Políticas penitenciarias con perspectiva de género

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Entrevista con Olga Espinoza sobre criminalidad femenina y privación de libertad.

La abogada peruana Olga Espinoza dedicó la mayor parte de su carrera a investigar sobre política penitenciaria, seguridad ciudadana, Justicia Penal y reinserción social en Chile, donde vive desde hace más de una década. Hoy es profesora de la Escuela de Gobierno del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e integra el Comité Directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la misma institución. El currículum de Espinoza incluye estudios específicos sobre la criminalidad femenina y las particularidades de la reinserción social de mujeres privadas de libertad. A la hora de pensar en el enfoque, habla de una criminología “feminista”, “interseccional” y “relacional”, en contraposición a la criminología tradicional que –dice– fue “pensada por hombres mirando hombres”.

La especialista fue una de las convocadas por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado para exponer en el Congreso Latinoamericano de Políticas Pospenitenciarias que tuvo lugar el 13 y el 14 de junio en Montevideo. Minutos después de su ponencia, habló con la diaria sobre todos estos temas.

Tu ponencia en el congreso estuvo centrada en las políticas públicas que apuntan a la reinserción social de las personas privadas de libertad. ¿Cómo ves el panorama en América Latina?

En términos generales, en América Latina tenemos cada vez más la exigencia de desagregar programas que entreguen resultados y que sean efectivos, además de eficaces, en la reducción de la reincidencia como una forma de garantizar la reinserción social. Esta exigencia ha llevado a que entre las dificultades múltiples en las que se ejecuta la política penitenciaria introduzcamos algunos elementos para ir mostrando evidencias. Está bien introducir programas que se enfoquen en ese objetivo y que introduzcan las tendencias teóricas más avanzadas, ya sea con fondos propios o con fondos externos. Pero es fundamental que este tipo de experiencias no sean sólo pilotos o anécdotas dentro de una dinámica de funcionamiento caótico, que es lo que sucede normalmente en nuestro contexto. Porque termina pasando que para algunos pocos programas introducimos el estándar más alto de reinserción y en el resto estamos terriblemente mal. Entonces, cómo manejamos eso es el gran desafío que tienen los hacedores de política pública y los que la implementan.

¿Cuáles son las políticas públicas que pueden asociarse a la seguridad y la rehabilitación?

Cuando nosotros comenzamos a trabajar y a dialogar en una lógica de políticas de seguridad, en las que ya no solamente está la mirada del delito en términos generales sino más bien entendiendo que este delito es parte de un componente que transmite sentimientos y sensaciones de inseguridad o miedo a la comunidad, se comienza a desarrollar políticas que se comprenden en distintos planos o niveles. Muchas políticas se desarrollan en el plano de la prevención, por ejemplo aquellas que apuntan a la disminución de la violencia de género o la violencia escolar, o aquellas que pretenden la disminución de hábitos asociados al consumo problemático de drogas, que son amplias, generales. Cuando estas políticas no funcionan, se ejecutan políticas de control. La Policía y el Poder Judicial son protagonistas de estas políticas, que apuntan a captar a las personas que han desarrollado acciones que transgreden derechos. Este plano de control es un plano fuerte y de gran inversión, pero es una primera etapa dentro de otro plano que es necesario trabajar. Porque tú controlas, captas a la persona, la detienes, ¿y luego qué haces? Tienes que hacer cosas. A partir de ahí se pasa al siguiente plano, que es el de la reinserción social. Este es un plano en el que como Estado le das un sentido al control, puesto que el control per se es insuficiente. Entonces generas este tercer nivel de acciones para intentar fomentar conductas que se manifiesten luego en una integración positiva a la comunidad.

¿Los impactos del encierro varían según el género?

Son definitivamente distintos. Son distintos porque socialmente las mujeres no tenemos el mismo nivel de socialización, de inserción, de valoración, entonces las exigencias de ser “buenas mujeres” que se nos hacen –y, por lo tanto, la necesidad de castigarnos cuando salimos de ese esquema– se manifiestan de una manera muy explícita en el contexto de encierro. De una manera muy concreta, partiendo del abandono. Me refiero al abandono familiar pero también al abandono social justificado, entre otras cuestiones, por el menor número de mujeres privadas de libertad, pero en el fondo también justificado porque una mujer presa es una mujer catalogada de “mala”, una mujer que fracasó, que no fue una buena madre, ni una buena hija, ni una buena esposa. En resumen, no fue una buena persona. Entonces ese rechazo se manifiesta de una manera más explícita, que es distinto al rechazo que viven los hombres, porque no hay esta connotación valórica tan explícita. Porque a él se le sigue queriendo, porque se equivocó, sí, ya, pobre, qué pena, démosle apoyo. Socialmente, no hay esa resistencia. Pero ser mala madre… eso no se perdona.

¿Cuáles son las particularidades a considerar a la hora de pensar en el diseño y la implementación de programas de reinserción social de mujeres privadas de libertad?

Hay algunas cuestiones importantísimas. Hace algunos años desarrollamos una investigación en la que evaluamos todos los programas de reinserción que se ejecutaban en Chile pero, además, los programas que en otros contextos –sobre todo anglosajones– habían dado resultado. ¿Cuáles son las características más importantes? En general, por supuesto que hay que fomentar el trabajo, porque todo el mundo quiere trabajar. Sin embargo, ¿cuánto de ese trabajo está asociado con mantener el rol social valórico de ser una buena persona? Claro que todo el mundo quiere que sea una buena persona, pero cuando te convierto en una buena madre más que en una buena persona o ciudadana, te estoy imponiendo un formato de mujer ideal tradicional. Entonces hay algunos elementos que son fundamentales de abordar además de los tradicionales como brindarle trabajo y educación a esa mujer. Por ejemplo, tener la posibilidad de problematizar la desigualdad de género, porque eso permite evitar la ingenuidad de imaginar que al salir va a haber un escenario color de rosas para acoger a la mujer que está egresando de la cárcel. El escenario puede ser mucho más complejo. En un trabajo muy interesante que están desarrollando unas colegas en Chile, se está haciendo un acompañamiento del proceso de inserción de un grupo de mujeres por un largo trayecto. Una de las cosas más interesantes que sale es que la mujer decide reinsertarse pero, en ese proceso de reinserción, a poco andar, vuelve a reincidir y fracasa. ¿Por qué? Porque primero genera grandes expectativas en la cárcel; ella decidió que ahora ya no iba a fracasar, que iba a ser una buena madre, pero, claro, sale y no tiene trabajo, no tiene espacio para vivir, su contexto familiar es hostil o tiene un compañero que la rechaza y ejerce violencia contra ella, entonces se generan condiciones extremadamente difíciles que terminan provocando más fácilmente su reincidencia. Hay que centrarse en estas cuestiones también a la hora de armar políticas públicas. No basta con entregar trabajo y educación. Hace falta también que en términos de análisis crítico estas mujeres sean conscientes de las desigualdades para que al menos puedan advertirlas cuando estas se manifiesten.

En un trabajo sobre mujeres privadas de libertad hacías referencia a la “criminología feminista”. ¿En qué consiste?

La criminología feminista es una vertiente de la criminología más crítica, más progresista, que sale del establishment criminológico tradicional. En el fondo, lo que hace es poner en cuestión el hecho de que la producción criminológica se ha generado por hombres y mirando hombres, y a partir de ese modelo hace una proyección de universalidad y neutralidad que no es real. Entonces, como primer punto plantea que la criminología tradicional es androcéntrica, es decir, pensada, diseñada y desarrollada en torno a hombres. Pero además cuestiona la autosuficiencia de la criminología para resolver los temas criminológicos y te provoca y te invita a trabajar en lógicas totalmente interdisciplinarias, entendiendo que la complejidad del fenómeno es mucho más amplia. También es una criminología que pone énfasis en lo relacional, en entender que cuando estoy investigando a otros estoy en una posición de poder determinada respecto de esas personas, y que para trabajar de manera más adecuada tengo que ser capaz de generar empatía con ese otro, y en esa empatía también garantizar dignidad. No puedo solamente objetivizar a ese otro a quien estoy investigando. Por último, pone en relieve la necesidad no solamente de mirar mujeres, sino también de observar a todos los otros grupos que se encuentran en una condición de menor poder o de mayor vulnerabilización. Entonces es un concepto que va más allá de la condición de las mujeres planteada por mujeres, sino que es mucho más relacional, completo e involucrador.

En el título de uno de tus libros hablás de un “proceso de concesión de beneficios intrapenitenciarios para la reinserción social”. ¿A qué te referís?

Hicimos un análisis de lo que son los mecanismos excarcelatorios. En Chile se les llama “beneficios intracarcelarios”, pero aquí se habla de la libertad condicional o la libertad asistida, que son estas formas de salir antes del término de la condena. Se trata de las cuotas de libertad progresiva que una persona va obteniendo en su tránsito a la libertad total. Entonces, lo que hicimos fue mirar qué pasaba en el plano internacional: cómo se concedían, qué dificultades existían, qué enfrentaban las personas, si correspondía, cómo se observaba el acompañamiento posterior, etcétera. Uno de los objetivos era intentar describir, observar, mirar cómo estaba funcionando. El plano descriptivo era fundamental, pues no se tenía conocimiento, y cuando no se sabe no se puede diseñar políticas públicas. Ese trabajo apuntaba entonces, en especial, a generar información para la política pública.

¿Qué pensás sobre la privatización de las cárceles y sobre el modelo de cárcel concesionada?

A priori, no hay un modelo totalmente malo y uno totalmente bueno. Es decir, no hay cárcel tradicional que sea necesariamente mejor per se que una cárcel concesionada, ni viceversa. Creo que hay algunos elementos que sí son fundamentales. Antes de establecer los elementos que es necesario considerar, hay una cuestión que es importante distinguir que va a favor de las cárceles tradicionales, que es que se contratan personas que tienen largas trayectorias. En la mayoría de los casos, se trata de personas con alto compromiso, porque no es un trabajo bien remunerado o con grandes satisfacciones, es un trabajo difícil, duro, complejo, con población difícil. Creo que el hecho de tener personas comprometidas es mucho más visible y mucho más común en cárceles tradicionales que en cárceles concesionadas o privadas, en las que se contrata a una persona para que cumpla una tarea, un determinado horario y luego va para afuera y no hace nada más. Este es un elemento muy importante. Pero salvo por esto, es fundamental que, más allá de que sea concesionada o no, las formas de contratación y de establecer las condiciones mínimas pasen por exigir no solamente el cumplimiento de determinados procesos, sino también resultados, y resultados que promuevan la inserción social. Entonces, en términos generales, creo que es necesario que existan altísimos niveles de fiscalización y supervisión en estas cárceles nuevas, para garantizar que están ajustándose a los principios y a los estándares mínimos de derechos humanos, de respeto a la dignidad, y que se esté efectivamente promoviendo una reinserción de calidad.

¿Cuánto repercute la situación de las cárceles en la seguridad ciudadana?

Muchísimo, es brutal. Creo que hay una relación importantísima porque, entre otras cosas, hay un grupo de personas que forman parte del flujo de egreso y retorno permanente; entonces, en tanto hay cárceles que no tienen ningún tipo de programas o actividades que generen propuestas de cambio en la vida de las personas, se está promoviendo la pronta convivencia de la comunidad con personas que van a seguir delinquiendo, y eso definitivamente incide directamente en nuestra percepción de seguridad o inseguridad.

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