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Senado aprueba idea de legislar el derecho de filiación para familias lesbomaternales y homoparentales

Senado aprueba idea de legislar el derecho de filiación para familias lesbomaternales y homoparentalesTras ser aprobado con tres votos a favor y dos en contra, el proyecto de derechos filiativos quedó en condiciones de ser discutido y votado por la sala de la Cámara Alta. “Este proyecto pone fin a nuestra inexistencia legal como familias lesbomaternales, transparentales u homoparentales”, señalaron desde la agrupación Visibles. A pesar de ser aprobado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dejó en claro que el Ejecutivo “no es partidario de legislar en los términos que se propone en esta moción”, considerándola “inconveniente y deficiente en su contenido”.

Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión especial de infancia y adolescencia del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que regula el derecho de filiación de hijas e hijos de parejas homosexuales.

La iniciativa ingresada por agrupaciones lésbicas y feministas, fue presentada por los senadores Isabel Allende, Alfonso de Urresti, Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber y Adriana Muñoz.

De esta manera, el proyecto de derechos filiativos quedó en condiciones de ser discutido y votado por la sala de la Cámara Alta.

Cabe destacar que durante la exposición ante la comisión, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que el Ejecutivo “no es partidario de legislar en los términos que se propone en esta moción por considerarla como inconveniente y deficiente en su contenido”.

A pesar de esto, agrupaciones como Lésbica Rompiendo el Silencio, Corporación Humanas; y las colectivas Visibles y Familia es Familia, celebraron la aprobación de su iniciativa.

“Es un hecho histórico para la comunidad LGBTI“, expresó la directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Érika Montecinos.

Por otra parte, desde la agrupación VisibLES explicaron en un comunicado que “el matrimonio de las madres y de los padres no puede determinar la existencia de los derechos de los hijos”.

Y así lo confirma la reforma de 1998, donde el reconocimiento y filiación ya no están determinados por un vínculo matrimonial. 

“Este proyecto de Derechos Filiativos pone fin a nuestra inexistencia legal como familias lesbomaternales, transparentales u homoparentales”, añadieron desde la agrupación lésbica VisibLES.

Publicado por Braga El Mostrador

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Monitoreo social: obstáculos para mujeres en las causales de aborto y un atentando a su derecho a decidir

“La ruta de las mujeres es una ruta de obstáculos”, así lo demuestra el Monitoreo Social a la Ley de Aborto en 3 Causales, realizado por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, a personal y usuarias del sistema público de salud en siete territorios del país: Antofagasta, Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Aysén.

En primer lugar, claramente la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una prestación de salud no informada, tanto hacia la comunidad como hacia las mujeres que califican en alguna de las tres causales. Esto afecta especialmente a las niñas y adolescentes ya que, si sufren una violación y desconocen las opciones con las que cuentan, no se cumple el objetivo de la ley.

A esto se suma la falta de información y capacitación al propio personal de salud. Sólo se informa y capacita a quienes están directamente involucrados con la prestación de salud. No existe una política desde el Ministerio diseñada para superar los problemas asociados al desconocimiento y la desinformación, lo que crea inseguridad y temor, reduciendo el compromiso de los equipos y estigmatizando a quienes trabajan en el acceso a la IVE.

Otro gran problema es la objeción de conciencia (OC), declarada o no declarada, que constituye un obstáculo en la entrega de la prestación, contribuyendo a dificultar el acceso a un derecho establecido por ley. Pareciera que no hay costos para los médicos objetores, mientras el peso recae en las propias mujeres y en el resto de los equipos de salud. En la actualidad, con la cantidad de objetores existentes, IMG_2051contratados por la autoridad sanitaria, no es posible cumplir la ley.

De igual manera, tampoco se asegura que la decisión esté radicada en la usuaria. En muchos casos, en la primera y segunda causal la voluntad de la mujer desaparece ante la decisión de los equipos médicos. En la tercera causal la dificultad pasa por la constante sospecha sobre el relato de las mujeres adultas, con lo que muchas veces no se acredita la causal o se generan retrasos pueden terminar en situaciones críticas respecto a los plazos para interrumpir el embarazo.

El Estado debe asegurar la decisión de las mujeres en el momento oportuno y no exponerlas a riesgos innecesarios.

En suma, si bien la ley apunta a consolidar un nuevo paradigma centrado en la autonomía de la mujer y respeto a sus decisiones, este monitoreo demuestra que, en los territorios observados, sólo se han establecido los mínimos, con lo que no se materializa este estándar. Esto no es sólo un tema legal, incide directamente la salud y la vida de las mujeres.

En ese sentido las organizaciones que conforman la Mesa de Acción por el Aborto en Chile demandan de las autoridades competentes cumplir con la ley y adoptar medidas urgentes para que las niñas, adolescentes y mujeres en estas causales puedan hacer uso del derecho reconocido en condiciones dignas, contando con una atención oportuna y de calidad.

Revisar el Monitoreo Social

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Opinión: Aumento de objetores de conciencia ¿qué pasó con las niñas en primera fila?

 Preocupa que al conocerse los altísimos índices de objeción de conciencia entre funcionarios públicos, en lugar de adoptarse medidas concretas para asegurar la atención de las víctimas de agresiones sexuales, desde el Ministerio de Salud se señale que ello “no nos inquieta”.

Por Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas

Hace unos días, el Ministerio de Salud dio a conocer una información alarmante: el 51% de los médicos obstetras que trabajan en servicios públicos son objetores de conciencia en al menos una causal. Esto, conforme al recuento posterior a la dictación del reglamento de octubre de 2018 que regula la forma en que profesionales, equipos de salud e incluso personas jurídicas pueden acogerse a la objeción de conciencia. Previo al reglamento, los obstetras objetores alcanzaban el 47%; es decir, la dictación de la normativa ministerial posibilitó que aumentaran los especialistas que no están dispuestos a intervenir en la interrupción legal del embarazo por causales.

Frente a ello, el entonces Ministro de Salud, Emilio Santelices, en una de sus últimas declaraciones públicas, señaló que “ha habido algún incremento de objetores en la tercera causal, no nos inquieta, no es significativo”. De este modo la ex autoridad sanitaria pretendía descartar la gravedad de la situación, obviando lo indesmentible. Tan alta proporción de profesionales objetores de conciencia constituye un serio obstáculo a la aplicación de la ley sobre aborto en tres causales, especialmente para las mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual y deciden interrumpir su embarazo.

La posibilidad real de que mujeres y niñas que se encuentran en alguna de las tres causales legales de aborto, riesgo vital, inviabilidad y, especialmente, violación sexual, puedan acceder a la atención de salud que requieren, de manera oportuna y en entornos cercanos a sus redes, se vuelve cada vez más difícil. En solo un año, en lugar de disminuir las barreras al acceso, aumentaron quienes se acogen a la objeción de conciencia en establecimientos públicos. Además del alza entre obstetras, aumentaron los médicos anestesistas objetores, de 21,7% a 26,3%; y los técnicos paramédicos que se desempeñan en pabellón, de 13,2% a 13,5%.

Este aumento se produce posterior a la dictación del reglamento para la ejecución de la objeción de conciencia, que flexibiliza al máximo la posibilidad de acogerse a esta prerrogativa para no tener que intervenir en la interrupción legal del embarazo de una mujer o niña que se encuentre en alguna de las tres causales, por lo demás bastante acotadas y excepcionales. Conforme a la regulación ministerial, basta con llenar un formulario para ser reconocido como objetor de conciencia, sin que se exija siquiera señalar las creencias o convicciones que supuestamente le impedirían brindar la referida prestación de salud.

Bajo la normativa vigente, que no resguarda el carácter excepcional que debe tener la objeción de conciencia, quien simplemente no desee intervenir en la interrupción legal de un embarazo puede ser reconocido como objetor solo completando un formulario tipo. De esta manera, no se garantiza lo dispuesto en la ley, orientada a resguardar, al menos, los derechos de las mujeres y las niñas que se encuentren en alguna de las tres causales.

Ello contrasta con las reiteradas declaraciones del Presidente de la República acerca de su preocupación por la infancia. Hace un par de semanas, en su cuenta pública, el Presidente Piñera se dirigió al país señalando que los niños “están en el corazón de nuestro Gobierno” y que el abuso sexual “no tiene perdón”. Por ello, la desprotección que enfrentan las niñas víctimas de violencia sexual que deciden interrumpir un embarazo resultado de tal violencia, ante la gran cantidad de funcionarios públicos objetores de conciencia, no puede considerarse insignificante.

El Estado de Chile ha asumido compromisos vinculantes en materia de protección de las víctimas de violencia sexual y obligaciones reforzadas si se trata de menores de edad. Por ello preocupa que al conocerse los altísimos índices de objeción de conciencia entre funcionarios públicos, en lugar de adoptarse medidas concretas para asegurar la atención de las víctimas de agresiones sexuales, se señale que ello “no nos inquieta”. La reparación de las víctimas y el acceso a la atención de salud en tales casos hace parte de las obligaciones que las autoridades del país deben garantizar, especialmente respecto de niñas que han sufrido violencia sexual.

Publicada por The Clinic 

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Aborto: 50% de los obstetras de la red pública se declara objetor de conciencia en casos de violación

Según informe del Minsal a junio, de los 1.148 médicos en esa área contratados en hospitales, 580 no están dispuestos a aplicar la tercera causal de Ley de Aborto. Hace un año era el 47%.


El último reporte del Ministerio de Salud (Minsal) respecto de los funcionarios contratados en los servicios de salud que se han declarado objetores de conciencia en alguna de las tres causales de la ley que despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo, reveló un aumento de los médicos obstetras que no están disponibles para practicar abortos en casos de violación.

El análisis publicado el 6 de junio detalla que de los 1.148 especialistas con contrato en el sistema público, un total de 580 se declara objetores de conciencia en esta causal; es decir, un 50,5% del total.

El 23 de septiembre de 2017 se publicó la normativa que despenalizaba el aborto en alguna de las tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Tras la puesta en marcha de la ley, el Minsal dio a conocer el primer reporte de médicos objetores en junio de 2018. Allí mostró que 538 doctores se negaban a interrumpir el embarazo en casos de agresiones sexuales a mujeres, es decir el 47,2% del total.

El reporte

Una de las mayores variaciones que refleja el reporte estadístico del Minsal se registra en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. En ese lugar, el número de objetores se duplicó, pasando de 15 médicos a 39 especialistas no disponibles para interrumpir embarazos por violación (ver infografía).

En el otro extremo se encuentra el Servicio de Salud del Maule. En esa zona se registró una disminución de obstetras objetores, pasando de 69, en 2018, a 56, en 2019.

Otro de los casos que llama la atención es Osorno. En 2018 en esta región todos los médicos de la red pública se habían declarado objetores de conciencia. Y pese a la ofensiva que el año pasado desplegó el Minsal para encontrar dos doctores dispuestos a cumplir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la medida solo permitió contratar a un obstetra para atender los casos de toda la región.

Desde la promulgación de la normativa en 2017, se han hecho una serie de modificaciones, las que, incluso, generaron que recién en enero de 2018 se tuviera el Protocolo de Objeción de Conciencia definitivo, el cual ya está publicado en el Diario Oficial.

Esto llevó al Minsal a realizar una nueva consulta a los médicos, tanto obstetras, como anestesistas, matrones, y técnicos paramédicos, respecto de su condición de objetores y no objetores de la ley.

Es este reporte definitivo el que publicó el Ministerio de Salud el pasado 6 de junio y que muestra un aumento en la tercera causal. Pero también alzas menores de obstetras objetores en las causales de riesgo de vida de la madre (de 20,2% a 20,7% en un año) y de la segunda causal que permite abortar por la inviabilidad fetal (de 27,2% a 28,5%).

Desde el Minsal aseguran que pese al alza en la cantidad de médicos objetores, reflejado en el informe, “no se aprecian grandes modificaciones en los datos porque la manifestación de objeción de conciencia es más bien permanente en las personas. La variación registrada tiene que ver más con la entrada o salida de personal dentro del sistema”, aseguraron desde el ministerio.

Camila Maturana, abogada de la corporación Humanas, desestima el análisis efectuado por el Minsal. Según su evaluación, el aumento de obstetras contratados no se da en la misma proporción que el aumento el número de profesionales objetores. “Los contratados aumentan solo en cuatro unidades mientras que los objetores lo hacen en 40 unidades”, afirma.

Para Maturana, lo más relevante de los datos es que uno de cada dos médicos de la red pública se niega a hacer valer el derecho que dejó establecido la ley para que las mujeres, que cumplen alguna de las tres causales, puedan interrumpir su embarazo sin ser penalizadas.

“Aquí no se está resguardando el carácter de excepcional que tiene la objeción de conciencia en esta ley, ya que se está regulando de manera muy amplia la posibilidad de hacer objeción. Asimismo, el Minsal no ha informado cuáles son las medidas que se van a adoptar para garantizar a mujeres y niñas que quieran interrumpir sus embarazos, que puedan acceder a hacerlo de manera oportuna”, indicó.

El ginecoobstetra Luis Jensen, quien fue vocero de Médicos por la Vida, declaró su “alegría” tras conocer las cifras del Minsal. Dijo no sorprenderse con las estadísticas, ya que, según indicó, “uno como médico ve el bien integral de la persona y todos los estudios demuestran que el daño que produce la interrupción voluntaria del embarazo en la salud mental de la mujer es profundo e irreparable en muchos casos”.

Este último informe se enmarca en las publicaciones periódicas que hace el Minsal respecto del avance y aplicación de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hasta el 7 de enero, 769 mujeres habían invocado la aplicación de la normativa, tras lo cual en 666 casos se aprobó interrumpir el embarazo por alguna de las tres causales.

Click en la infografía para ampliar

 

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Corporación Humanas expresa preocupación por gran porcentaje de objetores-as de conciencia en causal violación

Preocupación por aumento de objetores de conciencia registrado con posterioridad a la dictación del reglamento del Ministerio de Salud

  • Corporación Humanas alerta sobre la expansión de la objeción de conciencia entre profesionales de servicios de salud, observada tras la entrada en vigencia del reglamento dictado por el Ministerio de Salud.
  • Para Corporación Humanas, el aumento de objetores de conciencia obstaculiza a mujeres y niñas poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, especialmente a las víctimas de violencia sexual.

Santiago de Chile, 09 de junio de 2019.-De acuerdo a la información recientemente publicada por el Ministerio de Salud sobre objetores de conciencia en establecimientos públicos de salud, habrían aumentado los profesionales que se acogen a la objeción de conciencia para no realizar abortos en las causales previstas en la ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, especialmente en casos de violencia sexual.

Posterior a la dictación del reglamento sobre objeción de conciencia por parte del Ministerio de Salud, en octubre de 2018, y a su revisión por el Tribunal Constitucional, en enero de 2019; el Ministerio de Salud puso a disposición de los equipos de salud un formulario tipo para la declaración de la calidad de objetor de conciencia que permite abstenerse de intervenir en los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales regulados por la ley Nº 21.030 de septiembre de 2017.

De acuerdo al reglamento, pueden acogerse a la objeción de conciencia médicos/as cirujanos/as e integrantes del equipo de salud que desarrollen sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. Para ello, basta completar el formulario tipo del Ministerio de Salud, indicando la o las causales en que se declara objetor de conciencia, sin que se exija ninguna clase de fundamentación basada en las convicciones o creencias morales o religiosas que impedirían al o la funcionaria intervenir en la atención de una mujer o una niña que solicita el aborto por alguna de las tres causales legales.

Posterior al nuevo proceso de declaración de objeción de conciencia, el Ministerio de Salud informa a través de su página web que, a junio de 2019, de los 1.148 médicos/as obstetras contratados/as en los servicios de salud, más de la mitad se ha acogido a la objeción de conciencia en la causal violación sexual (51%), el 29% en la causal inviabilidad y el 21% en caso de riesgo vital.

Ello representa un aumento respecto de los profesionales que se acogieron a la objeción de conciencia en 2018. De hecho, en junio del año pasado, el Ministerio de Salud informaba en su página web que el 47,2% de los/as médicos/as obstetras se declaraban objetores en la causal violación, el 27,3% en caso de inviabilidad y el 20,3% en la causal riesgo vital.

Para Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas, resulta sumamente preocupante constatar que, tras la dictación del reglamento sobre objeción de conciencia, en lugar de disminuir los objetores, aumentaron los profesionales que declaran no estar dispuestos a realizar abortos bajo la ley vigente, especialmente en casos de embarazos resultado de violencia sexual. Agrega que, se trata de una situación de la mayor gravedad, en tanto la objeción de conciencia constituye una de las principales barreras para la atención de las mujeres y niñas que, encontrándose en alguna de las tres causales previstas en la legislación chilena, pueden decidir interrumpir ese embarazo”.

De acuerdo a la información dada a conocer por el Ministerio de Salud, entre los/as médicos/as anestesistas igualmente se observa un aumento en los/as objetores/as de conciencia; que pasaron del 21,7% al 26,3% en la causal violación sexual, de 13,7% a 13,8% en la causal inviabilidad y de 9,3% a 9,4% en caso de riesgo vital.

En tanto, de los/as técnicos/as paramédicos/as que se desempeñan en pabellón, el 13,5% se ha acogido a la objeción de conciencia en la causal violación sexual a junio de 2019, observándose un aumento respecto del 13,2% declarado en junio de 2018. Respecto a la causal inviabilidad, en cambio, se observa una disminución de los/as objetores de conciencia, de 11,9% a 10,8%; al igual que en la causal riesgo vital, de un 10,6% a al 9,1% en junio de 2019.

Según señaló la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, el aumento de los profesionales objetores de conciencia reviste la mayor gravedad, por cuanto el Ministerio de Salud no ha informado hasta ahora acerca de las medidas que se adoptarán para asegurar a todas las mujeres y niñas que requieran la interrupción voluntaria del embarazo en alguna de las tres causales, el acceso oportuno a la atención de salud que la ley Nº 21.030 les garantiza. Advierte que, esto resulta especialmente necesario respecto de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, puesto que es evidente, y así lo han señalado diversos organismos de Naciones Unidas, que forzar a una mujer o a una niña a llevar adelante un embarazo producto de una violación, es constitutivo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Aumento de objetores de conciencia en servicios públicos de salud

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Objeción de conciencia en médicos/as obstetras

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Objeción de conciencia en médicos/as anestesistas

 

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Objeción de conciencia en técnicos paramédicos que se desempeñan en pabellón

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Presentan demanda contra decana acusada de discriminación en conocida universidad privada

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“Esta demanda busca que los tribunales reconozcan la discriminación ejercida, pero principalmente la adopción de medidas de reparación y aquellas necesarias para evitar su repetición”, comentó la abogada de Corporación Humanas en punto de prensa realizado en los Tribunales Civiles de Santiago.

La mañana del viernes 24 de mayo la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, en representación de Anastasia María Benavente, interpuso una demanda en contra de la decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, María Josefina Santa Cruz por discriminación y vulneración a los derechos que Benavente ha sido objeto.

Anastasia María Benavente es licenciada en Literatura y Lingüística de la Universidad de Chile, se ha desempeñado como pedagoga en universidades y colegios. En paralelo, es artista, performer, defensora de derechos humanos y asistente técnica de la Corporación Amanda Jofré. Anastasia Benavente es una mujer trans.

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Punto de prensa realizado en los Tribunales Civiles de Santiago. En la foto: Carolina Espinoza de la Corporación Amanda Jofré, Anastasia María Benavente y la abogada Camila Maturana.

La acción judicial interpuesta, tiene que ver con una serie de comentarios transfóbicos de parte de Santa Cruz, dados a conocer en exclusiva por Revista Clóset: “En diciembre del año 2016 la actual decana Josefina Santa Cruz, se entera por las redes sociales de mi identidad… La decana, para seguir contratándome me exige poner ocultas mis redes sociales, de lo contrario me quitaría los cursos de pregrado. Ante la presión del momento, el temor y la necesidad económica acepté, poniendo oculto mi Facebook”, explica Benavente.

Hasta 2019, Anastasia María Benavente siempre debió presentarse como hombre en sus espacios laborales, omitiendo su identidad de género. A la docente se le quitaron cursos, quedando solo con uno para el año 2019. En marzo, Benavente decidió hacer público el ataque en su contra, abrir sus redes sociales y presentarse en sus clases vestida como Anastasia.

“La humillación que la decana Santa Cruz me infligió fue inmensa. Me sentí completamente vulnerada en mi dignidad. La decana se había enterado de mi identidad de género femenina y para ella eso era algo sumamente negativo; equivalente, según sus propias palabras, a ser una persona delincuente, pues me comparó con un hombre que maltrata a una mujer o a un animal, ambas conductas penadas por la ley“, comentó Benavente el día que fue interpuesta la demanda.

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Carolina Espinoza y Alejandra Soto de la Corporación Amanda Jofré; Anastasia María Benavente; Camila Maturana, la abogada de la Corporación Humanas; y Erick Salinas, vocero de la Fundación Daniel Zamudio.

Según indica Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas, lo vivido por la docente da cuenta de la discriminación estructural y violencia sistémica que afecta a las personas trans, en especial a las mujeres. “De ahí la necesidad de avanzar en marcos normativos que definan obligaciones precisas para la prevención de la discriminación y garantías plenas para el ejercicio de sus derechos. Esta demanda busca que los tribunales reconozcan la discriminación ejercida, pero principalmente la adopción de medidas de reparación y aquellas necesarias para evitar su repetición”, señaló la profesional.

Por Revista Closet

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Demandan a Decana de la Universidad del Desarrollo: Grave Discriminación Contra Mujer Trans Defensora de Derechos Humanos

Anastasia Benavente, representada por Corporación Humanas, presentó acción especial de no discriminación contra Decana de la UDD por vulneración a sus derechos.

La Corporación Humanas, en representación de Anastasia Benavente Esquivel, interpuso una acción judicial de no discriminación arbitraria regulada en la Ley Nº 20.609 ante los tribunales de justicia, que establece medidas contra la discriminación, en contra de María Josefina Santa Cruz Valenzuela, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo.

Anastasia Benavente es una mujer trans, quien al nacer fue registrada bajo el sexo masculino e inscrita con un nombre de hombre, pero que a los 18 años asumió públicamente su identidad de género, mostrándose frente a sus familiares, amistades y la sociedad como quien realmente era e inicia su transición de género.

Estudió en la Universidad de Chile Licenciatura en Literatura y Lingüística y, posteriormente, Pedagogía, siendo tratada por gran parte de sus docentes y compañeros/as/es como la mujer que realmente era.

Asimismo, participa activamente en organizaciones y colectivos de disidencia sexual, siendo progresivamente identificada y reconocida como lideresa LGTBI y prontamente como defensora de derechos humanos, especialmente por sus acciones como performista.

Pese a su identidad y expresión de género asumida públicamente, su vida universitaria como mujer trans no estuvo exenta de problemas. A ello se sumaron las dificultades para insertarse en el mundo laboral, enfrentando toda clase de prejuicios, estereotipos, estigma, discriminación y violencias por ser una mujer trans. De ahí que se vio forzada a volver a presentarse ante las personas e instituciones como hombre, todo ello a fin de poder obtener un trabajo.

Tras desempeñarse en distintos empleos, en el año 2009 se le presentó la oportunidad de trabajar como docente en la Universidad del Desarrollo. En 2010, se incorporó a la Facultad de Educación como académica de diversas cátedras. Previo a su contratación como Coordinadora del Área de Lenguaje de la Facultad de Educación, las autoridades de la Universidad estaban al tanto de su identidad de género, lo que no revistió importancia puesto que lo que se valoró fue su desempeño profesional. Sin embargo, tras el cambio en el decanato Anastasia Benavente debió enfrentar la discriminación.

Vulnerada en su dignidad

La discriminación contra Anastasia comienza cuando la decana de la Facultad de Educación, María Josefina Santa Cruz, se entera de su identidad de género y sus actividades como defensora de derechos humanos. Tras humillarla con comentarios transfóbicos y compararla con un delincuente, le impone una serie de condiciones ilegitimas para poder seguir trabajando en la Universidad.

“La humillación que la decana Santa Cruz me infligió fue inmensa. Me sentí completamente vulnerada en mi dignidad. Se había enterado de mi identidad de género femenina y para ella eso era algo sumamente negativo; equivalente, según sus propias palabras, a ser una persona delincuente, pues me comparó con un hombre que maltrata a una mujer o a un animal, ambas conductas penadas por la ley”, señala Anastasia Benavente.

La decana le exigió ocultar su verdadera identidad, seguir impartiendo sus clases vestida de hombre, abstenerse de interactuar en redes sociales como Anastasia y modificar la configuración de su cuenta de Facebook a fin de restringir sus comunicaciones, todo ello para que las alumnas no se enteraran que era una mujer trans. Únicamente bajo estas imposiciones pudo seguir trabajando en la Universidad los años 2017 y 2018.

Sin embargo, por ser una defensora de derechos humanos de la diversidad sexual, diversos medios igualmente cubrieron sus actividades. Es así, como a partir de marzo de 2019, se materializan las amenazas de la decana Santa Cruz, y en adelante se le permitió impartir solo un curso en el Programa de Formación Académica para Adultos, y ya no pudo seguir trabajando como en años anteriores. El 7 de marzo de 2019 la profesora Benavente se presentó al primer día de clases como Anastasia. Ya no tenía nada que perder.

Para Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas, lo vivido por Anastasia Benavente da cuenta de la discriminación estructural y violencia sistémica que afecta a las personas trans, en especial a las mujeres. “De ahí la necesidad de avanzar en marcos normativos que definan obligaciones precisas para la prevención de la discriminación y garantías plenas para el ejercicio de sus derechos. Esta demanda busca que los tribunales reconozcan la discriminación ejercida, pero principalmente la adopción de medidas de reparación y aquellas necesarias para evitar su repetición”.

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Profesora trans discriminada en la Universidad del Desarrollo presenta demanda contra decana de la Facultad de Educación

Profesora trans discriminada en la Universidad del Desarrollo presenta demanda contra decana de la Facultad de Educación

Luego de que su caso se hiciera público a fines de marzo, la docente ha recibido el apoyo de distintas organizaciones y la comunidad LGBTI. “Esta demanda busca que los tribunales reconozcan la discriminación ejercida, pero principalmente la adopción de medidas de reparación y aquellas necesarias para evitar su repetición”, comentó la abogada de Corporación Humanas.

Corporación Humanas, en representación de la docente Anastasia Benavente Esquivel, interpuso este viernes una acción judicial de no discriminación arbitraria en contra de la decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo (UDD), María Josefina Santa Cruz.

Benavente es una mujer trans licenciada en Literatura y Lingüistica de la Universidad de Chile. Posteriormente, obtuvo la pedagogía y desde ese momento se ha desempeñado como docente en universidades y colegios. En paralelo, se desarrolla como artista y performer.

Hasta 2019, la profesional siempre debió performar como hombre en sus espacios laborales, omitiendo su identidad de género por décadas. En marzo de este año -luego de un episodio de discriminación de parte de la mencionada decana-, Benavente decidió hacer público el ataque en su contra y presentarse en sus clases vestida como Anastasia. 

La acción judicial tiene que ver con una serie de comentarios transfóbicos y extorsiones de parte de la decana Santa Cruz, dados a conocer en un reportaje de El Desconcierto. En específico, la autoridad le pidió ocultar su verdadera identidad y poner en privado sus redes sociales para poder continuar con sus cursos en la universidad.

Cabe destacar que tras la viralización de distintos videos de las performance de Benavente, de los cinco cursos que la profesora dictaba, este 2019 sólo le fue asignado un ramo.

“La humillación que la decana Santa Cruz me infligió fue inmensa. Me sentí completamente vulnerada en mi dignidad. La decana se había enterado de mi identidad de género femenina y para ella eso era algo sumamente negativo; equivalente, según sus propias palabras, a ser una persona delincuente, pues me comparó con un hombre que maltrata a una mujer o a un animal, ambas conductas penadas por la ley“, comentó Benavente.

Según explica la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana Kesten, lo vivido por la profesora da cuenta de la discriminación estructural y violencia sistémica que afecta a las personas trans, en especial a las mujeres. “De ahí la necesidad de avanzar en marcos normativos que definan obligaciones precisas para la prevención de la discriminación y garantías plenas para el ejercicio de sus derechos. Esta demanda busca que los tribunales reconozcan la discriminación ejercida, pero principalmente la adopción de medidas de reparación y aquellas necesarias para evitar su repetición”, indicó la profesional.

Conoce el relato completo de la docente: La compleja historia de la académica trans discriminada en la Universidad del Desarrollo

Publicada por El Desconcierto

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Decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo es demandada por grave discriminación en contra de mujer trans defensora de derechos humanos

  • Anastasia Benavente, representada por Corporación Humanas, presenta acción especial de no discriminación contra Decana de la UDD por vulneración a sus derechos.

Santiago de Chile, 24 de mayo, 2019.- Corporación Humanas, en representación de Anastasia Benavente Esquivel, interpuso una acción judicial de no discriminación arbitraria regulada en la Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la discriminación, en contra de María Josefina Santa Cruz Valenzuela, Decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo.

Anastasia Benavente es una mujer trans, quien al nacer fue registrada bajo sexo masculino e inscrita con un nombre de hombre, pero que a los 18 años asume públicamente su identidad de género, mostrándose frente a sus familiares, amistades y la sociedad como quien realmente era e inicia su transición de género.

Estudió en la Universidad de Chile, Licenciatura en Literatura y Lingüística y posteriormente Pedagogía, siendo tratada por gran parte de sus docentes y compañeros/as/es como la mujer que realmente era.

Asimismo, participa activamente en organizaciones y colectivos de disidencia sexual, siendo progresivamente identificada y reconocida como lideresa LGTBI y prontamente como defensora de derechos humanos, especialmente por sus acciones como performista.

Pese a su identidad y expresión de género asumida públicamente, su vida universitaria como mujer trans no estuvo exenta de problemas. A ello se sumaron las dificultades para insertarse en el mundo laboral, enfrentando toda clase de prejuicios, estereotipos, estigma, discriminación y violencias por ser una mujer trans. De ahí que se vio forzada a volver a presentarse ante las personas e instituciones como hombre, todo ello a fin de poder obtener un trabajo.IMG_1552

Tras desempeñarse en distintos empleos, en el año 2009 se le presentó la oportunidad de trabajar como docente en la Universidad del Desarrollo. En 2010, se incorpora a la Facultad de Educación como académica de diversas cátedras. Previo a su contratación como Coordinadora del Área de Lenguaje de la Facultad de Educación, las autoridades de la Universidad estaban al tanto de su identidad de género, lo que no revistió importancia puesto que lo que se valoró fue su desempeño profesional. Sin embargo, tras el cambio en el decanato Anastasia Benavente debe enfrentar la discriminación.

Discriminación en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo

La discriminación contra Anastasia comienza cuando la decana de la Facultad de Educación, María Josefina Santa Cruz, se entera de su identidad de género y sus actividades como defensora de derechos humanos. Tras humillarla con comentarios transfóbicos y compararla con un delincuente, le impone una serie de condiciones ilegitimas para poder seguir trabajando en la Universidad.

“La humillación que la decana Santa Cruz me infligió fue inmensa. Me sentí completamente vulnerada en miIMG_1556 dignidad. La Decana se había enterado de mi identidad de género femenina y para ella eso era algo sumamente negativo; equivalente, según sus propias palabras, a ser una persona delincuente, pues me comparó con un hombre que maltrata a una mujer o a un animal, ambas conductas penadas por la ley”, señala Anastasia Benavente.

La decana le exigió ocultar su verdadera identidad, seguir impartiendo sus clases vestida de hombre, abstenerse de interactuar en redes sociales como Anastasia y modificar la configuración de su cuenta de Facebook a fin de restringir sus comunicaciones, todo ello para que las alumnas no se enteraran que era una mujer trans. Únicamente bajo estas imposiciones pudo seguir trabajando en la Universidad los años 2017 y 2018.

Sin embargo, por ser una defensora de derechos humanos de la diversidad sexual, diversos medios igualmente cubrieron sus actividades. Es así, como a partir de marzo de 2019, se materializan las amenazas de la decana Santa Cruz, y en adelante se le permitió impartir solo un curso en el Programa de Formación Académica para Adultos, y ya no pudo seguir trabajando como en años anteriores. Es así como el 7 de marzo de 2019 la profesora Benavente se presenta al primer día de clases como Anastasia. Ya no tenía nada que perder.

Para Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas, lo vivido por Anastasia Benavente da cuenta de la discriminación estructural y violencia sistémica que afecta a las personas trans, en especial a las mujeres. “De ahí la necesidad de avanzar en marcos normativos que definan obligaciones precisas para la prevención de la discriminación y garantías plenas para el ejercicio de sus derechos. Esta demanda busca que los tribunales reconozcan la discriminación ejercida, pero principalmente la adopción de medidas de reparación y aquellas necesarias para evitar su repetición”.

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Objeción de conciencia ¿Compromiso con los derechos de las mujeres?

Por Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas

Hace exactamente un año, cuando solo habían trascurrido 10 días de asumido el Gobierno del Presidente Piñera en su segundo mandato, su ministro de Salud derogaba el protocolo de objeción de conciencia dictado por la autoridad ministerial de la Presidenta Michelle Bachelet en cumplimiento de la Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Preocupación y malestar causó que no se dieran a conocer los antecedentes que motivaron la intempestiva modificación.

El nuevo protocolo eliminó la exigencia impuesta a las personas jurídicas de fundamentar la objeción de conciencia en los valores o ideario de la institución contenidos en sus respectivos estatutos, requisito necesario dado que ser reconocido como objetor permite abstenerse de brindar prestaciones de salud que la ley reconoce a las mujeres.

También se suprimió el impedimento para ser considerados objetores institucionales a los establecimientos privados de salud adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud en virtud de convenios suscritos con la autoridad sanitaria, restricción lógica dado el carácter de función pública que desarrollan y los recursos públicos que se le entregan para ello.

Asimismo, se flexibilizó la objeción de conciencia personal, eliminando algunas restricciones y regulando que frente a determinadas omisiones en la información entregada se presume la calidad de objetor.

Es decir, desde todo punto de vista, la nueva regulación sobre objeción de conciencia constituyó un retroceso en el mandato de “asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo” contenido en la ley.

Frente a ello, numerosos requerimientos de ilegalidad fueron presentados ante la Contraloría General de la República por senadores/as y diputados/as de oposición, así como por organizaciones de la sociedad civil y gremios de la salud.

En mayo de 2018, el protocolo de objeción de conciencia del Ministro Santelices fue declarado ilegal, especialmente por haber incluido a establecimientos privados que desarrollan una función pública y por haber sobrepasado el carácter excepcional de la objeción de conciencia.

Además, la Contraloría obligó a regular la objeción de conciencia mediante un reglamento, sometido a control de legalidad o toma de razón, en lugar de una mera resolución ministerial.

Mientras las autoridades adecuaban el nuevo reglamento a lo señalado, se conoció que un altísimo número de profesionales optaba por excusarse de atender a mujeres y niñas comprendidas en alguna de las tres causales de aborto legal: uno de cada dos obstetras de hospitales públicos se declaró objetor en la causal violación sexual (47,2%), uno de cada cuatro en caso de inviabilidad fetal (27,3%) y uno de cada cinco en caso de riesgo vital (20,3%).

En definitiva, el nuevo reglamento reforzó la amplia invocación de la objeción de conciencia tanto a equipos de salud como a personas jurídicas, incluso sin necesidad de aducir un ideario institucional para ello.

Se eliminó la obligación de contar con equipos no objetores en cada establecimiento de salud y la de asumir los costos que implica la derivación de una mujer a otro establecimiento cuando no se cuenta con dichos profesionales, que sí se establecía anteriormente.

Igualmente se omiten las obligaciones de capacitar a los equipos tratantes y la regulación de las obligaciones que corresponden a los profesionales o técnicos que se acogen a la objeción de conciencia.

Pese a la amplitud de la objeción de conciencia en el nuevo reglamento, parlamentarios/as de la coalición oficialista acudieron al Tribunal Constitucional invocando una supuesta vulneración de la autonomía de los cuerpos intermedios, entre otras argumentaciones.

Frente a ello, las autoridades de gobierno, en lugar de priorizar la protección de los derechos de las mujeres, optaron por defender los derechos de prestadores institucionales.

De ello derivó que el Tribunal Constitucional, en definitiva resolviera excluir del reglamento la norma que impedía la objeción de conciencia institucional a establecimientos privados que han celebrado convenios con el ministerio de Salud y brindan prestaciones de ginecología y obstetricia en pabellón y además señalara que los establecimientos privados no están obligados a brindar las prestaciones que establece la ley, aun sin acogerse a la objeción de conciencia institucional.

Actualmente, no se dispone aún de información actualizada sobre el número de profesionales del sistema público objetores de conciencia, lo que dificulta la posibilidad de evaluar el impacto de una de las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder al aborto legal en tres causales.

Especialmente alarma constatar que las autoridades gubernamentales reconozcan como objetores institucionales a determinados centros de atención primaria de la Universidad Católica que, en conformidad a la regulación del ministerio de Salud, no se encuentran habilitados a la práctica de la interrupción del embarazo (única hipótesis en que se permite invocar la objeción de conciencia), pero sí en cambio resulten claves en la detección de casos, entrega de información a las pacientes y derivación oportuna a establecimientos habilitados.

Ello no es propio de autoridades que han señalado, incluido el Presidente y diversos Ministros/as que están comprometidos con la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género entre hombres y mujeres.

Publicado por Cooperativa

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