El veto también será aplicado a quienes hayan sido denunciados de encubrimiento activo, mientras que “el ingreso o no de denunciadas de encubrimiento pasivo se verá supeditado a la petición de la denunciante”, se detalló la asamblea de mujeres que están movilizadas en el comunicado.
Seis días lleva la primera toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La situación, que estalló tras ocho meses de demora en la resolución de una denuncia de presunto acoso sexual y laboral por parte de una alumna en contra del expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Carmona, tiene varias particularidades. Entre ellas, los criterios que deben cumplir quienes deseen ingresar.
A través de un comunicado público, la asamblea de mujeres de la movilización detalló los puntos: “No se permitirá el ingreso de ningún denunciado de acoso, abuso, violencia física o psicológica. No se permitirá el ingreso de ningún denunciado de encubrimiento”, rezan los dos primeros lineamientos.
El veto también será aplicado a quienes hayan sido denunciados de encubrimiento activo, mientras que “el ingreso o no de denunciadas de encubrimiento pasivo se verá supeditado a la petición de la denunciante”, se detalló en el comunicado.
En cuanto al contexto, serán consideradas tanto aquellas acusaciones hechas ante la justicia ordinaria como las que hayan sido realizadas de manera interna a través del protocolo de la universidad. Llama la atención que también se advierta que se “tendrán en cuenta las funas públicas en redes sociales”.
Emilia Schneider, vocera de la movilización, explicó que estos criterios “fueron discutidos y establecidos en una asamblea de mujeres realizada en la toma, en miras a mantener un espacio de movilización seguro para las compañeras y fomentar su participación en la discusión”.
Con todo, Schneider aclaró que los lineamientos también fueron ratificados en una asamblea general en la que participaron tanto hombres como mujeres: “También buscamos instaurar espacios de conversación con nuestros compañeros. El objetivo no es excluirlos, sino generar espacios seguros”, sostuvo la vocera.
Para Gabriel Zaliasnik, académico de la Facultad de Derecho del plantel, el veto no se condice con la formación de un abogado: “Es impropio de una Facultad de Derecho. Empatizando con el fondo de la preocupación de las alumnas, no creo que en una Facultad de Derecho se puedan privilegiar las vías de hecho para solucionar un conflicto”.
Asimismo, el abogado sostuvo que “espero que (las alumnas) recapaciten y hagan valer sus reclamos ante el decano y las autoridades por las vías institucionales”.
En tanto, para la abogada de Corporación Humanas, María José Castillo, el restringir el acceso a quienes carguen con denuncias en redes sociales no es una medida extremista ni discriminatoria, “considerando que existen distintas expresiones de violencia que no son sancionadas de ninguna forma, ya sea a través de la justicia o de los protocolos de la universidad”.
Agregó que de esta forma “se da credibilidad y respaldo a las personas que están denunciando. Y también le otorgan más seriedad a la discusión, porque solo ingresarán aquellos que estén dispuestos a discutir y reflexionar sobre el tema”.
