Corporación Humanas ante TC: sostenemos constitucionalidad del nuevo artículo 318 del Código del Trabajo.

·      En la Audiencia Pública celebrada ante el Tribunal Constitucional el 25 de abril, Corporación Humanas calificó la norma sobre información como una medida fundamental para avanzar en el cumplimiento de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, en conformidad a las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país

Tras la aprobación parlamentaria de la Reforma Electoral, parlamentarios la oposición presentaron requerimientos de inconstitucionalidad impugnando cuatro puntos fundamentales de la misma: la titularidad sindical, la extensión de beneficios obligatoria, negociación con sindicatos interempresas y el derecho a la información. El Tribunal Constitucional consideró admisibles los requerimientos y convocó a una audiencia pública para oír a organizaciones representativas de los intereses involucrados en dicho debate jurídico constitucional.

En la Audiencia Pública, la abogada Camila Maturana, precisa que la norma sobre garantía de información fue materia de amplio debate y perfeccionamientos durante su discusión legislativa y contó con un respaldo significativo como lo evidencia su aprobación mayoritariaen las diversas etapas de la tramitación parlamentaria, pero también con fervientes detractores, incluyendo a los y las legisladoras que presentaron el requerimiento.

Sin embargo, la abogada Maturana descarta que la obligación que el proyecto aprobado por el Congreso Nacional impone a las empresas de entregar a los sindicatos información innominada sobre las remuneraciones asignadas a los trabajadores de los diversos cargos y funciones de la empresa configure una vulneración a la garantía de vida privada –como alegan los requirentes– puesto que la norma define claramente el carácter innominado de la información, es decir, no permite vinculación con datos personales de los y las trabajadoras ni de sus familias, y entre otros resguardos a la información privada, se obliga a las empresas a asegurar la reserva de la información individual de cada trabajador.

Corporación Humanas subrayó que el derecho de los sindicatos de contar con información completa y oportuna constituye un interés social pues se trata de una herramienta fundamental que les dota de eficacia en su accionar y les permite cumplir con su función de velar y representar los intereses de sus asociados y definir las estrategias adecuadas, en particular la negociación colectiva, a fin de mejorar las condiciones de trabajo y de las remuneraciones.

De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 7), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Art. 11) y el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra femenina, los Estados se encuentran obligados a eliminar la discriminación contra las mujeres en la esfera del empleo y asegurar el derecho a la igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor.

En Chile, la brecha salarial se mantiene en torno al 30% y desde hace más de 10 años se reiteran los reproches de organismos internacionales, tales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Consejo de Derechos Humanos, que han constatado la persistente desigualdad salarial, las inadecuadas definiciones adoptadas por la Ley Nº 20.348 que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones, así como la inexistencia de mecanismos efectivos para su implementación, advierte la abogada Maturana.

Precisamente por ello, la regulación que obliga a las empresas a entregar a los sindicatos información innominada sobre las remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones de la empresa, resulta tan relevante. Esta garantía de información constituye una herramienta fundamental para que los sindicatos puedan conocer la estructura de remuneraciones de la empresa y que la negociación colectiva efectivamente pueda abordar las brechas salariales que puedan presentarse entre trabajos del mismo valor.

Bajo la legislación vigente las grandes empresas ya se encuentran obligadas a consignar en sus reglamentos internos un registro de los diversos cargos o funciones que existen en la empresa, pero esta normativa no ha sido suficiente para asegurar la igualdad de remuneraciones. Por ello se valora que el proyecto apunte a ampliar la obligación a medianas empresas y que además del perfil de cargos y funciones se informe de las remuneraciones que les corresponden.

En su exposición ante el Tribunal Constitucional, Corporación Humanas concluye que la norma del proyecto de ley aprobada por el Congreso Nacional que establece la obligación a las grandes y medianas empresas de entregar a las organizaciones sindicales información innominada sobre las remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones de la empresa, no solo no vulneran la garantía de vida privada como presentan los requirentes sino que muy por el contrario, corresponde a una norma orientada a materializar garantías constitucionales de la mayor relevancia, como la negociación colectiva, la igualdad de derechos y prohibición de discriminación, la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y de la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Publicado en destacados, masderechos.