Aborto, el debate legislativo que espera

aborto foto kena lorenzini

El país ha conocido a través de los medios de comunicación el sufrimiento extremo de dos niñas de corta edad que fueron víctimas de violencia sexual en sus familias (aparentemente el hermano en un caso y el padre en el otro) y luego víctimas de la violencia estatal del embarazo forzado.

Estas niñas no tuvieron ninguna alternativa que llevar a término sus embarazos, una para dar a luz a una criatura que murió a los pocos días, tal como el diagnóstico médico indicaba, y la otra para ver nacer al hijo de su propio padre.Cuesta imaginar un sufrimiento más intenso y es difícil no pensar en un daño permanente para estas niñas, o al menos de muy largo plazo. Pero lo que torna aun más grave este dolor es que sea inflingido por el propio Estado. De ahí que Naciones Unidas defina que la imposibilidad de interrumpir ciertos embarazos –como en caso de inviabilidad fetal– constituye tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, a lo largo de este año se ha informado de numerosas mujeres que tras sufrir complicaciones por abortos clandestinos, no solo no recibieron la atención y apoyo compasivos que a los profesionales de la salud corresponde brindar, sino que además fueron denunciadas a la policía por los mismos profesionales a quienes confiaron su “secreto”, trastocándose la relación médico-paciente desde el cuidado y confidencialidad a la persecución y estigma.

Ciertamente los invasivos procesos policiales que de ello surgieron inhiben fuertemente a las mujeres que puedan padecer complicaciones derivadas de aborto de acudir a centros médicos, incrementando los riesgos para su vida y salud.

El conocimiento público generado por la prensa evidentemente es solo una parte de la realidad que enfrentan miles de mujeres y niñas en el país, pero enrostra dolorosamente que el retraso que las autoridades mantienen para enfrentar este problema, pese a los compromisos contenidos en el Programa de Gobierno y reforzados por la Presidenta Bachelet en su primera Cuenta Pública, tiene impactos directos en la vida de quienes siguen padeciendo las consecuencias de la criminalización total del aborto.

A contravía de los avances internacionales en torno a la progresiva legalización y acceso a aborto seguro para proteger la vida y salud de las mujeres, además de fortalecer la educación sexual y las medidas preventivas para evitar los embarazos no deseados, Chile mantiene sin cambios la legislación punitiva heredada de la dictadura.

Ello le ha valido al Estado recibir periódicos y sistemáticos reproches de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas por la falta de garantías a los derechos de las mujeres y las niñas y la necesidad de reformar las normas que imponen la penalización; recomendándose permitir el aborto, al menos en ciertos casos (Consejo de Derechos Humanos, 2014; Comité de Derechos Humanos, en 1999, 2007 y 2014; Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1999, 2006 y 2012; Comité de Derechos del Niño, en 2007 y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2004).

Pero también la autoridades se desentienden de las crecientes demandas ciudadanas por reformas legales que permitan proteger los derechos de las mujeres y las niñas, profundizando la brecha entre la ciudadanía y sus representantes.

Entre otros estudios de opinión, la Novena Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2013 de Corporación Humanas, da cuenta del 84% de respaldo a legalizar el aborto terapéutico y de un 80% de apoyo a legalizarlo en caso de violación así como frente a malformaciones incompatibles con la vida. Además, el 29% de las encuestadas expresa su acuerdo con la legalización por cualquier razón que la mujer decida, el 24% por motivos económicos y el 28%, en cambio, en ningún caso.

De ahí que el impulso al debate legislativo que congresistas comprometidos con los derechos de las mujeres –que han presentado diversas mociones tanto en la Cámara de Diputados como en Senado– represente una gran oportunidad de cambio.

Proyectos de ley para despenalizar el aborto en tres causales, riesgo de vida o salud de la mujer, violación e inviabilidad, e incluso a decisión de la mujer dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, serán prontamente debatidos en el Parlamento.

Recientemente la Comisión de Salud de la Cámara Baja recibió a la ministra del Servicio Nacional de la Mujer para conocer la agenda gubernamental en la materia, mientras en el Senado, la Comisión de Salud ha definido dar inicio a la discusión de algunas de las mociones.

Chile requiere contar prontamente con una legislación que permita la interrupción segura del embarazo en caso de riesgo para la mujer, violencia sexual e inviabilidad, así como debatir para garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a decidir respecto de la maternidad y sobre su propio plan de vida, libremente, sin coerción ni bajo amenaza penal.

Camila Maturana Kesten
Abogada
Corporación Humanas
Noticia citada de Radio Cooperativa Opinión:
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