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Opinión: Una ética feminista del fútbol

Una ética feminista del fútbol

Me quedo con la ética de entender que el fútbol es también política, que ser parte de la selección de fútbol de tu país es tener una llave de emociones, una pluma que escribe historia y relato, es tener el superpoder de convertirse en héroes y heroínas, es tener el privilegio de inspirar o interpelar con una voz mundial. Y en esta dimensión de la ética del futbol, las chiquillas de la selección gringa brillan. La irreverencia de la capitana ante Trump, su implacable activismo por la igualdad y la no discriminación, su rechazo a presentarse ante una Casa Blanca que promueve el odio y la pobreza, es la ética que me gusta para el fútbol.

Por Constanza Schönhaut, abogada de Corporación Humanas

En mi vida de deportista, creo haber tenido la suerte de tener entrenadores y entrenadoras de voleibol que me enseñaron que ser una buena deportista no es solo tener un buen desempeño técnico sino también tener valores deportivos. Como las cosas me las tomo a pecho, terminé siendo más buena para ganarme los premios al espíritu deportivo que los de mejor jugadora. Entendí que ser buena deportista y no solo buena jugadora, era llegar a la hora, tener disciplina en el entrenamiento, estar donde se me necesitara, alentar siempre al equipo y cuidar el colectivo. Luego empecé en el fútbol, fui aprendiendo del roce, a jugar con el cuerpo a cuerpo, sin mañas, aprendiendo los límites con las faltas, con mañas, las formas de fabricarse y de hacer faltas. Fui aprendiendo del fútbol que más conocíamos, del fútbol masculino.

Es interesante hablar de la ética del fútbol, porque la selección masculina en esta década dorada nos ha forzado a tomar posiciones en diversos momentos. Desde el “oso” de Bielsa a Piñera, pasando por el “bautizazo” de los cabros, el “no fue culpa mía” del rey, hasta la actual exclusión de Bravo y Díaz por asuntos de camarín o los pechazos del Pitbull al diez argentino en el tercero y cuarto de la recientemente finalizada Copa América.

Así, algunos han defendido siempre que en la cancha tienen que estar los mejores y ya. Otras nos hemos inclinado más por la idea de que ser un buen futbolista no es solo ser bueno pa’ la pelota, es también construir equipo. Algunos defienden la idea de que así son los cabros y que hay que pedirles que jueguen bien nomas. Otras defendemos que el fútbol no es solo lo que pasa en la cancha, es también lo que deja hacia afuera. Así, algunos celebran los frente contra frente que ocurren en la cancha o las simulaciones que terminan en penales o los tumultos de jugadores alrededor del juez del partido alegando por un cobro o una tarjeta, y otras que -para ser honestas, aunque también a veces caemos en la trampa y la animalidad- nos gusta más el fair play.

Y en esa batida ética que nos conflictuaba a muchas, llega una ola feminista refrescante y con ella el mundial de fútbol femenino, ¡qué suerte la nuestra! Y es que, aunque me encanta nuestra selección masculina, me interpela tanto más la femenina, y aunque abrazo las copas américas del bicampeón, el mundial femenino nos deja una estética y una ética que abre otro ciclo para el fútbol.

El desenlace en paralelo del Mundial femenino y la Copa América masculina, nos dejó tantos contrastes que vale la pena hacer una recopilación de momentos, partiendo por las desafortunadas declaraciones del King despreciando y ninguneando la disputa del tercer lugar frente a Argentina, en comparación al respeto y la pasión que los equipos de Inglaterra y Suecia se mostraron mutuamente hasta el pitazo final del encuentro. De igual manera contrastan la dignidad con la que se paró Tailandia en la mayor derrota de la historia de un mundial con un 13-0 ante Estados Unidos; ni espacio a la condescendencia por un lado ni espacio a la desesperación por el otro, pero permitiéndose los abrazos de consuelo entre ambos equipos. Muy distinto, por cierto, a como vivimos el enfrentamiento ante Argentina, donde terminamos jugando un fútbol 10 tras tener que bancarnos el inoportuno momento que eligieron dos jugadores para descargar su ira.

Vale la pena contrastar también las celebraciones en unos y otros estadios. Mientras las celebraciones en los estadios franceses nos sorprenden con la elegancia de Rapinoe al abrir sus brazos con delicadeza y potencia ante la hinchada, o con los besos entre parejas lesbianas que se felicitan aun participando de equipos distintos, en el fútbol masculino siguen de moda las consignas homofóbicas al rival, se repiten los gestos de tener testículos grandes o, peor aún, se viralizan videos donde se imita entre risas una violación de Yotún a Advíncula en los camarines luego del partido que los hizo pasar a la final. Pero claro, la crítica fue a Alex Morgan por celebrar haciendo como que se tomaba un té, luego de un gol ante Inglaterra.

Me quedo con esta ética de terminar lo que se empieza con la vocación de hacer lo mejor posible, con la ética del fair play, de partidos más fluidos de fútbol que de exabruptos. Me quedo con la ética de la fraternidad y la sororidad, con la ética de la diversidad, de la pasión no sexista, del llanto y la rebeldía de ser quien se es. Y caguémosla de vez en cuando, no hay problema, pero no renunciemos a tener una ética deportiva.

Pero sobre todo me quedo con la ética de entender que el fútbol es también política, que ser parte de la selección de fútbol de tu país es tener una llave de emociones, una pluma que escribe historia y relato, es tener el superpoder de convertirse en héroes y heroínas, es tener el privilegio de inspirar o interpelar con una voz mundial. Y en esta dimensión de la ética del futbol, las chiquillas de la selección gringa brillan. La irreverencia de la capitana ante Trump, su implacable activismo por la igualdad y la no discriminación, su rechazo a presentarse ante una Casa Blanca que promueve el odio y la pobreza, es la ética que me gusta para el fútbol. Las declaraciones de nuestra volante Claudia Soto cuando dice que no luchan por un trofeo, sino por igualdad, es la historia que me gustaría que escribiera el fútbol de nuestra era. La alegría dicharachera pero sana en los camarines es la que me gustaría inspirara a las nuevas generaciones. Lamentablemente, por el otro lado, los grandes referentes de la selección del jogo bonito ni se arrugaron apareciendo sonrientes en la misma foto con el presidente que por estos días defiende el trabajo infantil y se niega a tomar medidas contra el cambio climático.

Dudé por varios años si mis entrenadores del pasado tenían razón sobre qué es ser una buena deportista, faltaba el remezón del feminismo para convencerme de que el deporte no es solo cuerpo, es también mente, es también ética. Ética feminista, pasión feminista.

Publicada en El Desconcierto

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Opinión | Sala Cuna Universal: cuándo las niñas y niños no pueden esperar


Por Carolina Carrera, psicóloga de Corporación Humanas

Cuando se plantea el debate de la Sala Cuna como un derecho universal, la pregunta que se instala es ¿quién es el beneficiario/a de dicho derecho de Sala Cuna Universal? Por cierto, lo son los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares que requieren, para poder desempeñarse laboralmente, contar con lugares de calidad que cuiden y otorguen protección a sus hijos/as de 0 a 2 años.

El actual proyecto de Ley de Sala Cuna Universal si bien termina con la limitación de que solo podían ejercer el derecho mujeres que trabajaran en empresas de 20 o más trabajadoras, no incorpora a los hombres y, como plantea la CUT, genera categorías entre las mismas.

Así, quienes trabajan sobre 30 horas tendrán acceso a bono completo, menos de 30 y hasta 15 horas solo recibirán dos tercios del bono y si la mujer trabaja menos de 15 horas no tendrá derecho. El derecho, en definitiva, se traduce en un bono total o parcial que incluso excluye a mujeres trabajadoras madres.

Los niños/as por cierto, son también titulares del derechos a acceder a espacios de protección cuando su madre y/o padre trabaja. Tal como lo señala la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, deben aprender todo aquello que contribuya a desarrollar al máximo su personalidad y capacidades intelectuales, físicas y sociales.

Esto es central, el desarrollo se produce desde la más temprana edad. Bien lo sabe Finlandia donde los niños/as entran a los 9 meses a la sala cuna, después de un período de posnatal de 9 meses, derecho que tiene tanto la madre como el padre. Un país donde además las madres y padres tienen el beneficio de estar con su hijo o hija hasta que cumpla tres años y durante dicho período, reciben un porcentaje de su sueldo. Finlandia entiende que la protección desde la primera infancia, orientada a favorecer a los niños en su desarrollo integral.

¿Qué implica un desarrollo integral de características Universales para Chile? En primer lugar, que todos los niños/as desde la más temprana infancia puedan desarrollar competencias y capacidades que serán claves para su futuro, físico, psicológico y social. Implica que tengan acceso salas cunas y jardines con infraestructura que potencie dicho desarrollo. Involucra asegurar la calidad de la educación que reciben para así tener acceso a sala cuna y jardín reconociéndolo como un derecho y emparejando de paso la cancha para cerrar las brechas que se puedan presentar posteriormente en el proceso escolar.

Un primer problema que plantea la propuesta de ley actual, y que atenta contra la universalidad mencionada, es que si la madre trabajadora pierde su fuente laboral el niño/a también pierde su derecho a sala cuna.

Un segundo problema, es que la lógica del voucher o bono no permite una calidad de educación igualitaria, muy por el contrario, lo que hace es acrecentar los niveles de segmentación y por ende de discriminación.

Un tercer problema es que no todas las niñas y niños de mujeres y hombres trabajadores tienen garantizado este derecho.

Entonces, ¿qué se requiere? Que la política pública asegure el acceso universal de los niños y niñas a la educación temprana para lo que un primer paso es la ampliación de la actual oferta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de la Fundación Integra, generando un piso mínimo público para todas las madres y padres trabajadores.

¡Chile no puede esperar, niños/as están primero y son sujetos de derechos!

Publicada en Qué Pasa, La Tercera

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Opinión: El examen ante naciones unidas y la respuesta de Chile


Por Lorena Fries, Presidenta de Corporación Humanas en La Tercera

El 22 de enero de 2019, Chile rindió examen ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se trata de un procedimiento al que se someten todos los Estados que hacen parte de este organismo multilateral y en el que exponen sus avances, desafíos o pendientes en relación a las obligaciones y compromisos de derechos humanos que han contraído voluntariamente.

En base a la presentación que hace la delegación que viaja a exponer, los Estados presentes en dicho foro realizan recomendaciones en el marco de un diálogo abierto y colaborativo. A Chile se le hicieron un total de 266 recomendaciones, las que debían ser estudiadas por el Estado para con posterioridad –en el mes de junio- declarar su aprobación, observación o rechazo.

Las recomendaciones realizadas buscan mejorar la conducta de los Estados y que ésta se adecue a los estándares de derechos humanos que ellos mismos han aprobado, por lo que en principio, dichas recomendaciones debieran ser bienvenidas y servir de ruta para la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otro carácter que contribuyan a la realización de los derechos humanos. En el caso de Chile, las recomendaciones van en la línea de ratificar los tratados pendientes en la materia ampliando con ello la protección de personas y grupos, garantizar la no discriminación de los grupos históricamente vulnerabilizados como los pueblos indígenas y las diversidades sexuales; la garantía de derechos a las mujeres en todos los ámbitos –desde el político hasta el privado- el acceso a la justicia y la pronta investigación de los abusos, en particular, de aquellos cometidos por funcionarios públicos, el monitoreo y evaluación de políticas públicas que contribuyen a la concresión de derechos, entre otras.

El 12 de junio pasado el Estado de Chile, a través del gobierno, dio respuesta a dichas recomendaciones. Si bien en un alto porcentaje estas fueron aprobadas, sorprende la respuesta en torno a tres temas en particular. El primero, y respecto del cual se repiten varias recomendaciones es la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres. Se trata de dos instrumentos que entregan a la ciudadanía un marco de protección más amplio del que tienen a nivel nacional, pudiendo subsidiariamente acudirse a instancias internacionales frente a la falta de voluntad o de capacidad del Estado para proteger el derecho en cuestión. Se trata de los derechos de las mujeres y de los derechos sociales y culturales, dos cuestiones en los que el actual gobierno no pretende avanzar, y respecto de los cuales deslinda responsabilidades culpando de la falta de avance al Congreso Nacional. Lamentablemente, el gobierno olvida que para efectos internacionales el sujeto de obligaciones es el Estado y no los poderes que lo conforman. Respecto de ellas se tomó nota y quedan en el limbo jurídico.

El segundo grupo de recomendaciones refiere a la necesaria ampliación y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, en particular para eliminar toda forma de criminalización del aborto y para asegurar que aquellas mujeres que pueden invocar la Ley 20.030 no se vean limitadas en su derecho por la objeción de conciencia, llevada a su máxima expresión en el caso chileno. Respecto de estas todas fueron rechazadas.

Por último, también fueron rechazadas aquellas que tienen que ver con la violencia institucional. Así, los abusos policiales, de los cuáles ya hay un dossier prolífico, y la aplicación de la Ley Antiterrorista, ya observada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no merecen, de acuerdo al Gobierno, ser consideradas.

Chile está dando que hablar en el ámbito internacional. A estas respuestas enviadas al Consejo de Derechos Humanos se suman el conjunto de señales – Pacto Global, Escazú, carta a la CIDH y el oficio enviado a las Embajadas y que socava la autoridad del INDH- que hacen preguntarse a quienes siempre vieron en Chile un liderazgo claro en estas materias ¿qué pasa con Chile? La respuesta es sin duda, negativa.

 

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Organizaciones critican falta de interés del Estado de Chile frente a Examen Periódico Universal de DD.HH. de la ONU

En días pasados, el gobierno del Presidente Piñera, en representación del Estado de Chile, ha hecho llegar su respuesta a las recomendaciones que le fueron realizadas en el marco del Tercer Examen Periódico Universal (EPU) luego de la sesión sostenida ante el Consejo de Humanos y los Estados miembros de la ONU en Ginebra en enero del presente año. Las recomendaciones serán adoptadas oficialmente el 4 de julio durante el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Producto del diálogo constructivo entonces sostenido, el Estado de Chile recibió un total de 266 recomendaciones por parte de 101 Estados relativas al cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales y de los compromisos voluntarios suscritos en materia de derechos humanos.

 
En su respuesta a ellas el actual gobierno decidió aceptar 211 recomendaciones, que constituyen un 79,32% del total, limitándose a tomar nota de otras 37 recomendaciones, correspondiente al 13,90%, en tanto no aceptó 18 recomendaciones que representan el 6,76% del total recibido.

Se trata del menor porcentaje de aceptación de recomendaciones por el Estado de Chile en el marco del EPU, y por lo mismo del mayor porcentaje de rechazo y observación a las mismas, desde su primer EPU, en el 2010, lo que no puede sino ser considerado como una mala señal para la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Así, en el 2do período del EPU (2014) Chile aceptó 166 recomendaciones (90,2%), tomo nota de 14 (7,6%)  y rechazó sólo 4 (2,17%).

El Ejecutivo tomó nota de recomendaciones referidas al proceso de ratificación de tratados internacionales; a la derogación del Decreto Ley de Amnistía; la prevención y sanción de posibles excesos por parte de las fuerzas policiales; la investigación pronta, imparcial y efectiva de denuncias de desapariciones forzadas; la lucha contra el tráfico y la trata de personas;  el aborto legal; la aplicación  sin discriminación de la ley antiterrorista; y a los derechos de todas aquellas personas que son expulsadas del país.

Frente a varias de estas recomendaciones, señala que se basan en premisas que no corresponden a la realidad, o bien que existen proyectos de ley para abordar las recomendaciones que se le formulan, o que no puede comprometer el cumplimiento de dichas recomendaciones dado que ello es resorte del Congreso Nacional.

Esto último contradice la afirmación contenida en la misma respuesta que el Gobierno da a las recomendaciones del EPU, cuando señala que el Estado de Chile intervino en el tercer ciclo del EPU “representado por una delegación de alto nivel, integrada por representantes de todos los poderes del Estado”, lo que supone un compromiso de los mismos en el cumplimiento de las recomendaciones que se le formulen.

Por otro lado, no puede escapar al conocimiento del Ejecutivo el que ante instancias como Naciones Unidas los Estados tienen una unidad y que, por lo mismo, no puede excusar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales alegando que ello depende de alguno de los órganos que lo integran.

En cuanto a las recomendaciones que no fueron aceptadas por el Estado de Chile, estas se refieren fundamentalmente a las siguientes materias:

-Implementar planes para combatir comportamientos de xenofobia, racismo, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia contra ciudadanos bolivianos por parte de las autoridades fronterizas en el desempeño de sus deberes en las fronteras internacionales (Estado Plurinacional de Bolivia) (125.37);

-Trabajar para eliminar y combatir la impunidad por actos de violencia cometidos por efectivos policiales, incluida la violencia sexual contra manifestantes pacíficos (125.74);

-Tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión pacíficas de todos los ciudadanos (125.87);

-Abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en el contexto de protestas sociales de los pueblos mapuche que buscan reclamar sus derechos (125.89);

-Promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad respecto del uso de las comunicaciones y tecnologías para evitar la criminalización de protestas sociales indígenas (125.91);

-La despenalización del aborto en todas sus causales la interrupción voluntaria del embarazo, y evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia (125.126 y 125.127, 125.132, 125.133 125.130, 125.131 y 125.134);

-Revisar la Ley Anti Terrorista para remover su aplicación al activismo relacionado con las tierras indígenas (125.241);

-Garantizar el respeto de los derechos humanos de los bolivianos en camino a los puertos del Pacífico (125.260)

Finalmente, el Estado identifica un conjunto de recomendaciones parcialmente aceptadas y parcialmente anotadas, entre las que se encuentran las referidas a la inapropiada reparación a víctimas de la dictadura por parte del Estado, frente a la que argumenta que ello no es compatible con el esfuerzo realizado por Chile en la materia; al establecimiento de una comisión independiente para la investigación y sanción de muertes y abusos en contra de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del SENAME, la cual, según la respuesta del Estado, ya está siendo realizada por el Ministerio Público; a la revisión de la ley antiterrorista, señalando que hay proyecto en el Congreso Nacional sobre la materia; y a la recomendación sobre un nuevo texto constitucional, señalando que no se prevé un proceso constituyente en el país.

Se trata en la mayor parte de los casos, de materias que concitaron mayor preocupación  de los Estados participantes en la sesión de Chile en enero pasado, sobre las que se concentraron la mayor cantidad de recomendaciones. Se trata también de materias en las que, desde enero pasado a la fecha, se han seguido verificando graves vulneraciones a los derechos humanos, como ha ocurrido en el caso de las personas migrantes, y de los pueblos indígenas, sus comunidades y miembros.

Por lo mismo, la no aceptación de estas recomendaciones, además de contradecir la declaración que el Gobierno de Chile hace de su compromiso con el sistema universal de derechos humanos, y en particular con el Consejo de Derechos Humanos, formulada tanto en el diálogo interactivo de enero pasado como en su respuesta a las observaciones al EPU,  resulta muy preocupante.

Instamos al Gobierno a revisar los marcos normativos y políticas públicas teniendo presente las recomendaciones que se le han formulado en el marco del EPU.

Finalmente, exigimos al Gobierno la creación de instancias de monitoreo efectivo del cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado. Asimismo, exigimos que en estas instancias se considere la participación de sociedad civil, y en particular de aquellos sectores más afectados por situaciones de discriminación a que refieren las recomendaciones, entre ellos las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas y los y las migrantes.

Suscriben:

Consorcio TICCA
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Corporación Opción
Centro de Estudios de la Mujer (CEM)
Fundación Instituto de la Mujer
Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC)
Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR)
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile
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Publicado por El Ciudadano 

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Opinión | Niños y niñas: Titulares de derechos humanos

“En lugar de restringir derechos, hablemos de la necesidad de mejorar la formación en derechos humanos y ciudadanía, de inculcar valores, incluso de mejorar las condiciones en que nuestros jóvenes estudian, en particular en la educación pública”.

Por Lorena Fries, Presidenta de Corporación Humanas, The Clinic 

Con espanto, no hay otra palabra, la ciudadanía se entera a través de los diarios, que ocho municipios consultaron a sus vecinos sobre la idea que niños y niñas menores de 16 años tengan restricción de desplazarse o de permanecer en espacios públicos pasada cierta hora.

Para todos aquellos/as que promovemos y defendemos los derechos humanos, se trata de una limitación grave de los derechos de niños y niñas que por cierto son titulares de derechos. Si bien sus garantías se concretan de manera progresiva de acuerdo a su desarrollo, en ningún caso se pueden adoptar medidas que van en sentido contrario. Aún cuando hubiera evidencia de que algunos jóvenes suelen pasearse, drogarse o incluso coordinarse para la comisión de algún delito, ello no es mérito suficiente para adoptar una medida tan gravosa a todos/as los jóvenes de las respectivas comunas.

En segundo lugar, la restricción de un derecho fundamental no está sujeta a la voluntad ciudadana a través de una consulta a nivel local, ni siquiera a nivel nacional; solo puede limitarse a través de una ley, es decir, en el Congreso. En efecto, los derechos humanos muchas veces van en contra de lo que opina la mayoría circunstancial, y es es su alto rango normativo el que impide que se atropellen derechos que son inalienables e intransferibles. De lo contrario, pierden todo sentido, en tanto su fundamento es precisamente evitar los abusos de poder por parte del Estado, en este caso de las municipalidades en tanto instituciones públicas. Ergo, la medida excede las competencias que tienen los municipios y el tema debe ser puesto en otro nivel de deliberación.

Si el tema es de seguridad y orden público respecto de algunos/as jóvenes, los encargados son aquellos que por ley tienen la atribución de mantenerlo, esto es, Carabineros de Chile. Cierto es que su eficacia ha sido puesta en duda en el último tiempo, pero ello no es excusa para que se adopte la técnica de “la pesca de arrastre” con todos los y las jóvenes de un territorio determinado. La medida resulta claramente desproporcionada para lograr el fin que se pretende y es, por tanto, esencialmente discriminatoria.

Sorprende además que en este caso los padres y madres queden fuera de la ecuación, cuando se nos repite una y otra vez que los únicos responsables de la educación y formación de nuestros hijos e hijas es justamente la familia. Está claro que no es así en la medida y que la escuela tiene mucho que decir en la formación de ciudadanos respetuosos de los derechos de otros/as. Entonces, mejor hablemos de eso, de la necesidad de mejorar la formación en derechos humanos y ciudadanía, de inculcar valores, incluso de mejorar las condiciones en que nuestros jóvenes estudian, en particular en la educación pública

Hay también un elemento simbólico en este debate en ciernes. La libertad es un valor que hemos llegado a valorar como sociedad producto de nuestra experiencia histórica. No es posible que queramos imponer una suerte de toque de queda en una sociedad democrática que debió aprender con mucho dolor que la libertad es un valor fundamental. No honra nuestra memoria.

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Observaciones a respuesta de Chile a Examen Periódico Universal #EPU2019

En días pasados el gobierno del Presidente Piñera, en representación del Estado de Chile, ha hecho llegar su respuesta a las recomendaciones que le fueron realizadas en el marco del Tercer Examen Periódico Universal (EPU) luego de la sesión sostenida ante el Consejo de Humanos y los Estados miembros de la ONU en Ginebra en enero del presente año. Las recomendaciones serán adoptadas oficialmente el 4 de julio durante el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Producto del diálogo constructivo entonces sostenido, el Estado de Chile recibió un total de 266 recomendaciones por parte de 101 Estados relativas al cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales y de los compromisos voluntarios suscritos en materia de derechos humanos.

naciones-unidasEn su respuesta a ellas el actual gobierno decidió aceptar 211 recomendaciones, que constituyen un 79,32% del total, limitándose a tomar nota de otras 37 recomendaciones, correspondiente al 13,90%, en tanto no aceptó 18 recomendaciones que representan el 6,76% del total recibido.

Se trata del menor porcentaje de aceptación de recomendaciones por el Estado de Chile en el marco del EPU, y por lo mismo del mayor porcentaje de rechazo y observación a las mismas, desde su primer EPU, en el 2010, lo que no puede sino ser considerado como una mala señal para la promoción y protección de los derechos humanos en Chile. Así, en el 2do período del EPU (2014) Chile aceptó 166 recomendaciones (90,2%), tomo nota de 14 (7,6%)  y rechazó sólo 4 (2,17%).

El Ejecutivo tomó nota de recomendaciones referidas al proceso de ratificación de tratados internacionales; a la derogación del Decreto Ley de Amnistía; la prevención y sanción de posibles excesos por parte de las fuerzas policiales; la investigación pronta, imparcial y efectiva de denuncias de desapariciones forzadas; la lucha contra el tráfico y la trata de personas;  el aborto legal; la aplicación  sin discriminación de la ley antiterrorista; y a los derechos de todas aquellas personas que son expulsadas del país.

Frente a varias de estas recomendaciones, señala que se basan en premisas que no corresponden a la realidad, o bien que existen proyectos de ley para abordar las recomendaciones que se le formulan, o que no puede comprometer el cumplimiento de dichas recomendaciones dado que ello es resorte del Congreso Nacional. 

Esto último contradice la afirmación contenida en la misma respuesta que el Gobierno da a las recomendaciones del EPU, cuando señala que el Estado de Chile intervino en el tercer ciclo del EPU “representado por una delegación de alto nivel, integrada por representantes de todos los poderes del Estado”, lo que supone un compromiso de los mismos en el cumplimiento de las recomendaciones que se le formulen.

Por otro lado, no puede escapar al conocimiento del Ejecutivo el que ante instancias como Naciones Unidas los Estados tienen una unidad y que, por lo mismo, no puede excusar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales alegando que ello depende de alguno de los órganos que lo integran.  

En cuanto a las recomendaciones que no fueron aceptadas por el Estado de Chile, estas se refieren fundamentalmente a las siguientes materias:

Implementar planes para combatir comportamientos de xenofobia, racismo,  discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia contra ciudadanos bolivianos por parte de las autoridades fronterizas en el desempeño de sus deberes en las fronteras internacionales (Estado Plurinacional de Bolivia) (125.37);

Trabajar para eliminar y combatir la impunidad por actos de violencia cometidos por efectivos policiales, incluida la violencia sexual contra manifestantes pacíficos (125.74);

Tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad de expresión, de asociación y de reunión pacíficas de todos los ciudadanos (125.87);

Abstenerse de aplicar la Ley Antiterrorista en el contexto de protestas sociales de los pueblos mapuche que buscan reclamar sus derechos (125.89);

Promover normas que cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad respecto del uso de las comunicaciones y tecnologías para evitar la criminalización de protestas sociales indígenas (125.91);

La despenalización del aborto en todas sus causales la interrupción voluntaria del embarazo, y evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia (125.126 y 125.127, 125.132, 125.133 125.130, 125.131 y 125.134);

Revisar la Ley Anti Terrorista para remover su aplicación al activismo relacionado con las tierras indígenas (125.241);

Garantizar el respeto de los derechos humanos de los bolivianos en camino a los puertos del Pacífico (125.260)

Finalmente, el Estado identifica un conjunto de recomendaciones parcialmente aceptadas y parcialmente anotadas, entre las que se encuentran las referidas a la inapropiada reparación a víctimas de la dictadura por parte del Estado, frente a la que argumenta que ello no es compatible con el esfuerzo realizado por Chile en la materia; al establecimiento de una comisión independiente para la investigación y sanción de muertes y abusos en contra de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del SENAME, la cual, según la respuesta del Estado, ya está siendo realizada por el Ministerio Público; a la revisión de la ley antiterrorista, señalando que hay proyecto en el Congreso Nacional sobre la materia; y a la recomendación sobre un nuevo texto constitucional, señalando que no se prevé un proceso constituyente en el país.

Se trata en la mayor parte de los casos, de materias que concitaron mayor preocupación  de los Estados participantes en la sesión de Chile en enero pasado, sobre las que se concentraron la mayor cantidad de recomendaciones. Se trata también de materias en las que, desde enero pasado a la fecha, se han seguido verificando graves vulneraciones a los derechos humanos, como ha ocurrido en el caso de las personas migrantes, y de los pueblos indígenas, sus comunidades y miembros.  

Por lo mismo, la no aceptación de estas recomendaciones, además de contradecir la declaración que el Gobierno de Chile hace de su compromiso con el sistema universal de derechos humanos, y en particular con el Consejo de Derechos Humanos, formulada tanto en el diálogo interactivo de enero pasado como en su respuesta a las observaciones al EPU,  resulta muy preocupante.

Instamos al Gobierno a revisar los marcos normativos y políticas públicas teniendo presente las recomendaciones que se le han formulado en el marco del EPU.

Finalmente, exigimos al Gobierno la creación de instancias de monitoreo efectivo del cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado. Asimismo, exigimos que en estas instancias se considere la participación de sociedad civil, y en particular de aquellos sectores más afectados por situaciones de discriminación a que refieren las recomendaciones, entre ellos las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas y los y las migrantes.

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  • Observatorio de Violencia Institucional en Chile-OVIC
  • Colectivo Sin Fronteras
  • Coordinadora por Verdad y Justicia para Macarena
  • Defensoría Ambiental
  • Organizando Trans Diversidades OTD Chile
  • Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles
  • Comisión Ética contra la Tortura
  • Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua
  • Comisión Chilena de Derechos Humanos
  • Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI
  • Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho Universidad de Chile
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Opinión: Copas Mundiales de Fútbol: ¡Mujeres marginadas durante 150 años!

Este año es la primera vez que Chile va a una Copa Mundial de Fútbol Femenino en el que ha sido uno de los eventos más importantes del último tiempo.


Por Constanza Schönhaut Soto, abogada de Corporación Humanas

La historia del fútbol (masculino) está fechada en 1863, cuando se crea la Asociación de Fútbol de Inglaterra, esto es, 156 años atrás. Y aunque en esa fecha ya se jugaba a la pelota entre mujeres, fue solo en 1894 cuando Nettie Honeyball, una activista de los derechos de las mujeres, fundó el primer club femenino, denominado “British Ladies Football Club” con el fin de demostrar que la mujer podía emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad. Un año después, se jugó el primer encuentro oficial entre equipos femeninos frente a unas 10.000 personas.

Según versa un artículo de esta historia, la gente y los medios reaccionaron de manera dispar. El periódico de Manchester expresaba: “No hay razón para que las mujeres no hagan suyo este deporte como una nueva y saludable forma de ocio”. Mientras, el Bristol Mercury and Daily Post aseguraba “no saben y nunca sabrán jugar al fútbol como hay que jugar […] Nosotros, por nuestra parte, nos alegramos de que las mujeres no sepan jugar al fútbol. Y aunque fueran capaces de ello, este deporte siempre será inapropiado para su sexo”. Expresiones no muy distintas a las utilizadas -tácita o expresamente- en muchos debates actuales sobre igualdad de género.

Bueno, así fue como siete años después, en 1902, la Asociación Inglesa de Fútbol (masculino) prohibió el fútbol de mujeres y jugar contra equipos femeninos. Esta prohibición hacía eco de la misma medida tomada años antes por Holanda y en Alemania, quienes alegaban estar “preocupados” por la salud de las mujeres y poco tardó en llegar a América Latina, donde ya empezaba a jugarse fútbol femenino a principios del siglo XX, pero que años después terminó prohibiéndose en varios países, aludiendo a necesarios “deportes más femeninos”, “que no pusieran en riesgo la naturaleza frágil” de la mujer o que pudieran “alterar la delicada psicología femenina”. Estereotipos que se siguen replicando, pero con más elegancia en nuestros días.

Fue sólo a partir de los años ‘70 que estas prohibiciones empezaron a levantarse y recién en 1991 la FIFA organiza la primera Copa Mundial de Fútbol Femenino, esto es 61 años después de la primera copa mundial masculina. 61 años.

Y en Chile, la primera selección de fútbol femenino se formó en 1991 a cargo del ex entrenador de Colo Colo, Bernardo Bello, encabezando el equipo que participó en el Sudamericano de Brasil. Sin embargo, fue solo en el año 2008 que se organizó el primer campeonato nacional de fútbol femenino en Chile. 2008.

Este año es la primera vez que Chile va a una Copa Mundial de Fútbol Femenino en el que ha sido uno de los eventos más importantes del último tiempo. No solo porque se da en un momento de movilizaciones feministas a nivel global, sino porque la audiencia del fútbol femenino ha ido creciendo exponencialmente.

De hecho, para este Mundial, las entradas del evento inaugural, semifinal y final se agotaron en 48 horas, y la final del Mundial de 2015 que se batió entre Canadá y Estados Unidos, fue el partido de fútbol más visto de la historia de este país, convocando a 25 millones de espectadores, según cuenta BBC News.

Los deportes en general, el fútbol en particular, no han estado exentos de los estereotipos de género, de la exclusión de mujeres y de la desigualdad de trato que hemos estado denunciando desde diversos espacios de la vida en sociedad, como la política, la academia, la educación escolar, los trabajos remunerados y no remunerados, los espacios públicos y los directorios de empresas. Visibilizando que estas temáticas responden a una desigualdad estructural que tiene al patriarcado como eje ordenador de la sociedad según sexos y géneros.

Actualmente, cuando hablamos de desigualdad en el fútbol, hablamos de que el premio del mundial de mujeres es 10 veces menor que el del mundial de hombres; que a las mujeres en Chile las mandan en clase económica y a los hombres en primera; que a los futbolistas no solo les pagan sueldos, sino que son estratosféricos, mientras a las mujeres se les paga solo con aplausos. Que mientras los hombres se ganan portadas de reyes y goleadores, las jugadoras se tienen que bancar un análisis de su simetría facial o una alusión a su condición de madreo al rol de su pareja hombre u otras barbaridades sexistas.

Venimos cargando con siglos de patriarcado, con 156 años de fútbol masculino, con 70 años de prohibición de fútbol femenino (en occidente) y aguantando en pleno siglo XXI discriminaciones por el solo hecho de ser mujeres.

Es cierto que hay otros asuntos que resolver del fútbol y las sociedades contemporáneas -la corrupción, el negociado, la violencia, la desigualdad económica, de género y tantas otras-, pero si se van a acordar de estos problemas cada vez que las mujeres anotamos un gol por la igualdad de género, es que están jugando para el otro equipo.

Por eso resulta inentendible que al día de hoy revistas como Charlie Hebdo se pongan en la barra brava del anti-fútbol femenino desde la idea de que todo futbol es malo. Todo bien si no les gusta el fútbol por las razones que sea, pero en esta pasada decidieron jugar para el equipo rival, ¿por qué?, bueno eso será pega para los psicoanalistas porque eso de la pelota en el clítoris, el fútbol femenino asociado solo a vaginas y el “tragársela/comérsela” del titular, dice harto más de sexismo que de fútbol.

Publicada en Qué Pasa

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Articulación de DDHH frente a respuesta del Estado tras recomendaciones entregadas por el Consejo de Derechos Humanos de NNUU

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Frente a la respuesta del Estado de Chile en relación con las 266 recomendaciones realizadas por los Estados en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), realizado el 22 enero de este año por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos que:

  • Valoramos la aprobación de un total de 199 recomendaciones (74.81%) del total recibidas dando cuenta de una opción por fortalecer el avance de los derechos humanos en Chile. Esperamos, en este sentido, que dichas recomendaciones sean incorporadas al Plan Nacional de Derechos Humanos para su efectiva ejecución en los próximos cuatro años.
  • Nos preocupa que respecto de 49 recomendaciones (18.42%) el Estado haya tomado nota sin pronunciarse al respecto, en particular porque ellas refieren en su mayoría a la adopción y ratificación de tratados internacionales de derechos humanos que amplían la protección de los derechos para las personas que habitan en el territorio. No resulta válido alegar para no aprobarlas que ello es una atribución del Congreso Nacional, siendo el poder ejecutivo en su calidad de co-legislador quien imprime el ritmo y obligatoriedad de tramitación en dicha instancia. Ante la comunidad internacional el Estado es uno y responde por las actuaciones de todos los poderes del Estado en dicho foro.
  • Rechazamos la desaprobación de 18 recomendaciones (6.76%) que refieren a adoptar medidas contra el racismo y la xenofobia, la aplicación de la Ley Antiterrorista, el abuso policial, la implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo y la descriminalización de todo tipo de aborto voluntario. Se trata en estos casos de situaciones violatorias a los derechos humanos que afectan miles de personas en Chile, y que corresponden a grupos históricamente discriminados o vulnerabilizados. Respecto de ellos, el Estado tiene una obligación reforzada de protección que debe traducirse en enmiendas a las normas, políticas y programas que actualmente se les aplican.

Por último, manifestamos nuestra indeclinable vocación por la promoción y la defensa de los derechos humanos de todas las personas y colectivos, la que haremos presente en el monitoreo de las recomendaciones aprobadas, pendientes y rechazadas, las que además se inscriben en el compromiso de Chile con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su Agenda 2030.

Firman:

  • Corporación Humanas
  • Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio
  • Centro de Estudio de la Mujer (CEM)
  • Colectivo Sin Fronteras
  • Coordinadora Autónoma Contra la Violencia
  • Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS)
  • Corporación Opción
  • Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas
  • Fundación Down 21 Chile
  • Fundación Instituto de la Mujer
  • Movimiento Acción Migrante (MAM)
  • Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC)
  • Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC)
  • Observatorio de Derechos Humanos y Legislación
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Senado aprueba idea de legislar el derecho de filiación para familias lesbomaternales y homoparentales

Senado aprueba idea de legislar el derecho de filiación para familias lesbomaternales y homoparentalesTras ser aprobado con tres votos a favor y dos en contra, el proyecto de derechos filiativos quedó en condiciones de ser discutido y votado por la sala de la Cámara Alta. “Este proyecto pone fin a nuestra inexistencia legal como familias lesbomaternales, transparentales u homoparentales”, señalaron desde la agrupación Visibles. A pesar de ser aprobado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dejó en claro que el Ejecutivo “no es partidario de legislar en los términos que se propone en esta moción”, considerándola “inconveniente y deficiente en su contenido”.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión especial de infancia y adolescencia del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que regula el derecho de filiación de hijas e hijos de parejas homosexuales.

La iniciativa ingresada por agrupaciones lésbicas y feministas, fue presentada por los senadores Isabel Allende, Alfonso de Urresti, Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber y Adriana Muñoz.

De esta manera, el proyecto de derechos filiativos quedó en condiciones de ser discutido y votado por la sala de la Cámara Alta.

Cabe destacar que durante la exposición ante la comisión, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que el Ejecutivo “no es partidario de legislar en los términos que se propone en esta moción por considerarla como inconveniente y deficiente en su contenido”.

A pesar de esto, agrupaciones como Lésbica Rompiendo el Silencio, Corporación Humanas; y las colectivas Visibles y Familia es Familia, celebraron la aprobación de su iniciativa.

“Es un hecho histórico para la comunidad LGBTI“, expresó la directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Érika Montecinos.

Por otra parte, desde la agrupación VisibLES explicaron en un comunicado que “el matrimonio de las madres y de los padres no puede determinar la existencia de los derechos de los hijos”.

Y así lo confirma la reforma de 1998, donde el reconocimiento y filiación ya no están determinados por un vínculo matrimonial. 

“Este proyecto de Derechos Filiativos pone fin a nuestra inexistencia legal como familias lesbomaternales, transparentales u homoparentales”, añadieron desde la agrupación lésbica VisibLES.

Publicado por Braga El Mostrador

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Monitoreo social: obstáculos para mujeres en las causales de aborto y un atentando a su derecho a decidir

“La ruta de las mujeres es una ruta de obstáculos”, así lo demuestra el Monitoreo Social a la Ley de Aborto en 3 Causales, realizado por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, a personal y usuarias del sistema público de salud en siete territorios del país: Antofagasta, Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Aysén.

En primer lugar, claramente la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una prestación de salud no informada, tanto hacia la comunidad como hacia las mujeres que califican en alguna de las tres causales. Esto afecta especialmente a las niñas y adolescentes ya que, si sufren una violación y desconocen las opciones con las que cuentan, no se cumple el objetivo de la ley.

A esto se suma la falta de información y capacitación al propio personal de salud. Sólo se informa y capacita a quienes están directamente involucrados con la prestación de salud. No existe una política desde el Ministerio diseñada para superar los problemas asociados al desconocimiento y la desinformación, lo que crea inseguridad y temor, reduciendo el compromiso de los equipos y estigmatizando a quienes trabajan en el acceso a la IVE.

Otro gran problema es la objeción de conciencia (OC), declarada o no declarada, que constituye un obstáculo en la entrega de la prestación, contribuyendo a dificultar el acceso a un derecho establecido por ley. Pareciera que no hay costos para los médicos objetores, mientras el peso recae en las propias mujeres y en el resto de los equipos de salud. En la actualidad, con la cantidad de objetores existentes, IMG_2051contratados por la autoridad sanitaria, no es posible cumplir la ley.

De igual manera, tampoco se asegura que la decisión esté radicada en la usuaria. En muchos casos, en la primera y segunda causal la voluntad de la mujer desaparece ante la decisión de los equipos médicos. En la tercera causal la dificultad pasa por la constante sospecha sobre el relato de las mujeres adultas, con lo que muchas veces no se acredita la causal o se generan retrasos pueden terminar en situaciones críticas respecto a los plazos para interrumpir el embarazo.

El Estado debe asegurar la decisión de las mujeres en el momento oportuno y no exponerlas a riesgos innecesarios.

En suma, si bien la ley apunta a consolidar un nuevo paradigma centrado en la autonomía de la mujer y respeto a sus decisiones, este monitoreo demuestra que, en los territorios observados, sólo se han establecido los mínimos, con lo que no se materializa este estándar. Esto no es sólo un tema legal, incide directamente la salud y la vida de las mujeres.

En ese sentido las organizaciones que conforman la Mesa de Acción por el Aborto en Chile demandan de las autoridades competentes cumplir con la ley y adoptar medidas urgentes para que las niñas, adolescentes y mujeres en estas causales puedan hacer uso del derecho reconocido en condiciones dignas, contando con una atención oportuna y de calidad.

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