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Objeción de conciencia ¿Compromiso con los derechos de las mujeres?

Por Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas

Hace exactamente un año, cuando solo habían trascurrido 10 días de asumido el Gobierno del Presidente Piñera en su segundo mandato, su ministro de Salud derogaba el protocolo de objeción de conciencia dictado por la autoridad ministerial de la Presidenta Michelle Bachelet en cumplimiento de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Preocupación y malestar causó que no se dieran a conocer los antecedentes que motivaron la intempestiva modificación.

El nuevo protocolo eliminó la exigencia impuesta a las personas jurídicas de fundamentar la objeción de conciencia en los valores o ideario de la institución contenidos en sus respectivos estatutos, requisito necesario dado que ser reconocido como objetor permite abstenerse de brindar prestaciones de salud que la ley reconoce a las mujeres.

También se suprimió el impedimento para ser considerados objetores institucionales a los establecimientos privados de salud adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud en virtud de convenios suscritos con la autoridad sanitaria, restricción lógica dado el carácter de función pública que desarrollan y los recursos públicos que se le entregan para ello.

Asimismo, se flexibilizó la objeción de conciencia personal, eliminando algunas restricciones y regulando que frente a determinadas omisiones en la información entregada se presume la calidad de objetor.

Es decir, desde todo punto de vista, la nueva regulación sobre objeción de conciencia constituyó un retroceso en el mandato de “asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo” contenido en la ley.

Frente a ello, numerosos requerimientos de ilegalidad fueron presentados ante la Contraloría General de la República por senadores/as y diputados/as de oposición, así como por organizaciones de la sociedad civil y gremios de la salud.

En mayo de 2018, el protocolo de objeción de conciencia del Ministro Santelices fue declarado ilegal, especialmente por haber incluido a establecimientos privados que desarrollan una función pública y por haber sobrepasado el carácter excepcional de la objeción de conciencia.

Además, la Contraloría obligó a regular la objeción de conciencia mediante un reglamento, sometido a control de legalidad o toma de razón, en lugar de una mera resolución ministerial.

Mientras las autoridades adecuaban el nuevo reglamento a lo señalado, se conoció que un altísimo número de profesionales optaba por excusarse de atender a mujeres y niñas comprendidas en alguna de las tres causales de aborto legal: uno de cada dos obstetras de hospitales públicos se declaró objetor en la causal violación sexual (47,2%), uno de cada cuatro en caso de inviabilidad fetal (27,3%) y uno de cada cinco en caso de riesgo vital (20,3%).

En definitiva, el nuevo reglamento reforzó la amplia invocación de la objeción de conciencia tanto a equipos de salud como a personas jurídicas, incluso sin necesidad de aducir un ideario institucional para ello.

Se eliminó la obligación de contar con equipos no objetores en cada establecimiento de salud y la de asumir los costos que implica la derivación de una mujer a otro establecimiento cuando no se cuenta con dichos profesionales, que sí se establecía anteriormente.

Igualmente se omiten las obligaciones de capacitar a los equipos tratantes y la regulación de las obligaciones que corresponden a los profesionales o técnicos que se acogen a la objeción de conciencia.

Pese a la amplitud de la objeción de conciencia en el nuevo reglamento, parlamentarios/as de la coalición oficialista acudieron al Tribunal Constitucional invocando una supuesta vulneración de la autonomía de los cuerpos intermedios, entre otras argumentaciones.

Frente a ello, las autoridades de gobierno, en lugar de priorizar la protección de los derechos de las mujeres, optaron por defender los derechos de prestadores institucionales.

De ello derivó que el Tribunal Constitucional, en definitiva resolviera excluir del reglamento la norma que impedía la objeción de conciencia institucional a establecimientos privados que han celebrado convenios con el ministerio de Salud y brindan prestaciones de ginecología y obstetricia en pabellón y además señalara que los establecimientos privados no están obligados a brindar las prestaciones que establece la ley, aun sin acogerse a la objeción de conciencia institucional.

Actualmente, no se dispone aún de información actualizada sobre el número de profesionales del sistema público objetores de conciencia, lo que dificulta la posibilidad de evaluar el impacto de una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder al aborto legal en tres causales.

Especialmente alarma constatar que las autoridades gubernamentales reconozcan como objetores institucionales a determinados centros de atención primaria de la Universidad Católica que, en conformidad a la regulación del ministerio de Salud, no se encuentran habilitados a la práctica de la interrupción del embarazo (única hipótesis en que se permite invocar la objeción de conciencia), pero sí en cambio resulten claves en la detección de casos, entrega de información a las pacientes y derivación oportuna a establecimientos habilitados.

Ello no es propio de autoridades que han señalado, incluido el Presidente y diversos Ministros/as que están comprometidos con la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género entre hombres y mujeres.

Publicado por Cooperativa

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CIDH expresa preocupación por recientes ataques violentos contra personas LGBTI en la región

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación ante los actos de violencia y discriminación en contra de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) reportados desde el inicio de 2019 en diversos países del hemisferio. La CIDH hace un llamado a los Estados Miembros de la OEA para que adopten medidas urgentes y eficaces que garanticen la vida, seguridad, integridad personal y dignidad de las personas de orientación sexual, identidad de género, y diversidad corporal diversa, incluyendo leyes y políticas que promuevan un cambio cultural en las sociedades. Así como la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de dichos casos.

En el 2019 la Comisión ha recibido información sobre incidentes violentos, como agresiones, asesinatos con ensañamiento, violencia sexual y discriminación en contra de personas LGBTI en la región. Del monitoreo general que viene haciendo sobre la situación de violencia contra las personas LGBTI en la región, la CIDH recibió información sobre los siguientes hechos específicos, y advierte que debido a la invisibilidad del tema no son excluyentes de otros que no hayan llegado a su conocimiento.

La CIDH obtuvo información que, el día 1 de enero, una pareja gay de la Ciudad de Porvenir, en Chile, fue agredida por dos hombres, quienes lanzaron una olla con agua hirviendo a uno de ellos, y sumergieron en una tina con agua hirviendo al otro. Una de las víctimas del ataque, el señor José David Muñoz Vargas, de 52 años, sufrió graves quemaduras en un 22% de su cuerpo, por lo que tuvo que ser ingresado en un hospital en la Ciudad de Santiago. Asimismo, la CIDH recibió información que ese mismo día en la ciudad de Valparaíso, Chile, un joven de 24 años fue agredido por personas que le ofrecieron acercarlo a su destino en el sector de Laguna Verde. Según información recibida de sociedad civil, la víctima fue bajada del auto en el que se conducía con otras dos personas y agredida físicamente luego de que en una conversación telefónica revelara ser gay. Los perpetradores del incidente le apagaron un cigarro en sus manos, y le golpearon en la cabeza con una piedra. A la vez, la CIDH recibió información sobre el caso de violación y agresión en contra de una niña chilena de 14 años, quien según denunció sociedad civil, sufrió de abuso sexual por parte de su padrastro por ser lesbiana, y golpes por parte de su padre biológico por la misma causa. A respeto, la Comisión toma nota que los hechos denunciados han merecido repudio público y están siendo investigados por las autoridades competentes. Asimismo, la Comisión toma nota que el propio Presidente de la República de Chile ha condenado todas las agresiones perpetradas con motivo de la orientación sexual.

Por otra parte, la CIDH tuvo conocimiento sobre el asesinato de un joven peruano de 17 años, ocurrido el día primero de enero en San Martín, Perú. El hecho fue perpetrado por su propio padre, quien le habría disparado presuntamente por el hecho de ser gay y luego se habría suicidado. Sobre este caso en particular, la Comisión toma nota que las autoridades han iniciado las investigaciones y aun no existe claridad sobre las motivaciones del asesinato. Al respecto, la Comisión es consciente de la dificultad en general para determinar si la violencia es basada o no en prejuicios, y recuerda que dicha determinación requiere una investigación exhaustiva de las causas de la violencia, llevada a cabo bajo el principio de debida diligencia.

Además, la Comisión tomó conocimiento de que, el día 5 de enero, el joven gay Pablo Dell’Oso sufrió de agresiones debido a su orientación sexual, que le dejaran inconsciente luego de salir de un club nocturno en la ciudad de Córdoba, Argentina. El día 5 de enero en un incidente similar, la activista trans Lara María Bertolini fue agredida, bajo declaraciones discriminatorias, con una botella que le fracturó su cabeza mientras paseaba a su mascota, en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, la CIDH también recibió información sobre un ataque, el 6 de enero, en contra de un grupo de jóvenes lesbianas y gays. El grupo sufrió agresiones verbales y físicas en un club nocturno luego de que finalizara el Festival de la Diversidad de la Ciudad de El Bolsón (Río Negro), en Argentina. El ataque fue aparentemente provocado por un beso que se dieran dos jóvenes en la calle. El Estado Argentino hizo saber a la CIDH que tanto en el caso de Pablo Dell’Oso, como en el caso de los jóvenes de El Bolsón fueron presentadas denuncias ante las comisarías de policía correspondientes.

La Comisión Interamericana recibió con preocupación la información sobre la muerte violenta y con ensañamiento de crueldad de Quelly da Silva, una mujer trans de 35 años, quien fue asesinada el 20 de enero en Campinas, São Paulo, Brasil. Según la información obtenida, el responsable la asesinó por considerarla “un demonio”. Luego de haberle asesinado, el imputado le habría sacado el corazón y habría colocado en su lugar una imagen religiosa. Por otra parte, la CIDH tuvo conocimiento de la muerte de Vanusa da Cunha Ferreira, una mujer lesbiana de 36 años, ocurrida el 19 de enero en el Estado brasileño de Goiás. Acorde a la información recibida, el imputado confesó que intentó violarla con el propósito de cambiar su orientación sexual, y que la mató al tratar de reducir la resistencia de la víctima, quien murió debido a múltiples golpes en la cabeza.

La Comisión también fue informada sobre un ataque contra una pareja de hombres gays ocurrido el 20 de enero en Rosarito, México. Según medios de comunicación, un grupo de individuos habría irrumpido en el domicilio de la pareja en el Estado de Baja California y les habría agredido físicamente con piedras. Como consecuencia del ataque uno de los miembros de la pareja falleció a causa de graves lesiones en su cabeza.

Asimismo, la Comisión recibió la información sobre el asesinato de dos mujeres trans en El Salvador, en dos incidentes diferentes ocurridos los días 3 y 8 de febrero respectivamente. La primera de las víctimas falleció en el hospital debido a múltiples traumatismos. La segunda víctima fue atacada con un machete y murió también en el hospital debido a las heridas que le fueron provocadas.

Además de la información preocupante sobre incidentes violentos en contra de personas LGBTI, que muestran altos niveles de ensañamiento y crueldad, preocupa a la CIDH el hecho de que existe un importante subregistro en la región sobre estos incidentes ya que es frecuente que la violencia en contra de personas LGBTI no es denunciada oficialmente, ni reportada por los medios de comunicación, lo que conlleva a la invisibilidad de dichos actos. Al respecto, los Estados Miembros de la OEA tienen la obligación de implementar políticas de recolección de datos que permitan documentar mejor las manifestaciones particulares de violencia y discriminación, y, asimismo, producir información estadística sobre la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, con miras a desarrollar políticas públicas que protejan los derechos humanos de las personas LGBTI.

En virtud de lo anterior, la CIDH reitera que cuando la violencia contra las personas LGBTI es condonada o tolerada, esto, reproduce aún más la violencia y alimenta los prejuicios contra estas personas. La CIDH toma nota de los esfuerzos investigativos desplegados por los Estados y recuerda a los Estados miembros de la OEA que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, tienen el deber de actuar con la debida la diligencia para investigar, juzgar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y otros hechos de violencia. Asimismo, subraya que, en estos casos la debida diligencia significa que los Estados deben tomar en cuenta las distintas formas en que la violencia es experimentada por las personas LGBTI y ajustar sus líneas de investigación para considerar las posibles motivaciones basadas en prejuicios basados en su orientación sexual, expresión o identidad de género y/o diversidad corporal.

La CIDH toma nota que, varios de los incidentes de violencia denunciados en el inicio de este año ocurrieron en espacios públicos. En este sentido, la Comisión resalta que las personas LGBTI, al igual que todas las personas, tienen derecho a desarrollarse libremente y sin violencia o discriminación tanto en espacios públicos como privados. El uso de los espacios públicos sin discriminación y sin violencia es un elemento importante para la inclusión de estas personas, pues fomenta la cohesión social, el intercambio de ideas y experiencias, el respeto a la diversidad, la participación política, además que promueve un sentimiento de pertenencia con la comunidad o el lugar donde uno se encuentra. Al respecto, la Relatora sobre los Derechos de las Personas LGBTI, Comisionada Flávia Piovesan, expresó que “las personas LGBTI no deberían tener miedo de ir a un parque público y temer que en cualquier momento sean atacadas debido a su identidad de género o su orientación sexual. La negación de los espacios públicos y culturales a las personas LGBTI debido a la violencia y discriminación, se traduce en una limitación importante al derecho a ejercer su autonomía personal, a desarrollarse libremente, a formar relaciones con otros seres humanos, con su comunidad y con el mundo exterior.”

Por otra parte, la Comisión hace énfasis en que los actos de violencia contra mujeres, incluyendo mujeres lesbianas, bisexuales y trans, son experimentados por éstas como manifestaciones interseccionadas del sexismo estructural e histórico y los prejuicios contra orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Las mujeres lesbianas corren un especial riesgo de violencia sexual como resultado de la misoginia y la inequidad de género. La Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, adhirió que “los Estados tienen la obligación en virtud de la Convención de Belém do Pará, de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex. Esto como parte del derecho de toda mujer a vivir libre de violencia y discriminación”.

En virtud de lo anterior, la Comisión reitera que los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir las violaciones de derechos humanos de las personas LGBTI bajo su jurisdicción, principalmente cuando conocen el riesgo en el que se encuentran esas personas. A la vez, enfatiza que, bajo dicha obligación, también se encuentra el deber de los Estados en fomentar un cambio cultural de sus sociedades, por medio de acciones positivas, con miras a modificar los patrones sociales de violencia y discriminación en contra de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género -reales o percibidas-.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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¿Quiénes se oponen a las demandas sociales de las mujeres?

Abogada Lorena Fries los define más ampliamente como antigénero, aquellos que se manifiestan contrarios a la demanda por derechos de las mujeres y de las identidades sexuales.

El 25 de julio de 2018 miles de personas se manifestaron en una nueva marcha nacional a favor del aborto libre. Agrupaciones feministas desde el año 2013 organizan en la misma fecha el encuentro. Las peticiones para marchar, dicen, son “un aborto libre, seguro y gratuito”. Pero la última versión, con lema “no bastan 3 causales”, estuvo marcada por episodios de violencia: tres mujeres fueron apuñaladas.

Ante esos hechos, se indicó en una primera instancia que existía relación con el Movimiento Social Patriota. Pero el grupo negó la autoría de los ataques con arma blanca. Sin embargo, sí se adjudicaron las barricadas que ese día se apreciaron y que habían pintado parte de la Alameda con color rojo.

Esas agresiones son frecuentes a las manifestantes y no solo en Chile, indica Lorena Fries, abogada de la Corporación Humanas y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Casos extremos también se han presentado como el de la feminista Marielle Franco, defensora de Derechos Humanos y concejala brasileña, que fue asesinada a tiros en marzo de 2018.

Imagen-A_UNO_960296-900x600Incitación al odio

Grupos antiderechos, indica Fries, es el nombre con el que se conoce a esas organizaciones. Que responden, dice, a las demandas por transformaciones sociales. “La resistencia a cambios profundos en la situación de las mujeres siempre ha existido Chile. Pero Chile siempre ha sido una sociedad conservadora y nos ha costado mucho lograr avances, así como el aborto en tres causales, como la Ley de Identidad de Género”.

Un panorama que se vuelve complejo con la emergencia de las noticias falsas, explica la abogada. “La evidencia parece haber perdido credibilidad, la gente no apuesta a qué es la información lo valioso, sino en lo que creen”. Se atribuyen así noticias vinculadas con las activistas y con el movimientos, argumentando además que corresponden a “ideología de género”.

En esa misma línea, en febrero pasado Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los defensores de derechos humanos, escribió en un informe sobre el  uso del argumento de la “ideología de género” en Latinoamérica y Europa, como un modo de incentivar el trato hostil contra los activistas feministas y LGTB.

Forst denunció que líderes políticos y religiosos malinterpretan y usan “indebidamente” las cuestiones de género. “Describen la ‘ideología’ como una amenaza para los valores religiosos, la familia y la moral de la sociedad“, indicó.

“En los últimos años se ve una preocupante proliferación de discursos misóginos, sexistas y homófobos que, pronunciados por dirigentes políticos prominentes, han normalizado la violencia contra las mujeres y las personas que no se ajustan a las normas de género”, sostuvo Forst.

Se presenta además como hostigamiento en redes sociales, señala la abogada. “Pero también amenazan con tener información de la institución, y abiertamente en las redes sociales actúan con descalificaciones. Es violencia y no tenemos un marco legal para denunciar estas situaciones”.

Por ello, dice Fries, dentro de las mismas mujeres más visibles vinculadas al feminismo y causas sociales están tomando medidas para protegerse. “Nosotras en general y las organizaciones de mujeres, estamos tomando medidas de protección, especialmente sobre qué publicamos y decimos en las redes. A muchas de ellas sufren robos de sus computadores, algo que no se veía en Chile, esa es la alerta”.

Se trata, indica, de grupos antifeministas, “pero si se amplia un poco más, son antigenero, les molesta la demanda por los derechos de las mujeres y por las identidades sexuales, y se liga con el rechazo a la migración, son los discursos que se están levantando”.

Publicado por Qué Pasa-La Tercera

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Tres expertas desmenuzan las discriminaciones legales que persisten contra las mujeres en Chile

Las diferencias en los planes de isapres y AFP, los términos de la sociedad conyugal y la falta de legislación en materias como la violencia de género, son algunos de los principales aspectos que -según algunos entendidos en el tema-, hay que corregir.


“En Chile la Constitución política y los tratados internacionales que el país ha ratificado reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, todavía existen leyes que las discriminan en el ejercicio de sus derechos”. Este es el diagnóstico que realiza la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, respecto a la situación que enfrentan las mujeres frente a la legislación chilena.

A su juicio, estas normas discriminatorias están agrupadas en tres tipos: aquellas que discriminan expresamente a las mujeres porque establecen una distinción explícita que se basa únicamente en el sexo; otras que apuntan a protegerlas pero terminan reproduciendo roles de género estereotipados, y las que criminalizan decisiones que solo toman las mujeres. A esto se suma la falta de normativas para protegerlas de situaciones que solo las afectan a ellas.

Sobre este tema, la abogada Bárbara Sepúlveda, directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) , explica que “a pesar que la condición jurídica de la mujer ha ido evolucionando positivamente hacia un modelo que le reconoce cada día mayor autonomía y derechos, aún persisten en Chile profundas desigualdades, reales y sustentadas en lo jurídico, que en el caso de las mujeres, las someten a una discriminación constante”.

Sociedad Conyugal

“El Código Civil regula de manera discriminatoria los derechos de las mujeres respecto de sus bienes cuando están casadas, bajo sociedad conyugal. Este es un ejemplo de una ley que por el solo hecho de ser mujer impone el impedimento de administrar los bienes propios y la subordinación al marido”, explicó Maturana. “El hombre -en tanto marido- es quien administra todos los bienes sociales, y sólo de manera excepcionalísima la mujer podría administrar, siempre y cuando se cumplan los intrincados requisitos que el Código Civil prevé para que algo así suceda”, agrega por su parte la abogada Sepúlveda.

Para la cofundadora de Abofem “no es posible entonces, aseverar que mujeres y hombres se encuentran en igualdad de condiciones, ya que por más que la mujer haya dejado de ser considerada como incapaz relativa con la reforma de 1989, aquella modificación en la práctica es tan sólo nominal si las normas de la sociedad conyugal continúan reconociendo a la mujer una capacidad restringida”.

Penalización del aborto

“Nuestro Código Penal, entre otras cosas, aun penaliza el aborto en condiciones no contempladas en la ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”, explica Sepúlveda. Para Maturana, en tanto “la penalización de la interrupción del embarazo es otra de las normativas que las abogadas consideran como discrimnatorias hacia las mujeres. Estas leyes criminalizan decisiones que toman solo las mujeres, lo que conlleva graves consecuencias en términos de la salud y vida”.

Falta de legislación

“Existe una falta de legislación frente a situaciones que solo afectan a mujeres o que mayoritariamente afectan a las mujeres como lainexistencia de una ley de violencia integral acorde a los tratados internacionales sobre violencia contra las mujeres”, dice la abogada de Corporación Humanas. “En Chile existe solo una regulación de violencia intrafamiliar centrada en supuestos conflictos familiares, en lugar de estar centrada de manera adecuada en la protección de las mujeres en espacio público y privado”, agrega.

Maturana enumera algunas situaciones de desprotección hacia las mujeres como que “no existe regulación del acoso sexual en el espacio académico o en los establecimientos de saludSolo se regula el acoso en el ámbito laboral y de manera deficiente. Y sabemos que el acoso sexual afecta mayoritariamente a las mujeres”.

Para Sepúlveda la actual normativa, además, “tiene una concepción restrictiva del femicidio que no permite dar cuenta de la totalidad del fenómeno y es bastante deficiente y discriminatoria para tratar los delitos sexuales”.

Leyes con efecto diferenciado

“Salvo el tema de la sociedad conyugal, no existen esas legislaciones que impidan a las mujeres ejercer sus derechos solo por ser mujeres. Sin embargo, hay leyes que son neutrales que pueden tener un efecto diferenciado”, comenta Maturana.

Sobre este tema, explica: “En Chile existen formalmente los mismos derechos a participación política. Sin embargo, la aplicación de esa ley, no tiene efectos igualitarios. Por el contrario, se produce el efecto discriminatorio y por eso se reformó el sistema electoral para establecer una medida de acción legislativa (Ley de Cuotas) que permitan corregir esa brecha. Una brecha que no está en la norma, pero que sí está en su aplicación”, agrega.

Lo mismo ocurre con las remuneraciones. “En el ámbito laboral, la precarización del trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres, la brecha salarial de género bordea el 30%, y las normas del derecho laboral chileno que se han reformado para corregir las discriminaciones han podido influir casi tangencialmente en ello”, añadió Sepúlveda, agregando que “la ley establece que hombres y mujeres deben tener remuneraciones equivalentes por un trabajo del mismo valor. Pero en la aplicación eso no se cumple”. 

Legislación de AFP e Isapres

“Las AFP, por el hecho de que las mujeres tenemos una esperanza de vida mayor, sistemáticamente las pensiones son menores. Eso se suma a los problemas de las lagunas laborales. Ser mujer es un factor de riesgo y eso es lo más discriminatorio que hay”, explica la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés.

“En las isapres también se les carga a las mujeres la maternidad. La reproducción social es un tema de la sociedad y debería ser pagado por hombres y por mujeres. Todo lo que tiene que ver con las isapres es profundamente discriminatorio hacia las mujeres. Cualquier mujer, por tener una determinada edad, se espera o se presume que puede quedar embarazada y puede necesitar atención de salud sexual y reproductivo. Eso está vigente hoy”, agrega Valdés.

Publicado por La Tercera

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Violencia en los jóvenes: las cifras que preocupan

En 2018, más de 3.000 adolescentes fueron atendidos en centros públicos de salud tras ataques sexuales o agresiones de sus parejas. Las mujeres son las más afectadas.


Si son conductas que van en aumento o si, en cambio, se han podido controlar, es difícil de saber por ahora. Eso, pues por primera vez se cuenta con un registro de atención de víctimas adolescentes de agresiones sexuales o que han sufrido violencia física de parte de sus parejas. Y la cifra da cuenta de una preocupante realidad: más de 3.000 menores de 19 años fueron atendidos en 2018 en centros públicos de salud por alguna de estas causales.

Según explica la subsecretaria de Salud Pública del Minsal, Paula Daza, las propias víctimas llevaron a crear el catastro: “Las unidades de urgencia, principalmente, comenzaron a enfrentarse con casos de adolescentes que eran víctimas de violencia sexual o de sus parejas. Y, por otro lado, los jóvenes que participan en los consejos consultivos de las seremis de Salud, a lo largo del país, comenzaron a levantar este tema. Con esos dos antecedentes, se decidió en 2018 registrar de manera rigurosa el tema”.

El catastro revela que un total de 3.270 jóvenes, de entre 10 y 19 años, resultaron víctimas de violencia en el pololeo y/o violencia sexual en 2018.

De ellos, 1.113 jóvenes -348 hombres y 765 mujeres- reportaron agresiones importantes de sus pololos o parejas; es decir, un 69% de las víctimas fueron mujeres. Mientras, otros 2.157 jóvenes declararon haber sufrido agresiones sexuales y requirieron de un control de salud, de los cuales 269 fueron hombres y 1.888 mujeres.

Las cifras del sistema público dan cuenta de la realidad que viven los menores de 19 años en sus relaciones de pareja y cuya visibilización ha permitido que más adolescentes se atrevan a denunciar y a buscar ayuda. Esto, a la vez, ha llevado a las autoridades a generar políticas para enfrentarlas, como el proyecto de ley que sanciona la violencia en el pololeo.

Paola Ciocca, médico de la Unidad de Salud Adolescente del Hospital Sótero del Río, explica que en los controles de salud de estos se hayan integrado preguntas más directas para ahondar en su realidad sexual y social, a objeto de poder detectar situaciones anómalas y guiarlos en el abordaje de estas materias: “Uno busca la forma de tocar el tema, no sale de forma espontánea. Ya no se pregunta, como antes, si tiene pololo o qué tipo de método anticonceptivo usa, sino también cómo es su relación de pareja, si tiene título de pololeo o no, si hay violencia en esa relación y, si la hay, de qué tipo. Se está visibilizando la necesidad de profundizar en esto y de preguntarse cómo están”.

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, destaca que históricamente su especialidad ha atendido a mujeres víctimas de violencia, pero que en años recientes se ha hecho más recurrente entre jóvenes. Al respecto, acota que el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes, que también va al alza, “ha incidido en conductas y relaciones poco respetuosas”. Añadió que “las matronas hemos visto que en fiestas masivas de inicios de año universitario, por ejemplo, se da mucha agresión entre parejas”.

Mariana Madariaga, directora de la ONG Parejas Sin Violencia, destaca que “estas cifras revelan una realidad que estamos viendo hace tres años. Los jóvenes normalizan estas situaciones. Hay una tendencia a creer que el otro, al ser mi pareja, me pertenece y es algo de mi propiedad y yo puedo ejercer fuerza y violencia. El problema es que los jóvenes creen que es algo normal, porque lo ven en las teleseries, en la música, y han crecido con estos estereotipos”.

Pero ¿qué hace a un adolescente ser violento? Ciocca explica que existen factores de riesgo en los círculos familiares o sociales que inciden. “La percepción de normalidad respecto de agredir, burlar o insultar es un factor de riesgo; también tener conductas agresivas con pares del mismo sexo, síntomas depresivos o patologías asociadas a síntomas ansiosos”. Asimismo, agrega que “quienes han sido testigos o víctimas de violencia desde la infancia, donde está normalizado ese trato, son grupos de riesgo de ser víctimas o victimarios y de involucrarse en una relación no sana, donde, por falta de habilidades, terminan resolviendo sus diferencias o inseguridades con agresividad”.

Los expertos coinciden en que se debe abordar en forma multisectorial este fenómeno y tomarse medidas, especialmente considerando que se trata de una realidad que los jóvenes suelen callar y que pueden poner en jaque su futuro. Para Ana Marina Briceño, siquiatra infanto-juvenil del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana, “la violencia sexual en el pololeo siempre se ha dado.

Pero es difícil decir si es frecuente o no, porque no tenemos cifras y no es la generalidad. El gran problema es que no es algo que se hable, muchas veces las niñas lo ocultan por vergüenza. Hay mucho desconocimiento de lo que podría estar ocurriendo”.

Andrea Huneeus, directora de la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescencia, planteó que es importante educar sobre estas conductas desde la infancia. “Una víctima de violencia física y sexual está en tal estrés psicológico que no se atreve a denunciarlo ni a pedir ayuda. Por eso, es importante abordarlo como parte de una educación sexual y también en la educación general, básica, para que los jóvenes adquieran un vocabulario sobre estas materias”. La experta agrega que la idea es entregarles herramientas que les permitan “identificar estas conductas antes de exponerse, para que, de ocurrirles, sepan abordarlas, pedir ayuda. En caso contrario, quedan inmovilizados, con un daño psicológico que les impide pedir ayuda. Entonces, es necesario generar un vocabulario mental de que esto es una conducta que se prohíbe en las relaciones de pareja, incluso antes de que tengan una”.

Para Lorena Fries, presidenta de la Corporación Humanas, estas cifras, aunque parciales, son útiles para visibilizar una realidad, pero faltan “cifras integradas que permitan establecer la prevalencia del tema y generar políticas públicas y marcos regulatorios.

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El aborto en América Latina

El aborto es un tema polémico,  pero en 2018, las discusiones para despenalizarlo en Argentina y la presentación de un proyecto de ley en Chile para ampliar las causas ya permitidas alimentaron sus debates. Entre tanto, en Brasil, Paraguay y México, las reacciones a favor y en contra sobre este tema se mantienen más allá de las legislaciones actuales. Le damos una mirada en este especial de France 24.

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