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Chile aprueba en lo general proyecto para despenalizar aborto

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Con 20 votos a favor, el Senado chileno aprobó en general el proyecto de despenalización del aborto en tres causales específicas: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y violación, tras dos jornadas de debate en sala y con 15 votos en contra y dos abstenciones.

Senadores y senadoras de la Nueva Mayoría, coalición por la que gobierna Michelle Bachelet, y de Chile Vamos, coalición de derecha opositora, plantearon sus argumentos a favor y en contra del proyecto. En las tribunas y el hall de ingreso diversas organizaciones contrarias al texto y pro derechos de las mujeres se manifestaron con lienzos alusivos.

La causal que más resquemores causa en legisladores de derecha es la de violación, que exige que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación, cuestión que en las menores de 14 años se amplía hasta las 14 semanas.

Senadores de derecha argumentaron que las mujeres podrían inventar que han sido violadas, que incluso si lo han sido una interrupción del embarazo es la peor manera de resolverlo y que una violación podría ser “acordada”, como indicó el Senador de la Unión Demócrata Independiente UDI, Alejandro García Huidobro.

Organizaciones de mujeres junto a diputadas de distintos partidos políticos, como la comunista Camila Vallejo, la independiente Carla Rubilar o la socialista Maya Fernández Allende, llamaron a que sea aprobado el proyecto incluida la causal de violación, puesto que según la abogada de Corporación Humanas Camila Maturana “es un compromiso del Gobierno y de una coalición, con las chilenas”.

“El Senado debe legislar para cumplir con ese mandato que, además, tiene un 70 por ciento de aprobación en la opinión pública. Este proyecto se debe aprobar en sus tres causales, lo que permitirá al Estado de Chile ponerse al día con los derechos humanos de niñas y mujeres”, abundó.

Para Gloria Maira, quien fue subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, “la causa de violencia sexual que permite interrumpir un embarazo por violación es un imperativo fundamental de derechos y respeto a la dignidad de niñas y mujeres.”

El proyecto implica que debe haber un diagnóstico médico previo que avale la intervención y que la mujer debe manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo, salvo cuando esté impedida de hacerlo.

Permite, además, la objeción de conciencia por parte del médico cirujano convocado a realizar la interrupción, que se debe efectuar en forma previa y por escrito ante el director del establecimiento de salud, caso en el que el recinto debe asignarle otro médico disponible a la paciente. Esta objeción no procederá en el caso de la primera causal cuando la mujer requiera una atención inmediata y no exista otro cirujano disponible.

Tras este trámite, el proyecto deberá volver a la Comisión de Salud y a la Comisión de Constitución para su discusión en particular, tras lo que volverá a votarse en sala del Senado.

En Chile, existió el aborto terapéutico desde los años 30 hasta 1989, cuando la dictadura de Augusto Pinochet lo prohibió en todos los casos, para convertirse así Chile en uno de los seis países en el mundo que se encuentra en esta posición junto a El Salvador, Honduras, Nicaragua, Malta, El Vaticano y República Dominicana.

Fuente: CinemaCnoticias

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Comité de Expertas internacional expresa preocupación por posible retroceso en proyecto de aborto en Chile

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El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifiesta su preocupación por el posible retroceso que significaría el rechazo o eliminación, por parte de los legisladores y legisladoras de Chile, de las causales por violación e inviabilidad del feto en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el cual se reduciría solo a casos de riesgo de vida de la mujer.

En este contexto, a este Comité le preocupa que el proyecto de ley en discusión no garantice que niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual accedan de manera efectiva a la interrupción de un embarazo; misma situación para las mujeres que son víctimas de una violación.
El Comité saludó los avances del trámite legislativo y destacó que el Senado haya aprobado la idea de legislar, como un avance significativo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en relación a garantizar el pleno goce de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y psíquica de las mujeres, garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y reconocerlas como sujetas del derecho internacional y nacional.

El Comité ha señalado en reiteradas ocasiones su preocupación por aquellas legislaciones que no permiten la interrupción del embarazo en ninguna circunstancia, como es el caso de Chile actualmente y ha recomendado a los Estados Parte establecer leyes y políticas públicas que permitan la interrupción del embarazo en por lo menos tres casos: violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida de la mujer.

Por esto, el Comité recuerda que la penalización absoluta del aborto no solo constituye una violación al derecho a decidir de las mujeres, sino que también, vulnera su derecho a la salud, autonomía, privacidad y seguridad, entre otras consecuencias. La eliminación o rechazo de las causales por inviabilidad fetal y violación sería por tanto una barrera al cumplimiento de las obligaciones de Chile con relación a sus compromisos internacionales, en especial, al suscribir y ratificar la “Convención de Belém do Pará”.

De acuerdo a informaciones recientes del Ministerio de Salud de Chile, en 2014 hubo 852 partos de niñas entre 10 y 14 años, en su mayoría sobrevivientes de violencia sexual reiterada. En este escenario, el Comité de Expertas invita alparlamento chileno a considerar estas cifras y esta realidad en el debate, a intensificar los esfuerzos para que el proyecto sea aprobado íntegramente, con las tres causales originalmente propuestas por el Ejecutivo, a promover la participación y el diálogo con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los derechos de las mujeres y a tomar en consideración que más del 70% de los ciudadanos y ciudadanas del país, de manera transversal, aprueban el proyecto que permite la interrupción voluntaria del embarazo en estos tres casos.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convenciónde Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal. 

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Opinión: La Resistencia de los partidos

Esta columna fue escrita junto a Carolina Carrera, Presidenta Corporación Humanas.

La nueva ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional y que fortalece la representatividad del Congreso fue aplaudida inicialmente, al ser vista como una oportunidad de contar con una medida para mejorar los hasta ahora bajos niveles de participación política de mujeres en el Congreso Nacional.  La ley vigente consagra la conformación paritaria (40%-60%) de las listas de candidaturas para legisladores/as y entrega a los partidos políticos y a las candidatas recursos adicionales por la elección de mujeres. El espíritu de la normativa es generar un cambio social que pasa por una mejor distribución del poder político y avanzar hacia la paridad en el Congreso. Pero la alegría no ha durado mucho y se comienzan a escuchar voces que, por ejemplo, plantean que la ley constituye un “alto riesgo”, pues para los partidos no es una prioridad llevar mujeres, porque históricamente nunca han alcanzado un 20% de candidatas. También hay quienes aseguran que existen dificultades para convocar a mujeres, sobre todo cuando el mecanismo de elección interna de candidatos no cuadra con el cumplimiento de la normativa. Otros derechamente realizan una interpretación de la ley, planteando que el 40% de candidatas que se exige considera al total de senadores y diputados, y no a cada cámara por separado.

¿Cuál es el denominador común de estas declaraciones y/o interpretaciones? Una falta de voluntad política para hacer efectiva la ley.  Que no existan precedentes de un porcentaje mayor de mujeres obedece a que los partidos políticos no han querido, desde la recuperación de la democracia, promover más candidaturas femeninas. Que no haya mujeres disponibles es una falacia, así lo muestran los padrones declarados por los propios partidos, donde más del 50% de sus integrantes son mujeres.

El financiamiento de las campañas, si bien pudo ser en el pasado un obstáculo para las mujeres, hoy, con los cambios de a la ley, puede ser una oportunidad para que más mujeres puedan competir en las próximas elecciones parlamentarias.

Durante la discusión de la ley, ComunidadMujer y Corporación Humanas, planteamos diversas interrogantes respecto de la aplicación del mecanismo de primarias y la cuota de género, que no llegaron a resolverse.  En definitiva, la Ley Nº 20.840, se hizo cargo de la supuesta contradicción entre un mecanismo y otro, en un artículo transitorio, estableciendo que los partidos que se sometan a elecciones primarias solo definan en este proceso el 40% del total de candidaturas legislativas, vayan o no en pacto electoral. ¿Qué resguarda el artículo? Que no haya trampa, es decir, prevé que las primarias no impidan que los partidos lleven un 40% como mínimo de mujeres.

Sinceremos el debate. Todos los partidos reconocen que hay un problema de sub-representación de mujeres en la toma de decisiones. Hoy tienen una oportunidad de demostrar al 52% de sus electoras y al país que de verdad quieren hacer un cambio. Para eso deben asumir la actual legislación e incorporar a las mujeres en distritos donde existen reales posibilidades de competir para ser electas. De lo contrario prevalecerá el que las mujeres sean vistas como “arroz graneado”, es decir, solo un acompañamiento para que los mismos de siempre vuelvan a ser electos.

Fuente: La Tercera

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Fiscal Ximena Chong: “El Ministerio Público no puede abstenerse de iniciar investigaciones por delito de aborto”

El Ministerio Público no puede abstenerse de iniciar investigaciones por delito de aborto y los tribunales no pueden dejar de aplicar la ley. Por eso, el Estado chileno ha optado por presentar un proyecto de ley que hoy está en plena discusión para establecer la no tipificación del aborto bajo causales determinadas.

Por Catalina Ellies

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Ximena Chong (45) es respetada por sus colegas y temida por su profesionalismo. Es fiscal jefa de los delitos de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, donde ha dirigido la investigación de casos emblemáticos como Corpesca y el supuesto financiamiento irregular de la campaña del líder del PRO Marco Enríquez-Ominami.

Es una ávida lectora y producto de eso surgió su interés por la igualdad de género, ámbito del desarrollo que constata en carne propia que se avanza muy lento. “Creo que la diversidad sexual en poco tiempo ha tenido un avance muy rápido y vertiginoso en la obtención de derechos, en oposición a lo que ocurre con las mujeres. Desde la dictación del Código Civil, transcurrieron 130 años hasta que se hizo un cambio en ‘la incapacidad relativa que se nos daba’. Ahí una se da cuenta de que hemos sido muy pasivas. Si no demandamos al Estado políticas de género más activas, pasarán otros 100 años en la disminución de las brechas. Creo que cuando una ha logrado ir a contra corriente en términos de logros, como yo, que he obtenido mediante concursos puestos de jefatura, es más responsable de instalar estos temas en el debate público”, dice.

El aborto ante los ojos de la ley

Actualmente, el aborto es considerado un delito, cuyas condenas van entre los tres y cinco años y se consignan sanciones para la mujer que aborte y quienes la ayuden.

Según estándares internacionales, que Chile no permita la interrupción del embarazo en ninguna circunstancia es una transgresión a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas. La carta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enviada al presidente del Senado Ricardo Lagos Weber, recuerda que el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas definió que los Estados que tienen una prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia, exponen a las mujeres y niñas a ser humilladas, tratadas con crueldad o de forma inhumana, y que en algunos casos, este trato, se podría relacionar con la tortura.

Chong explica que “efectivamente existen algunos convenios suscritos por el Estado de Chile que dan cuenta de algunas transgresiones a los derechos humanos. Sin embargo, en el país no existe una aplicación automática derogatoria de tipos penales a raíz de la norma internacional. Incluso, aunque existan diversas contradicciones, el Ministerio Público no puede abstenerse de iniciar investigaciones por delito de aborto y los tribunales no pueden dejar de aplicar la ley. Por eso, el Estado chileno ha optado por presentar un proyecto de ley que hoy está en plena discusión para establecer la no tipificación del aborto bajo causales determinadas. No obstante, va a quedar penalizado en otras hipótesis”, precisa.

Según el tablero penal del Poder Judicial, quienes abortan normalmente no van a la cárcel y quedan en libertad vigilada. En los últimos seis años, 289 mujeres han sido formalizadas por abortar, con un peak de 68 casos en 2011. El sobreseimiento es el más invocado por tribunales, alcanzando un total de 118 causas, mientras que las sentencias condenatorias llegaron a 93 y la fiscalía no perseveró en 19 situaciones. Es decir, sólo un tercio de los casos de aborto que llega a tribunales termina en condena. Siendo las mujeres que viven en condiciones de pobreza, quienes más llegan a estas instancias, porque sólo pueden acceder a abortos clandestinos e insalubres y deben recurrir por sus complicaciones a servicios de salud pública.

También se aplican sentencias alternativas que consisten en suspensiones condicionales del procedimiento por un plazo, que puede ir desde uno a tres años, por la cual la imputada debe cumplir una serie de condiciones y si lo hace, se cierra la causa. “No hay instrucciones del Fiscal Nacional respecto a este delito en condiciones particulares o específicas. Esta salida es bastante recomendada y utilizada en casos de aborto, pero se puede dar sólo a quienes no tengan antecedentes”, explica Chong.

Una de las eximentes de responsabilidad en los casos de aborto es cuando se actúa para salvar la vida de la madre o cuando hay inviabilidad fetal, pero tiene que ser declarada en una sentencia judicial, por lo tanto, no priva la investigación o la criminalización de las mujeres. Sin embargo, esto no ocurre cuando se trata de una mujer o una menor de edad víctima de violación.

Respecto de la confidencialidad de los médicos, la fiscal plantea que hay una colisión de normas. Existe un estatuto administrativo que exceptúa del secreto profesional a aquellos doctores que trabajan en el sector público, donde están obligados a denunciar todos los hechos constitutivos de delito que conozcan en el ejercicio de sus funciones en un plazo de 24 horas.

“La ley de derechos del paciente plantea que quedan sujetos a reserva los diagnósticos médicos, el punto es si el aborto configura un diagnóstico médico o es el resultado de prácticas que generan el diagnóstico. Este es un tema que no está del todo resuelto, porque está la discusión sobre qué norma prima por sobre la otra y queda a conciencia de cada médico. No así en los delitos sexuales contra menores de edad, donde hay una norma expresa de que si encuentran alguna anomalía la deben informar y denunciar”, señala.

No me pregunten más

Actualmente los delitos sexuales prescriben a los 10 años después de que la víctima cumple 18 años, tiempo que muchas veces sigue siendo insuficiente, puesto que en promedio la develación y denuncia tarda 20 años. Una legislación que declare la imprescriptibilidad sería favorecedora para investigar los delitos sexuales, pero sería complicado obtener pruebas que se pierden con el transcurso de tiempo. Entendemos que este no es un delito común y corriente, no es lo mismo quedarse callado con el robo de la plata de la caja chica, que con actos de violencia sexual reiterados, que sin duda, constituyen un atropello a los derechos fundamentales, en especial en los niños y niñas, porque afectan sus condiciones de vida durante mucho tiempo”, manifiesta.

Hoy en Chile sólo 1 de cada 6 víctimas de delitos sexuales denuncia, de los cuales, el 84,7% son niñas y mujeres adolescentes. La Fiscalía Centro Norte ha incorporado diversos mecanismos para hacer más amigable el proceso de investigación para los menores, quienes muchas veces tienen que declarar más de diez veces; en la unidad policial, Servicio Médico Legal, Ministerio Público y el juicio. “Hoy las investigaciones revictimizan a los niños, niñas y adolescentes; tener que contarlo tantas veces puede llevar a la retractación, por eso hoy hacemos entrevistas video grabadas, desde antes que la ley fuese aprobada incluso, para así poder utilizar esa única entrevista en las pericias, bajo el eslogan «No Me Pregunten Más», expone.

Tantos interrogatorios, no sólo implican un daño para la víctima que sobrevive al abuso sexual, sino también desde el punto de vista procesal hace que muchas veces se ahonde en diferencias marginales entre cada testimonio para cuestionarlo. “Si primero el niño o niña dijo que fue en la cama de arriba del camarote y en la séptima declaración dice que fue en la cama de abajo se complicaba todo, sin entender que hasta los 7 años su capacidad de retención de detalles no es de más de dos meses. Lo positivo de grabar las entrevistas es que antes el niño o niña no se podía someter a un tratamiento reparatorio hasta que terminara el proceso que podía durar hasta cinco meses y eso pasaba a llevar su dignidad y ahora, al día siguiente de la primera y única entrevista puede iniciar una terapia, porque el video va a ser el testimonio utilizado durante todo el proceso”, enfatiza.

Otro ingrediente que vuelve más cruel la persecución de estos delitos es que las entrevistas psicológicas en relación con la credibilidad del relato sólo se realizan a las víctimas y el imputado puede rehusarse a pasar por esto, amparándose en su derecho a guardar silencio. “Los procesos psicológicos depende de voluntades, si el imputado no habla, no sirven. Esto tampoco te va a decir si una persona es pedófila o violadora, sólo entregan pistas que sirven para fortalecer el testimonio del menor. Distinto es el caso de la obtención de muestras de ADN, donde los tribunales entregan autorización judicial para extraerlas, porque no requieren cooperación”, comenta.

En la Fiscalía Centro Norte hay salas Gesell, que están ambientadas con colores vivos y cómodos muebles. Están diseñadas para que la persona a cargo de la investigación acoja la declaración de la niña o el niño, mientras todo se observa en una dependencia contigua a través de un cristal unidireccional. También se trabaja con perros de asistencia que los acompañan hasta el juicio para transmitirles seguridad.

La fiscal Ximena Chong cree que es prioritario que la comunidad intervenga para socorrer a la niñez vulnerada en sus derechos. “Los niños y las niñas no mienten en este tipo de cosas, en condiciones normales serían incapaces de reproducir detalles respecto de la genitalidad de las personas adultas si no hay un contacto directo. Las personas que se encuentren a su cuidado como parvularias, profesores, trabajadoras de casa particular o doctores, que observen situaciones anormales deben denunciar. Hemos tenido casos que se han iniciado y han sido resueltos porque se detectó que la víctima tiene una infección de transmisión sexual, que es la misma que tiene el agresor. Como sociedad tenemos que dejar de ser indiferentes frente a hechos tan evidentes. Denunciar no hace daño, al contrario. No les podemos dejar toda la carga a quienes están en situación de indefensión. Muchas veces las cosas nos pueden doler profundamente, porque alguien que uno quiere puede ser el autor, pero hay que armarse de valor para evitar reiteraciones. Cuando se trata de niños y niñas a todos nos asiste la obligación de brindarles adecuada protección cuando su entorno más directo no se lo está haciendo. Por eso, el trabajo comunitario de difusión con los colegios es tan importante, porque hay muchos niños y niñas que le cuentan a sus compañeros, y ellos al profesor y mediante la dirección del establecimiento nos llega la denuncia, que nosotros estamos obligados a recibir y tramitar”.

Ximena Chong agrega que los casos de violencia sexual hacia mujeres adultas son todavía más complejos porque en la mayoría de ellos las defensas tratan de desacreditar a la víctima. “Esto va desde que consintió, provocó, había accedido antes o estaba en estado de ebriedad. Sin duda, acceder carnalmente a una mujer que está privada de sentido producto de embriaguez, independiente que haya decidido por su propia cuenta quedar en ese estado, es un hecho constitutivo de delito de violación”.

Un país sin equidad

Ximena Chong considera que Chile es un país machista y esto se expresa en la violencia sexual que reciben las mujeres a diario. En la Fiscalía Centro Norte hay seis fiscales incluyéndola; cuatro mujeres y dos hombres y trabajan con siete abogadas asistentes. Lo que considera un gran avance para un mundo históricamente dominado por hombres. “Los abogados que ven temas de familia son muchos menos que las abogadas y fiscales que investigan delitos sexuales son muchísimo menos que las mujeres. La dificultad ha estado en demostrar que uno se la puede y desmitificar que las habilidades duras son propias exclusivamente de los hombres. Las mujeres tienen que estar en todos los ámbitos, porque de otra forma estamos perdiendo más del 50% de los talentos. En general, las mujeres tenemos la auto exigencia de demostrar que somos muy buenas en lo que hacemos y de disminuir los errores al máximo. Lo he visto en mi caso personal, que he desarrollado mi carrera en derecho penal, donde hay muy pocas mujeres, normalmente vemos pocas juezas o fiscales”.

Para Chong el principal cambio en la desigualdad de género ha sido derribar mitos en torno al feminismo. “Se cree que hay un intento de posicionar a las mujeres por sobre los hombres, que no es. Para muchos ahora la mujer es la maltratadora, la que va a ganar un 30% más (…) El movimiento feminista promueve la dignidad humana en su máxima concepción mediante la igualdad y ahí las mujeres tenemos un rol fundamental: primero en dejar de avalar actitudes machistas, desde donde surge muchas veces la violencia y dejar de verla como algo común, porque es particularmente grave. En el Código Civil hace no muchos años había una norma que reconocía el derecho a corrección vía golpes de los padres hacia los hijos o la obligación de obediencia de la mujer respecto del marido. No es normal que alguien sufra actos de violencia y la comunidad debe entender que estas no son formas de solucionar los conflictos”.

Fuente: Observatorio de Genero y Equidad

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Derecho a decidir en Chile: Aborto, acción y autonomía

El 2015 fue presentado el Proyecto de Ley sobre Interrupción Legal del Embarazo por tres causales. Tras su paso por la Cámara de Diputados, el pasado mes de enero gur aprobada su idea de legislar en el Senado. La normativa vigente en Chile prohíbe la interrupción del embarazo sin excepción. Sobre el compromiso del Estado de Chile con una deuda de casi tres décadas con los derechos de las niñas y las mujeres conversamos en Foro Ciudadano.

Conversamos con Adela Montero, Gineco-obstetra, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, Cemera y Gloria Maira, ex subdirectora de SERNAM, encargada Programa Derecho a Decidir de Fondo Alquimia. Ambas integran la mesa acción por el aborto en Chile.

Escucha el Podcast acá

Fuente: Foro Ciudadano

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Este miércoles se vota el proyecto de ley que despenaliza el aborto bajo tres causales

Durante esta jornada la sala del Senado comenzará la discusión del proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales: inviavilidad fetal, riesgo de vida para la madre y violación.

Se busca decidir sobre si hay que legislar este proyecto de ley que fue impulsado por el Ejecutivo desde el año 2014. Esta tarde es la primera parte y se expondrán los argumentos a favor y en contra por parte de los distintos senadores para poder votar este proyecto de ley, votación que finalmente se realizará mañana en el Congreso.

Diversas opiniones ya han surgido, entre ellas la de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, quien comentó que como Gobierno han tenido un proyecto de ley que han querido que abra alternativas a las mujeres de Chile, que busca no imponer como es la actual situación, sino que acoger, acompañar y promover políticas públicas que den cuenta de las distintas opciones que las mujeres pueden tener.

Por otro lado, el senador de RN, Francisco Chahuán, pidió a la DC que opté por la decisión más compleja que tiene que ver con el acompañamiento integral de la mujer y de la protección de la vida. “Lo contrario es parte de una cultura de lo desechable y la DC tiene la palabra, esperemos que opten por la vida y la protección de la maternidad”, dijo.

Más información en el video adjunto.

Fuente: CNN Chile

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20 votos a favor y 15 en contra: Senado aprobó idea de legislar sobre despenalización del aborto en 3 causales

Con los votos de la DC -con excepción de los senadores Patricio Walker y Andrés Zaldívar-, la iniciativa pasará ahora a las comisiones de Salud y Constitución para su discusión y posteriormente a la Sala del Senado para ser votado en particular.Por

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNOFOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

Quienes votaron a favor fueron los senadores Pedro Araya (DC), Isabel Allende (PS), Carlos Bianchi (IND), Alfonso de Urresti (PS), Guido Girardi (PPD), Carolina Goic (DC), Felipe Harboe (PPD), Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Carlos Montes (PS), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (PAIS), Lily Pérez (Amplitud), Jorge Pizarro (DC), Jaime Quintana (PPD), Rabindranath Quinteros (PS), Fulvio Rossi (IND), Eugenio Tuma (PPD), Ignacio Walker (DC), además del senador y candidato presidencial Alejandro Guillier (IND).

En tanto, votaron en contra los senadores Andrés Allamand (RN), Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Alejandro García Huidobro (UDI), José García (RN), Antonio Horvath (IND), Hernán Larraín (UDI), Iván Moreira (UDI), Manuel Ossandón (RN), Víctor Pérez (UDI), Baldo Prokurica (RN), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Ena Von Baer (UDI) y Patricio Walker (DC).

Las dos abstenciones vinieron desde el jefe de bancada de la DC, senador Andrés Zaldívar, y el senador Manuel Antonio Matta del mismo partido. Así, la totalidad de los senadores de RN y la UDI votaron en contra. Pese a eso, la senadora y presidenta de Amplitud, Lily Pérez, señaló luego de la votación que “es clave decir que aquí no se puede caricaturizar entre oposición y gobierno. Soy una mujer de centroerecha y voté a favor”, para luego  recordar que con esto se vuelve a la legalidad que rigió en Chile desde la década de 1930 hasta el año 1989, en la que se permitía el aborto terapéutico.

La aprobación de la idea de legislar fue celebrada por las organizaciones que impulsan el proyecto como Miles y Corporación Humanas. Al respecto, una vez aprobado se escucharon gritos de “Si se puede” en la sala a modo de celebración, mientras que las activistas llamaron a defender la causal de violación durante el plazo de ingreso de indicaciones, que se estima dure hasta marzo.

Fuente: El Desconcierto

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DIPUTADAS DEL PPD LLAMAN AL SENADO A APROBAR EN GENERAL PROYECTO QUE DESPENALIZA EL ABORTO EN TRES CAUSALES

Las diputadas del PPD, Cristina Girardi y Loreto Carvajal, hicieron un llamado a los senadores y senadoras a votar esta tarde favorablemente el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales.

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“Es importante recordar que este proyecto busca evitar que las mujeres vayan presas si hay un aborto en situaciones que son definitivamente dramáticas, y que son entendidas por todos nosotros como situaciones límites, que son cuando está en riesgo de la vida de la madre, por inviabilidad fetal y en caso de violación”, afirmó la diputada Cristina Girardi.

La parlamentaria agregó que “yo planteé en la Comisión de Salud y en la Cámara de Diputados, que si los hombres violados quedaran embarazados nosotros tendríamos ley hace rato, y esto tiene que ver con que las mujeres hoy día en Chile no son dueñas de su cuerpo, no pueden decidir por sí mismas, tienen que tener la tutela del Estado, la tutela de la Iglesia, tienen que tener la tutela del marido, pero no pueden decidir lo que pasa con su cuerpo. Evitar que las mujeres puedan optar por el aborto en caso de violación es avalar la violación de las mujeres en Chile”.

Por su parte, la diputada Loreto Carvajal sostuvo que “creemos que es justo, que es humano y que tiene que ver con los derechos de la mujer, que el Senado en el día de hoy apruebe la idea de legislar este proyecto que despenaliza el aborto en tres causales que son excepcionales. Más aún cuando dos de estas causales que son inviabilidad del feto y cuando está en peligro la vida de la madre estuvieron vigentes en Chile hasta el año ’89, y nadie en ese tiempo levantó sus voces ni como dirigentes ni como políticos en sentido contrario”.

“Ninguna de nosotras está a favor del aborto, nadie quisiera pasar por una situación tan terrible como ésta, estamos hablando de situaciones excepcionalísimas, extremas. El objetivo principal de este proyecto es darle a la mujer la posibilidad de elegir en estas tres situaciones excepcionales si acceden a practicarse este tipo de aborto. La sociedad chilena debe ponerse a la altura no sólo de los tiempos sino que reconocer la voluntad de las mujeres de elegir, ya que en ningún caso se va a obligar a nadie a abortar ni por ley ni por norma en estas tres condiciones”, aseguró la diputada Carvajal.

Por último, la parlamentaria sostuvo que “estamos por la vida, pero entendemos que en estos tres casos catastróficos el Estado tiene que hacerse cargo y debe respaldar la decisión de nuestras mujeres”.

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Gloria Maira por aborto: “La causal de violación es la que más dificultades tiene para aprobarse”

El Senado vota hoy en general el proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. En caso de ser aprobado, la comisión de Salud de la Cámara Alta iniciará su discusión en particular. Para profundizar en el tema conversamos con la ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, Gloria Maira.

“Todo parece indicar que existirían los votos para legislar la idea del aborto bajo tres causales, luego entra un período de indicaciones que no sabemos cuánto durará ni qué indicaciones se agregarán, hay mucha resistencia con la tercera causal que habla de acceder al aborto en caso de violación”, confesó.

La ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer expresó que “esa es una causal (violación) que tiene dificultades para conseguir los votos para aprobarla y desde nuestra perspectiva, es ahí donde se concentra principalmente la importancia de este proyecto”.

Gloria Maira manifestó además su molestia, frente a algunos parlamentarios que han dicho que la causal de violación puede ser mal usada. “Es bordear con cuestionar la condición moral de la mujer en el país“, dijo.

Vea la entrevista completa en este video

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Opinión: “Derecho a Decidir”

derecho-a-decidirAl cumplirse dos años desde la presentación del proyecto de ley sobre interrupción del embarazo en tres causales, el Senado ha aprobado por mayoría legislar en la materia. 20 senadores/as apoyaron con contundentes argumentos centrados en el derecho a decidir de las mujeres y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la idea de legislar a tan trascendental iniciativa; 15 votaron en contra y dos senadores DC se abstuvieron.

La gran mayoría de senadores oficialistas ha honrado el compromiso asumido por la coalición Nueva Mayoría con las mujeres y niñas de Chile, apoyando que el proyecto continúe su tramitación legislativa. Sin embargo, preocupa que varios de ellos (los senadores DC Patricio Walker, Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar) se marginaran del Programa de Gobierno y el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres.

No obstante, la preocupación mayor que a lo largo de toda la discusión han sostenido organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos y numerosas/os académicos y expertas/os, radica en las resistencias que parlamentarios plantean frente a la causal violación sexual, la insuficiencia de los contenidos del proyecto y que en importantes aspectos no se observen los estándares internacionales sobre salud y derechos humanos. De ahí la importancia del debate en particular que tendrá lugar a partir de marzo.

Resulta crucial reconocer la violencia sexual como una de las manifestaciones más graves de la violencia contra las mujeres y las niñas. Frente a ella el Estado ha asumido obligaciones específicas de prevención, investigación y sanción como asimismo de protección y de reparación a las víctimas. Es incompatible con estas obligaciones que el Estado obligue a niñas, adolescentes y mujeres a llevar a término un embarazo producto de la violencia sexual, bajo la amenaza del castigo penal.

Repugna al más elemental sentido de justicia que una mujer, una joven o una niña violentada sea luego compelida por el poder punitivo que el Estado detenta a llevar adelante un embarazo resultante de dicha violencia, privándola de la posibilidad de decidir al respecto. A la violencia sufrida por la víctima de la violencia sexual, de por sí traumática y posiblemente una de las experiencias más intensas de vulneración que pueda sufrir un ser humano, se agrega la violencia infringida por el Estado que importa la imposición forzada del embarazo y la maternidad.

En lugar de agravar el sufrimiento de estas mujeres y niñas, al Estado corresponde ofrecer alternativas, opciones de atención integral, acompañamiento y reparación, pero también reconocer el derecho de decidir libremente si continuar adelante con el embarazo o interrumpirlo, y garantizar su atención de salud.

Por ello se espera que senadores y senadoras, en cumplimiento a su mandato de representar a la ciudadanía y garantizar los derechos humanos, legislen de cara a las mujeres y niñas, respetando su derecho a decidir y protegerse frente a la violencia.

Además, es necesario corregir el proyecto en debate puesto que los plazos que se plantean en la causal violación son insuficientes, particularmente para las adolescentes (12 semanas) y las niñas (14 semanas).

Destacadas expertas que acudieron a las comisiones de trabajo legislativo ante la Cámara de Diputados y el Senado, advirtieron, en base a evidencias y estudios nacionales e internacionales,  que dicho período no permite a las niñas y jóvenes acceder a la atención de salud que requieren para protegerse de la violencia sexual, especialmente cuando esta es crónica, como en la inmensa mayoría de los casos. De modo que en su actual redacción, el proyecto no contribuye significativamente a asegurar sus derechos.

Igualmente debe reponerse la primacía de la confidencialidad de la atención médica que organismos internacionales exigen, pues a los equipos de salud les corresponde velar por sus pacientes y no denunciarlas. Resguardar la objeción de conciencia como una facultad individual de los/as médicos/as, pero asegurando que ella no obstaculice ni retrase la atención de salud de las mujeres.

Debe suprimirse la norma que prohíbe a los establecimientos de salud entregar información sobre los servicios y prestaciones que las mujeres requieren, barrera inaceptable que algunos diputados impusieron durante la discusión.

A las niñas debe brindárseles especial protección, permitiendo que cuando sus representantes legales se oponen a su decisión de interrumpir el embarazo, puedan acudir a un tribunal de justicia que cautele sus derechos e interés superior. Y a las mujeres mayores de 18 años, debe respetarse su decisión de denunciar o no la violencia sexual que han sufrido, asegurando su acceso oportuno a la atención de salud.

A partir de marzo al Senado corresponde la discusión particular del proyecto y legislar para proteger los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Chilenas y chilenos que apoyamos esta iniciativa, más del 70% de la ciudadanía según indican las encuestas de opinión, seguiremos con atención el debate y conforme a ello definiremos por quien votar en las elecciones parlamentarias de este año.