Por Carolina Carrera Ferrer, sicóloga de Corporación Humanas
En el marco de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y según información preliminar registrada por el Ministerio de Salud, entre septiembre del 2017 y marzo de 2018 se han realizado 111 abortos en el sistema público. Los datos –publicados por La Tercera el pasado domingo– indican que 50 corresponden a la causal de riesgo de vida de la mujer, 35 corresponden a casos por inviabilidad fetal y 26 a embarazos producto de violencia sexual.
Más allá de las cifras referidas, también se informa en medios de comunicación acerca de los alcances que estaría adquiriendo la objeción de conciencia. Recientemente se ha conocido que en la provincia de Concepción, por ejemplo, de 72 profesionales obstétras, 41 se habría acogido a la objeción de conciencia individual, es decir, el 57% de los profesionales disponibles.
A lo anterior se suma la denominada “objeción de conciencia institucional”, que el Congreso Nacional expresamente rechazó durante el debate parlamentario, pero que el Tribunal Constitucional igualmente impuso por mayoría de sus integrantes. De ahí que diversos establecimientos privados hayan anunciado públicamente que se acogerían a la objeción de conciencia, como la Clínica de la Universidad de Los Andres, Clínica Alemana de Osorno, Clínica Indisa, Hospital Clínico de la Red UC Christus Hospital Parroquial de San Bernardo, Hospital de Pucón, entre otros.
Además, para facilitar aun más que centros privados puedan excusarse de cumplir la ley, el Ministerio de Salud modificó el protocolo sobre objeción de conciencia eliminando requisitos de fondo. En extremo alerta observar que una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración sea justamente una que atenta contra los derechos de las mujeres y las niñas y, en cambio, ampare ntereses de actores privados y religiosos. Ello inclusive desafiando recomendaciones formuladas al Estado de Chile por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas a comienzos de marzo de este año. Con claridad el Comité recomendó despenalizar el aborto en todas sus causales, así como aplicar requisitos estrictos para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia.
Los derechos de las mujeres y las niñas deben ser reconocidos a plenitud y como organización que trabaja en la defensa y promoción de derechos humanos nuestro llamado es a terminar con la criminalización de las mujeres y a avanzar hacia una legislación que permita el aborto por libre decisión.
Publicada en La Segunda
