Columna: La ley de partidos políticos, más allá de las intenciones

Tras días de silencioso trabajo, un grupo transversal de diputados presentó indicaciones a la ley de partidos políticos para resolver la lamentable ausencia de definiciones que aseguren la presencia de mujeres al interior de las colectividades.

Tal como informó este medio, el proyecto del Ejecutivo sólo manifiesta la intención de generar una mayor inclusión, pero no se fijan criterios para ello y, por tanto, deja a voluntad de los partidos la “posibilidad” de ponerlos en marcha. Con todo, el actual 16% de mujeres que participa en dichas directivas es reflejo de que, sin obligatoriedad ni sanción por incumplimiento, el principio de paridad es imposible de alcanzar.

Así, la propuesta de los parlamentarios apunta a que en cada estructura de un partido -directiva nacional y regional, consejo general, tribunal supremo- ningún sexo pueda exceder el 60% (cuota 60/40). Y no solo ello. El texto establece que no considerar lo anterior constituye un “incumplimiento grave de las normas legales que regulan el funcionamiento y organización interna de los partidos políticos y acarreará la imposibilidad legal de acceder al financiamiento y/o aportes públicos regulados en la ley respectiva”.

Tanto el BID como Idea Internacional y PNUD han señalado que los partidos son los principales porteros que impiden que más mujeres ocupen posiciones de poder; ello se traduce en que sean menos nominadas para ocupar candidaturas y que se concentren en las estructuras de menor jerarquía. En las directivas extrañamente hay mujeres y, si las hay, ocupan los cargos menos determinantes. De ahí la enorme relevancia social de las indicaciones mencionadas.

En la medida que este proyecto propone que los partidos se conviertan en corporaciones de derecho público –financiadas con recursos de todos y todas- no sólo es deseable, sino exigible el cumplimiento de normas de democracia interna, como la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Por lo demás, parece ilógico que reformas al sistema político tan relevantes como las que se discuten hoy (ley de partidos, financiamiento de la política y fortalecimiento del Servel), no muestren con claridad el tipo de democracia que se aspira a construir ni conversen con la aprobada reforma al sistema electoral, que sí incluyó cuotas de género en las listas de candidaturas a las elecciones parlamentarias a partir de 2017 y por 4 períodos.

El rol de los partidos es fundamental al ser puente entre ciudadanía y Estado. El evidente debilitamiento institucional que los afecta -según PNUD, la caída en aprobación y confianza que estos han sufrido entre 1990 y 2014 es de las más agudas de Latinoamérica- hacen imperativo el fortalecimiento de su democracia interna y, con ello, la aprobación de mejoras clave para otorgarle legitimidad política y social plenas.

Estamos ante la oportunidad de producir los cambios que nos permitan contar con partidos más representativos y conectados con la ciudadanía. Cambios que deben ir acompañados de un trabajo permanente de sensibilización en torno a las temáticas de género. La mayor presencia de las mujeres en política será sustentable en la medida que ésta no sólo dependa del cumplimiento de una ley, sino del convencimiento pleno de ser una medida justa y necesaria para la democracia.

Columna publicada en Opinión de La Tercera, el jueves 3 de septiembre de 2015

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