Opinión: El examen ante naciones unidas y la respuesta de Chile


Por Lorena Fries, Presidenta de Corporación Humanas en La Tercera

El 22 de enero de 2019, Chile rindió examen ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trata de un procedimiento al que se someten todos los Estados que hacen parte de este organismo multilateral y en el que exponen sus avances, desafíos o pendientes en relación a las obligaciones y compromisos de derechos humanos que han contraído voluntariamente.

En base a la presentación que hace la delegación que viaja a exponer, los Estados presentes en dicho foro realizan recomendaciones en el marco de un diálogo abierto y colaborativo. A Chile se le hicieron un total de 266 recomendaciones, las que debían ser estudiadas por el Estado para con posterioridad –en el mes de junio- declarar su aprobación, observación o rechazo.

Las recomendaciones realizadas buscan mejorar la conducta de los Estados y que ésta se adecue a los estándares de derechos humanos que ellos mismos han aprobado, por lo que en principio, dichas recomendaciones debieran ser bienvenidas y servir de ruta para la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otro carácter que contribuyan a la realización de los derechos humanos. En el caso de Chile, las recomendaciones van en la línea de ratificar los tratados pendientes en la materia ampliando con ello la protección de personas y grupos, garantizar la no discriminación de los grupos históricamente vulnerabilizados como los pueblos indígenas y las diversidades sexuales; la garantía de derechos a las mujeres en todos los ámbitos –desde el político hasta el privado- el acceso a la justicia y la pronta investigación de los abusos, en particular, de aquellos cometidos por funcionarios públicos, el monitoreo y evaluación de políticas públicas que contribuyen a la concresión de derechos, entre otras.

El 12 de junio pasado el Estado de Chile, a través del gobierno, dio respuesta a dichas recomendaciones. Si bien en un alto porcentaje estas fueron aprobadas, sorprende la respuesta en torno a tres temas en particular. El primero, y respecto del cual se repiten varias recomendaciones es la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres. Se trata de dos instrumentos que entregan a la ciudadanía un marco de protección más amplio del que tienen a nivel nacional, pudiendo subsidiariamente acudirse a instancias internacionales frente a la falta de voluntad o de capacidad del Estado para proteger el derecho en cuestión. Se trata de los derechos de las mujeres y de los derechos sociales y culturales, dos cuestiones en los que el actual gobierno no pretende avanzar, y respecto de los cuales deslinda responsabilidades culpando de la falta de avance al Congreso Nacional. Lamentablemente, el gobierno olvida que para efectos internacionales el sujeto de obligaciones es el Estado y no los poderes que lo conforman. Respecto de ellas se tomó nota y quedan en el limbo jurídico.

El segundo grupo de recomendaciones refiere a la necesaria ampliación y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, en particular para eliminar toda forma de criminalización del aborto y para asegurar que aquellas mujeres que pueden invocar la Ley 20.030 no se vean limitadas en su derecho por la objeción de conciencia, llevada a su máxima expresión en el caso chileno. Respecto de estas todas fueron rechazadas.

Por último, también fueron rechazadas aquellas que tienen que ver con la violencia institucional. Así, los abusos policiales, de los cuáles ya hay un dossier prolífico, y la aplicación de la Ley Antiterrorista, ya observada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no merecen, de acuerdo al Gobierno, ser consideradas.

Chile está dando que hablar en el ámbito internacional. A estas respuestas enviadas al Consejo de Derechos Humanos se suman el conjunto de señales – Pacto Global, Escazú, carta a la CIDH y el oficio enviado a las Embajadas y que socava la autoridad del INDH- que hacen preguntarse a quienes siempre vieron en Chile un liderazgo claro en estas materias ¿qué pasa con Chile? La respuesta es sin duda, negativa.

 

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