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Políticas penitenciarias con perspectiva de género

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Entrevista con Olga Espinoza sobre criminalidad femenina y privación de libertad.

La abogada peruana Olga Espinoza dedicó la mayor parte de su carrera a investigar sobre política penitenciaria, seguridad ciudadana, Justicia Penal y reinserción social en Chile, donde vive desde hace más de una década. Hoy es profesora de la Escuela de Gobierno del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile e integra el Comité Directivo de la Cátedra de Derechos Humanos de la misma institución. El currículum de Espinoza incluye estudios específicos sobre la criminalidad femenina y las particularidades de la reinserción social de mujeres privadas de libertad. A la hora de pensar en el enfoque, habla de una criminología “feminista”, “interseccional” y “relacional”, en contraposición a la criminología tradicional que –dice– fue “pensada por hombres mirando hombres”.

La especialista fue una de las convocadas por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado para exponer en el Congreso Latinoamericano de Políticas Pospenitenciarias que tuvo lugar el 13 y el 14 de junio en Montevideo. Minutos después de su ponencia, habló con la diaria sobre todos estos temas.

Tu ponencia en el congreso estuvo centrada en las políticas públicas que apuntan a la reinserción social de las personas privadas de libertad. ¿Cómo ves el panorama en América Latina?

En términos generales, en América Latina tenemos cada vez más la exigencia de desagregar programas que entreguen resultados y que sean efectivos, además de eficaces, en la reducción de la reincidencia como una forma de garantizar la reinserción social. Esta exigencia ha llevado a que entre las dificultades múltiples en las que se ejecuta la política penitenciaria introduzcamos algunos elementos para ir mostrando evidencias. Está bien introducir programas que se enfoquen en ese objetivo y que introduzcan las tendencias teóricas más avanzadas, ya sea con fondos propios o con fondos externos. Pero es fundamental que este tipo de experiencias no sean sólo pilotos o anécdotas dentro de una dinámica de funcionamiento caótico, que es lo que sucede normalmente en nuestro contexto. Porque termina pasando que para algunos pocos programas introducimos el estándar más alto de reinserción y en el resto estamos terriblemente mal. Entonces, cómo manejamos eso es el gran desafío que tienen los hacedores de política pública y los que la implementan.

¿Cuáles son las políticas públicas que pueden asociarse a la seguridad y la rehabilitación?

Cuando nosotros comenzamos a trabajar y a dialogar en una lógica de políticas de seguridad, en las que ya no solamente está la mirada del delito en términos generales sino más bien entendiendo que este delito es parte de un componente que transmite sentimientos y sensaciones de inseguridad o miedo a la comunidad, se comienza a desarrollar políticas que se comprenden en distintos planos o niveles. Muchas políticas se desarrollan en el plano de la prevención, por ejemplo aquellas que apuntan a la disminución de la violencia de género o la violencia escolar, o aquellas que pretenden la disminución de hábitos asociados al consumo problemático de drogas, que son amplias, generales. Cuando estas políticas no funcionan, se ejecutan políticas de control. La Policía y el Poder Judicial son protagonistas de estas políticas, que apuntan a captar a las personas que han desarrollado acciones que transgreden derechos. Este plano de control es un plano fuerte y de gran inversión, pero es una primera etapa dentro de otro plano que es necesario trabajar. Porque tú controlas, captas a la persona, la detienes, ¿y luego qué haces? Tienes que hacer cosas. A partir de ahí se pasa al siguiente plano, que es el de la reinserción social. Este es un plano en el que como Estado le das un sentido al control, puesto que el control per se es insuficiente. Entonces generas este tercer nivel de acciones para intentar fomentar conductas que se manifiesten luego en una integración positiva a la comunidad.

¿Los impactos del encierro varían según el género?

Son definitivamente distintos. Son distintos porque socialmente las mujeres no tenemos el mismo nivel de socialización, de inserción, de valoración, entonces las exigencias de ser “buenas mujeres” que se nos hacen –y, por lo tanto, la necesidad de castigarnos cuando salimos de ese esquema– se manifiestan de una manera muy explícita en el contexto de encierro. De una manera muy concreta, partiendo del abandono. Me refiero al abandono familiar pero también al abandono social justificado, entre otras cuestiones, por el menor número de mujeres privadas de libertad, pero en el fondo también justificado porque una mujer presa es una mujer catalogada de “mala”, una mujer que fracasó, que no fue una buena madre, ni una buena hija, ni una buena esposa. En resumen, no fue una buena persona. Entonces ese rechazo se manifiesta de una manera más explícita, que es distinto al rechazo que viven los hombres, porque no hay esta connotación valórica tan explícita. Porque a él se le sigue queriendo, porque se equivocó, sí, ya, pobre, qué pena, démosle apoyo. Socialmente, no hay esa resistencia. Pero ser mala madre… eso no se perdona.

¿Cuáles son las particularidades a considerar a la hora de pensar en el diseño y la implementación de programas de reinserción social de mujeres privadas de libertad?

Hay algunas cuestiones importantísimas. Hace algunos años desarrollamos una investigación en la que evaluamos todos los programas de reinserción que se ejecutaban en Chile pero, además, los programas que en otros contextos –sobre todo anglosajones– habían dado resultado. ¿Cuáles son las características más importantes? En general, por supuesto que hay que fomentar el trabajo, porque todo el mundo quiere trabajar. Sin embargo, ¿cuánto de ese trabajo está asociado con mantener el rol social valórico de ser una buena persona? Claro que todo el mundo quiere que sea una buena persona, pero cuando te convierto en una buena madre más que en una buena persona o ciudadana, te estoy imponiendo un formato de mujer ideal tradicional. Entonces hay algunos elementos que son fundamentales de abordar además de los tradicionales como brindarle trabajo y educación a esa mujer. Por ejemplo, tener la posibilidad de problematizar la desigualdad de género, porque eso permite evitar la ingenuidad de imaginar que al salir va a haber un escenario color de rosas para acoger a la mujer que está egresando de la cárcel. El escenario puede ser mucho más complejo. En un trabajo muy interesante que están desarrollando unas colegas en Chile, se está haciendo un acompañamiento del proceso de inserción de un grupo de mujeres por un largo trayecto. Una de las cosas más interesantes que sale es que la mujer decide reinsertarse pero, en ese proceso de reinserción, a poco andar, vuelve a reincidir y fracasa. ¿Por qué? Porque primero genera grandes expectativas en la cárcel; ella decidió que ahora ya no iba a fracasar, que iba a ser una buena madre, pero, claro, sale y no tiene trabajo, no tiene espacio para vivir, su contexto familiar es hostil o tiene un compañero que la rechaza y ejerce violencia contra ella, entonces se generan condiciones extremadamente difíciles que terminan provocando más fácilmente su reincidencia. Hay que centrarse en estas cuestiones también a la hora de armar políticas públicas. No basta con entregar trabajo y educación. Hace falta también que en términos de análisis crítico estas mujeres sean conscientes de las desigualdades para que al menos puedan advertirlas cuando estas se manifiesten.

En un trabajo sobre mujeres privadas de libertad hacías referencia a la “criminología feminista”. ¿En qué consiste?

La criminología feminista es una vertiente de la criminología más crítica, más progresista, que sale del establishment criminológico tradicional. En el fondo, lo que hace es poner en cuestión el hecho de que la producción criminológica se ha generado por hombres y mirando hombres, y a partir de ese modelo hace una proyección de universalidad y neutralidad que no es real. Entonces, como primer punto plantea que la criminología tradicional es androcéntrica, es decir, pensada, diseñada y desarrollada en torno a hombres. Pero además cuestiona la autosuficiencia de la criminología para resolver los temas criminológicos y te provoca y te invita a trabajar en lógicas totalmente interdisciplinarias, entendiendo que la complejidad del fenómeno es mucho más amplia. También es una criminología que pone énfasis en lo relacional, en entender que cuando estoy investigando a otros estoy en una posición de poder determinada respecto de esas personas, y que para trabajar de manera más adecuada tengo que ser capaz de generar empatía con ese otro, y en esa empatía también garantizar dignidad. No puedo solamente objetivizar a ese otro a quien estoy investigando. Por último, pone en relieve la necesidad no solamente de mirar mujeres, sino también de observar a todos los otros grupos que se encuentran en una condición de menor poder o de mayor vulnerabilización. Entonces es un concepto que va más allá de la condición de las mujeres planteada por mujeres, sino que es mucho más relacional, completo e involucrador.

En el título de uno de tus libros hablás de un “proceso de concesión de beneficios intrapenitenciarios para la reinserción social”. ¿A qué te referís?

Hicimos un análisis de lo que son los mecanismos excarcelatorios. En Chile se les llama “beneficios intracarcelarios”, pero aquí se habla de la libertad condicional o la libertad asistida, que son estas formas de salir antes del término de la condena. Se trata de las cuotas de libertad progresiva que una persona va obteniendo en su tránsito a la libertad total. Entonces, lo que hicimos fue mirar qué pasaba en el plano internacional: cómo se concedían, qué dificultades existían, qué enfrentaban las personas, si correspondía, cómo se observaba el acompañamiento posterior, etcétera. Uno de los objetivos era intentar describir, observar, mirar cómo estaba funcionando. El plano descriptivo era fundamental, pues no se tenía conocimiento, y cuando no se sabe no se puede diseñar políticas públicas. Ese trabajo apuntaba entonces, en especial, a generar información para la política pública.

¿Qué pensás sobre la privatización de las cárceles y sobre el modelo de cárcel concesionada?

A priori, no hay un modelo totalmente malo y uno totalmente bueno. Es decir, no hay cárcel tradicional que sea necesariamente mejor per se que una cárcel concesionada, ni viceversa. Creo que hay algunos elementos que sí son fundamentales. Antes de establecer los elementos que es necesario considerar, hay una cuestión que es importante distinguir que va a favor de las cárceles tradicionales, que es que se contratan personas que tienen largas trayectorias. En la mayoría de los casos, se trata de personas con alto compromiso, porque no es un trabajo bien remunerado o con grandes satisfacciones, es un trabajo difícil, duro, complejo, con población difícil. Creo que el hecho de tener personas comprometidas es mucho más visible y mucho más común en cárceles tradicionales que en cárceles concesionadas o privadas, en las que se contrata a una persona para que cumpla una tarea, un determinado horario y luego va para afuera y no hace nada más. Este es un elemento muy importante. Pero salvo por esto, es fundamental que, más allá de que sea concesionada o no, las formas de contratación y de establecer las condiciones mínimas pasen por exigir no solamente el cumplimiento de determinados procesos, sino también resultados, y resultados que promuevan la inserción social. Entonces, en términos generales, creo que es necesario que existan altísimos niveles de fiscalización y supervisión en estas cárceles nuevas, para garantizar que están ajustándose a los principios y a los estándares mínimos de derechos humanos, de respeto a la dignidad, y que se esté efectivamente promoviendo una reinserción de calidad.

¿Cuánto repercute la situación de las cárceles en la seguridad ciudadana?

Muchísimo, es brutal. Creo que hay una relación importantísima porque, entre otras cosas, hay un grupo de personas que forman parte del flujo de egreso y retorno permanente; entonces, en tanto hay cárceles que no tienen ningún tipo de programas o actividades que generen propuestas de cambio en la vida de las personas, se está promoviendo la pronta convivencia de la comunidad con personas que van a seguir delinquiendo, y eso definitivamente incide directamente en nuestra percepción de seguridad o inseguridad.

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Mujeres privadas de libertad el 8M: “Si a una mujer le cuesta en esta vida, a una que está saliendo de la cárcel le cuesta el doble”

Violencia física y sicológica, control de sus vidas sexuales, malas condiciones de habitabilidad y programas de reinserción fallidos, son algunas de sus denuncias que realizan en el marco de la huelga feminista. En esta jornada ellas también estarán presentes.

Ayer se celebró el Día de la Mujer en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. En los pabellones se escuchaba a Quique Neira cantando “Armonía de amor”, pero el ambiente festivo se terminaba cuando las mujeres comenzaban a relatar sus demandas para este 8 de marzo.

Francisca tiene 28 años, es extranjera y fue condenada por narcotráfico. Cuando cruzó la frontera para buscar un futuro laboral en Chile dejó atrás a un hijo de tres años. Mamá soltera, al igual que su madre y su abuela, se sintió tentada ante la promesa del dinero y el amor que la arrastró al narcotráfico. Hoy cumple una condena de 10 años, se mira las manos que mantiene unidas sobre sus piernas, jamás sube la mirada y cuenta, “Lo más terrible es la soledad, extraño mucho a mi hijito. Tampoco puedo pensar en la libertad condicional porque no tengo donde llegar y nadie me va a dar trabajo con los papeles manchados. He pensado en pedir traslado para estar cerca de él, pero necesito un abogado o esperar algunos años que mis papeles los tomen en cuenta en la oficina de la cárcel. La vida acá es dura, sobre todo cuando eres extranjera, algunas gendarmes te maltratan o simplemente hacen como que no existes. Pero la mayoría somos mamás solteras que caímos porque necesitábamos dinero”.

La mayoría de las mujeres que hoy cumplen condena en Chile los hacen por narcotráfico o robo. Cerca del 96% de ellas son madres con un promedio de 3 a 4 hijos, de acuerdo a Gendarmería. A diferencia de los hombres que en su mayoría están vinculados a delitos violentos como homicidios y violaciones, son mujeres que salieron a la calle en búsqueda de oportunidades que la vida les negó. Todas comparten una misma condición: son pobres excluidas del sistema laboral.

De acuerdo la ONG LEASUR “a estas mujeres no solo se les priva de su libertad. Se las condena a una cárcel con condiciones denigrantes y precarias, en términos de habitabilidad, acceso a agua, salud (física y mental) y alimentación. Encontrándose expuestas a la violencia sexual, física y psicosocial que implica estar encarceladas, custodiadas por funcionarios de Gendarmería, y bajo constante presión social”.

Isabel tiene 55 años y conoce bastante bien el sistema penitenciario. Acusa el trato vejatorio que históricamente sufren tanto las internas como sus familias, “a nuestras visitas las hacen sacarse los sostenes si tienen un poco de relleno. Las gendarmes mayores las obligan a bajarse los calzones y hacer sentadilla. En la Peni, te pueden pedir abrir las piernas y mostrar frente a un espejo la vagina. Esto también ocurre en los allanamientos, las gendarmes se dejan caer de sorpresa, eligen a cualquiera, y las obligan a abrir el ano, eso nos hace sentir mucha rabia y vergüenza”.

La violación a sus derechos sexuales y reproductivos también es algo cotidiano. Las mujeres experimentan un control muy distinto al que viven los hombres en las cárceles de Chile, donde incluso se han denunciado redes de prostitución. “Nosotras para acceder a una visita conyugal debemos tener buena o muy buena conducta, el problema es que acá te castigan por todo, pero además para acceder a los venusterios te exigen demostrar una pareja estable, y si hay un cambio, tienes que esperar un tiempo e informar a Gendarmería, esto jamás pasa con los hombres, que
hacen lo que quieren en sus camaros.”, asegura Isabel.

Para la ONG LEASUR la lucha feminista del último tiempo ha logrado “visibilizar la violencia y abuso ejercidos hacia nosotras. Sin embargo, es necesario que también nos cuestionemos el uso del poder punitivo y de la cárcel, que atenta fuertemente contra aquellas mujeres, que hoy se encuentran encarceladas, y que han sido víctimas de opresión y sometimiento. ¿Es un buen aliado, el sistema punitivo? Actualmente, la cárcel continúa replicando modalidades de violencia de género, ejercidas y toleradas por el Estado”.

En la cárcel de San Joaquín las internas comparten una habitación entre cincuenta mujeres. Cuentan con solo un lavamanos en funcionamiento, y en los baños abundan las cucarachas por aguas estancadas ante instalaciones defectuosas. Para lavar, cuentan con una lavadora para más de cien internas. Si quieren comunicarse con sus familias, pueden realizar un llamado telefónico al mes, situación que es crítica porque la mayoría de ellas pues tienen hijos en el exterior. “Nos castigan si nos pillan con celulares, pero si tengo que arriesgar mi integridad para saber de mi familia no me importa, soy extranjera y no tengo nada más que a ellos”, señala Carla de 31 años.
Juana tiene 50 años y vive en el pabellón de las cristianas, “Allí todo es muy distinto, tenemos otros privilegios porque nos preocupamos de mantener limpio y ordenado, y las pastoras nos ayudan con lo que necesitamos, pero eso no significa que no sepa lo que pasa con otras compañeras. Durante un allanamiento vi como la sargento sin ningún motivo revisó a mujeres hasta por el ano. Se habla mucho de derechos humanos, pero acá nadie los respeta”.

Ann Margaret Peña tiene 31 años y conoce bien esta realidad. Estuvo detenida por narcotráfico y hoy se encuentra en libertad intentando junto a otras mujeres reconstruir sus vidas. Juntas crearon la cooperativa Mujeres Manos Libres. Actualmente, trabaja en la feria y en su casa, y los fines de semana vende ropa en la ciudad, acompañada de su hijo de tres años.

Ann relata que una vez en libertad, “todo el sistema está hecho para ponerte más peso en la mochila cuando sales de la cárcel”. Ella tuvo que pagar más de 50 UTM para obtener su libertad condicional (cerca de 2 millones 500 mil pesos), realizar una serie de cursos a través de Gendarmería sin materiales ni implementos, y menos con la certeza la utilidad que tendrían para su futuro. Como muchas de sus compañeras tuvo que vivir el duro proceso de retomar los lazos con el exterior, aunque ella asegura que contó en todo momento con su familia y eso ha sido vital para iniciar una nueva vida, un destino muy diferente al de muchas de sus compañeras que quedaron desprotegidas, sin redes, enfrentando solas el estigma de haber pasado por la cárcel.

“Empecé limpiando los baños en el Costanera Center, luego entré a trabajar al Castaño y después a una tienda de ortopedia. Había ascendido, pero la alegría duró hasta que un compañero escuchó que yo había estado en la cárcel y a los tres días me despidieron. Desde ese día inicié los trámites para limpiar mis papeles y llevo más de tres años y medio en eso. Te piden un documento en tribunales, un timbre en gendarmería, un corchete en otro lado, y así te gana la burocracia. Es muy difícil para las mujeres que vienen saliendo, porque no hay orientación, ya perdiste todas tus redes. Si a una mujer le cuesta en esta vida, a una que está saliendo de la cárcel le cuesta el doble.”

Ann asegura que el sistema carcelario está completamente hecho para los hombres, “me tocó ser la primera mujer que entró a la cárcel de San Miguel, una cárcel de hombres que la habilitaron para mujeres en un tiempo record. Querían limpiar la imagen del incendio que había matado a varios internos. Cuando llegamos estaba lleno de urinarios. Poco a poco fui tomando conciencia de cómo vivimos las mujeres esta realidad”.

Fue así como decidió fundar junto a otras ex presas la cooperativa Mujeres Manos Libres. Tenían la urgencia de buscar sus propias alternativas para sobrevivir, pero también pensaban en aquellas que saldrán de la cárcel en el futuro. “Antes me daba vergüenza decir que estuve presa, pero ahora me empoderé. Yo del feminismo lo único que sabía era que mostraban las pechugas en la calle y para de contar. Pero desde que inicié este camino, de hacer talleres, de buscar redes entre mujeres, vi la importancia de lo colectivo, del apoyo entre nosotras. Es increíble como las mujeres saben responder a un llamado de ayuda. Nosotras en la cooperativa estamos vendiendo una rifa
para buscar fondos para comprar una máquina de coser y en el camino muchas nos han ayudado con premios o números. Manos Libres busca apoyar a las mujeres que salen de la cárcel, darle trabajo aunque tengan papeles sucios, no ponerle problemas si tienen que estar un día en tribunales haciendo sus trámites o ver a sus hijos. Apoyarnos”.

“Quiero que se sepa todo esto el 8 de marzo. Que se sepa que las chiquillas quieren cambiar, que hay circunstancias en la vida que nos lleva a estar presas. La mayoría quiere una vida distinta para sus familias y la sociedad no lo permite, te pone trabas una y otra vez. Pero nosotras también estamos dando la pelea, y hoy también vamos a marchar”.

Publicado por The Clinic 

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Reinserción femenina: Estudio revela que 31% de ex reclusas han tenido “mucha dificultad” para encontrar trabajo

Entre otras cosas el informe entrega información acerca de lo difícil que les resulta a las mujeres que han estado privadas de libertad conseguir dinero para poder vivir.

SANTIAGO.- El Centro de Justicia y Sociedad del Instituto de Sociología UC en conjunto a la Fundación Colunga y la Fundación San Carlos de Maipo, presentaron hoy el primer estudio sobre reinserción femenina en Chile, el cual siguió a 225 mujeres que egresaron del Centro Penitenciario Femenino de Santiago a lo largo de su primer año en libertad.

El informe busca aclarar qué es lo que ocurre con las mujeres que estaban privadas de libertad una vez que salen de la cárcel, y qué dificultades particulares enfrentan de acuerdo a su género y contexto. Así lo explica la encargada de la investigación y académica del Instituto de Sociología UC (ISUC), Pilar Larroulet.

“El paso de las mujeres por la cárcel tiene costos sociales que se extienden a sus familias e hijos. Las mujeres han sido olvidadas, no sólo en el ámbito de la intervención, sino además en cuanto a la investigación de los factores que inciden en el desarrollo de sus carreras delictuales”, indicó.

Uno de los principales hallazgos del estudio muestra que una vez que las reclusas egresan de la cárcel, vuelven a un entorno carente de oportunidades para la inclusión social y chocan con un Estado ausente. Algo que explicó el Director Ejecutivo de Fundación Colunga, Arturo Celedón.

“Las mujeres privadas de libertad han sido invisibilizadas e ignoradas desde hace mucho tiempo. Tenemos que generar mejores políticas y programas que impacten en ellas y sus familias. Creemos firmemente que trabajando juntos entre el Estado, la academia y la sociedad civil podemos hacer la diferencia”, afirmó.

Con respecto a la posibilidad de encontrar trabajo tras estar presas, la directora ejecutiva del Centro Justicia y Sociedad del ISUC, Catalina Droppelmann, postula que les resulta mucho más difícil, ya que “las mujeres que egresan de la cárcel ya cargan con historias laborales precarias, baja escolaridad y escasa capacitación para integrarse a trabajos remunerados, sobre todo a aquellos que son más estables y mejor pagados”.

Captura de pantalla 2019-01-17 a la(s) 14.56.09“Los principales afectados son los niños, niñas y adolescentes, no sólo cuando la madre está privada de libertad, sino también cuando mantiene conductas infractoras. Evidentemente, es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas problemáticas”, agumentó el Gerente General de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, considerando que el 89% de las entrevistadas señaló ser madre, de las cuales el 70% tiene hijos menores de 18 años.

Algunos datos que entrega el informe

Existe un 83.8% que cree que es importante encontrar trabajo a la salida de la cárcel para su proceso de reinserción. Sin embargo a la hora de llevarlo a la práctica, un 31% declara que ha tenido “mucha dificultad” para buscar trabajo. En la misma línea un 29% señala haber tenido dificultades para obtener dinero y así lograr mantenerse. Solo un 36% de las ex reclusas ha logrado tener un trabajo remunerado al menos una vez durante el año, lo que no ha implicado necesariamente formalidad y estabilidad.

Captura de pantalla 2019-01-17 a la(s) 14.56.19A los 12 meses de haber salido en libertad, un 40% de las mujeres presenta síntomas de abuso y/o dependencia de drogas, un porcentaje similar al que existía al salir de la cárcel.

Con respecto a la reincidencia delictual, un 47% de las mujeres declara haber vuelto a delinquir.

Fuente Emol 

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Cortes de Drogas refuerzan discriminación y la violencia contra las mujeres

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Tasa de encarcelamiento por drogas aumenta más entre las mujeres

BUENOS AIRES (Sputnik) — Los encarcelamientos por delitos de estupefacientes en América Latina, y también en Argentina, se han incrementado mucho más entre las mujeres que entre los hombres, advirtió en una entrevista exclusiva con Sputnik la investigadora en política internacional sobre drogas Coletta Youngers.

“La tasa de encarcelamiento está aumentando mucho más para las mujeres que para los hombres”, dijo Youngers, asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una institución que promueve los derechos humanos en la región.

Cárcel

En el continente predomina la aplicación de leyes duras y desproporcionadas que “contribuyen a la sobrepoblación y al hacinamiento en las prisiones, al ser encarceladas durante tiempos muy largos un gran número de personas que cometieron delitos de drogas menores”, comentó Youngers.

Las tasas de encarcelamiento por este tipo de transgresiones, sin embargo, “impactan de manera desproporcionada entre las mujeres”, observó la experta estadounidense, consultora independiente para el Consorcio Internacional sobre Políticas de Droga.

“En América Latina entre el 20 y 25% de hombres están encarcelados por delitos de drogas, y en las mujeres, ese porcentaje se sitúa entre el 40 y 80%”, indicó.

De manera similar, el 10% de la población masculina que está reclusa en Argentina se encuentra privada de su libertad por delitos de drogas, cuando entre las mujeres es el 40%.

Este desbalance se explica en gran parte al descubrir que el 85% de las encarceladas son madres, la mayoría de ellas solteras.

“Para una madre soltera en situación de pobreza entrar en el negocio de las drogas es una buena manera de combinar sus necesidades de ganar dinero y sus responsabilidades con los niños”, contextualizó Youngers.

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En los trabajos de campo, “hemos encontrado que la gran mayoría de las mujeres en prisión lo están por delitos menores como vender o transportar drogas, dado que incurren en situaciones de mucho riesgo, y a la vez la policía tiende a buscar a la gente que es más fácil de detener”, explicó la experta.La primera causa de encarcelamiento de mujeres en Argentina, en efecto, es por infracción a la Ley de Estupefacientes, de acuerdo a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), un organismo autónomo de los tres poderes del Estado que supervisa las condiciones en que vive la población reclusa.

La condena más frecuente por el microtráfico de drogas es de cuatro años, de modo que se criminalizan economías de subsistencia, advirtió el organismo en un vídeo difundido por las redes sociales.

Sistema prohibicionista

Éste es uno de los aspectos que se desencadenan en un mundo que tiene el prohibicionismo como paradigma de control de drogas desde hace más de un siglo, y que consiste “en una respuesta punitiva de la aplicación de la ley”, observó Youngers.

“Hay evidencia más que suficiente para demostrar que durante la última década América Latina ha seguido este camino y está en una situación peor tanto en términos de la producción y consumo de drogas como en todas las implicaciones que eso tiene en términos de violencia y corrupción”, ilustró la consultora de WOLA.

Medicamentos (imagen referencial)

La mayoría de las personas encarceladas por delitos menores de drogas procede “de una situación de extrema vulnerabilidad y pobreza”, una precariedad que las empuja a entrar en el negocio de drogas como una manera de sobrevivir y acceder a ingresos en efectivo.Dado que este abordaje ha fracasado de manera estrepitosa, Youngers propone invertir la lógica de pensamiento y tratar los temas de drogas desde una perspectiva social y de salud pública “para enfrentar las raíces del problema”.

“Es más complejo pensar en este tipo de respuesta social que poner a la gente en la cárcel, pero a largo plazo es la única manera de resolver el problema”, afirmó.

Durante su visita a Buenos Aires, la asesora de la WOLA dictó un seminario organizado por la PPN y se reunió con autoridades legislativas para proponer un cambio en el modelo prohibicionista que también sigue vigente en Argentina.

Además de despenalizar el consumo de estupefacientes, la experta sugiere reformar la legislación para que las penas por narcotráfico sean proporcionales a la gravedad del crimen cometido.

Hay que pensar “en alternativas al encarcelamiento para que las mujeres tengan una vida digna, y eso implica programas de educación, ayudas para conseguir empleo, casas adecuadas, de modo que los recursos en estas iniciativas se vuelvan más eficaces que los destinados a mantener a la gente en la cárcel”, sostuvo Youngers.

Cambio de tendencia

Entender que las drogas son un asunto político e ideológico es clave para desactivar la creencia de que la respuesta a los problemas de violencia e inseguridad es el encarcelamiento de más gente y el aumento de las penas, según la experta.

Para ello “es muy importante revisar la evidencia científica que existe, porque ya tenemos muchas décadas de esta guerra contra las drogas y es obvio que no ha tenido el resultado esperado”, recomendó la especialista.Plantear alternativas más eficaces y humanas permite avanzar en un debate que, pese a todo, ha evolucionado en los últimos años, en opinión de Youngers.

“Por mucho tiempo no hubo ninguna discusión sobre este tema, pero ahora hemos visto cambios con la despenalización y regulación del cannabis, como hizo esta semana Canadá, y como ya se aplica en Uruguay y en algunos estados de Estados Unidos”, concluyó.

Las cárceles federales de Argentina alojan en la actualidad a 12.302 reclusos, lo que representa la mayor cantidad de personas privadas de libertad desde que comenzara la serie histórica de la PPN en 2014.

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México será sede de #Confedrogas2018

II Conferencia Latinoamericana y II Mexicana sobre Políticas de Drogas

La Ciudad de México será el centro del debate regional más importante sobre las políticas de drogas, del 29 al 31 de octubre del año en curso. Tras la reciente elección de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, #Confedrogas2018 se presenta como un escenario promisorio para que la sociedad civil, tomadores de decisiones, políticos, funcionarios públicos y de organismos multilaterales y los más destacados especialistas, cuestionen seriamente los resultados de las actuales políticas de drogas y puedan elaborar propuestas innovadoras y eficaces. 

En los últimos cien años, el tema de reformar la política de drogas se ha instalado como una cuestión de urgencia regional debido a los enormes daños sociales que resultan de las acciones de distintos actores sociales –en particular de los Estados– frente a este tema. A pesar de que desde hace décadas casi todas las naciones del mundo adoptaron distintas versiones de un modelo prohibicionista represivo, en los últimos años el consenso global del modelo se ha fragmentado. Actualmente, existen países que han roto abiertamente con este paradigma e implementado modelos alternativos de regulación de la cadena productiva de estas plantas y sustancias, así como estrategias de reducción de daños y diversas variantes de despenalización del consumo.

El último Informe Mundial de Drogas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), da cifras contundentes sobre el fracaso del modelo actual, que no ha conseguido reducir la oferta ni la demanda de sustancias, y tampoco, en su naturaleza prohibicionista, aporta a la promoción de la reducción de daños ni el consumo responsable. La producción mundial de cocaína alcanzó en 2016 el nivel más alto jamás reportado, con un estimado de 1.410 toneladas. La marihuana fue la sustancia más consumida en 2016, con 192 millones de personas que la usaron al menos una vez durante ese año. De 2016 a 2017, la producción global de opiáceos aumentó en un 65% alcanzando las 10.500 toneladas, la estimación más alta registrada por ONUDD desde que comenzó a monitorear la producción mundial de opio a principios del siglo XXI.

Los esfuerzos punitivos han tenido poco impacto en sus objetivos de reducir la producción ilegal de plantas y sustancias psicoactivas ilegales, además de haber generado impactos sumamente negativos como violaciones a los derechos humanos, violencia generalizada, la criminalización de comunidades vulnerables y/o marginadas y la estigmatización de personas que usan drogas. Sin embargo, lo que ha tenido resultados extremadamente positivos ha sido un enfoque de reducción de daños y gestión del placer, acompañado por la regulación de los mercados. Veinticinco por ciento de la población estadounidense vive en un lugar con cannabis legal para uso adulto[1]. Uruguay ha regulado el mercado desde la semilla hasta la venta[2] y Canadá ya esta trazando una ruta hacía la regulación[3].

Los resultados han sido contundentes. El estado de Colorado ha distribuido más de $230 millones de dólares a su Departamento de Educación entre 2015-2017 con ingresos por los impuestos de cannabis[4].  Los fondos son utilizados para construir escuelas, prevención de bullying y campañas de salud. California y Washington han implementado programas de equidad dentro de sus regulaciones de cannabis que busca favorecer comunidades y personas impactadas por la prohibición y darles mayor oportunidad para entrar al mercado legal de cannabis. Se estima que el mercado de cannabis legal en Estados Unidos ha generado 165.000-230.000 empleos en todo el país[5]. Es urgente que América Latina forma parte de estos cambios.

La ola de militarización de la seguridad pública, el alza en el encarcelamiento por delitos no violentos relacionados con drogas, particularmente de mujeres, así como la creciente desatención y estigmatización de las personas que usan plantas y sustancias psicoactivas son factores que merecen una revisión profunda. El momento y el lugar para un debate tan primordial no podría ser más propicio. En su séptima edición, el gran evento que organiza el consorcio Confedrogas, llega por segunda vez a México. Equis Justicia para las Mujeres será el organizador local y cuenta con el apoyo de Reverdeser Colectivo y el Instituto RIA.

La cita será en el Sheraton María Isabel del 29-31 de octubre.  Las inscripciones para el público se encuentran abiertas ¡Ahí les esperamos! Para más información, consultar: http://www.conferenciadrogas.com

[1] Tate, Emily. Nearly 25 percent of americans could be living in states with legal marihuana. Huffington Post. 11 de octubre de 2016, en: https://www.huffingtonpost.com.mx/entry/legal-recreational-marijuana-vote_us_57fd2b1de4b0e655eab7f600[2] Instituto de Regulación y Control del Cannabis, ver: https://www.ircca.gub.uy[3]Canadá legaliza el uso recreativo de la marihuana. Expansión. 20 de junio de 2018, en: https://expansion.mx/mundo/2018/06/20/canada-legaliza-el-uso-recreativo-de-la-marihuana[4]Marijuana Reform in Colorado. Drug Policy Alliance. 2018, en: http://www.drugpolicy.org/colorado/marijuana-reform[5]Cabot, Heather. Do you need a degree to work in marijuana? Forbes. 13 de febrero de 2018, en:https://www.forbes.com/sites/heathercabot/2018/02/13/do-you-need-a-degree-to-work-in-marijuana/#5a2012d77511

 

ANC desresponzabiliza

26 de junio #AcompañeNoCastigue 2018

ANC juzgarEl 26 de junio es el Día Internacional de las Naciones Unidas Contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas, en el cual muchos gobiernos celebran sus contribuciones a la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, como admiten las propias Naciones Unidas, la “guerra contra las drogas” no ha conseguido reducir el consumo y ha generado numerosas consecuencias negativas, como muertes por sobredosis, infecciones por VIH y hepatitis C entre personas que usan drogas, hacinamiento en las cárceles, graves vulneraciones a derechos humanos, y el incremento del estigma, la marginación, la violencia y la corrupción.

Todos los 26 de junio, organizaciones de todo el mundo se unen bajo la campaña global Support Don´t Punish/Acompañe. No Castigue. La campaña busca resignificar el mensaje, promoviendo el acceso a intervenciones de reducción de daños y otros servicios basados en evidencias, y eliminar la criminalización de las personas que consumen drogas. Es hora de acompañar, en lugar de castigar, a las personas que usan drogas o que han cometido delitos de drogas no violentos.
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Este año, desde Argentina nos propusimos visibilizar las problemáticas específicas de las mujeres que usan drogas. Las mujeres reciben una mayor condena social que los varones en el uso de drogas, lo cual provoca una mayor estigmatización. Intercambios AC junto a más de 30 organizaciones, equipos de salud y dispositivos de atención, están desarrollando actividades artísticas, recreativas, talleres de reflexión, radios abiertas, muralismo, y mucho más, en más de 20 ciudades de los más diversos puntos del país.

Por

787

Tráfico de Drogas: Triple Condena Femenina

En Chile y en Latinoamérica la principal causa de encarcelación de mujeres son los delitos de droga. En nuestro país un 56% de la población penal femenina está ahí por esta falta y todas ellas tienen un perfil parecido. El encarcelamiento, la separación de sus hijos e hijas y la estigmatización social son las tres condenas de las 787 mujeres chilenas condenadas por delitos de droga.

En las calles de los barrios vulnerables de Santiago se repite un patrón en las redadas policiales: quienes se van detenidas generalmente son mujeres por delitos de droga, que se dedican a pequeñas ventas y de bajo nivel socioeconómico, según Pedro, funcionario de Policía de Investigaciones (PDI).

Al analizar la población penitenciaria desde 1995 hasta la fecha, se puede ver cómo hasta antes de la promulgación de la Ley 20.000 en el 2005, las mujeres privadas de libertad crecieron en un 37%, pero después de esta, el aumento fue desproporcionado llegando al 70%.

En el caso de la población penal masculina aumentó en un 70% hasta el año 2005, pero después la cifra baja radicalmente para seguir aumentando hasta la fecha en un 30%. A la inversa de la situación de la población penal femenina.

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En las 787 mujeres chilenas condenadas por delitos de droga se evidencia una situación cada vez más alejada de ser llamada una coincidencia y es que todas ellas se parecen más de lo que creen: microtraficantes, madres, jefas de hogar, baja escolaridad, la mayoría está por delitos no violentos y se desenvuelven en ambientes adversos.

Según cifras obtenidas de Gendarmería de Chile, un 96% de las mujeres privadas de libertad por delitos de droga son madres con un promedio de 3 a 4 hijos. Para Corporación Humanas esto genera consecuencias irreparables en el entorno familiar, especialmente con las condenas tan altas que se aplican en este tipo de delito, considerando que la gran – además- mayoría son jefas de hogar.

Estas mujeres son las que se encuentran en el último eslabón de la cadena de narcotráfico, dedicándose a las ventas de menudeo en los barrios y poblaciones, quedando más expuestas a una posible detención. “Difícilmente llegamos a los altos mandos de las organizaciones”, asegura Pedro, funcionario de Policía de Investigaciones (PDI).

Datos de Fiscalía de Chile evidencian que en un 67% de las regiones del país, más de un 50% de las mujeres encarceladas por delitos de droga se encuentran por microtráfico, lo que demuestra que, junto al aumento desproporcionado de la población penal femenina y su ausencia en los “altos mandos”, se convierten en “carne de cañón  de quienes lideran las organizaciones criminales. 

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787 Anónimas es un proyecto de las alumnas de la Universidad Diego Portales, Renata Ahumada y Camila Pinto, que busca visibilizar la realidad de las mujeres que se encuentran en esta situación de precariedad y vulnerabilidad, analizando todos los factores que inciden en este aumento desproporcionado de la población carcelaria femenina y cómo esta afecta a la sociedad de una forma intensa e irreparable.

Web : www.787anonimas.com

Fanpage: 787anonimas

Twitter: @787anonimas

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#8M: Mujeres y Tráfico de Drogas

Ofrezco trabajo, especial para mujeres jefas de hogar. Horario flexible, compatible con el cuidado de sus hijos. Puede realizarlo desde su propio hogar, no gastará en movilización. No requiere estudios específicos, ni entrega de antecedentes. Pago liquido $600.000, misma remuneración para hombres y mujeres.


Las mujeres a menudo son las únicas responsables de sus hijos/as, cumpliendo dobles o triples jornadas laborales para poder compatibilizar la responsabilidad social que se les otorga de cuidarlos y mantener el sustento económico familiar. Las opciones laborales a las que pueden acceder son escasas, mal remuneradas y no compatibles con el cuidado.

En un simple ejercicio de revisar las ofertas laborales disponibles para mujeres, destaca el número de publicaciones solicitando personal para servicios de aseo. Las exigencias para postular no son muchas y las remuneraciones oscilan entre $270.000 a $280.000 en el caso de mujeres y entre $290.000 y $300.000 para hombres (en algunas ofertas se explicita la diferencia salarial de acuerdo al sexo de los postulantes). Se trabaja 6 días a la semana en turnos rotativos, mañana (7:00 a 15:00), tarde (15:00 a 23:00) y noche (23:00 a 07:00).

Las ofertas publicadas en la web están lejos de ser similares a la planteada en el primer párrafo. Ser mujer delimita las opciones laborales a las que se puede optar, más aún si no terminó los estudios, si vive condiciones de pobreza, sufre una enfermedad o discapacidad, pertenece a una etnia o simplemente debe asumir el cuidado de niños/as en el hogar (sabemos que los trabajos compatibles con la crianza son pocos).

En el estudio “Políticas de Drogas y Derechos Humanos” publicado por Corporación Humanas en septiembre de 2015, se  menciona que el promedio de ingresos que obtiene una mujer que se dedica al tráfico de drogas es del orden de los $600.000, equivalentes a 2,4 ingresos mínimos mensuales al año 2015. En un país como el nuestro donde el ingreso promedio mensual bruto es de $505.477 y en regiones como la de la Araucanía no supera los $370.000, un sueldo liquido de $600.000 suena bastante atractivo.

El 8% de las personas privadas de libertad en Chile son mujeres (4.004), el 59% tiene entre 18 y 35 años. El 89% declara ser madre, encabezar familias monoparentales y ejercer la jefatura de hogar. Además, 3 de cada 4 no han completado su educación escolar formal, incluso un 8% no sabe leer ni escribir. Estas cifras extraídas del estudio de Género de Gendarmería de Chile publicado en noviembre de 2015, nos permite comprender quiénes son en su mayoría las mujeres que se encuentran cumpliendo condenas privativas de libertad. Jóvenes con bajo nivel de estudios, que deben cuidar y mantener económicamente a sus hijos/as. ¿A qué trabajos podrían acceder estas mujeres? Trabajos decentes, que les garanticen salir de los círculos de pobreza y violencia en los que han vivido desde que nacieron.

Las mujeres a menudo son las únicas responsables de sus hijos/as, cumpliendo dobles o triples jornadas laborales para poder compatibilizar la responsabilidad social que se les otorga de cuidarlos y mantener el sustento económico familiar. Las opciones laborales a las que pueden acceder son escasas, mal remuneradas y no compatibles con el cuidado.

Ante este panorama, no podemos negar que el microtráfico se presenta como una opción atractiva. Con esto, no quiero que se entienda que pretendo validar el tráfico de drogas (conozco de cerca el impacto de la pasta base en las poblaciones de nuestro país), pero pienso en casos concretos cuando digo que muchas de estas mujeres en conflicto con la ley, rara vez son un verdadero peligro para la sociedad.

Su encarcelamiento poco o nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la tan anhelada “seguridad pública”, incluso se sabe que algunas de estas mujeres son denunciadas por las mismas redes de tráfico que las reclutan, ocupándolas como carne de cañón. En nuestro país, por ejemplo, el 45% de las mujeres privadas de libertad se encuentran encarceladas por delitos asociados a la Ley N° 20.000 (drogas), lo que nos evidencia que los delitos de drogas son “delitos de género”.

Tras el encarcelamiento, la situación de vulnerabilidad y exclusión empeora. La sentencia tiene implicancia doblemente estigmatizadora en las mujeres. “Mala madre”, “Debería haber pensado antes en sus hijos”, son alguna de las opiniones que solemos escuchar. Las mujeres privadas de libertad son abandonadas y cuestionadas por contradecir el papel que se le otorga en la sociedad, como esposa y madre, dependiente, sumisa y dócil.

Las respuestas del Estado para hacer frente a esta situación han sido mediocres. Haciendo oídos sordos a esta “competencia” de oferta laboral que se presenta en los hogares de las mujeres focalizadas por las políticas públicas. Se motiva el emprendimiento como respuesta exclusiva a la falta de opciones laborales formales, los que en su mayoría al largo plazo no funcionan, generando falsas expectativas. Por otra parte, se desmerece su rol de cuidado al desconocerlo como un trabajo.

Resulta urgente remirar las políticas de drogas e incorporar una dimensión de género en el sistema penal chileno, además de reconfigurar las opciones laborales que el Estado promueve para las mujeres más vulneradas de nuestra sociedad.

Francisca Hidalgo,

Directora Ejecutiva ONG ENMARCHA.

Fuente: El Quinto Poder

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Avances importantes en la incorporación de la perspectiva de género en el debate internacional sobre drogas

Daniela Quintanilla de Corporación Humanas Chile habla de la importancia de aplicar una perspectiva de género en los debates y foros internacionales sobre drogas.

Daniela Quintanilla forma parte del equipo jurídico de Corporación Humanas Chile, centro de estudios y acción política feminista que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género en Chile y Latinoamérica. En su trabajo diario, Daniela participa en temáticas de investigación y causas de litigio en Chile y en iniciativas internacionales en los temas de violencia sexual, trata y tráfico de personas, acceso a la justicia de mujeres privadas de libertad, entre otros. Esta entrevista tiene lugar en el “Museo de Política de Drogas”, una exhibición temporaria que se organizó en el marco La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas celebrado en Nueva York el 18-21 de Abril de 2016.

En esta entrevista Daniela discute el creciente fenómeno del encarcelamiento femenino en América Latina y  a nivel mundial, que se atribuye a la implementación de leyes de drogas represivas aun para delitos menores. Las mujeres sufren aun mas las consecuencias de estas políticas punitivas, porque ellas se involucran en el  mercado de drogas en los eslabones mas débiles y expuestas, en la mayoría de los casos como una manera de enfrentar la pobreza. Su encarcelamiento puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. Daniela comenta que para enfrentar este fenómeno “necesitamos tener una perspectiva de género que nos permita avanzar para tomar medidas concretas que los Estados puedan utilizar para mejorar la situación de las mujeres”.

La UNGASS marcó un avance importante en esta dirección y en la integración de la perspectiva de genero en el debate internacional. En el 59 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en marzo de 2016, los Estados miembros aprobaron una resolución titulada, Incorporación de la perspectiva de género en las políticas y programas relacionadas con drogas. La resolución exhorta los Estados miembros “incorporar la perspectiva de género en sus políticas y programas relativos al problema mundial de las drogas” y recomienda, entre otras puntos, “al dictar sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o que sea la principal o única responsable de cuidar de un niño, se debería dar preferencia a las medidas no privativas de la libertad”. Además, haciendo referencia a otra herramienta importante, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Daniela destaca, “No se trata solamente de sacar a las mujeres de la cárcel, sino que también prevenir que estos delitos sean una forma de subsistencia para las mujeres.”

En la UNGASS, varios oficiales hablaron de la importancia de incorporar la perspectiva de género en las políticas de drogas. Ahora toca a los Estados miembros transformar estas palabras en avances concretos.

Fuente: WOLA

La ruta