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CIDH decide publicación de Informe de Solución Amistosa referido a la Petición Gabriela Blas Blas y su hija C.B.B., Chile

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunica que el día 21 de Noviembre de 2018, se realizó la publicación del Informe No. 155/18, de la Petición 687-11, Gabriela Blas Blas y su hija C.B.B., Chile y saluda los avances del Estado chileno en la ejecución de las medidas de reparación pactadas.

El 15 de mayo de 2011, la CIDH recibió una petición en la cual se denunciaba la responsabilidad internacional del Estado chileno por las violaciones de los derechos de Gabriela Blas y su hija C.B.B., ambas miembros de la comunidad indígena Aymara, quienes residían en la zona fronteriza con el Perú. Las peticionarias alegaron que Gabriela Blas habría sido condenada a 10 años de prisión por el homicidio de su hijo de 3 años, sobre la base de una confesión obtenida bajo tortura. El niño se perdió en las montañas mientras él y Gabriela realizaban actividades pastoriles. Al denunciar su desaparición a las autoridades, Gabriela Blas fue torturada por Carabineros de Chile con la aplicación directa de la luz brillante en sus ojos, privación de alimentos y agua, poniendo un cable alrededor de su cuello y amenazándola con descargas eléctricas. Asimismo, fue privada de su libertad y sometida a un régimen de aislamiento solitario en una celda durante 5 meses, y en general, mantenida en detención preventiva durante tres años. Producto del proceso penal violatorio de sus derechos, Gabriela perdió la custodia de su hija C.B.B. quien fue entregada en adopción internacional en un país desconocido a través de un proceso irregular.

El 11 de junio de 2016, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en el marco de una reunión de trabajo facilitada por la Comisión. El 20 de marzo de 2017, las partes suscribieron un addendum al acuerdo de solución amistosa en una reunión de trabajo realizada con el acompañamiento de la CIDH. Adicionalmente, a lo largo del proceso de solución amistosa, las partes sostuvieron cuatro reuniones de trabajo con la facilitación de la Comisión. El acuerdo de solución amistosa contiene las siguientes cláusulas:

I. Realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal por las graves violaciones a los derechos humanos de Gabriela Blas Blas, definido conjuntamente con la peticionaria.
II. Eliminación de antecedentes penales de Gabriela Blas Blas.
III. Otorgamiento de una Pensión de Gracia de carácter vitalicia para Gabriela Blas Blas ascendente al monto equivalente a dos ingresos mínimos mensuales, definiéndose expresamente que su otorgamiento no constituye incompatibilidad para optar y/o recibir cualquier otro beneficio o prestación financiada con fondos públicos y realizar cualquier actividad remunerada.
IV. Otorgamiento en propiedad de una vivienda para Gabriela Blas Blas en la ciudad de Arica, cuya ubicación y características sean adecuadas a sus necesidades, debiéndose para ello consultar a Gabriela Blas Blas acerca de sus preferencias.
V. Incorporar en el proceso de adopción de la niña C.B.B. los antecedentes relativos al trámite de la petición ante la Comisión, así como información post-adoptiva de la niña y realizar gestiones para facilitar el restablecimiento del vínculo con Gabriela Blas Blas y su familia.
VI. Desarrollar un programa de capacitación y de cobertura nacional para miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores, sobre Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y Acceso a la Justicia.
VII. Establecer una mesa de trabajo coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para desarrollar una propuesta de formulación de indicaciones al Proyecto de Ley que modifica la actual Ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores, con el objeto de incorporar el principio de interculturalidad en los procesos de adopción.

La Comisión Interamericana siguió de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el presente caso y valora altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención.

En el Informe, la CIDH declaró que los puntos relacionados con el acto de reconocimiento de responsabilidad, la pensión de por vida, la entrega de la vivienda, y el acceso al expediente de adopción e información de adaptación de la niña en el país receptor se encontraban totalmente cumplidos. Adicionalmente, declaró que los extremos del acuerdo relacionados con la eliminación de antecedentes penales de Gabriela Blas, la inclusión del informe de homologación en el expediente de adopción, y las garantías de no repetición, se encontraban parcialmente cumplidos, por lo cual manifestó que continuaría monitoreando su implementación.

La medida de eliminación de antecedentes penales establecida en este acuerdo de solución amistosa es una medida emblemática y que provocó un impacto estructural al permitir la eliminación de antecedentes penales de otras víctimas de violaciones de derechos humanos sobre la base de las decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo las soluciones amistosas.

La Comisión saluda los esfuerzos realizados por el Estado chileno para buscar la resolución de casos ante el sistema a través del mecanismo de solución amistosa y construir una política pública de resolución de controversias por la vía alternativa, y al mismo tiempo le insta para continuar desplegando acciones para retomar e impulsar negociaciones con la facilitación de la CIDH, así como el cumplimiento de las medidas pactadas en acuerdos de solución amistosa. Por otro lado, la Comisión destaca y reconoce la lucha incansable de la señora Gabriela Blas, y de las peticionarias, en esa labor constante para la reparación de sus derechos.

Para mayor información sobre el procedimiento de solución amistosa, visite este enlace.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Publicado por CIDH

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La CPI: la puerta internacional para la justicia de género

Por: Mónica Lozano

Pese a todo pronóstico, y contra el Vaticano, los islamistas, diversos Estados, e incluso con la falta de apoyo por parte de algunas organizaciones de derechos humanos, el movimiento internacional feminista de la década de los años 90 logró que se incluyeran los delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), establecida el 17 de julio de 1998 en La Haya.

No fue fácil. Sin embargo, hoy es posible decir que se cumplen 20 años del primer tribunal penal internacional que reconoce delitos autónomos cometidos contra las mujeres y medidas especiales para tratar los casos de violencia sexual en los tribunales, como las reglas de procedimiento y prueba.

El objetivo de la creación de la Corte Penal Internacional era cimentar la experiencia de tribunales específicos como el de Núremberg, Ruanda o la antigua Yugoslavia. Se buscaba consolidar una Corte que velara por la defensa de los derechos humanos a nivel universal yque fuera accesible para todas las víctimas. “Entonces implicaba poner de acuerdo a muchosEstados y comprometerse con la creación de una sola corte. Un reto y un cambio en el chipde los que es proteger los derechos humanos”, explica Cecilia Barraza, exdirectora de la Corporación Humanas Colombia, y una de las mujeres que participó activamente en el lobby feminista cuando se debatía sobre el Estatuto de Roma.

El mundo se movilizaba en torno a una sola corte que pudiera tratar temas de carácter universal en materia de derechos humanos. No obstante, cuando se nombraba la palabra género, se criticaba que lo que se estaba buscando era tener un tribunal parcializado a favorde las mujeres, cuando este debía ser un tribunal para “todos los seres humanos”. El hecho de que la jurisprudencia siempre se ha visto desde la mirada de los hombres quedaba fuera de este análisis.

Hablar de la perspectiva de género en derechos humanos no era algo nuevo pero sí reciente. En la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena de 1993 se consideró la violencia de género como una forma de violación a los derechos humanos, y eso es lo que después se logra repicar en la CPI. Así mismo, ya se había establecido que Naciones Unidas debía trabajar desde este mismo enfoque.

Así fue el lobby feminista

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Fueron más de 800 organizaciones de mujeres del mundo las que se unieron en el‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Se logró tal nivel de incidencia yde lobby que fue posible que en el texto del Estatuto de la CPI aparecieran, entre otras, palabras como mujer, género o violencia sexual que en un principio no se veían en el primer borrador del texto del Estatuto de Roma.

Lorena Frías, de la Corporación Humanas Chile y una de las mujeres que se echó al hombro la tarea de hacer lobby, relata que después de 1995, con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing y en donde se adoptan medidas en torno a temas como la violencia contra las mujeres, la activista feminista estadounidense, Rhonda Copelon, y Alda Facio, de la delegación de Costa Rica,crearon en 1996, el ‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Allí invitaron a participar a diversas feministas del mundo para articular un movimiento global de mujeres y hacer un trabajo de lobby e incidencia.

Fueron más de 800 organizaciones de mujeres del mundo las que se unieron en el ‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Se logró tal nivel de incidencia yde lobby que fue posible que en el texto del Estatuto de la CPI aparecieran, entre otras, palabras como mujer, género o violencia sexual que en un principio no se veían en el primer borrador del texto del Estatuto de Roma.

Lorena Fríes, de la Corporación Humanas Chile y una de las mujeres que se echó al hombro la tarea de hacer lobby, relata que después de 1995, con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing y en donde se adoptan medidas en torno a temas como la violencia contra las mujeres, la activista feminista estadounidense, Rhonda Copelon, y Alda Facio, de la delegación de Costa Rica,crearon en 1996, el ‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Allí invitaron a participar a diversas feministas del mundo para articular un movimiento global de mujeres y hacer un trabajo de lobby e incidencia.

“Nos tocó un trabajo doble como feministas. Teníamos que impulsar temas universales, pero cuando era lobby para temas de género no necesariamente teníamos apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos. No se ponían en contra, pero no había un apoyo específico para los temas de género”, cuenta Frías.

Pero además “hubo un proceso de incidencia para bloquear al Vaticano y a grupos islamistasque, como siempre, hacen alianzas para oponerse a temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Las mujeres latinoamericanas de distintos países, de Chile, Ecuador,Argentina, de México y Costa Rica, apostaron muchísimo a ese proceso”, recuerda Cecilia Barraza.

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A Cecilia y Lorena, les correspondió hacer incidencia con el representante del Vaticano. “Me tocaba introducir algunos delitos de violencia sexual como el embarazo forzado y la esterilización forzada. Él fue muy agresivo cuando supo quién era, nunca más me dirigió la mirada y nunca me contestaba las cosas que yo decía para tratar de sancionar el crimen de embarazo forzado. Nunca me miró a lacara”, recuerda Lorena Fríes.

Cuentan dos de las feministas que protagonizaron esa lucha, que el movimiento de mujeres se veía enfrentado a un primer instrumento jurídico universal, lo que les implicaba salir de su zona de confort para definir internamente una estrategia de negociación en la que se establecieran los mínimos intransables.

Tradicionalmente las organizaciones de mujeres no habían mirado estos espacios tan claramente sino que focalizaban sus esfuerzos en el Estatuto Social y Jurídico de la Mujer de la ONU. Sin embargo, la CPI era un espacio mixto que tenía un valor distinto. “Se tratabade incidir para que en el gran Estatuto quedara de manera transversal el reconocimiento delos derechos de las mujeres”, explica Barraza.

Para 1998, después de dos años de cabildeo, el movimiento feminista logra posicionar a algunas mujeres en Roma para participar en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, destinada al establecimiento de la Corte Penal Internacional. De esa forma se impulsó la lucha de las mujeres y se logró reconocer la violencia sexual y de género como prácticas que atentan contra la libertad, la integridad física y la sexualidad de las mujeres. Por primera vez son reconocidas la violación, la esclavitud sexual, la prostitución, el embarazo y la esterilización forzada, además de las persecuciones basadas en género, el tráfico de personas y la violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De hecho, en algunas circunstancias reconoce algunos de estos crímenes como formas de cometer genocidio.

Una vez instaurada la CPI, las organizaciones del Caucus iniciaron un proceso, de 1998 a 2002, para hacer pedagogía en todo el mundo y dar a conocer a las mujeres el Estatuto de Roma y que este fuera implementado en los Estados.

Otros logros

El movimiento de mujeres logró también que fueran incorporadas las reglas de procedimiento y prueba, es decir, una serie de criterios sobre protección de testigos y de víctimas para que la persona no fuera revictimizada y se puedan garantizar los derechos de las mujeres. Por otro lado, se pactan medidas de equilibrio de género frente a quienes integren la CPI.

Según señala Lorena Frías, otro de los logros fue una mayor visibilidad de la violencia sexual en cualquiera de sus formas, ya sea como delitos en medio de conflictos armados o en contextos donde no haya conflicto. Frente a esto, la exdirectora de la Corporación Humanas Colombia asevera que es necesario seguir documentando la violencia sexual, “pero habría que deslindarse del contexto del conflicto y mirar otros contextos, como el narcotráfico, los nuevos grupos armado ilegales, la explotación sexual, y así buscar otras aristas donde estos crímenes no solo ocurren en un Estado sino que se trata de crímenes transnacionales, por ejemplo como ocurre con la migración de venezolanas y venezolanos, hablando del caso colombiano”.

Para Barraza uno de los retos que sigue vigente es que no solo se incorpore la verdad y la justicia, sino que también se incluya la reparación para las mujeres víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Los retos en el caso colombiano

Una vez Colombia se adhiere el Estatuto de Roma, hay grandes aprendizajes a la hora de aplicar conceptos como el carácter sistemático y generalizado para analizar casos de violaciones a derechos humanos como los delitos de violencia sexual y el desplazamiento forzado. De ahí se empieza a ver la importancia de documentar los contextos. Organizaciones como la Corporación Humanas Colombia, empezaron a jugar un papel importante en la documentación de casos, ya que así es posible dar cuenta de la existencia de una política de generalidad o sistematicidad en la comisión de dichos crímenes.

Los criterios de la CPI se incorporan a la jurisprudencia colombiana y, en 2005, la Corte Constitucional usa los términos del Estatuto de Roma, para fallar en una tutela en el caso de una víctima de violencia sexual mediante la sentencia T-453 de 2005. Así se logra condenar a Jorge Enrique Orejarena Colmenares a 145 meses de prisión por el delito de acceso carnal violento contra la joven Sandra Liliana Orejarena Troya. Un hecho que implica todo un avance en el respeto de la intimidad de las víctimas de violencia sexual, ya que se le cree a la víctima por encima de los testimonios del victimario que buscaban poner en duda la integridad moral de Sandra.

Además, en los 15 años de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, a la cual se acogieron los grupos paramilitares en el marco de su desmovilización, no solo fue posible que se aplicaran las reglas de procedimiento y prueba de la CPI, sino que se puso en evidencia que los delitos de violencia sexual cometidos por los paramilitares fueron crímenes de lesa humanidad. Así lo estableció, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia que señaló que las graves conductas cometidas por estos grupos, como las violaciones a las mujeres, deben enmarcarse, primordialmente, dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad, además, aseguró que estos se desarrollaron de manera generalizada y sistemática.

La jurisprudencia colombiana y la del mundo ha venido dando pasos afines a la justicia de género, pero aún son cientos los que falta dar para que se acabe la impunidad en los crímenes cometidos contra las mujeres. De ahí que las feministas que participaron en ese gran movimiento global de los años 90, coinciden en que es necesario reactivar el impulso de aquella época, tanto para mantener los avances en la CPI como para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual.

 

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Encuesta CEP: solo 6% de las mujeres apoya el aborto sin restricciones


IMAGEN DE LA ÚLTIMA MARCHA EN FAVOR DEL ABORTO EN SANTIAGO.

Estudio revela que mayor apoyo se da en el sector socioeconómico alto. Un 27,9% de mujeres, en tanto, estima que debe estar siempre prohibido.


El pasado viernes, dos acontecimientos sobre la discusión del aborto se cruzaron inesperadamente. Mientras el pleno del Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por Chile Vamos que declara inconstitucional parte del reglamento que regula la objeción de conciencia, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó que el 71% de los chilenos apoya la interrupción del embarazo en tres causales.

El sondeo, que comprende el periodo octubre-noviembre, ratifica que la discusión sobre el tema tiene matices no solo en lo político, sino que también a nivel social, mostrando las posiciones valóricas existentes en el país, donde hay diferencias de opiniones según género, edad y zona del país.

El análisis detalla que el 8,1% de los hombres y el 6,6% de las mujeres considera que el aborto debe estar permitido en cualquier circunstancia (en el sector socioeconómico alto la tasa llega al 12,5% y en el bajo sólo al 3,9%). En tanto, el 8,7% de los encuestados dijo que apoya la medida durante las primeras semanas de embarazo y otro 54,7% en casos especiales.

Asimismo, el informe plantea que un 27,9 % de las mujeres considera que debe estar siempre prohibido. La mayoría de las opositoras tienen 55 años y más. En tanto, los hombres de clase media, entre los 18 y 24 años, son los que más apoyan esta práctica, con un 10%.

Al respecto, Ricardo González, coordinador del Área de Opinión Pública del CEP, explica que “por un lado, las personas que asisten con más frecuencia a misa se oponen con más fuerza al aborto, posiblemente porque esta política está en conflicto con sus creencias. Por otro lado, los individuos con valores emancipadores, que son más proclives a la igualdad de roles de género en el hogar y tienden a percibir más positivamente la inmigración, tienden a apoyar el aborto”.

Otra diferencia se puede ver en la posición política. El 13,7% y 13,8% que se declara de centro y de izquierda, respectivamente, dicen ser opositores a esta práctica, mientras que el 37,7% que se define como de derecha rechaza el aborto.

Sobre este tema, la socióloga del Observatorio de Género, Teresa Valdés, señala que “es muy importante no perder el foco, ya que el 71% apoya las tres causales y ese es el derecho conquistado y que el Estado debe garantizar. Si se compara con otras encuestas, hay un incremento en el apoyo a la interrupción voluntaria de embarazo por decisión de la mujer. Eso es lo que realmente importa”.

Estrato social

El análisis del CEP indica que el nivel socioeconómico también incide en la visión de los chilenos en este tema. Del porcentaje de hombres y mujeres que declararon que el aborto debe estar prohibido en toda circunstancia, el 32,1% pertenece al estrato socioeconómico bajo, superando la cifra de los opositores de nivel socioeconómico alto, que alcanza el 29,8%. González detalla sobre este ítem de la encuesta que “estas creencias (contrarias al aborto) aparecen en las personas con altos niveles de educación, del socioeconómico medio y alto y nacidos después de 1980, lo que tiene sentido, pues la masificación de la educación superior y el progreso material se aceleraron desde esa época en adelante. Al final, el nivel socioeconómico bajo puede estar asociado a menor educación y, por esa razón, el rechazo al aborto es más alto”.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, al ser consultada por los resultados del sondeo, afirma que se debe bajar el perfil a los resultados, pues “no son demasiado novedosos. Desde hace muchos años que en Chile los estudios de opinión muestran que la proporción de la población que es contraria a toda posibilidad de decidir de las mujeres es minoritaria, y eso se demuestra con que la mayoría, finalmente, está a favor del aborto en tres causales”.

Publicado por La Tercera

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Desnudando el “Mecanismo Piñera” contra el Aborto: el fracaso del sistema de frenos y contrapesos en Chile

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Al asumir la presidencia, Sebastián Piñera tenía un objetivo claro: exterminar la ley de aborto en tres causales. Luego de varios embates que demoraron más de un año la aprobación de un reglamento para el ejercicio de la objeción de conciencia y varias contiendas con la Contraloría General de la República, el actual mandatario encontró un mecanismo para lograr su objetivo. El “mecanismo Piñera” aunque sutil en su estructuración teórica, no alertaba el peligro que implicaba para la institucionalidad del sistema de frenos y contrapesos en Chile.

El mecanismo es sencillo en su estructura. En primer lugar, el presidente se ocupó de designar al jurista Miguel Ángel Fernández –que alegó por los senadores de Chile Vamos en el requerimiento ante el TC por la ley de aborto en tres causales—como ministro del Tribunal Constitucional y asegurar mayoría contraria a la ley de aborto en tres causales. Luego, mientras articulaba la defensa del reglamento del Ministro Santelices ante la Contraloría y desviaba la atención, se aseguró que un grupo de parlamentarias y parlamentarios oficialistas estuvieran listos para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en caso de que la defensa en la Contraloría fracasara.

Finalmente, la Contraloría rechazó el decreto presentado por el Ministro Santelices en torno al protocolo de objeción de conciencia, lo cual activó la segunda fase del “mecanismo Piñera”: el requerimiento ante un Tribunal Constitucional que sabía favorable a su objetivo de exterminar la ley de aborto en tres causales.

La forma en que se ha abordado la implementación de la ley de aborto en tres causales y, en particular, el reglamento en materia de objeción de conciencia, ha abierto una enorme grieta en el sistema político y constitucional de Chile y ha desnudado el uso más encarnizado del poder político para tejer redes de marionetas afines a su gobierno.

Los diversos intentos del gobierno por revocar el reglamento, sumados a los artilugios legales utilizados para evitar la participación ciudadana a través de audiencias públicas y rechazar pedidos de inhabilitación de tres ministros del Tribunal Constitucional han despertado la indignación pública en Chile y en la región. Para hacerlo más evidente, el Ejecutivo incluso presentó al TC un documento que avala la postura de las y los parlamentarios de Chile Vamos y que pretende que se declare inconstitucional el reglamento en materia de objeción de conciencia al aborto en tres causales.

Ante este fracaso del sistema de frenos y contrapesos, diversas organizaciones nacionales e internacionales, académicos y académicas, constitucionalistas y redes de abogados y abogadas, han decidido ejercer el derecho constitucional a la petición ante las autoridades a través de la presentación de diez escritos de amicus curiae a favor de la constitucionalidad del reglamento con el fin de asistir al Tribunal Constitucional en su decisión.

El Tribunal Constitucional tuvo una oportunidad histórica para poner fin al “mecanismo Piñera”. Una decisión que debía declarar la constitucionalidad del reglamento de objeción de conciencias enviaría un mensaje al poder político, protegería la institucionalidad en Chile y demostraría que no son marionetas del Ejecutivo.

Publicado por Pagina19.cl

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Opinión: Diálogo por la paz

Diálogo por la paz

Un dialogo por la paz requiere retrotraerse a lo que fue el proceso de contra-reforma que afectó al pueblo mapuche en los ‘80 cuando las forestales se instalaron en la zona en condiciones privilegiadas de inversión bajo el Decreto 701 y que retrotrajo los avances que habían logrado los mapuche gracias a la reforma agraria. A grandes rasgos, ese fue el segundo despojo después de la llamada pacificación de La Araucanía.

Por Lorena Fries, abogada de Corporación Humanas

Nadie puede negar que en la Araucanía haya violencia y que ésta en gran medida tenga que ver con el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. En mi opinión, se trata de actos de violencia política intolerables en una democracia, pero que no pueden ser calificados de terrorismo de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Lo que hay detrás de dichos actos es una legítima reivindicación por ser considerados como un pueblo dentro del Estado de Chile y con el derecho inalienable de decidir su destino y de preservar su cultura y cosmovisión. El Estado por su parte, está obligado a traducir este reclamo en medidas legislativas, administrativas, judiciales, sociales, etc., que permitan garantizar dichos derechos.

La muerte de Camilo Catrillanca a manos de agentes del Estado presumiblemente ha vuelto a poner la relación entre el pueblo mapuche y el Estado sobre la mesa. Por cierto, se trata de avanzar en la generación de condiciones para que dicha violencia ceda en el marco de un diálogo con todos los actores involucrados, incluidas las empresas forestales y aquellos grupos, que aunque pequeños, han optado por la violencia política. Ciertamente la ciudadanía en la Región de la Araucanía condena los hechos de violencia, pero no es menos cierto que el pueblo mapuche comparte las reivindicaciones por sus territorios y recursos naturales, y por el reconocimiento de sus derechos políticos, tanto a la autonomía, como a participar con mecanismos propios y nacionales de las decisiones que les afectan directamente y de las que impactan en la vida del país.

Un dialogo por la paz requiere retrotraerse a lo que fue el proceso de contra-reforma que afectó al pueblo mapuche en los ‘80 cuando las forestales se instalaron en la zona en condiciones privilegiadas de inversión bajo el Decreto 701 y que retrotrajo los avances que habían logrado los mapuche gracias a la reforma agraria. A grandes rasgos, ese fue el segundo despojo después de la llamada pacificación de La Araucanía. Una memoria presente en el pueblo mapuche y que marca su desconfianza permanente hacia el Estado chileno. Un diálogo por la paz, requiere escuchar sin pre-conceptos, con una agenda abierta y con disposición de ceder en aras de lo que se pretende conseguir, sabiendo que a la base de dicha relación se encuentran relaciones desiguales de poder y que son precisamente esas relaciones las que se debe buscar igualar desde una perspectiva de derechos humanos. Algo tendrán que ofrecer las empresas forestales y también los grupos que han recurrido a la violencia política. El Estado debiera garantizar que dicho diálogo no se acaba cuando se acabe el gobierno, de manera de poder sostener en el tiempo las confianzas que se vayan creando, y debiera avanzar decididamente hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos con los pueblos indígenas.

Hasta ahora la recurrencia a una estrategia de seguridad por una parte y a una de desarrollo por otra, ha sido probada, con más o menos inversión pública, en los distintos gobiernos. El saldo ha sido negativo, en tanto no se han resuelto los problemas de fondo y han muerto personas en dicho marco, profundizando las desconfianzas de unos y otros respecto de lo que se pueda lograr.  Es hora de que el Estado invite a un diálogo abierto que tenga en el centro al pueblo mapuche, en su diversidad, y sus demandas de reconocimiento y redistribución, por una parte, comprometiéndose, por otra, a un control político férreo de las Fuerzas de Orden y Seguridad en la zona y en una agenda de desmilitarización de la región que tenga como contrapartida el cese de las acciones de violencia política.

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El Tribunal Constitucional y el Ministerio de Salud nos quitan las tres causales

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Ganan las clínicas, lucran los privados, pierden las mujeres

Con indignación La Mesa Acción por el Aborto en Chile recibe la resolución del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el reglamento de Objeción de Conciencia el pasado 6 de noviembre. Esta llega tras el requerimiento presentado por parlamentarios del gobierno, buscando anular las limitaciones a la objeción de conciencia para instituciones privadas que con convenios para realizar prestaciones ginecobstétricas con fondos públicos. Según el último reglamento del Ministerio de Salud, el único límite que establecido a las instituciones privadas es mínimo: que no puede estar recibiendo fondos públicos por efecto de un convenio con el Estado (en base al DFL 36) por prestaciones gineco-obstétricas que se realicen en pabellón. De acuerdo a la ley, se entiende que quienes suscriben estos convenios son parte de la red de servicios de salud del Estado, y por tanto les da el mismo tratamiento que a los hospitales públicos: no pueden objetar como institución.

“Este límite tan mínimo y de sentido común, es el que parlamentarios de derecha cuestionaron ante el Tribunal Constitucional. Más que el derecho de las mujeres legalmente reconocido en las 3 causales, para ellos lo importante es que el sector privado de salud tenga la posibilidad de optar otorgar o no la prestación de interrumpir un embarazo, sin consecuencia respecto de los fondos públicos que pueda percibir. Su “libertad institucional” es más importante que la responsabilidad del Estado de garantizar que las mujeres tengan acceso a las prestaciones a las cuales tienen derecho” señala Gloria Maira, ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y una de las voceras de la Mesa.

Para Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa, “permitir que un o una profesional de salud se rehuse a realizar una atención de salud por razones de conciencia es algo extremadamente excepcional”. Tratándose de aborto, en la práctica, implica hacerle más difícil a las mujeres acceder a un procedimiento seguro cuando está en una de las tres causales. “Ya es un problema que se permita la objeción de manera amplia. Es peor que se permita objetar a instituciones completas. Esta objeción de conciencia institucional -figura instaurada por el Tribunal Constitucional por sobre la voluntad del Congreso Nacional- no tiene asidero alguno en los sistemas de protección de derechos humanos. Conciencia tienen las personas, no las instituciones”, enfatiza.

“Una mujer en cualquiera de las 3 causales, además de tener que sobrellevar lo que está viviendo y cumplir con los requisitos que exige la ley, podría tener que pasar por un verdadero “puerta a puerta” para encontrar dónde interrumpir su embarazo, en una carrera de obstáculos que además es contra el tiempo, que solo la vulnera aún más. Avalando estas trabas, el gobierno se vuelve cómplice de la violencia hacia las mujeres ejercida por el mismo Estado”, señala con preocupación Gloria Maira.

La Mesa Acción por el Aborto en Chile declara indignante ver que, luego que se consiguió tener tres causales en la ley, ahora la quitan por vía administrativa y judicial, sin respeto a las decisiones democráticas que se tomaron en una larga discusión como país, ni a los derechos humanos de las mujeres. El Estado tiene el deber de garantizar la aplicación de la ley y facilitar el acceso de las mujeres, especialmente de aquellas particularmente vulneradas en sus derechos, como las niñas y las adolescentes, o aquellas que viven con escasos recursos económicos. Este deber está lejos de cumplirse a cabalidad y una de las razones es la objeción de conciencia, critican.

Por Mesa Acción por el Aborto en Chile

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Comité de Expertas expresa su preocupación por el caso de Francisca Díaz Williams en Chile

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) expresa su preocupación por la situación de Francisca Díaz Williams en Chile, estudiante de derecho que luego de haber denunciado ser víctima de abuso sexual por parte de un abogado de la Fiscalía de Hualaihué, ha sido condenada por denuncia calumniosa por el Tribunal Oral de Puerto Montt el pasado 26 de noviembre de 2018. El fallo señala que se condena a Francisca a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, una multa de una unidad tributaria mensual y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

De acuerdo a la información recibida, Francisca habría sido víctima de abuso sexual por parte del implicado y que, tanto al llegar a las dependencias policiales a formular la denuncia, como en el hospital para constatar lesiones y en la investigación posterior por parte de la Fiscalía, no se habrían cumplido los protocolos y procedimientos adecuados. Como resultado, el agresor se querelló contra Francisca por denuncia calumniosa, previsto y sancionado en el artículo 211 del Código Penal, causando que la víctima haya sido revictimizada y criminalizada por denunciar una agresión sexual.

Estos hechos ponen de manifiesto las claras limitaciones en relación al tratamiento de las mujeres que denuncian casos de violencia sexual, quienes tienen que enfrentar la criminalización por parte del Estado, la violencia institucional por parte de los entes encargados de los procedimientos, la falta de acceso a la justicia y la presencia de estereotipos de género que afectan los procesos judiciales.

El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará establece que los Estados Parte deben actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Por lo anterior, este Comité de Expertas insta al Estado de Chile a garantizar el acceso a la justica de Francisca, a proteger a las víctimas de agresiones sexuales y a promover que estos casos sean denunciados y procesados aplicando la normativa internacional de derechos humanos de las mujeres, especialmente los emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por el Estado de Chile.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

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Declaración: Profesoras de Derecho #FranYoTeCreo

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DECLARACIÓN PÚBLICA DE PROFESORAS DE DERECHO

Como han reportado diversos medios de comunicación, Francisca Díaz, egresada de Derecho de la UACh, denunció haber sufrido violencia sexual, por parte de un ex abogado del Ministerio Público. En solo tres meses de investigación, se sobreseyó al denunciado y, en contrapartida, se inició otra investigación, esta vez en contra de Francisca Díaz, por denuncia calumniosa.

Las profesoras firmantes, pertenecientes a distintas universidades, expresan su preocupación por la situación que afecta a Francisca Díaz y creen necesario poner de relieve las siguientes cuestiones:

  1. Investigaciones sociales demuestran que hay una notable brecha entre la violencia sexual que, efectivamente, sufren las mujeres y aquella que es denunciada e investigada por el sistema penal. Las razones que explican esta brecha se relacionan, en gran medida, con la incapacidad del sistema penal para ofrecer garantías adecuadas a las víctimas de esta violencia. Lo anterior configura un caso paradigmático de falta de acceso a la justicia y discriminación estructural. En efecto, es altamente probable que las denuncias de violencia sexual no se transformen en condenas debido a las dificultades para satisfacer las altas exigencias probatorias de los juicios criminales; y que, durante esos procesos, las mujeres sufran, sistemáticamente, victimización secundaria.
  2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado el uso de estereotipos de género por parte de los órganos estatales, especialmente, tribunales de justicia y los ha definido como “preconcepción[es] de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente”. No obstante, los estereotipos de género están presentes en la práctica judicial chilena. Es común que policías, abogados y tribunales, conciente o inconcientemente, asuman interpretaciones estereotipadas sobre los comportamientos de las denunciantes. Por ejemplo,  muchos de ellos suponen que si una denunciante no se ha resistido explícitamente ante el avance sexual de un varón, ha consumido alcohol, vestía una indumentaria “sexy”, o no ha observado una conducta sexual previa recatada, entonces hay consentimiento sexual implícito. No importa si la víctima sostiene lo contrario. También es frecuente que los intervinientes en estos procesos asuman que las mujeres son naturalmente vengativas, volubles, caprichosas o histéricas. Aunque los estereotipos de género son concepciones de origen social terminan teniendo un efecto jurídico porque determinan la interpretación judicial de los hechos que se discuten en un proceso penal, limitando los derechos de las mujeres.
  3. Comparados con otros procesos penales, en los juicios sobre delitos sexuales la única o la más importante prueba de cargo es el testimonio de la misma denunciante. Esto implica que estos juicios giran en torno a la credibilidad de quien denuncia, la que es apreciada frecuentemente, como ya se indicó, a partir de estereotipos de género. Cuando el escrutinio sobre la credibilidad de las denunciantes descansa únicamente sobre estereotipos produce victimización secundaria porque cuestiona la efectividad del trauma que han experimentado, las conmina reiteradamente a revivir el episodio de violencia, y las responsabiliza por la ocurrencia de este.
  4. El caso de Francisca Díaz reúne todas estas características. Pero, a diferencia de otros casos, implica la posibilidad adicional de sufrir una sanción penal como consecuencia de haber formulado una denuncia que no se ha corroborado judicialmente. Desde el punto de vista jurídico, la absolución o sobreseimiento definitivo no necesariamente implica que los hechos denunciados hayan sido falsos, solo supone aceptar que, bajo los estándares probatorios de los procesos criminales, no es posible atribuir responsabilidad penal a una determinada persona. Por eso, la divergencia sobre la interpretación jurídica de los hechos—si hubo consentimiento o no— o sobre su calificación jurídica — si hubo violación o abuso sexual— no son suficientes para constituir la figura penal por la que se acusa a Francisca, a saber, la denuncia calumniosa.
  5. De prosperar la tesis del Ministerio Público en el caso de Francisca Díaz (una denuncia no probada o una denuncia por hechos no constitutivos de delito es equivalente a una denuncia falsa, y habilita, entonces, a perseguir criminalmente a la denunciante) se producirá un potente desincentivo para que las víctimas de violencia sexual presenten denuncias. Es decir, dicha tesis pone en cuestión toda la política pública que alienta a las víctimas a denunciar estos casos. Por otra parte, ella misma configura una forma de violencia institucional, o sea, una violencia causada por el Estado. En este sentido, debe tomarse nota que la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer, especifica que una de las formas de violencia (física, sexual o psicológica) que experimentan las mujeres es aquella perpetrada o tolerada por el Estado. En la misma línea, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por Chile, incluye como una forma de violencia contra las mujeres la que proviene del Estado o sus agentes, dondequiera que esta ocurra.
  6. El debido respeto de las garantías procesales de los imputados o acusados por delitos sexuales no es incompatible con la protección de los derechos de las mujeres.

Adhieren

  • Daniela Accatino, Universidad Austral de Chile
  • Consuelo Murillo, Universidad Austral de Chile
  • Patricia Toledo, Universidad Austral de Chile
  • Daniela Rosenberg, Universidad Austral de Chile
  • Susan Turner, Universidad Austral de Chile
  • Ma. Asunción de la Barra, Universidad Austral de Chile
  • Yanira Zúñiga, Universidad Austral de Chile
  • Leticia Morales, Universidad Austral de Chile (Escuela de Derecho, Sede Puerto Montt)
  • Lidia Casas, Universidad Diego Portales
  • Ximena Gauche, Universidad de Concepción
  • María Elena Santibáñez, Pontificia Universidad Católica de Chile
  • Marcela Aedo, Universidad de Valparaíso
  • Alejandra Zúñiga Fajuri, Universidad de Valparaíso
  • Cecilia Valenzuela, Universidad de Valparaíso
  • Daniela Veas Jaime, Universidad de Valparaíso
  • Paz Irarrázabal González, Universidad de Valparaíso
  • Karina Uribe Peña, Universidad de Valparaíso.
  • Fabiola Girao M., Universidad de Valparaíso y Pontificia U. Católica de Valparaíso
  • Javiera Tapia Pérez, Pontificia U. Católica de Valparaíso
  • Claudia Cárdenas Aravena, Universidad de Chile
  • Rocío Lorca, Universidad de Chile
  • Myrna Villegas, Universidad de Chile
  • Olga Espinoza, Universidad de Chile (Instituto de Asuntos Públicos)
  • Verónica Undurraga, Universidad Adolfo Ibáñez
  • Rocío Sánchez, Universidad Andrés Bello
  • Karina Saavedra Lyng, Universidad Andrés Bello y Universidad Santo Tomás
  • Rocío Sánchez Pérez, Universidad Andrés Bello
  • Macarena Saez, Washington College of Law, American University
  • Catalina Lagos, Universidad Alberto Hurtado

 

 

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El caso de Francisca Díaz, la joven que denunció abuso sexual y terminó condenada por injurias y calumnias

La consigna #FranYoTeCreo se ha tomado las redes sociales con cientos de mujeres apoyando a la estudiante de Derecho condenada a tres años y un día de pena remitida por injurias y calumnias. Critican que la sentencia no es justa y que las mujeres abusadas podrían tener miedo a denunciar.

Una estudiante de Derecho de la Universidad Austral de Chile fue condenada a tres años y un día de pena remitida por el delito de injurias y calumnias contra un ex funcionario del Ministerio Público, a quien ella había denunciado de abuso sexual.

El caso se remonta hace casi tres años, cuando en febrero de 2016 la joven Francisca Díaz denunció a Willy Fahrenkrog, causa en la que el Ministerio Público determinaría que, en lugar de abuso, se habría tratado de una relación consentida.

El giro que dio el caso ha provocado una serie de críticas por estos días y reacciones por parte de organizaciones feministas, quienes temen que la sentencia cause un mal precedente para las mujeres que sean víctimas de delitos sexuales y no se atrevan a denunciar.

El testimonio de Francisca

Los hechos que denunció Francisca Díaz ocurrieron el 12 de febrero de 2016, el día en que se juntó con Willy Fahrenkrog, por ese entonces fiscal Subrogante de Hualaihué, en la Región de Los Lagos. Según relata el sitio Es Mi Fiesta, se conocieron a través de Tinder y entablaron conversaciones que los llevaron a reunirse después de un tiempo.

En esa ocasión Fahrenkrog le comentó que viajaría a Puerto Montt para participar de un asado con sus compañeros de trabajo, y que aprovecharía el viaje para conocerla personalmente. En los pantallazos de las conversaciones se ve que en un comienzo Díaz se negó porque le daba “la sensación” de que la necesitaba “para hacer hora”. Las insistencias del joven fiscal la hicieron cambiar de opinión, y finalmente concretaron la cita al día siguiente.

Se juntaron pasadas las 16:30 horas, y tras hacer algunos trámites, a eso de las 20:00 horas se dirigieron al centro de Puerto Montt para tomar algo y luego ir a bailar. En las conversaciones se aprecia la insistencia Fahrenkrog por ir a beber, algo que acabaron haciendo en un local llamado Baco Bar.

Tras tomar dos mojitos, Fahrenkrog habría propuesto que fueran por el tercero, algo a lo que Francisca Díaz se habría negado. Tras las insistencias del joven, ella finalmente habría accedido. Según Díaz, en un momento él le comentó que ella “merecía estar con un hombre bueno porque era muy esforzada, simpática y bonita”, a lo que ella respondió advirtiendo que “no se pasara rollos” porque no pasaría nada.

Luego ella lo habría acompañado a buscar un hostal donde pasar la noche, y en el camino él la habría tomado por la cintura y la habría besado. Entonces ella le volvió a advertir “que no se pasara rollos” y que sólo podían andar de la mano.

Cuando por fin encontraron un hostal, ella lo acompañó a ver la habitación, mareada por los efectos del alcohol. Ahí él habría comenzado a besarla e insistir en que tuvieran relaciones sexuales, pero ella se habría negado. Sin embargo, el joven habría insistido. Fue en ese momento, de acuerdo al testimonio de la joven, cuando él le“bajó el pantalón y la ropa interior”.

En su declaración a la Policía de Investigaciones (PDI), Díaz señaló que el joven la agredió sexualmente.

Giro en el caso

No más de tres meses pasó Francisca Díaz como víctima en esta situación. El 27 de mayo de 2016 el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó el sobreseimiento definitivo de la acusación contra Fahrenkrogy y se determinó “que la denuncia reunía los caracteres de calumniosa”. El 16 de junio, en tanto, fue presentada la querella por denuncia calumniosa en su contra.

Un dato que jugó un rol importante en esta determinación fue que el hombre fue procesado por violación, aunque lo que ella denunció fue abuso sexual.

Las audiencias estuvieron marcadas por declaraciones polémicas, como la de la carabinera Carolina Montiel, quien, según Es Mi Fiesta, fue la primera en tomarle la declaración a Díaz la noche de la presunta agresión. Durante la primera jornada del juicio ella declaró que la joven“no esta estaba afectada, pero igual estaba llorando”, pero que “no era un llanto de violación”.

Por otra parte, el abogado de Willy Fahrenkrog, Andrés Firmani, llegó a preguntarle a la joven si “sabe leer” cuando discutían sobre la definición de la palabra “penetración”.

Críticas a la sentencia

En entrevista con Rayén Araya en #AquíYAhora, la prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga, dijo que “el caso es lamentable por lo que significa en términos de un desincentivo a las denuncias que en materia de delitos sexuales es algo que se ha intentado incentivar con campañas del gobierno e internacionales en todo el mundo”.

Destacó que Francisca Díaz no sólo está siendo condenada a una pena, sino que, “en la medida de que es egresada de Derecho, también conlleva una inhabilitación para jurar y desempeñarse como abogada, tendrá una doble sanción, además de las sanción penal, una sanción específica de inhabilitacion”.

También comentó que “los estereotipos están más o menos presentes en la practica judicial en una serie de juicios que afectan a las mujeres”, y en este caso, por ejemplo, se asume “el uso de Tinder como disposición de las mujeres a tener de entrada relaciones sexuales; que el alcohol por sí solo es indicador, en la medida que se enmarca en una reunión con un varón que se conoce a través de Tinder, de que es indicio de presentación de consentimiento sexual”.

#FranYoTeCreo

El caso de Francisca Díaz se ha ido tomando las redes sociales con el hashtag #FranYoTeCreo. Organizaciones feministas como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Coordinadora 8 de Marzo han criticado al sistema judicial por la condena.

Por la misma vía distintas parlamentarias se han sumado a la campaña. Camila Vallejo (PC) dijo a través de Twitter que “no es justo arriesgarte a que publiquen tu vida íntima y sexual, con difamación; a penas de cárcel; a no poder titularte”; y Marisela Santibáñez (PRO) criticó que “la justicia chilena abandona a la mujer que denuncia y la decisión de los medios es invisibilizar el caso”.

Mira algunos de los comentarios en apoyo a Francisca Díaz a continuación:

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El video en contra de la violencia callejera que da que hablar en las redes sociales


FOTO: AGENCIA UNO
 Campaña no juzga ni acusa, sino que en ella hombres invitan a otros hombres a reflexionar sobre el acoso callejero. ¿Por qué hay que explicar esa violencia? Las cifras son claras: sólo un 15,3% de las mujeres responde que no ha vivido esa violencia, porcentaje que en ellos sube a 44,8%.

“Ah bueno, estás para secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría?”, es la frase que inicia el video de 2:26 y que es comentado en redes sociales, el que forma parte de la campaña #CambiaelTrato, creada por Avon. Las imágenes muestran a un hombre joven que hace un comentario sobre el cuerpo de una mujer en la calle y su amigo lo lleva a cuestionarse sobre lo violento de ese acto y a decir no a la violencia de género.

¿Por qué hay que explicar la violencia que sufren mujeres en el espacio público? Las cifras son claras, cuando hombres y mujeres son consultados sí han vivido esa experiencia, solo un 15,3% de las mujeres responde que no. En ellos, sin embargo, la cifra sube a 44,8%, indica el Estudio de caracterización y opinión sobre el acoso sexual callejero y sus posibles sanciones, del Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC) del año 2015.

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No la conocen, no la viven, no la entienden, explica María José Castillo abogada de Corporación Humanas. Es destacable que sea un hombre el que le explica a otro una vivencia que es cotidiana para muchas mujeres. “Las mujeres siempre han dicho esto y los hombres no nos creen, porque no lo viven, y señalan prejuicios de que somos ‘alharacas’ con el tema”, dice Castillo.

Por eso está bien que se explique algo que es obvio para muchas mujeres, agrega Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Diego Portales. “Porque ellos no tienen la vivencia, no lo entienden y no pueden identificar esa vivencia en la conducta que se normaliza”.

Rol del testigo

El video muestra además una estrategia que ha demostrado ser muy eficaz a la hora de hablar de situaciones de violencia, dice Contreras, que se relaciona con involucrar a la figura del testigo. Siempre se piensa en prevenir con la víctima y el victimario como protagonistas, pero el rol de quienes rodean esa situación, quienes se ríen o callan al ver esas situaciones, sostiene, es necesario que asuman también su responsabilidad.

“La violencia también constituye una demostración de poder que tiene que ver con el tercero, el que se ríe el que considera que es una manifestación de masculinidad, cuando el otro le muestra que eso es violencia y que no le parece gracioso, de alguna manera permite que la persona vivencie la violencia de manera distinta. Se ha hecho mucho con el bullying, es algo que nos convoca a tomar una posición como testigo, a cuestionar cómo se permite que esa violencia ocurra y se naturalice

A su vez, que sea un hombre el que le explique a otro hombre, es valioso porque tiene más cercanía para ellos, dice la abogada. Lo que cuenta con una ventaja, explica; “en general los hombres validan más la palabras de otros hombres. Y ellos tienen que hacerse cargo de esto, que no es un solo un tema de mujeres, que es responsabilidad de todos y todos tenemos algo que decir”.

Y se trata de una realidad para un gran porcentaje de mujeres: El 85% señala que ha sufrido acoso sexual callejero en los últimos 12 meses. De ellas, a aproximadamente el 36% lo padece por lo menos una vez a la semana y una de cada 10, una o más veces al día, señalan los datos del estudio de OCAC.

Una de cada tres mujeres será víctima de violencia en algún momento de su vida, resalta Carolina Cerón, jefa de Desarrollo de Canales Avon Chile. “En Avon vemos en cada una de ellas a una persona y no a una estadística, y a cada hecho de violencia como inaceptable. Por eso, mantenemos un fuerte compromiso de ayudar a poner fin a la violencia y el abuso, tanto físico, psicológico, sexual, patrimonial y simbólico”, dice.

Ese es el propósito de #CambiaElTrato, indica Cerón. Una iniciativa global, que recientemente se lanzó en Argentina y que en los próximos días también se implementará en Chile. Fue desarrollada para hacer visibles aquellas situaciones de violencia hacia las mujeres que están naturalizadas en la sociedad, destaca.

“Para mostrar que hay conductas y prácticas que son violencia y, muchas veces, no se perciben como tales. Un aspecto muy importante de la campaña es que no juzga ni acusa, sino que, a través de conversaciones íntimas, hombres invitan a otros hombres a reflexionar sobre la manera en la que tratan a las mujeres, en situaciones cotidianas. Situaciones que no atentan contra la integridad física de mujeres, pero que sí ponen en riesgo su autoestima, su libertad y sus derechos”, señala Cerón.

Las campañas y videos que abordan está temática desde un enfoque de concientización, son muy relevantes indica Contreras. “Está bien hecho y es interesante en términos de la propuesta. Si uno entiende el acoso callejero que un tema de origen cultural, que se basa en lo que se entiende como femenino y lo masculino, el cambio que se debe generar es fundamentalmente cultural”.

Los medios y las redes sociales son los principales modos es que las personas se informan, dice Castillo, por eso que se difunda es relevante. “Pero eso no quita la responsabilidad del Estado, sería relevante que el Estado iniciara este tipo de campañas, que el Estado las fomente”.

Por QuePasa.cl


 

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