Invitación trata

La trata de personas ha sido conceptualizada como una manifestación de violencia de género, basada en la discriminación y los estereotipos que mantienen el estatus subordinado de las mujeres en la sociedad.

• El Estado de Chile ratificó el Protocolo de Palermo, con lo cual está obligado a prevenir la trata de personas y proteger, asistir y entregar apoyo a las víctimas.

Para sensibilizar a la ciudadanía sobre el delito de trata de personas en Chile y evidenciar la falta de recursos para proteger a las víctimas, el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del cual forma parte Corporación Humanas -formado por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y embajadas- realizará el “Día de Acción contra la Trata de Personas” el lunes 14 de enero en el edificio de la Cámara de Diputados, ubicado en Compañía 1175, Santiago.

El evento, que se realizará entre las 9:30 y 13:00 horas, contará con la participación del Ministro de Interior, Andrés Chadwick, y la Subsecretaria de Estado para Seguridad Cuidadana, Derechos Humanos,y Democracia de los Estados Unidos, María Otero, quien ofrecerá una charla magistral en la que abordará esta forma de esclavitud moderna.

Asimismo, expondrá un panel de expertos sobre la Trata de Personas compuesto por Lorena Fríes, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Paula Honisch, del Ministerio de Seguridad de Argentina; Patricia Donaire, del Instituto Católico de Migraciones; Bernardita Prado, del Servicio Nacional de la Mujer; Cristián de Feudis, del Ministerio del Interior.

Manifestación de violencia de género
La socióloga de Corporación Humanas, Mariela Infante, sostiene que “la trata de personas constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, afectando desproporcionadamente a mujeres, niñas y personas migrantes. Dado su impacto en la vida de las mujeres, la trata de personas ha sido conceptualizada como una manifestación de violencia de género, basada en la discriminación y los estereotipos que mantienen el estatus subordinado de las mujeres en la sociedad”.

Mariela Infante explica que el Estado de Chile ratificó en 2004 el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, lo que significa que el Estado debe actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, investigar y procesar a quienes cometen el delito, así como proteger, asistir y entregar apoyo a las víctimas.

Agregó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en octubre de 2012, instó al Estado chileno a aumentar sus esfuerzos para aplicar la nueva legislación sobre la trata de personas; incrementar el número de albergues temporales del Estado para mujeres y niñas víctimas de la trata y brindarles protección y asistencia adecuadas; adoptar mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de trata, entre otras medidas.

En Chile, la aprobación en 2011 de la ley Nº 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, constituye un avance en la obligación que le concierne al Estado para sancionar este tipo de delitos.

Sin embargo -explica la socióloga de Corporación Humanas- a más de un año de aprobación de la normativa, se observan insuficiencias en su diseño e implementación: la ley carece de un enfoque integral que incorpore, además de la sanción, medidas eficaces de prevención de la trata y protección y asistencia a las víctimas; y no contempla la trata interna de personas, sobretodo habiendo indicios de su existencia en el país.

“Se desconoce el presupuesto que el Estado destinará a la prevención de este delito; el número, rango jerárquico y procedencia institucional de los y las funcionarias públicas que capacitará; así como la forma y el momento en que se dará cumplimiento a la elaboración de estadísticas desglosadas por sexo, en un sistema único de registro que distinga la trata con fines de explotación sexual con aquella que tiene como fines la explotación laboral, dando cuenta efectivamente de la magnitud del fenómeno en el país”, sostuvo Mariela Infante.

El grupo de Trabajo contra la Trata de Personas está compuesto por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Ciudadano Global (Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados), CATW–Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas, Corporación Humanas, Ejército de Salvación, Fundación Scalabrini, Hogar de Cristo, INCAMI–Instituto Católico para las Migraciones, Instituto Nacional de Derecho Humanos, Observatorio de Género y Equidad, ONG Paicabi, ONG Raíces, PET – Programa de Economía del Trabajo, SEDEJ – Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, ACNUDH–Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR–Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, OIM–Organización Internacional para las Migraciones y las Embajadas de Argentina, Australia, Canadá, EE.UU., Francia, Reino Unido y de la Unión Europa.-

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