Humanas-Un sistema electoral más inclusivo, representativo y paritario; participación política equilibrada entre hombres y mujeres; detalles sobre la anunciada modificación a las salas cuna; reactivación del proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP); plazos concretos a la reforma pendiente a la Justicia Militar, son parte de los anuncios que esperan escuchar el próximo 21 de mayo la Corporación Humanas y el Observatorio Parlamentario, con motivo de la Tercera Cuenta Pública del gobierno de Piñera.

La Coordinadora del Observatorio Parlamentario y abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, afirmó que la Tercera Cuenta Pública del Presidente Piñera es una oportunidad invaluable en el trazado de la ruta que el Gobierno seguirá en el denominado ´segundo tiempo´.

Agregó que “la bajísima aprobación ciudadana a la actual administración debiera motivar un giro en las políticas propuestas y aplicadas a la fecha, y dar cuenta de la importancia real de los derechos humanos en un Estado democrático, acorde a las demandas ciudadanas por universalidad de derechos y participación en la toma de decisiones públicas”.

Como parte de la agenda de derechos humanos y profundización democrática a la que el Observatorio Parlamentario viene haciendo seguimiento legislativo desde 2006, la abogada asegura que “mejorar la calidad de la democracia implica sustituir el sistema electoral por uno más inclusivo, representativo y paritario”.

Agregó que la participación política equilibrada entre hombres y mujeres –exigida por organismos internacionales y comprometida por el Gobierno- debe incorporarse en las reformas al régimen electoral, primarias, elección de consejeros regionales, financiamiento electoral y partidos políticos que el Ejecutivo promueve.

En materia de derechos humanos, Camila Maturana señaló que se espera conocer en el Discurso Presidencial del 21 de mayo cuándo se debatirá el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) propuesto en 2011 pero sin el respaldo suficiente de los legisladores de la Coalición gobernante. Al respecto, recordó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Karen Atala señaló claramente que no existe un modelo único de familia y que la protección a la familia consagrada por la Convención Americana de Derechos Humanos no se limita a aquellas familias con base en el matrimonio, sino que se amplía a otros lazos familiares entre quienes tiene vida en común, lo que comprende a parejas del mismo sexo.

Correcciones a Ley Antidiscriminación

La Coordinadora del Observatorio Parlamentario y abogada de Corporación Humanas planteó la necesidad de que se corrijan las graves falencias de la ley sobre discriminación recientemente aprobada por el Congreso, que omite medidas preventivas y de acción afirmativa y ha optado por privilegiar derechos como la vida privada, la libertad de enseñanza, de culto o de emprendimiento económico, entre otros, por sobre la igualdad, privando de eficacia al reclamo judicial cuando se cometa discriminación y ésta se justifique en base a dichos derechos.

Asimismo, señaló que el Presidente debe detallar los contenidos de la anunciada modificación a las salas cuna, para terminar con la discriminación de las trabajadoras y avanzar en la corresponsabilidad de padres y madres; e imponer tiempos precisos al debate sobre derechos de trabajadoras de casa particular, uno de los empleos más desprotegidos.

Igualmente, cómo impulsará el rezagado debate de la Defensoría de las Personas, que se mantiene estancado ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado desde marzo de 2009, y corregirá el proyecto, dotándole de las atribuciones correspondientes y el presupuesto que exige el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Reforma pendiente a la Justicia militar

Camila Maturana sostuvo que se requiere conocer plazos concretos a la reforma pendiente a la Justicia Militar comprometida por el Gobierno y mandatada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien exige al Estado de Chile reformar sustantivamente el ámbito de competencia y el funcionamiento de la Justicia Militar, para limitarla únicamente al juzgamiento de delitos de función cometidos por militares y garantizar el debido proceso; así como para la derogación del Decreto Ley de Amnistía, también ordenada por dicha Corte.

Asimismo, cómo el Gobierno garantizará que las medidas que afectan a pueblos indígenas les sean debidamente consultadas y de qué modo se promoverá el debate sobre reconocimiento constitucional a estos pueblos, comprometido internacionalmente.

“El Presidente puede marcar una gran diferencia reactivando la agenda legislativa sobre derechos humanos y democracia. Ello contribuirá a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades”, puntualizó la Coordinadora del Observatorio Parlamentario y abogada de Corporación Humanas.

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