Por Lorena Fries, Presidenta Coporación Humanas

Humanas-La renuncia de Miguel Otero es sin duda un hito que va más allá del impacto que tenga, fundamentalmente, en el gobierno o en la clase política. Nos habla a los y las ciudadanos/as de un umbral ético que pareciera consolidarse y nutrir la acción política en el campo de los derechos humanos. Las declaraciones del ahora ex embajador en Argentina desconociendo las graves violaciones de los derechos humanos o legitimándolas en función de una supuesta mayoría para la que éstas no habrían sido problema, encendieron la luz de alerta en la sociedad. Obviamente para la Concertación se trata de un tema emblemático y era obvio que saltara frente a las alusiones de Otero. Mucho menos homogénea fue la respuesta inicial de los representantes de la Coalición por el Cambio, aunque el gobierno tomó adecuada distancia y terminó generando o ayudando a generar la renuncia del que fuera embajador. Es este segundo aspecto del impacto de las declaraciones de Otero lo que merece evaluarse.

El gobierno ha querido, desde que asumió, instalarse en la centroderecha del espectro político y dar cuenta de una renovación democrática del sector en torno a diversos temas, entre ellos, los derechos humanos. Si bien la conducta no resulta aún homogénea, lo que está medianamente claro es que hay ciertos límites que no se pueden ni deben traspasar (según se crea que es por convicción o por pragmatismo), en lo que a violaciones de los derechos humanos respecta. No está tan claro que lo mismo suceda con otros campos de los derechos humanos, a juzgar por las discriminatorias alusiones de Carlos Larraín, que por no ocupar un cargo en el gobierno no mereció una respuesta de parte de las autoridades, aún cuando sí de algunos sectores dentro de Renovación Nacional. Los grupos más refractarios a la idea de una cultura y una política integral de derechos humanos, dirán que esto es una especie de imposición de la izquierda. Pero dicha aseveración no resiste análisis alguno, sino es para trazar la línea de lo que es una convivencia democrática más allá de quien gobierne.

Ciertamente, los sectores de izquierda han contribuido a instalar este umbral con su sufrimiento, con sus denuncias y con la permanente interpelación ética para lograr verdad, justicia y reparación. Sin embargo, no son los únicos. Los gobiernos de la Concertación han contribuido a generar un relato basado en hechos y en estándares de medición de vulneración de derechos que han tenido impacto en el cuerpo social. Nadie que se quiera llamar demócrata podría sustraerse a ello. También las Fuerzas Armadas han hecho su aporte al confirmar en la mesa de diálogo que estas violaciones existieron, dando cuenta de una sociedad que, con todo, madura cívicamente. En otras latitudes el problema es a la inversa y han sido los sectores de centroderecha los que han interpelado a estados y gobiernos de izquierda, que tienen en sus registros históricos la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

Es en este punto que la doctrina ética y política de los derechos humanos cobra su mayor fuerza. Es decir, cuando los derechos humanos -integralmente considerados- dejan de ser patrimonio específico de un grupo o sector político y se convierten en un piso y horizonte común que va en beneficio de todos/as los chilenos/as, estamos ante un Estado democrático y de derecho. El negacionismo o la relativización en términos de juicio histórico -también de horizonte político- de los derechos humanos, entonces, no tiene cabida y sus expresiones debieran quedar cada vez más marginadas del ejercicio y discursividad política. Aún no hemos llegado a puerto y quizás de eso se trata la promoción y defensa de los derechos humanos, que tal vez no haya punto de llegada y más bien vayamos reconociendo en el ser humano la medida de la política y el rol del Estado en ir instituyendo la demanda de reconocimiento y protección de derechos, independientemente del sexo, la nacionalidad, orientación o preferencia sexual, política, étnica o condición socioeconómica.