucrados en los hechos.

3. Trata y tráfico de mujeres

Corporación Humanas representa a 2 mujeres colombianas que fueron víctimas de los delitos de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.
El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia condenatoria en octubre de 2013, en la que se condenó a tres personas en calidad de autores ejecutores, de los delitos de trata de personas y se acogió por primera vez la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por Corporación Humanas en representación de las víctimas, condenando a los responsables al pago de una indemnización de 10 millones de pesos por el daño moral que sufrieron.

Por otra parte, representamos judicialmente a una mujer ecuatoriana víctima de trata de personas con fines de explotación laboral. La causa está siendo investigada por la Fiscalía de Pudahuel sin que a la fecha exista formalización de los responsables.

4. Torturas y apremios ilegítimos:

En enero de 2013 se interpuso querella criminal por el delito de aplicación de tormentos o apremios ilegítimos cometido por funcionario/a público cometido en contra de una ciudadana peruana por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, que en el marco de una investigación la sometieron a interrogatorios ilícitos constitutivos de tortura y apremios ilegítimos.

La causa se encuentra en etapa de investigación sin formalización.