Señor Director:

La Segunda-Quienes hacemos esfuerzos en el trabajo con los pueblos indígenas para la defensa de sus derechos, la promoción del desarrollo y el diálogo político entre estos pueblos y el Estado, no podemos aceptar las situaciones recurrentes de violencia que afectan a diversas comunidades mapuches en la región de La Araucanía.

Es responsabilidad del Gobierno, del ministro del Interior y del intendente de esa región garantizar que el tratamiento a las comunidades se desarrolle en un marco de respeto del orden jurídico y de las garantías que en materia de derechos humanos existen, suscritas por el Estado chileno en diversos acuerdos internacionales.

Es por ello que nos parece inaceptable que el Estado, a través de la Fiscalía Regional y de las fuerzas de orden, hostigue a diversas comunidades de la región, especialmente a las del Territorio de Temucuicui. Tal fue el caso de los hechos ocurridos el 20 de abril del 2012, en las cercanías de la escuela de niños. Condenamos la acción represiva ejercida allí en forma indiscriminada, la que dejó como saldo a un niño de 16 años herido con perdigones metálicos. Ello da cuenta de una flagrante transgresión a los derechos del niño por parte de instituciones del Estado.

El acoso y el uso permanente de la violencia sin razón y fundamentos lesionan los derechos de los pueblos indígenas y lo reconocido en el Convenio 169 de la OIT, que dispone que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, sin discriminación (artículo 2).

La prolongación de estas acciones va precisamente en la dirección contraria, potenciando peligrosamente el escalamiento del conflicto bajo formas violentas, que sólo implican mayor represión, la estigmatización de la población mapuche, su criminalización y, lo que es peor, la imposibilidad real de poder sentar las bases de un diálogo político razonable y creíble para avanzar en el conjunto de materias pendientes entre el Estado y los pueblos originarios.

Tenemos la firme y profunda convicción de que es momento de detener las acciones violentas y represivas de Carabineros, fiscales y el Gobierno para que nunca más se repitan. Esperamos que esto se haga a la brevedad posible. También hacemos un llamado al Congreso, los partidos políticos y las organizaciones sociales a asumir con fuerza y determinación los compromisos que como sociedad tenemos frente a las demandas legítimas y reales de los pueblos originarios. Al Congreso, a promover y tomar acción en torno a proyectos como el reconocimiento constitucional, la Agencia de Desarrollo Indígena, y otros cuya discusión está paralizada. A los partidos políticos, a pronunciarse enfáticamente y exigir respeto ante los hechos de violencia que se suceden. A las organizaciones sociales, a rechazar y denunciar estas agresiones.

Instituto Igualdad, Observatorio Ciudadano, Centro de Democracia y Comunidad (CDC), Fundación Chile 21, Corporación Humanas, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Corporación ProyectAmeric