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Organizaciones feministas presentan investigación sobre instituciones de igualdad, transparencia y políticas de género en América Latina

La investigación resulta relevante en un contexto donde los movimientos fundamentalistas antiderechos están avanzando en la región.
Se evaluó si las políticas públicas, los cambios normativos y las prácticas de las instituciones son congruentes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

retos y oportunidades-VFLas organizaciones que conforman la Articulación Regional Feminista investigaron a las instituciones responsables de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y de llevar adelante las políticas de género, en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México y Perú.

¿Qué acciones ejecutan las instituciones en los distintos países de la región para disminuir la desigualdad de género? ¿A qué retos y oportunidades se enfrentan las mujeres? Los resultados de la investigación se encuentran reflejados en el informe Retos y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en América latina: una mirada a través de la transparencia que se presentará en los distintos países que participaron de la iniciativa entre los meses de marzo y mayo de 2019.

“Es objetivo de esta investigación que la información obtenida sea útil a la sociedad civil, de manera que pueda exigir que las autoridades rindan cuentas y creen políticas públicas que disminuyan la desigualdad entre hombres y mujeres, para que estas acciones no se queden en meras simulaciones”, afirman las organizaciones en el informe.

Las instituciones que fueron evaluadas en el marco de la investigación fueron: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en Argentina; el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en Bolivia; el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile; la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en Colombia; el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en México; y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú.

La información que se presenta en el documento fue recolectada analizando los mecanismos de transparencia de los Estados. Por un lado, se analizó la transparencia activa, es decir, toda aquella información que se encuentra en los documentos públicos de las instituciones y portales oficiales con acceso público. Por otro lado, la información obtenida a través de transparencia pasiva, es decir, a través de solicitudes de acceso a la información y derecho de petición. En los países que se reportan dentro del estudio se encontraron prácticas de transparencia activa muy exitosas, como es el caso de México, Bolivia y Chile.

En relación con las poblaciones destinatarias de las políticas públicas implementadas por los distintos organismos, en Argentina, Colombia y México son exclusivamente las mujeres, mientras que Chile cuenta con objetivos que incluyen también a los varones. Una población más amplia conformada por mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, juventud, personas adultas mayores y personas con discapacidad es alcanzada en Bolivia y Perú, que incluyen también incluye a personas desplazadas, migrantes internos y población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

Una de las preguntas fue sobre los conceptos de género e igualdad que utilizan las instituciones evaluadas. En este sentido, destacan Bolivia -donde la definición de género, en lugar de provenir de marcos internacionales, tiene características específicas del país- y Perú -el único país donde el concepto de igualdad aparece definido de manera explícita-.

Al observar los objetivos y funciones de las instituciones, las organizaciones identificaron que el enfoque de los Estados para aproximarse a la problemática cambia de manera importante en los países de la región, por lo que es posible encontrar instituciones enfocadas específicamente en la erradicación de la violencia, así como algunas cuyo fin principal es la transversalización de la perspectiva de género, entre otras.

Uno de los retos comunes a todos los países se vincula con el presupuesto asignado para el desarrollo de las actividades de las instituciones, ya que falta información accesible y suficientemente desagregada que permita hacer análisis significativos de las cifras destinadas a la igualdad de género.

El documento finaliza con una serie de recomendaciones de las organizaciones feministas, como: “es indispensable dimensionar el legítimo valor y las implicaciones de institucionalizar la perspectiva de género en los países de la región”. Para esto, afirman: “es necesario consolidar instituciones diseñadas con autonomía de gestión, pero que también tengan suficiente impacto para que sus acciones repercutan en todos los órdenes estatales”.

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“De Una Vez Por Todas”: Lorena Fries conversa con Sofía Brito, feminista e investigadora de Nodo XXI

De una vez por todas” Lorena Fries conversa con Sofia Brito, investigadora de Nodo XXI

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Contra la vigilancia masiva en los espacios públicos del “Sistema de televigilancia móvil”

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Las organizaciones e individuos firmantes expresamos nuestra preocupación y rechazo por las medidas de vigilancia pública anunciadas por el gobierno de Chile.

El martes 18 de marzo de 2019, el presidente Sebastián Piñera puso en marcha el “Sistema de televigilancia móvil” en la Región Metropolitana, enmarcado en el plan “Calle Segura” y que mediante aeronaves no tripuladas (también conocidas como drones) vigilará el espacio público con el fin de combatir la delincuencia. Se trata de ocho drones dotados de cámaras de alta definición, con tecnología de reconocimiento facial y capacidad de grabar y transmitir las imágenes en tiempo real. El monitoreo se hará desde las oficinas de la Intendencia y se planea su extensión a todo el país en 2020.Este sistema viola derechos fundamentales y representa un retroceso significativo del Estado chileno en materia de derechos humanos.

  • El sistema es ilegal. No existe una habilitación legal expresa que autorice el reconocimiento de personas con fines de vigilancia[2] y tampoco existen anuncios de un proyecto de ley que lo habilite. Si para poner en funcionamiento los controles de identidad preventivos, el ejecutivo entiende que se requiere una habilitación legal expresa, por la limitación del ejercicio de garantías constitucionales que implican, del mismo modo debió prever que el desarrollo de una política basada en el despliegue de tecnologías de vigilancia altamente intrusiva necesita de un debate democrático previo en el Congreso, orientado a balancear la protección de los derechos fundamentales en juego. La falta de una legislación adecuada para la protección de datos personales y para la prevención de los abusos policiales -como los ocurridos en casos como Operación Huracán- agravan esta situación de ilegalidad y falta de mecanismos de control.
  • El sistema es inconstitucional. Al mantener a la sociedad vigilada en el espacio público, sujeta al escrutinio y registro constante, el sistema amenaza los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales (Art. 19 nº 4), a la inviolabilidad del hogar (Art. 19 nº 5), a la libertad de movimiento (Art. 19 nº 7), a la libertad de reunión pacífica (Art. 19 nº 13) y a la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos (Art. 19 nº 3). Al no existir autorización constitucional ni legal expresa, ni control judicial alguno, se afecta inconstitucionalmente la esencia de tales derechos, contraviniendo lo prescrito en el Art. 19 nº 26.
  • El sistema es ineficaz, ineficiente y propenso a errores. Incontables estudios, incluyendo la experiencia reciente en Chile,[4] dan cuenta de que el reconocimiento facial es altamente falible. Del mismo modo, no existe una correlación significativa entre el descenso de la criminalidad y la presencia de estos aparatos. Ni el sector oriente de Santiago ni la región de Antofagasta -donde, desde diciembre de 2018, ha operado el piloto de este programa- han mostrado cambios significativos en las tendencias de criminalidad.
  • El sistema facilita abusos de la autoridad. Los sistemas de reconocimiento facial han facilitado la institucionalización de sesgos asociados a la clase social y el color de la piel[6], y refuerzan prejuicios sociales, manteniendo sistemas de persecución criminal discriminatorios y basados en la sospecha del otro. El plan inicial cubre comunas de nivel socioeconómico predominantemente medio y bajo, con lo que amenaza reforzar discriminaciones existentes sobre la población menos privilegiada y su estigmatización.
  • El sistema carece de legitimidad. No existen estudios que avalen la necesidad ni la proporcionalidad de las medidas anunciadas. Tampoco existen estudios de impacto sobre derechos humanos que avalen las medidas, ni han existido mecanismos de participación pública en su formulación. La ausencia de autorización legal en la materia requiere de un debate democrático en el Congreso previo a la implementación de esta tecnología.
  • El sistema carece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La autoridad no ha informado qué tecnología se usa para el reconocimiento facial, cuáles pruebas de errores se han realizado y cuáles han sido sus resultados, ni cómo se hará esa evaluación en el futuro. Tampoco ha anunciado qué medidas técnicas y organizativas se adoptarán para resguardar la seguridad de la información recogida por las aeronaves, ni qué resguardos existen en caso de abuso por quienes operen la tecnología. Un ejercicio de función pública sin transparencia y rendición de cuentas es inaceptable.

En síntesis, el sistema de videovigilancia es contrario a los derechos humanos. Además de ser contrario a la ley y a la Constitución, el sistema desconoce las obligaciones adquiridas por el Estado chileno en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ignora las recomendaciones de los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión y para la Privacidad de la Organización de las Naciones Unidas, como también las de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las del Grupo de Trabajo de Protección de Datos de la Unión Europea (G29, Dictamen 3/2012) [7]. Incumple con principios de alto nivel y omite la opinión especializada sobre la materia.[8]

Recomendaciones

Las organizaciones e individuos firmantes instamos al gobierno de Chile a:

  1. Detener el proceso de implementación de videovigilancia aérea mediante drones y poner fin al programa “Calle Segura” mientras no existan evaluaciones transparentes y abiertas, como también discusión pública sobre la necesidad, conveniencia y licitud de las medidas propuestas.
  2. Ordenar la realización de análisis previos de impacto en derechos humanos de las propuestas sobre tecnología de vigilancia y seguridad pública, y evaluación periódica de sus resultados, en procedimientos transparentes, visados por expertos independientes.
  3. Impulsar con urgencia la reforma a la normativa sobre protección de datos personales, incluyendo la formación de una autoridad pública de control, autónoma y con facultades amplias de fiscalización, intervención, interpretación y sanción, desde una perspectiva de protección de los derechos fundamentales. Del mismo modo, impulsar una reforma profunda a las instituciones policiales, que permitan un control democrático y la prevención de los múltiples abusos en el uso de tecnologías de vigilancia, para ceñirlas a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Suscriben:

  • Derechos Digitales · América Latina
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  • Amnistía Internacional – Chile
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  • Domingo Lovera, abogado y académico UDP.
  • Patricia Peña, académica, Coordinadora Diplomado en Comunicación Digital ICEI Universidad de Chile.
  • Paz Becerra, abogada.
  • Pablo Ortega Manosalva, abogado.
  • Sebastián Saavedra Cea, abogado.
  • Karina Riquelme Viveros, abogada.
  • Natividad LLanquileo Pilquiman, abogada.
  • Pamela Nahuelcheo Queupucura, abogada.
  • Marlenne Becker Marín, trabajadora social.
  • Cristopher Corvalán Rivera, abogado.
  • Eduardo Painevilo Maldonado, abogado.
  • Carolina Contreras Rivera, abogada.
  • Luis Cordero, abogado y profesor de derecho administrativo – Universidad de Chile.
  • María Jaraquemada, abogada.
  • Mauricio Duce, abogado y académico UDP.
  • Pedro Anguita, abogado.
  • Tomás Jordán Díaz, abogado y académico Universidad Alberto Hurtado.
  • Verónica Encina, abogada.

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[1] “Presidente Piñera lanzó sistema de vigilancia con drones en la Región Metropolitana”, https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-lanzo-sistema-de-vigilancia-con-drones-en-la-region-metropolitana/[2] Cordero Vega, L. (2015). Videovigilancia e intervervención administrativa: las cuestiones de legitimidad. Revista de Derecho Público, (70), pp. 359-376.[3] Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada, Art. 10.[4] «[A]demás la PDI informó que entre mayo y junio pasado se realizaron pruebas al sistema, que concluyeron que el 90% de las identificaciones de rostro fueron falsos positivos (identificación de persona errónea)». “¿Dónde quedan las imágenes de reconocimiento facial de los malls?”, Las Últimas Noticias, 14 de marzo de 2019, p. 10.[5] “Subsecretaría de Prevención del Delito e Intendencia de Antofagasta implementan drones de vigilancia en la región”,  http://www.seguridadpublica.gov.cl/noticias/2018/12/14/subsecretaria-de-prevencion-del-delito-e-intendencia-de-antofagasta-implementan-drones-de-vigilancia-en-la-region/[6] Propublica (2016). Machine Bias. https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing[7] Opinion 3/2012 on developments in biometric technologies, Article 29 Data Protection Working  Party https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_en.pdf[8] “Propuesta de estándares legales para la vigilancia en Chile”, https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/propuesta-estandares-legales-vigilancia-chile.pdf

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Llamado a concurso para 3 cargos Plataforma de incidencia y acción para el avance de los derechos de las mujeres en Chile

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La plataforma de incidencia y acción para el avance de los derechos de las mujeres en Chile es una iniciativa impulsada por Corporación Humanas y Comunidad Mujer con apoyo de la Unión Europea, a través de un convenio de subvención y asistencia técnica. El proyecto propone articular a diversas organizaciones de mujeres de la sociedad civil, en torno a acciones que promuevan una mayor igualdad de género, teniendo como un propósito relevante el incidir en la agenda pública impulsando propuestas de política pública, legislativa y acciones territoriales que logren priorizar y promover avances sustantivos en torno los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda 2030.

La iniciativa se enfocará en torno a 3 ejes estratégicos: 1) Prevención y erradicación de la violencia hacia mujeres y niñas; 2) Autonomía económica y 3) Participación y representación política.

En este contexto se requiere la contratación de tres personas, que se integren al equipo de trabajo del proyecto y contribuyan directamente al cumplimiento de los objetivos propuestos. Los cargos son los siguientes: 1) Coordinación; 2) Periodista y; 3) Administración y contabilidad.

Invitamos a quienes cumplan con todos los requisitos establecidos a postular, a través del envío de CV, pretensiones de renta y una carta motivacional al correo electrónico proyectos@comunidadmujer.cl El plazo para la recepción de las postulaciones es hasta el 14 de abril de 2019.

Más información sobre la convocatoria en el siguiente enlace

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“De Una Vez Por Todas”: Lorena Fries conversa con Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas

De una vez por todas” Lorena Fries conversa con Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas

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“De Una Vez Por Todas”: Lorena Fries conversa con Alondra Carillo, vocera Coordinadora 8M

Debutando en “De una vez por todas” Lorena Fries conversa con Alondra Carillo, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo

Escúchanos todos los días lunes de 14:00 a 15:00 horas en Radio USACH (94.5FM). Una alianza entre Radio Universidad de Santiago y Corporación Humanas.

 

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Control de identidad y derechos humanos

Por Lorena Fries Monleón, presidenta de Corporación Humanas

Una vez más hay que salir a explicar porque no a la modificación al ya existente y controvertido control de identidad. No es fácil ir contra el sentido común que exige más y más seguridad incluso a costa de restringir libertades individuales, en este caso de menores de 18 años. Intentémoslo ya no desde la ineficacia de la adopción de dicha medida, ya ampliamente establecida en base a evidencia, sino que desde el riesgo que tiene legislar en materias sensibles a los derechos humanos, “porque la ciudadanía lo pide”.

La seguridad es un derecho humano a la que las personas deben poder acceder sin discriminación y gozando de entornos seguros. Esto obliga a los gobiernos a tomar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para garantizar a toda la población la seguridad, posibilitando el pleno desarrollo individual y colectivo, liberados/as del temor que la inseguridad genera en los espacios públicos y privados. Los Estados no pueden hacer cualquier cosa para cumplir con esta obligación, por ejemplo, imponer un toque de queda para que la población se sienta más protegida porque se estaría afectando su derecho a transitar libremente a las horas que estimen y  por los espacios públicos que decidan. Más aún, los Estados no podrían señalar a un grupo en particular y limitarle sus derechos como en el caso ficción de una prohibición de tránsito nocturno para las mujeres de manera que se sintieran más seguras. En ambos casos por lograr la concreción de un derecho estaríamos vulnerando otro. Los derechos humanos son universales y no tienen jerarquías entre ellos.

Un poco menos evidente es la afectación de derechos en el control de identidad, en el sentido de que, al menos en la ley, se aplica a todes por igual y pareciera que no cercena derecho alguno. Sin embargo, ello no es efectivo porque por una parte el Estado, a través de sus policías, asume respecto de todos una sospecha generalizada, cuestión que desde ya no se condice con  la idea de ciudadanos libres y respecto de los cuales el Estado debe respetar y garantizar sus derechos, mientras no cometamos algún acto contrario a la ley y porque el derecho a la honra, la intimidad e incluso a tránsito se ven afectados, aunque fuera por un par de minutos. Sí además de esto consideramos que las leyes no son abstractas y operan en contextos determinados, no habiendo parámetros o indicios para hacer el control de identidad, este depende de otros criterios en el que los estereotipos juegan un rol determinante. Así, un policía “x” realizará dicho control a quien le “parezca sospechoso o sospechosa” a falta de indicios objetivos. Si ejemplificamos esa sospecha en La Araucanía será a los/las mapuche; en las manifestaciones será a jóvenes, en los barrios altos a quienen no viven ahí, migrantes y/o pobres en el centro de las ciudades. Esta conducta lo que va a reforzar es la estigmatización que recae ya sobre dichos grupos y finalmente acrecentar los niveles de segmentación y discriminación.

Publicado por El Mostrador

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Ley Modelo propone actualizar la legislación sobre femicidio/feminicidio en la región

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Washington DC. El pasado viernes 15 de marzo de 2019 se lanzó oficialmente la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio), documento que busca crear o actualizar la legislación en la región, así como fortalecer las acciones integrales de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación para garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, tal como lo establece la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por 32 Estados de la región.

El encuentro fue inaugurado por Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quién destacó la importancia de redoblar los esfuerzos para combatir los femicidios en la región. Rita Segato, reconocida antropóloga argentina que dictó una conferencia magistral sobre el origen de la muerte de mujeres por razones de género, señaló que “la capacitación a estudiantes de derecho y publicidad es fundamental para combatir los femicidios y contribuir con el cambio cultural”.  Posteriormente, Sylvia Mesa, Presidenta del Comité de Expertas del MESECVI, y Paula Narvaéz, Asesora de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y El Caribe, presentaron los detalles de la Ley Modelo y el trabajo conjunto entre los mecanismos para materializar este instrumento.

Noelia Díaz Esquivel, Secretaria General del Sindicato de Periodistas de Paraguay, y Arlette Contreras, abogada e inspiradora del movimiento Ni Una Menos en Perú, compartieron sus testimonios y la situación en sus respectivos países. Ambas, además de ser destacadas activistas y defensoras de derechos humanos, son sobrevivientes de intentos de femicidio que han tenido que enfrentar la exposición mediática, la impunidad en los procesos judiciales y la revictimización producto de la violencia institucional y mediática.

El evento contó también con la participación de Liriola Leoteau, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá (INAMU) y Presidenta del MESECVI; Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la CIM; Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI; y Rosa Celorio, Vice-Decana de Derecho Internacional y Profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de George Washington.

El femicidio es la expresión más extrema e irreversible de la violencia y discriminación contra las mujeres, radicalmente opuesto a todos los derechos y garantías establecidos en las legislaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Así lo ha reiterado el Comité de Expertas del MESECVI, a través del Tercer Informe Hemisférico sobre Prevención.

El evento completo aquí y las fotos aquí.

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Objeción de conciencia ¿Compromiso con los derechos de las mujeres?

Por Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas

Hace exactamente un año, cuando solo habían trascurrido 10 días de asumido el Gobierno del Presidente Piñera en su segundo mandato, su ministro de Salud derogaba el protocolo de objeción de conciencia dictado por la autoridad ministerial de la Presidenta Michelle Bachelet en cumplimiento de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Preocupación y malestar causó que no se dieran a conocer los antecedentes que motivaron la intempestiva modificación.

El nuevo protocolo eliminó la exigencia impuesta a las personas jurídicas de fundamentar la objeción de conciencia en los valores o ideario de la institución contenidos en sus respectivos estatutos, requisito necesario dado que ser reconocido como objetor permite abstenerse de brindar prestaciones de salud que la ley reconoce a las mujeres.

También se suprimió el impedimento para ser considerados objetores institucionales a los establecimientos privados de salud adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud en virtud de convenios suscritos con la autoridad sanitaria, restricción lógica dado el carácter de función pública que desarrollan y los recursos públicos que se le entregan para ello.

Asimismo, se flexibilizó la objeción de conciencia personal, eliminando algunas restricciones y regulando que frente a determinadas omisiones en la información entregada se presume la calidad de objetor.

Es decir, desde todo punto de vista, la nueva regulación sobre objeción de conciencia constituyó un retroceso en el mandato de “asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo” contenido en la ley.

Frente a ello, numerosos requerimientos de ilegalidad fueron presentados ante la Contraloría General de la República por senadores/as y diputados/as de oposición, así como por organizaciones de la sociedad civil y gremios de la salud.

En mayo de 2018, el protocolo de objeción de conciencia del Ministro Santelices fue declarado ilegal, especialmente por haber incluido a establecimientos privados que desarrollan una función pública y por haber sobrepasado el carácter excepcional de la objeción de conciencia.

Además, la Contraloría obligó a regular la objeción de conciencia mediante un reglamento, sometido a control de legalidad o toma de razón, en lugar de una mera resolución ministerial.

Mientras las autoridades adecuaban el nuevo reglamento a lo señalado, se conoció que un altísimo número de profesionales optaba por excusarse de atender a mujeres y niñas comprendidas en alguna de las tres causales de aborto legal: uno de cada dos obstetras de hospitales públicos se declaró objetor en la causal violación sexual (47,2%), uno de cada cuatro en caso de inviabilidad fetal (27,3%) y uno de cada cinco en caso de riesgo vital (20,3%).

En definitiva, el nuevo reglamento reforzó la amplia invocación de la objeción de conciencia tanto a equipos de salud como a personas jurídicas, incluso sin necesidad de aducir un ideario institucional para ello.

Se eliminó la obligación de contar con equipos no objetores en cada establecimiento de salud y la de asumir los costos que implica la derivación de una mujer a otro establecimiento cuando no se cuenta con dichos profesionales, que sí se establecía anteriormente.

Igualmente se omiten las obligaciones de capacitar a los equipos tratantes y la regulación de las obligaciones que corresponden a los profesionales o técnicos que se acogen a la objeción de conciencia.

Pese a la amplitud de la objeción de conciencia en el nuevo reglamento, parlamentarios/as de la coalición oficialista acudieron al Tribunal Constitucional invocando una supuesta vulneración de la autonomía de los cuerpos intermedios, entre otras argumentaciones.

Frente a ello, las autoridades de gobierno, en lugar de priorizar la protección de los derechos de las mujeres, optaron por defender los derechos de prestadores institucionales.

De ello derivó que el Tribunal Constitucional, en definitiva resolviera excluir del reglamento la norma que impedía la objeción de conciencia institucional a establecimientos privados que han celebrado convenios con el ministerio de Salud y brindan prestaciones de ginecología y obstetricia en pabellón y además señalara que los establecimientos privados no están obligados a brindar las prestaciones que establece la ley, aun sin acogerse a la objeción de conciencia institucional.

Actualmente, no se dispone aún de información actualizada sobre el número de profesionales del sistema público objetores de conciencia, lo que dificulta la posibilidad de evaluar el impacto de una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder al aborto legal en tres causales.

Especialmente alarma constatar que las autoridades gubernamentales reconozcan como objetores institucionales a determinados centros de atención primaria de la Universidad Católica que, en conformidad a la regulación del ministerio de Salud, no se encuentran habilitados a la práctica de la interrupción del embarazo (única hipótesis en que se permite invocar la objeción de conciencia), pero sí en cambio resulten claves en la detección de casos, entrega de información a las pacientes y derivación oportuna a establecimientos habilitados.

Ello no es propio de autoridades que han señalado, incluido el Presidente y diversos Ministros/as que están comprometidos con la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género entre hombres y mujeres.

Publicado por Cooperativa