Lorena Fries: “El concepto de Derechos Humanos sigue siendo problemático en Chile”

Lorena Fries: “El concepto de Derechos Humanos sigue siendo problemático en Chile”

La ex subsecretaria de Derechos Humanos habla ampliamente desde su nueva vereda, la de la sociedad civil que estará atenta monitoreando la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos y le exigirá cuentas al Estado en el Examen Periódico Universal ante la ONU. En una época en que siguen apareciendo líderes que niegan de los derechos humanos, Fries pone una voz de alerta y autocrítica: “Cada vez jugamos menos a la democracia y eso trae aparejado la amenaza para la vigencia de los derechos conquistados”.

El próximo 22 de enero, el Estado de Chile será sometido a una prueba. Representantes del gobierno responderán, en Ginebra, una a una las interrogantes que les realicen países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en lo que se conoce como el Examen Periódico Universal, en el que las naciones deben rendir cuentas respecto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como distintas situaciones de vulneraciones en los últimos años.

Con el asesinato Camilo Catrillanca y la crisis medio ambiental en Quintero-Puchuncaví como recuerdos frescos del año que termina, el gobierno de Sebastián Piñera deberá pararse ante la comunidad internacional a dar cuanta de sus actos.

Del otro lado estará la comisión de Derechos Humanos, que lleva meses nutriéndose de información de vulneraciones a los derechos humanos en Chile gracias a medio centenar de informes que presentaron distintas organizaciones de la sociedad civil. Esto marca un inédito precedente en la instancia, ya que el último EPU que rindió Chile ante Naciones Unidas solo se presentaron dos informes paralelos. Así, los países que interrogarán a los representantes del gobierno estarán ampliamente informados de una serie de temas y de cómo Chile las aborda, desde migración, infancia, violaciones a derechos humanos en dictadura, pueblos indígenas y desastres ambientales.

Entre el 10 y el 22 de diciembre ya estuvo en Ginebra una delegación de Quintero, denunciando ante el Consejo la crisis que se vivió desde agosto en una de las zonas más contaminadas del país.

Chile, en tanto, también envió su pre informe, a fines de octubre, documento que estuvo a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. El gobierno destacó el Plan Nacional de Derechos Humanos (lanzado a fines del mandato de Michelle Bachelet), así como los “grandes acuerdos” que convocó el presidente Sebastián Piñera: Infancia, Araucanía, Seguridad, Mujer y Adultos mayores.

Uno de los cincuenta informes agrupó a distintas organizaciones de la sociedad civil, como la Friederich Ebert Stiftung y la Corporación Humanas, actual casa de la ex subsecretaria de Derechos Humanos y ex directora del INDH, Lorena Fries.

Desde una vereda distinta a la que la tuvo los últimos años, Fries adelanta la importancia del Examen de enero, mira con urgencia la implementación del histórico Plan Nacional de Derechos Humanos y plantea una mirada crítica a  la aparición de líderes neofascistas que implican una pérdida para la democracia.

 A usted le tocó la presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos, pero ahora ve desde fuera la implementación. ¿Cómo ha visto al gobierno y a la subsecretaria Recabarren llevar el tema?

– Ahora viene una de las patas más importantes del plan que es el monitoreo y seguimiento. Y eso tiene que ser algo que realizan organizaciones de la sociedad civil, entonces por una parte me tocó de parte del gobierno elaborar el plan con consulta a las organizaciones en todas las regiones del país, establecer o dejar esbozado el mecanismo de seguimiento y durante este primer periodo no se ha implementado el plan, sino que lo que anunció la subsecretaría de derechos humanos es una revisión a las acciones que estaban comprometidas. Entiendo, por lo que nos han dicho, que un 44% de las acciones tienen que ser ajustadas y dentro de ellas, 85% son por temas de forma.

El plan, como estructura, objetivos y metas, no ha variado. Eso es importante porque recoge las recomendaciones que le han hecho a Chile los organismos internacionales de derechos humanos. Lo que se está haciendo es testear que las acciones que comprometieron los distintos servicios efectivamente estén haciéndolas. Yo tengo la impresión de que el plan quedó, es una experiencia nueva para el Estado chileno y también para las organizaciones de la sociedad civil que van a contar con una herramienta para exigir a los gobiernos el cumplimiento de las medidas que ellos mismos se comprometen.

– El plan incluye serie de medidas en distintos temas. En migraciones, por ejemplo, habla de protección a los derechos de los migrantes, acceso laboral. ¿Cómo se relaciona con lo que hace el gobierno, al rechazar el pacto migratorio de la ONU y promocionando la salida de haitianos del país?

– Eso es un tema. En eso consiste el trabajo que hacemos con la FES, que las organizaciones, y las de migrantes también, se incorporen a este monitoreo que vamos a empezar en enero del próximo año, para demandar que las medidas que se planteen se hagan dentro del marco de los derechos humanos. Y claramente estamos teniendo un problema con la forma de gestionar la migración que está teniendo el gobierno del presidente Piñera. Lo que ha pasado con el mundo haitiano, más allá de que los Estados tienen el derecho a decidir quienes ingresan y qué requisitos requieren las personas extranjeras para ingresar, ha habido una actitud de poco cuidado con los haitianos. Chile participó en misiones de paz en Haití, abrió la puerta a que la población haitiana viera en Chile un lugar que había prestado solidaridad con ellos y que hoy no se hace lo suficiente para la integración de esas personas, partiendo por la barrera idiomática. La idea es que las acciones del plan se hagan en el marco de derechos humanos, sino no tiene sentido.

– ¿A través de qué mecanismos concretos funcionará la fiscalización de la sociedad civil?

– La idea es que a partir del próximo año convocar a las organizaciones que están interesadas en seguir algunos de los capítulos o medidas que establece el Plan. Y de ahí, a través de mecanismos institucionales, que tiene que ver con acceso a la información de las reparticiones que se comprometieron en acciones, pero también poniendo sobre la mesa una agenda pública de derechos humanos, creemos que podemos presionar para que las acciones se vayan cumpliendo dentro del plazo establecido.

– Pero el Plan aborda empresas, Sename, Memoria y DDHH, trata de personas, es muy grande. El Estado en su conjunto está comprometido en esto, a través de los distintos servicios públicos. ¿Cuál va a ser la capacidad real de fiscalizar?

– El monitoreo no tiene que ver necesariamente con hechos puntuales en la práctica, aunque sean sistemáticos, sino con las acciones que toma el Estado para evitar la violación a los derechos humanos y promover el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Lo que nosotros vamos a hacer es requerir información y contrastarla con la información que nosotros tenemos respecto de ciertas situaciones y eso lo vamos a denunciar cuando no coincida efectivamente la medida con cuestiones específicas que puedan llegar como denuncia. Si se enfrentan a situaciones de violaciones a los derechos humanos, se pueden activar mecanismos de reclamos e informar a organismos internacionales que no se está cumpliendo con las recomendaciones que señala el Plan, que además están puestas a prueba a propósito del Examen Periódico Universal. Ese examen hizo recomendaciones a Chile que fueron recogidas en el Plan para que el Estado implementara acciones para cumplirlas. De manera que si no las cumple, la sociedad civil también puede recurrir a los países que componen el Consejo de Derechos Humanos para señalar que Chile no está cumpliendo ni con las recomendaciones ni las acciones el plan establece.

– ¿Está atrasado el gobierno con la implementación?

– Ellos dijeron que harían una revisión del Plan y como sociedad civil no conocemos qué partes del Plan han cambiado y qué no, aun entendiendo que no va a cambiar radicalmente el plan. Y esa es la mayor exigencia: No puede haber monitoreo si no se conoce qué plan se va a implementar y eso es una cuestión en la que el gobierno está al debe hace rato.

– Por ejemplo, ¿se podría recurrir el Plan para cuestionar políticas del gobierno, como Aula Segura o el Estatuto Laboral Juvenil?

– Habría que ver si hay medidas, porque una cosa son las medidas que comprometen el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos y otra cosa son las violaciones a los Derechos Humanos que se producen. No necesariamente puede que exista una medida que resuelva el problema de la violencia al interior de los colegios, aunque no exista esa medida, las organizaciones de la sociedad civil tenemos la obligación de denunciar que ese tipo de medidas, como entró el proyecto de la famosa Aula Segura, era totalmente violatoria a los derechos humanos de la comunidad escolar en su conjunto y sobre todo los jóvenes. Por lo tanto, que acciones no estén consideradas en el plan, no obsta a que esas mismas organizaciones que vamos a seguir el Plan, denunciemos también, situaciones de violaciones a los derechos humanos, porque al denunciarlas, esas llegan a los organismos internacionales y se convierten en recomendaciones que futuros planes van a tener que recoger.

– Este estándar en Derechos Humanos parece ser un avance, pero todavía vemos que en Chile el concepto de derechos humanos no es transversal.  En el Poder Judicial, por ejemplo, si un juez es formado en derechos humanos se le considera un juez de izquierda.

– Creo que el concepto de Derechos Humanos sigue siendo problemático en Chile. No hemos logrado, hemos avanzado, pero no hemos logrado todavía una mirada integral de los Derechos Humanos, ni del sector de la izquierda, menos aún de la derecha. La derecha tiene sospechas del sistema internacional de derechos humanos, aunque no se atreve a desahuciarlo, por lo tanto es resistente a la incorporación de lo que los organismos internacionales señalan, a pesar de que ha ratificado todos los tratados, y ese es el punto, en la medida que Chile ha ratificado tratado en materia de Derechos Humanos, está obligado, sino los tiene que desahuciar. Ahí hay un doble discurso de la derecha de que acata, pero molesto, resistente, porque les aprieta el zapato también respecto de las violaciones sistemáticas cometidas durante la dictadura. Por otro lado, dentro de la izquierda, que somos los que hemos sufrido la experiencia histórica de las violaciones a derechos humanos, hay una identidad muy fuerte, enraizada en esas violaciones, y no siempre una mirada que permita incluir otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Mientras eso siga ocurriendo, los únicos que salimos perdiendo somos los y las ciudadanas, porque no se instala un concepto integral de los derechos humanos. Han habido avances, pero no es suficiente. En los jueces uno ve esa tensión, la derecha acusa de izquierdosos a jueces que han dicho en todos los tonos que no son de izquierda ni de derecha, sino que aplican el derecho caso a caso. A uno le puede gustar o no las sentencias, pero si hay violación a los derechos humanos en el acceso a la justicia están los mecanismos para denunciarlo ante la Comisión Interamericana y otras instancias internacionales. Lo importante es que en los últimos 10 años el Poder Judicial ha hecho un enorme avance en materia de derechos humanos, recuerda que en 2011, con las manifestaciones estudiantiles, se presentaron varios recursos ante las Cortes de Apelaciones por movilizaciones, y en general se invocó la convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes para fundar sus resoluciones. Eso es un tremendo paso, así como incorporar el convenio 169, el pacto internacional de derechos civiles. Las cortes han sido lentas, pero han ido incorporando cada vez más los estándares en materia de derechos humanos y eso es lo que la derecha tilda un activismo de izquierda. Y es oportunismo plantearlo en esos términos, porque el día que la derecha efectivamente asuma una mirada de derechos humanos acorde con los estándares internacionales, vamos a avanzar más rápido en su respeto y garantía.

– ¿Cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el Examen Periódico Universal?

– Las organizaciones presentan informes. Son informes que permiten a alguien a distancia conocer lo que plantea al Estado y también las críticas que plantean las organizaciones de la sociedad civil sobre lo que dice el Estado.

– ¿Son informes paralelos?

– Exactamente. Con la FES hemos estado trabajando varios grupos de organizaciones que hicieron estos informes y este es el año en que más informes paralelos se presentan. Son más de 50 y la última vez fueron solo 2. El que hicimos nosotros como Corporación Humanas con otras 12 organizaciones, plantea un gran grupo de materias, desde migración, infancia, torturas, violaciones durante la dictadura, personas con discapacidad, todo está en nuestro informe. Así lo han hecho otros grupos también con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Observatorio Ciudadano. Esos informes llegan al Consejo, que ha nombrado una troika, un grupo de tres personas que tienen que leer esto y hacerse una opinión. Reciben además insumos de otros exámenes, anteriores y ante otros organismos, de manera de tener el panorama más completo de lo que está pasando en el país.

– Cómo cree que debe enfrentar el sistema internacional de Derechos Humanos las apariciones  de estos neofacismos, que más allá de la etiqueta, tienen presidentes electos democráticamente que niegan los derechos humanos.

– Claramente el sistema internacional de derechos humanos no puede cuestionar la legitimidad de los gobiernos, pero si puede poner alerta de situaciones de violación de derechos humanos. Y los discursos de odio pueden ser constitutivos de violaciones a derechos humanos si vienen aparejados a la posibilidad de actos de violencia. Y el sistema está alerta, el piso mínimo de convivencia para los estados democráticos, sea quien sea el presidente, es el cumplimiento de las obligaciones que los países han contraído. Por lo tanto, en la medida que se reniega de esas obligaciones, el sistema va a responder con alertas, abrir las puertas a organizaciones  de sociedad civil que denuncian esas situaciones y en última instancia están los organismos regionales. Los fundamentalismos están siendo una preocupación para todo el sistema, porque es el consenso ético político que nos rige desde la segunda guerra mundial y la posibilidad que eso se trice es meterse a una caja de pandora respecto de las posibilidades de hacer mal que tiene el ser humano.

– Pero que se trice ese consenso es una posibilidad. Hace años era impensado. ¿Qué autocrítica debe hacerse el sistema internacional ante esto?

– Yo me hago una autocrítica como persona de izquierda, que tiene que ver con la elitización de la política, con la pérdida de vasos comunicantes con los movimientos sociales y organizaciones sociales, que finalmente van poniendo ciertos temas que los partidos tienen que ser capaces de procesar como demandas políticas. Esos vasos comunicantes no están tan claros, no solo en Chile, es un problema de densidad democrática en general en los países. Esto en un marco global que es devastador, el marco neoliberal lo que hace es generar una razón neoliberal que reniega de marcos de convivencia, que vacía los contenidos democráticos e impone una lógica de mercado en las propias instituciones democráticas, entonces cada vez somos menos democráticos, cada vez jugamos menos a la democracia y eso trae aparejado la amenaza para la vigencia de los derechos conquistados. La corrupción en la izquierda es una deuda con los pueblos, no es aceptable en el mundo de la izquierda, y se nos castiga, con mucha razón, más que a la derecha en estos temas. No solo hay que parecer, hay que ser, dice el monje. Ahí hemos fallado, y estamos en una disfonía con la sociedad y con los miedos de la sociedad, porque hoy no moviliza la posibilidad de un mundo mejor, que es lo que llama la izquierda, lo que moviliza es evitar el miedo. Y para eso, la izquierda no tiene discurso, porque no creemos que el miedo deba ser el rector de nuestras vidas, pero la verdad, es que entre la precariedad laboral, la incerteza del empleo y el miedo a la violencia, las soluciones neofascistas le hablan más a la gente y es eso a lo que hay que poner cota.

Por El Desconcierto

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