Las situaciones que los protocolos ministeriales consideran acoso sexual


Los documentos presentan matices, desde su extensión hasta la tipificación de la falta. Ministra de la Mujer, Isable Plá, envió oficio con el que espera se establezca “la necesidad de formular algunas actualizaciones”.


“Tenemos un compañero de trabajo que insistentemente nos invita a almorzar, intentando generar una cercanía con nosotras que nos incomoda. No obstante de que varias veces le hemos comentado que no nos gusta esta situación, él sigue con esa actitud, por lo que decidimos presentar una denuncia”. Este es uno de los casos que el protocolo interno del Ministerio del Trabajo considera como acoso sexual.

Desde 2015, el Servicio Civil estableció a través de un instructivo presidencial que todos los ministerios deben tener un documento que establezca qué procedimiento seguir en caso de acoso sexual al interior de la entidad. Y el pasado jueves, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, envió un oficio solicitando que se verifique cuántas carteras cumplen la norma y cuándo fue la última vez que actualizaron dichos documentos. “El objetivo es que el instructivo de 2015 no solo sea de conocimiento de todas las reparticiones públicas, sino que se estableciera la necesidad de formular algunas actualizaciones”, explicó Plá.

De acuerdo información entregada por la Secretaría General de Gobierno (Segegob) a La Tercera , 22 de las 23 carteras cuentan con protocolos de acción en caso de acoso sexual. La única excepción es, justamente, el Ministerio de la Mujer, que tiene un documento en proceso de elaboración, pues en la anterior administración se creó un texto que no fue aprobado por los funcionarios.

Alejandro Weber, director del Servicio Civil, explicó que de acuerdo a una norma publicada en 2017, “los servicios públicos tienen que llevar a cabo planes de prevención y seguimiento de estas temáticas y reportarlo anualmente al servicio. A su vez, nosotros debemos informar cada seis meses a la Contraloría sobre el cumplimiento o no de esta norma”.

Este medio tuvo acceso a ocho de estos documentos, que fueron proporcionados por los mismos ministerios. Dada su regulación sectorial, se pueden evidenciar diferencias que van desde la extensión hasta las especificaciones de qué es el acoso sexual.

Por ejemplo, las situaciones no se reducen solo a invitaciones o contacto físico. En el protocolo del Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene 10 páginas, se detalla que el acoso sexual puede ocurrir entre personas de diferente o del mismo género y considera el “comportamiento no verbal de naturaleza sexual”, que contempla desde la exhibición de fotografías obscenas o pornográficas hasta “miradas lascivas, silbidos y gestos”.

El hostigamiento por escrito tampoco queda exento de la norma. En el Ministerio del Deporte se consideran también como acoso “cartas, correos electrónicos, misivas con características sexuales”, y quienes reciben las denuncias son los respectivos jefes de recursos humanos o directivos de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría del Deporte o integrantes del Comité de Ética de la entidad.

No es acoso sexual

De los documentos a los que tuvo acceso La Tercera, el de la Secretaría General de Gobierno es el único que detalla qué conductas no caben dentro de la figura sancionada. El texto señala lo siguiente: “Sin perjuicio de poder ser consideradas como inapropiadas, ilícitas o constitutivas de otras formas de acoso, no se considerarán como conductas o manifestaciones de acoso sexual las siguientes: piropos o comentarios generales sobre apariencia física. Bromas o comentarios sexistas. Chistes con contenido o lectura sexual, con tal de que no se personalicen. Comentarios de tipo sexual dirigidos con la intención de provocar turbación, enojo o malestar, y no con la intención de obtener una gratificación sexual”.

En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo rige un documento de 59 páginas que, al igual que el resto, establece principios como confidencialidad, responsabilidad y rapidez para detectar situaciones. Sobre este último punto, se especifica que “la naturaleza de este procedimiento obliga a que se trabaje con la mayor diligencia, evitando la burocratización de los procesos, en consideración a que la lentitud en el accionar disminuye la apreciación del grado de culpabilidad, menoscabando muchas veces los fines correctivos y reparativos que se persiguen”.

En la cartera de Economía el reglamento expone una serie de actividades para prevenir el maltrato laboral y el acoso laboral o sexual. Entre estas destaca un taller de inducción en el cual se entrega a los funcionarios el protocolo impreso. Además, se establece que anualmente se realicen capacitaciones en base a esta temática.

El documento del Ministerio de Minería señala que cuando la prevención no se concreta y una persona se ve afectada, se inicia una etapa nueva: la denuncia. Se plantea que, primero, debe haber una acusación por escrito y cumplir con requisitos como “la narración de los hechos. Individualización de quienes los hubieren cometido y presenciado o que tuvieran noticia de ello. Acompañar o mencionar los antecedentes y documentos que sirvan de fundamento cuando ello sea posible”.

La mayoría de las reparticiones ha establecido un sistema de denuncias por escrito a través de una carta, o también presentan la opción de hacerlo a través de un formulario online, de manera personal o anónima.

Si el acoso es infligido durante un largo tiempo y ha generado daños físicos o sicológicos en la salud de la víctima, el documento del Ministerio de Educación sugiere tomar contacto con el Instituto de Previsión Social o aseguradora correspondiente para una “evaluación de daños”, para detectar una posible enfermedad que pudo haber sido causada o no en el lugar de trabajo.

No obstante estos protocolos, hay organizaciones que plantean que esto no es suficiente. Carlos Insunza, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, señaló que si bien los servicios tienen una reglamentación “falta una etapa por cumpli r, que es la de evaluar los resultados. Así, se puede ver si requieren acciones legislativas que fortalezcan sus marcos de acción y sanción”.

Para Mailen Parodi, abogada de la Corporación Humanas, lo ideal sería que existiera un documento único. “La regulación sectorial es insuficiente porque es diversa y difícil de controlar. Además, no siempre está inspirada en un enfoque de derechos humanos o de género, que es lo que queremos, considerando que la mayoría de las víctimas son mujeres”, cerró.

Publicado por La Tercera

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