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Opinión: Violación es violación, no edulcoremos una acción brutal

Por Lorena Fries, abogada de Corporación Humanas

Uno de los aspectos en los que el feminismo jurídico ha puesto especial énfasis desde los ‘90 en adelante es en el tratamiento que se da, en el derecho penal, a todas las expresiones de violencia contra las mujeres.

Captura de pantalla 2018-12-13 a la(s) 13.05.09Una larga lucha por parte de académicas y organizaciones feministas en el mundo logró que la violencia contra las mujeres fuera incorporada en los códigos penales, en sus diversas manifestaciones, visibilizando la situación de discriminación estructural, expresada  en las leyes, que vivían las mujeres por el hecho de ser tales.

Desde Naciones Unidas y desde la OEA se urgió a los Estados a adoptar legislación a nivel nacional para prevenirla y sancionarla con una mirada que se hiciera eco del sesgo de género que en general presentaban las normas penales, enviando así una fuerte señal sobre las conductas que como sociedad no volveríamos a tolerar.

Así, a finales de los 90 se adoptó el Estatuto de Roma, el mayor ejercicio jurídico penal que ha hecho la humanidad en las últimas décadas.

Allí se identificaron las principales formas de violencia sexual contra las mujeres a partir de las experiencias que muchas sociedades vivieron en contextos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Cierto es que estas conductas se definieron para dichos contextos, pero la idea era – como en el caso de la desaparición forzada que aún no existe como delito común – contar con esos mismos tipos penales en la legislación ordinaria, cuestión de la cual aún no se hace cargo el Estado de Chile.

Uno de los temas claves que marcaron dicha discusión fue justamente la falta de concordancia entre lo que se regulaba y la experiencia de las víctimas.

Las discusiones fueron duras, la violación para el mundo penal masculino exigía penetración vaginal e incluso eyaculación para facilitar la prueba y para evitar denuncias falsas. La resistencia física de la víctima se estimaba crucial para determinar la falta de consentimiento.

Al fin y al cabo, cómo  podría saberse de otro modo que efectivamente había habido oposición al acto.

La vivencia de las víctimas, sin embargo, mostró la variedad de respuestas frente a la violencia sexual. Algunas mujeres que se resistieron a ser violadas vivieron consecuencias peores o no sobrevivieron para contarla, otras lograron sobrevivir asumiendo un rol pasivo.

En todos los casos las mujeres y las víctimas desecharon la posibilidad de diferenciar la gravedad de la violación en función de la resistencia que oponían, puesto que la consecuencia era la misma: habían sido ultrajadas sexualmente por la fuerza o por la inhibición o incapacidad de manifestar su negativa al acto sexual.Resulta, a lo menos incomprensible entonces la propuesta del anteproyecto de Código Penal en relación a  la distinción que hace entre violación mediante agresión sexual y violación mediante abuso sexual.

Esta gradación de la pena en la violación impone a las víctimas una obligación de actuar resistiéndose a la agresión que no hace más que aumentar el riesgo a su vida e integridad física y sexual.

Se expone a las mujeres a una paradoja: o se resisten con el potencial de sufrir mayor daño, o el delito se vuelve menos grave porque la víctima no habría sido forzada, no se habría resistido.

El contexto de coacción en el que vivimos las mujeres es permanente, en la calle, en el trabajo, en la casa y se nos sigue haciendo responsables de los actos de agresión sexual de que somos objeto.

La técnica legislativa de nuestros penalistas debe ser capaz de, por una parte darle el mismo desvalor y pena a todas las hipótesis de la violación, recoger las experiencias de las víctimas, y por otra, evitar que los jueces en su aplicación hagan distinciones en base al grado de resistencia que oponga la víctima, cuestión que aún es posible encontrar en sus fallos.

Publicada en Blog Cooperativa

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Desnudando el “Mecanismo Piñera” contra el Aborto: el fracaso del sistema de frenos y contrapesos en Chile

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Al asumir la presidencia, Sebastián Piñera tenía un objetivo claro: exterminar la ley de aborto en tres causales. Luego de varios embates que demoraron más de un año la aprobación de un reglamento para el ejercicio de la objeción de conciencia y varias contiendas con la Contraloría General de la República, el actual mandatario encontró un mecanismo para lograr su objetivo. El “mecanismo Piñera” aunque sutil en su estructuración teórica, no alertaba el peligro que implicaba para la institucionalidad del sistema de frenos y contrapesos en Chile.

El mecanismo es sencillo en su estructura. En primer lugar, el presidente se ocupó de designar al jurista Miguel Ángel Fernández –que alegó por los senadores de Chile Vamos en el requerimiento ante el TC por la ley de aborto en tres causales—como ministro del Tribunal Constitucional y asegurar mayoría contraria a la ley de aborto en tres causales. Luego, mientras articulaba la defensa del reglamento del Ministro Santelices ante la Contraloría y desviaba la atención, se aseguró que un grupo de parlamentarias y parlamentarios oficialistas estuvieran listos para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, en caso de que la defensa en la Contraloría fracasara.

Finalmente, la Contraloría rechazó el decreto presentado por el Ministro Santelices en torno al protocolo de objeción de conciencia, lo cual activó la segunda fase del “mecanismo Piñera”: el requerimiento ante un Tribunal Constitucional que sabía favorable a su objetivo de exterminar la ley de aborto en tres causales.

La forma en que se ha abordado la implementación de la ley de aborto en tres causales y, en particular, el reglamento en materia de objeción de conciencia, ha abierto una enorme grieta en el sistema político y constitucional de Chile y ha desnudado el uso más encarnizado del poder político para tejer redes de marionetas afines a su gobierno.

Los diversos intentos del gobierno por revocar el reglamento, sumados a los artilugios legales utilizados para evitar la participación ciudadana a través de audiencias públicas y rechazar pedidos de inhabilitación de tres ministros del Tribunal Constitucional han despertado la indignación pública en Chile y en la región. Para hacerlo más evidente, el Ejecutivo incluso presentó al TC un documento que avala la postura de las y los parlamentarios de Chile Vamos y que pretende que se declare inconstitucional el reglamento en materia de objeción de conciencia al aborto en tres causales.

Ante este fracaso del sistema de frenos y contrapesos, diversas organizaciones nacionales e internacionales, académicos y académicas, constitucionalistas y redes de abogados y abogadas, han decidido ejercer el derecho constitucional a la petición ante las autoridades a través de la presentación de diez escritos de amicus curiae a favor de la constitucionalidad del reglamento con el fin de asistir al Tribunal Constitucional en su decisión.

El Tribunal Constitucional tuvo una oportunidad histórica para poner fin al “mecanismo Piñera”. Una decisión que debía declarar la constitucionalidad del reglamento de objeción de conciencias enviaría un mensaje al poder político, protegería la institucionalidad en Chile y demostraría que no son marionetas del Ejecutivo.

Publicado por Pagina19.cl

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El Tribunal Constitucional y el Ministerio de Salud nos quitan las tres causales

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Ganan las clínicas, lucran los privados, pierden las mujeres

Con indignación La Mesa Acción por el Aborto en Chile recibe la resolución del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional el reglamento de Objeción de Conciencia el pasado 6 de noviembre. Esta llega tras el requerimiento presentado por parlamentarios del gobierno, buscando anular las limitaciones a la objeción de conciencia para instituciones privadas que con convenios para realizar prestaciones ginecobstétricas con fondos públicos. Según el último reglamento del Ministerio de Salud, el único límite que establecido a las instituciones privadas es mínimo: que no puede estar recibiendo fondos públicos por efecto de un convenio con el Estado (en base al DFL 36) por prestaciones gineco-obstétricas que se realicen en pabellón. De acuerdo a la ley, se entiende que quienes suscriben estos convenios son parte de la red de servicios de salud del Estado, y por tanto les da el mismo tratamiento que a los hospitales públicos: no pueden objetar como institución.

“Este límite tan mínimo y de sentido común, es el que parlamentarios de derecha cuestionaron ante el Tribunal Constitucional. Más que el derecho de las mujeres legalmente reconocido en las 3 causales, para ellos lo importante es que el sector privado de salud tenga la posibilidad de optar otorgar o no la prestación de interrumpir un embarazo, sin consecuencia respecto de los fondos públicos que pueda percibir. Su “libertad institucional” es más importante que la responsabilidad del Estado de garantizar que las mujeres tengan acceso a las prestaciones a las cuales tienen derecho” señala Gloria Maira, ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y una de las voceras de la Mesa.

Para Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa, “permitir que un o una profesional de salud se rehuse a realizar una atención de salud por razones de conciencia es algo extremadamente excepcional”. Tratándose de aborto, en la práctica, implica hacerle más difícil a las mujeres acceder a un procedimiento seguro cuando está en una de las tres causales. “Ya es un problema que se permita la objeción de manera amplia. Es peor que se permita objetar a instituciones completas. Esta objeción de conciencia institucional -figura instaurada por el Tribunal Constitucional por sobre la voluntad del Congreso Nacional- no tiene asidero alguno en los sistemas de protección de derechos humanos. Conciencia tienen las personas, no las instituciones”, enfatiza.

“Una mujer en cualquiera de las 3 causales, además de tener que sobrellevar lo que está viviendo y cumplir con los requisitos que exige la ley, podría tener que pasar por un verdadero “puerta a puerta” para encontrar dónde interrumpir su embarazo, en una carrera de obstáculos que además es contra el tiempo, que solo la vulnera aún más. Avalando estas trabas, el gobierno se vuelve cómplice de la violencia hacia las mujeres ejercida por el mismo Estado”, señala con preocupación Gloria Maira.

La Mesa Acción por el Aborto en Chile declara indignante ver que, luego que se consiguió tener tres causales en la ley, ahora la quitan por vía administrativa y judicial, sin respeto a las decisiones democráticas que se tomaron en una larga discusión como país, ni a los derechos humanos de las mujeres. El Estado tiene el deber de garantizar la aplicación de la ley y facilitar el acceso de las mujeres, especialmente de aquellas particularmente vulneradas en sus derechos, como las niñas y las adolescentes, o aquellas que viven con escasos recursos económicos. Este deber está lejos de cumplirse a cabalidad y una de las razones es la objeción de conciencia, critican.

Por Mesa Acción por el Aborto en Chile

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Comité de Expertas expresa su preocupación por el caso de Francisca Díaz Williams en Chile

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) expresa su preocupación por la situación de Francisca Díaz Williams en Chile, estudiante de derecho que luego de haber denunciado ser víctima de abuso sexual por parte de un abogado de la Fiscalía de Hualaihué, ha sido condenada por denuncia calumniosa por el Tribunal Oral de Puerto Montt el pasado 26 de noviembre de 2018. El fallo señala que se condena a Francisca a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, una multa de una unidad tributaria mensual y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos.

De acuerdo a la información recibida, Francisca habría sido víctima de abuso sexual por parte del implicado y que, tanto al llegar a las dependencias policiales a formular la denuncia, como en el hospital para constatar lesiones y en la investigación posterior por parte de la Fiscalía, no se habrían cumplido los protocolos y procedimientos adecuados. Como resultado, el agresor se querelló contra Francisca por denuncia calumniosa, previsto y sancionado en el artículo 211 del Código Penal, causando que la víctima haya sido revictimizada y criminalizada por denunciar una agresión sexual.

Estos hechos ponen de manifiesto las claras limitaciones en relación al tratamiento de las mujeres que denuncian casos de violencia sexual, quienes tienen que enfrentar la criminalización por parte del Estado, la violencia institucional por parte de los entes encargados de los procedimientos, la falta de acceso a la justicia y la presencia de estereotipos de género que afectan los procesos judiciales.

El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará establece que los Estados Parte deben actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer, y establecer procedimientos legales justos y eficaces que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Por lo anterior, este Comité de Expertas insta al Estado de Chile a garantizar el acceso a la justica de Francisca, a proteger a las víctimas de agresiones sexuales y a promover que estos casos sean denunciados y procesados aplicando la normativa internacional de derechos humanos de las mujeres, especialmente los emanados de la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por el Estado de Chile.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

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“Atenciones en pabellón”: La confusa fórmula del gobierno para dar margen a la objeción de conciencia en centros de salud privados

“Atenciones en pabellón”: La confusa fórmula del gobierno para dar margen a la objeción de conciencia en centros de salud privados

La última frase del artículo 13 del nuevo reglamento que complementa la Ley de Despenalización de Aborto en tres causales genera ambigüedades y no hay una interpretación clara y unánime de sus implicancias legales. A priori, el texto parece blindar los recursos de la red de consultorios Ancora de la Pontificia Universidad Católica.

Esta mañana, un año después de aprobarse la Ley de Despenalización de Aborto en tres causales, finalmente se publicó en el Diario Oficial el reglamento para que tanto los equipos profesionales como las instituciones puedan acogerse a la objeción de conciencia. La nueva normativa, que entrará en vigor dentro de 15 días, ha introducido algunas modificaciones respecto al reglamento aprobado por la administración Bachelet.

Los intentos del gobierno de Sebastián Piñera y su ministro de Salud, Emilio Santelices, para facilitar la objeción a las instituciones privadas que reciben aportes públicos, ha hecho que cada palabra de texto publicado este martes se ponga bajo la lupa de expertos y activistas feministas. Está extendida la sospecha de que la letra chica puede modificar el espíritu original de la ley.

Uno de los puntos que se ha puesto en cuestión en el nuevo documento es el artículo 13, que establece que “los establecimientos privados que hayan suscrito convenios regidos por disposiciones del decreto con fuerza de ley N°36 de 1980 del Ministerio de Salud, no podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón“.

Esa parte final del párrafo -“que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”-, redactada de forma confusa y ambigua, ha generado distintas interpretaciones sobre si existe margen o no para que los recintos privados que reciben recursos estatales puedan acogerse a la objeción.

En una columna publicada este mismo martes al mediodía en La Tercera, el abogado Gabriel Osorio opinó que “los establecimientos privados con convenios con el Estado sólo no podrán objetar conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”. Entonces, a partir de eso, dedujo: “De esta manera, se omite que en las primeras semanas de gestación es posible interrumpir el embarazo fuera de pabellón (aspiración manual endouterina (ameu) y el aborto médico por fármacos) o que la atención del pabellón es una atención de última ratio, que requiere de una serie de atenciones preliminares”.

De hecho, la “Norma Técnica Nacional sobre Acompañamiento y atención integral a la mujer que se encuentra en alguna de las tres causales que regula la Ley 21.030”, establece como métodos recomendados “el uso de medicamentos y la aspiración por vacío (ameu) [que también se realiza en pabellón]”. Y continúa: “La habitual técnica de dilatación y raspado (legrado, curetaje) debiera eliminarse progresivamente de las prácticas asistenciales en el país”. La elección de uno de ellos dependerá -según la normativa- de factores como “la causal invocada, la edad gestacional, las condiciones de salud de la mujer (sana o con morbilidad) incluyendo la condición del embarazo (complicado o no), y las condiciones del embrión o feto (estado vital – tamaño)”, además de considerar “las condiciones locales de la Red asistencial, y las competencias de los profesionales en el método a utilizar”.

Consultado por El Desconcierto, Osorio pone énfasis en que el tipo procedimiento a aplicar se relacione con la objeción. Explica que “limitar” la objeción de conciencia a las prácticas de pabellón implica “que hay otras intervenciones que no dicen relación con la entrada de una paciente al pabellón, por lo que la institución puede objetar conciencia”. Bajo esa interpretación, si por ejemplo una mujer violada y embarazada de cuatro semanas solicitara abortar con fármacos en un recinto privado que recibe fondos públicos, éste recinto podría declararse objetor sin mayor justificación.

Blindar la Red Salud UC Christus

Sin embargo, desde las organizaciones feministas y en defensa del aborto legal hacen otra lectura del artículo 13. La vocera de la Mesa Acción Aborto, Gloria Maira, aseguró que el texto señala que “no podrán objetar las instituciones privadas que dentro de sus prestaciones gineco-obstétricas incluyan la [atención en] pabellón”. Según ella, eso es independiente de que la interrupción voluntaria del embarazo sea “por fármaco, por ameu o quirúrgica”, y pone de manifiesto que los establecimientos habilitados para realizar las prestaciones de la ley disponen de instalaciones para tratar complejidades gineco-obstétricas, como un pabellón. Es el caso de los policlínicos de alto riesgo obstétrico (aros), un total de 69 establecimientos públicos establecidos por ley para practicar abortos bajo los supuestos regulados. En cambio, en relación a los centros privados que reciben fondos públicos, Maira dejó afuera de esta categoría a los consultorios Ancora de la Católica: “No están en este nivel de complejidad”, dijo. Tampoco es el caso de los centros de atención primaria.

A priori, pues, pareciera el texto del nuevo reglamento habría sido la fórmula perfecta para blindar los recursos de la red de consultorios Ancora de la Pontificia Universidad Católica, cuyos convenios públicos podrían haber quedado afectados por la condición declarada como objetores institucionales de su red de hospitales Salud UC Christus de la PUC.

Sea como sea, la última frase del artículo 13 genera ambigüedades y no hay una interpretación clara y unánime de sus implicancias legales. Osorio criticó que un texto legal se publique dando pie a confusiones. “Si hay posibilidad de que haya dos interpretaciones una en benficio de mujeres y otra que no, es evidente que hay un problema”, afirmó el abogado.

Otros retrocesos

Además de las imprecisiones que deja el artículo 13, la nueva normativa tiene otras falencias  que han sido enmendadas por no garantizar los derechos de las mujeres en las atencion de salud. Desde la Coporación Humanas, la abogada Camila Maturana subrayó que se suprimeron los acápites referidos a las obligaciones tanto de los establecimientos como de los profesionales de salud (objetores y no objetores): “Ya no se encuentra regulada la obligación de los equipos de salud de contar con profesionales no objetores, lo que es fundamental para garantizar la atención oportuna de las mujeres. Si el establecmimiento se ve impedido de dar una atención consagrada por ley, este establecimiento no tiene ninguna otra obligación que limitarse a derivar a la mujer a otro centro de salud, sin hacerse cargo de este proceso”, apuntó Maturana, quien recordó que en los recintos públicos la mitad de los profesionales son objetores en la causal de violación.

La abogada también criticó que el Minsal regule la objeción de conciencia en las instituciones privadas sin solicitar un posicionamiento “genuino” al respecto. Es decir, “no exige fundamentar las razones de valores o idearios de la insitucio que provocan que la institución se niegue a realizar una prestaciones de salud que permite la ley”. Además, destacó la supresión del acápite referido a los derechos de las mujeres: “Por lo tanto, no se reconoce de manera explícita a las mujeres como sujetos de derecho en esta regulación”, dijo.

Cinco meses de incertidumbre

La incertidumbre jurídica que provocó el Minsal luego de dejar pasar el tiempo sin regular la objeción, pero con la ley de despenalización del aborto en tres causales en funcionamiento ha dejado en situación de vulnerabilidad a mujeres y niñas durante meses. “No tenemos claridad de cuántas pudieran haberse visto afectadas por esa falta de claridad”, indicó Camila Maturana.

El problema se arrastraba desde el pasado 23 de marzo, cuando el gobierno de Piñera publicó un protocolo que autorizaba a establecimientos privados que recibían aportes del Estado en áreas de ginecología y obstetricia a declararse objetores. Tras los recursos de organizaciones y políticos de la oposición, la Contraloría alzó la voz, alertando que dicho reglamento no se ajustaba a derecho, y obligó al ejecutivo a ingresar un nuevo documento, que se publicó este martes, después de más de cinco meses.

Publicado por El Desconcierto 

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Aborto en tres causales: el mapa de los médicos objetores por hospital

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Las mujeres resisten y luchan por su derecho al aborto

No resulta sorprendente que los países con legislaciones más atrasadas sean también aquellos en los que las mujeres sufren todo tipo de privación de sus derechos, de discriminación y de violencia. Los 10 países del mundo en los que es más difícil ser una mujer, poseen sin excepción legislaciones draconianas en materia de aborto.

En el mundo aún 26 Estados prohíben totalmente el aborto y consideran el hecho de abortar un delito sujeto a penas de cárcel. Y en más de uno de cada diez países en el mundo no se admite ninguna excepción legal, ni siquiera cuando se trata de salvar la vida de la mujer.

En general, a nivel global, 124 países conservan leyes retrógradas, que van desde la introducción de restricciones que obstaculizan la autonomía y la libertad de elección de las mujeres hasta su total prohibición.

Además, nuevamente se vuelve a atacar y amenazar el derecho al aborto en muchos países. De hecho, los discursos antiaborto de determinados dirigentes han dado argumentos a movimientos conservadores y han acompañado las regresiones que se han producido en Rusia, Polonia y Estados Unidos, entre otros. Persisten o han vuelto, sorprendentemente, determinadas medidas contra la libre elección. Así, Donald Trump restauró la “Global Gag Rule” en 2017, el decreto que prohíbe la financiación de organizaciones internacionales que ofrezcan servicios de aborto legal y seguro. También en Estados Unidos, el estado de Iowa intenta en estos momentos la aprobación de una ley, la denominada “Heartbeat law”, que haría prácticamente imposibles los abortos.

Sin embargo, se avanza y a nivel legal, la tendencia mundial de estos últimos años es positiva. Entre 2000 y 2018, 29 países modificaron su legislación sobre el aborto y todos ellos, salvo uno, adoptaron leyes nacionales más progresistas. Algunos suprimieron todas las restricciones y legalizaron el aborto a petición. Otros ampliaron la base jurídica que permite la intervención incluyendo nuevos criterios (riesgo para la salud de las mujeres, razones socioeconómicas). Únicamente Nicaragua ha dado un paso atrás en 2006 al prohibir el aborto terapéutico.

Asimismo, ante las nuevas tendencias reaccionarias se alzan y continuarán alzándose miles de mujeres determinadas a lograr el reconocimiento y protección de su derecho fundamental al aborto. De hecho en América del Sur, la movilización de mujeres ha permitido que en Argentina este año el Congreso de la Nación estuviera a punto de sancionar el aborto legal dentro de las primeras 14 semanas de embarazo. Aunque el Senado rechazó finalmente la reforma (63% de los votos en contra fueron emitidos por hombres), se ha logrado instalar a nivel social la necesidad de la legalización total del aborto. El movimiento fue también un trampolín para que en otros países se generen importantes debates sociales y legislativos sobre la despenalización del aborto, como en Perú y Bolivia. En Chile, las mujeres lograron que se aprobara en 2017 una ley de aborto por causales después de 20 años de prohibición total. Del mismo modo, en años previos se había logrado legalizar el aborto en Uruguay, en 2012, y en Ciudad de México en 2007.

Resulta claro que las propias mujeres no pararán de luchar y denunciar las consecuencias graves que las leyes restrictivas tienen para ellas (y para toda la sociedad), y que profundizan las desigualdades sociales y de género. En la medida que las mujeres se movilicen masivamente y demanden reformas legislativas orientadas a la protección de los derechos de la mitad de la población, los tomadores de decisión se verán interpelados a responder a estas demandas ciudadanas. Pero ello requiere igualmente un mayor involucramiento de la ciudadanía en su conjunto en esta lucha, incluyendo a mujeres y hombres, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho.

* Justine Duby es experta sobre derechos de las mujeres y forma parte de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Camila Maturana es abogada y experta sobre el derecho al aborto, y forma parte del Centro Regional de derechos humanos y justicia de genero (Corporación Humanas Chile).

 Publicado en Animal Politico 

 

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#PolíticamenteHumanas Camila Maturana y despenalización del aborto: “Este debate va a transparentar quiénes creen que las mujeres y niñas deben ir a la cárcel”

Camila Maturana y despenalización del aborto: “Este debate va a transparentar quiénes creen que las mujeres y niñas deben ir a la cárcel”

La abogada de Corporación Humanas se refirió al rol que cumplieron junto a la Mesa Acción por el Aborto en Chile (MAACH) en compañía de diputadas para presentar la moción parlamentaria para la despenalización del aborto.

La Corporación Humanas realizó un estudio titulado “Realidad del aborto en Chile – Revisión de información estadística, agosto 2018.

En entrevista con Políticamente Humanas, la abogada Camila Maturana se refirió a este estudio y al rol que cumplieron junto a la Mesa Acción por el Aborto en Chile (MAACH) en compañía de diputadas para presentar la moción parlamentaria para la despenalización del aborto.

En esa línea, Maturana destacó que este debate “va a transparentar quiénes creen que las mujeres y niñas deben ir a la cárcel” por abortar.

Revisa la entrevista completa a continuación:

 

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Ley de aborto: auditoría revela graves fallas en atención de paciente


Proceso se abrió tras los reclamos de mujer que se enfrentó a dos médicos objetores, que habrían entorpecido su atención en el Hospital de Quilpué.

Una serie de fallas en la atención que brindó el servicio y en el cumplimiento de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, determinó la auditoría realizada al Hospital de Quilpué, tras el caso de la paciente Fernanda Sandoval (25), quien denunció que la objeción de conciencia del personal puso trabas a la concreción de su aborto, pese a reunirse las condiciones.

La joven llegó con un sangrado al centro asistencial, la madrugada del 6 de abril. Tenía mucho dolor y un embarazo de 14 semanas, calificado como complejo, debido al dispositivo intrauterino que tenía. Tras sufrir varias complicaciones, la joven solicitó en varias ocasiones la interrupción del embarazo por la segunda causal, de inviabilidad fetal, lo que en primera instancia le fue negado por un médico que se reconoció como objetor de conciencia y quien argumentó, según la auditoría, que no existía “indicación de interrupción”.

Desde la mañana siguiente, pidió en tres ocasiones la interrupción, que le fue negada. Eso, hasta pasadas las 15.00, cuando se produjo un cambio de turno y fue revisada por un profesional no objetor, quien aprobó dar curso al procedimiento de interrupción del embarazo, mediante el uso de fármacos.Un día después, y habiendo recibido solo la primera dosis, la mujer abortó. Por su condición, sin embargo, se determinó que requeriría un vaciamiento en pabellón. Y ahí nuevamente se encontró con personal objetor de conciencia, lo que retrasó el procedimiento.

La joven, presentó reclamos tanto en el hospital como en el Servicio de Salud, por incumplimientos de la normativa, lo que se constató en las auditorías de ambos organismos.

Así, los hallazgos de la indagación, a cargo del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, arrojaron que “no estaba protocolizada la atención por Ley IVE en el Hospital de Quilpué”, y que “la capacitación del personal era insuficiente al respecto, en maternidad y pabellón”. Además, se constató que, una vez iniciado el proceso de interrupción con fármacos, “al día siguiente hubo dudas respecto de continuar indicación de misotrol, a pesar de que esta indicación estaba registrada en la ficha”, y que “no se consideró el traslado de la paciente a otro centro de salud, por médico objetor de conciencia”.

Del mismo modo, se constataron incumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente y del decreto que regula el uso de la ficha clínica, dado que hubo “algunos registros clínicos incompletos, letra ilegible, hojas sin fecha ni hora, no hay registro de algunos hitos relevantes de la atención”.

Entre las recomendaciones que hizo el servicio al hospital, se estipuló que se debía protocolizar la atención, completar las capacitaciones del personal de la maternidad y del pabellón, y que se debía “velar porque los objetores de conciencia se distribuyeran en diferentes turnos”, así como asignar suplentes responsables y regular el traslado de pacientes. También definir cómo se iba a resolver la objeción “dado que en la causal tres tiene 81% de objetores en la maternidad”.

Aún afectada por la situación, Fernanda dijo esperar que “estas auditorías se reflejen en medidas concretas” (ver entrevista).

Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, organismo que asesora a la joven, manifestó que “las auditorías son contundentes respecto de las medidas que plantean y al constatar que existieron problemas claros de información”. Agregó que “la atención brindada y los tratamientos indicados por los profesionales objetores fue muy distinta a la definida por los no objetores. Por ello, la paciente y cualquier persona entiende que la objeción de conciencia impacta en la atención recibida”.Desde el Servicio de Salud, en tanto, indicaron que los hallazgos de ambas auditorías “dieron paso una serie de medidas de mejora en la implementación de la ley, las que han permitido entregar a nuestras pacientes una atención oportuna e integral”.

Un año

A casi un año de la promulgación de la Ley de Aborto, el Ministerio de Salud contabiliza, haste el 13 de agosto, 493 casos en los que se configuró alguna de las tres causales y en las cuales, mayoritariamente (445), las pacientes optaron por interrumpir los embarazos. Al respecto, el ministro Emilio Santelices aseguró que “el Minsal puede dar la certeza que estamos haciendo todos los esfuerzos y nuestro compromiso es para que efectivamente la población cuando requiera la atención de cualquier tipo y también atención acogida a la tres causales contará con un equipo que podrá resolver el problema de manera oportuna”.

Publicado por La Tercera 

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Todos los obstáculos y presiones que impiden a las mujeres acceder al aborto por tres causales

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