El aborto legal en Chile choca dos años después contra la resistencia de los médicos

Aunque la norma se aprobó en 2017 para tres supuestos, la mitad de los obstetras del sistema público chileno sigue declarándose objetor ante los embarazos por violación

aborto chile

Dos años después de la promulgación en Chile de la ley de interrupción del embarazo por tres causas —peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación—, el Ministerio de Salud reportó 188 casos de niñas y mujeres donde se constituyó la tercera causa, de las que 150 realizaron un aborto, según la ONG Corporación Miles. Se trata de una cifra notablemente inferior a la proyectada por las autoridades en 2012, cuando en medio de la discusión parlamentaria se estimaba que más de 1.000 mujeres decidirían anualmente interrumpir sus embarazos producto de ataques sexuales.

“Se estima que el 10% de las violaciones puede terminar en un embarazo y entre 2010 y 2018 tuvimos 174.000 denuncias, pero en dos años 150 mujeres han abortado por esta causal”, indica Javiera Canales, coordinadora del área legal de Corporación Miles, que capacita a profesionales y judicializa casos de chilenas a las que se les ha negado el acceso a un aborto. “Nos llaman mujeres a las que no las han dejado abortar porque los médicos les dicen: ‘No tienes cara de violada y como no te ves afectada, no puedes interrumpir’. Por lo tanto, para las chilenas sigue siendo mucho más fácil el mercado negro”, agrega Canales.

Hasta antes de que entrara en vigencia la ley de aborto en tres causales, las interrupciones del embarazo estaban totalmente penalizadas, en todos sus supuestos. Lo estableció la dictadura de Augusto Pinochet poco antes de dejar el poder, en 1990. Como hasta hace poco se trataba de un delito, no existían cifras sobre la cantidad de abortos que se producían en las clandestinidad, pero los expertos estimaban que eran unos 70.000 anuales. Si bien siempre se supo que la normativa de 2017 estaría enfocada solo en los casos de mayor gravedad, en estos dos años no solo las interrupciones de embarazo en casos por violación han sido menores a las proyectadas. Por peligro de vida de la madre, se pensaba que habrían unos 10.000 cada año, pero desde 2017 se han producido 406. Por inviabilidad del embrión o feto, se estimaban entre 300 y 550 casos al año, pero desde septiembre de 2017 se han producido 399.

Una ley con omisiones

Para Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto —formada por 14 organizaciones, activistas, académicas y defensoras de derechos humanos—, sin perjuicio de que resulte entendible la necesidad de tiempo para la implementación de la ley, “existen omisiones y falencias (carencias) importantes que no están siendo ni abordadas”. Además, describe uno de tantos conflictos relativos al aborto: “En la atención primaria —donde se detecta la gran mayoría de casos que podrían estar dentro de las tres causales—, la posibilidad de la interrupción del embarazo no se informa a la población, por lo que las mujeres no saben que tienen el derecho”. Sobre la causal de violación, añade: “No hay acción para detectar la violencia sexual principalmente en el caso de niñas y jóvenes (…) No hay política pública que permita prevenir y atender la violencia sexual y sus consecuencias, en este caso, el embarazo forzado”.

Además de que 580 de los 1.148 médicos gineco-obstetras del sistema público de salud se declaran objetores de conciencia para practicar abortos en casos de violación, un 21% se declara objetor de conciencia en el caso de peligro de vida de la madre (238) y un 29% cuando se trata de una inviabilidad fetal (328), de acuerdo al Ministerio de Salud. En el caso de los anestesistas, uno de cada cuatro (un 26%) prefiere no realizar abortos cuando la niña o mujer resultó embarazada por una violación.

En un estudio de la Corporación Humanas de julio pasado, que analiza la realidad de la objeción de conciencia en los servicios públicos, se hace referencia al reglamento de octubre de 2018 del Ministerio de Salud, “que facilita al máximo la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia disponiendo que para ello basta completar un formulario tipo, sin que se requiera ninguna clase de fundamentación”, según esta entidad que trabaja por el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres en Chile. “Tampoco se plantea respecto a quienes se declaren objetores alguna clase de contraprestación o servicio en compensación a las atenciones de salud que se les faculta no brindar”.

El informe de Humanas indica que ni la ley ni el reglamento resguardan el carácter “excepcional” que debería tener la objeción de conciencia y apunta a un problema central: “A los establecimientos de salud no se les exige contar con al menos un equipo no objetor, permitiéndoles derivar a la mujer o niña a otro recinto”. En el caso de la ciudad de Osorno, en el sur del país y con una población de 140.000 habitantes, 17 de los 18 obstetras del servicio de salud objeta la causal de violación sexual, es decir, el 94,4% de los médicos, según el informe de la corporación.

De acuerdo a un informe del monitoreo social que realizó la Mesa de Acción por el Aborto en siete zonas de Chile para evaluar la implementación de le ley, existen diversas razones que esgrimen los médicos para objetar. Una ginecóloga del norte del país, relató: “Tenía colegas que definitivamente su objeción de conciencia iba por el tema ideológico, religioso, pero algunos lo usaron como exclusa de ‘yo no me quiero meter en problemas, entonces objeto”. Otro profesional indicaba: «En el hospital todos fueron objetores de conciencia en un principio, pero en sus consultas médicas particulares practican abortos a sus pacientes y muchas veces ocupan insumos del mismo hospital».

La Corporación Miles, con el objeto de dar a conocer la normativa a las chilenas, lanzó una campaña de tres vídeos explicando los mecanismos y requisitos para acceder a la ley de aborto en tres causales, los derechos que tienen las mujeres para que no sean vulnerados y los límites que tiene la objeción de conciencia.

Aborto legal en deuda: a dos años de aprobada la ley exigen que se fiscalice su implementación

La normativa fue aprobada en 2017 para tres causales, pero en su práctica existen altos índices de desconocimiento de los profesionales, a estos datos se suma que un alto índice de los obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia. 

Unas manos de carton a las afuera del parlamento donde se manifiestan antes que comience en la comisión de Salud el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales

Organizaciones se reunieron este viernes para solicitar a la Contraloría de la República que realice una auditoría a la implementación de la ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE), más conocida como ley de aborto en tres causales—peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación—.

Karen Espíndola, sub directora de la Fundación Comprometidos, encabeza la solicitud que tiene por objetivo dar cumplimiento efectivo de este derecho establecido por ley. A la acción se sumó la Mesa de Acción por el Aborto, que tras un “Monitoreo Social” demostró que existen serias falencias en información, preparación del personal médico y altos índices de objeción de conciencia.

Desde organizaciones feministas apuntan a que se impide en la práctica el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su maternidad. Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto—formada por 14 organizaciones, activistas, académicas y defensoras de derechos humanos— apunta a la responsabilidad política de garantizar este derecho.

“Este gobierno podrá estar de acuerdo o no con la Ley, de hecho forma parte de una coalición que se opuso tenazmente a que las tres causales fueran aprobadas, pero siendo ley de la República la responsabilidad política es cumplir con esa implementación y entregarle a las mujeres el derecho ganado” señala Gloria Maira.

Para la representante de la Mesa “hay que implementar, hay que cumplir con las mujeres y en la medida que no hemos tenido respuesta por parte del Ministerio de Salud a nuestros requerimientos de información y de contarnos a  las mujeres como esta la implementación hemos venido a Contraloría”.

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Graves deficiencias en la Ley

Mientras que el Ministerio de Salud reportó 188 casos de niñas y mujeres donde se constituyó la tercera causa, de las que 150 realizaron un aborto, según la ONG Corporación Miles. Una cifra notoriamente inferior a la proyectada por las autoridades en 2012, cuando en medio de la discusión parlamentaria se estimaba más de 1.000 mujeres.

Pero desde la puesta en marcha de la ley hay varias problemáticas, como el que 51% de los médicos obstetras del sistema público se declara objetor de conciencia a la hora de practicar abortos por violación, lo que limita el acceso a este procedimiento médico sumado al enjuiciamiento social que también han podido constatar desde Aprofa como señala la directora ejecutiva, Debora Solis.

“Esta ley tenía un sentido a la base, que tenía que ver con que la decisión estaba erradicada en las mujeres, se iba a respetar el espíritu de la ley de que la mujer tenga la libertad de decidir si interrumpir el embarazo en cualquiera de las tres causales y que sí decidió interrumpir este llevaría a cabo prestando atención básica lo que no ha pasado en la implementación de la ley. Hay otras personas, médicos, personal sanitario que toman las decisiones en la causal uno y causal dos. En la causal tres se mantiene con fuerza la sospecha sobre el relato de las mujeres”.

Lo que se condice con las cifras que muestran que 580 de los 1.148 médicos gineco-obstetras del sistema público de salud se declaran objetores de conciencia para practicar abortos en casos de violación, un 21% se declara objetor de conciencia en el caso de peligro de vida de la madre (238) y un 29% cuando se trata de una inviabilidad fetal (328), de acuerdo al Ministerio de Salud.

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En un estudio de la Corporación Humanas de julio pasado, que analiza la realidad de la objeción de conciencia en los servicios públicos, se hace referencia al reglamento de octubre de 2018 del Ministerio de Salud. En este se indica que ni la ley ni el reglamento resguardan el carácter “excepcional” que debería tener la objeción de conciencia, lo que se vuelve una limitante como lo comenta la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana.

La abogada señala que “No existen campañas de difusión tampoco de los derechos que reconoce esta ley, ni material gráfico en los centros de salud. Por otra parte, la objeción de conciencia que la propia ley reconoce es una barrera en sí misma para la aplicación de la ley. Obstaculiza que las mujeres y las niñas puedan acceder a la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando se encuentran en alguna de las tres causales”.

“Y eso, encontramos además que ha sido agravado por la reglamentación que el propio ministerio de Salud a dictado, el Ministerio de Salud dictó un reglamento que se conoció en octubre del 2018 y con posterioridad a este reglamento aumentó el número de objetores de conciencia que trabajan en hospitales públicos” indicó Camila Maturana.

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Esta solicitud de auditoría a la ley también fue firmada por distintas organizaciones sociales y feministas, académicas, gremios, diputadas y diputados de distintos partidos políticos a la espera de que se garantice y facilite el acceso a este derecho.

Opinión: Derecho al aborto, debate pendiente

Por Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas

cmCada vez que los medios de comunicación informan de una mujer denunciada por aborto impacta la indolencia con que se las describe y lo que supuestamente han hecho. No se problematiza que la gran mayoría de denuncias proviene de hospitales, ni el rol de los profesionales de la salud, que es resguardar su vida y salud y guardar el secreto profesional en lugar de delatarlas.

Tampoco se profundiza en quienes son estas mujeres, en su inmensa mayoría jóvenes, pobres y en gran medida extranjeras, es decir, mujeres en extremo vulnerables. El estigma y la necesidad de castigo, sin atender a la situación en que se encontraban o que las llevó a tomar dicha decisión.

Desde la recuperación de la democracia, organizaciones de mujeres y feministas hemos demandado el reconocimiento y protección a nuestro derecho a decidir, abogando por medidas preventivas y por la maternidad como una opción en la vida de las mujeres, no un mandato social y menos una obligación jurídica que pueda imponerse por leyes penales. De ahí la importancia de iniciativas, como las presentadas el año pasado ante el Senado y la Cámara de Diputados, orientadas a la despenalización del aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo.

Al cumplirse un año desde la presentación de nuevas mociones parlamentarias sobre despenalización del aborto, preocupa la falta de debate legislativo al respecto, que evidencia la brecha entre las prioridades de los y las representantes de la ciudadanía y la realidad de las mujeres y las niñas en Chile.

Es ampliamente conocido que criminalizar a las mujeres no ha permitido en ningún país del mundo evitar o disminuir el aborto, ni disuadir a las mujeres de practicarlo. Por el contrario, las leyes punitivas, como la que rige en Chile que solo permite la interrupción del embarazo en tres causales sumamente acotadas y bajo numerosas barreras según ha quedado en evidencia al cabo de casi dos años de la dictación de la ley Nº 21.030 sobre aborto en tres causales, únicamente redundan en la ilegalidad en que las mujeres interrumpen sus embarazos cuando esa es su decisión.

En condiciones de clandestinidad, mujeres y niñas son estigmatizadas y se ven enfrentadas a graves riesgos para su vida y su salud.

Y se exponen a la persecución criminal puesto que en ocasiones los equipos de salud transgreden sus obligaciones éticas y jurídicas de confidencialidad e igualmente las denuncian.

Además de ineficaz, se trata de una ley injusta pues los riesgos derivados de la ilegalidad del aborto no nos afectan a todas las mujeres por igual, sino en mayor medida a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Debido a la desigualdad social, son las mujeres pobres, las niñas y las adolescentes, las mujeres inmigrante e indígenas, que no cuentan con los recursos o las redes necesarias para acceder a un aborto seguro, las más expuestas a los riesgos de secuelas, daños o persecución criminal.

Debatir sobre la legalización o despenalización del aborto resulta urgente pues se trata de una realidad que por muchos años se ha eludido enfrentar. Es importante que las autoridades gubernamentales, senadores/as, diputados/as, dirigentes políticos y sociales y organizaciones de la sociedad civil se pronuncien. Las mujeres en Chile tienen el derecho de conocer la posición de sus representantes y líderes al respecto.

Cualquier iniciativa de ley sobre legalización o despenalización del aborto no conlleva una imposición a ninguna mujer en orden a interrumpir su embarazo, puesto que siempre se protegerá su decisión. No caigamos en caricaturas que desvirtúan el debate. Las mujeres queremos saber quiénes son las autoridades gubernamentales, parlamentarias, políticas, sociales y otras que sostienen que, frente a la decisión de interrupción del embarazo, se considera que esa mujer o niña debe ser enjuiciada y encarcelada, o sí se respetará su decisión.

Las organizaciones de mujeres y feministas reconocemos la legalización del aborto en tres causales como un avance importante que permite proteger a las mujeres y niñas que enfrentan las situaciones más críticas (ley N.º 21.030). Pero, es un secreto a voces que estos derechos mínimos enfrentan obstáculos importantes, como la objeción de conciencia, entre otros, y que las causales legales no responden a la realidad de todas las mujeres, que por diversas razones requieren ejercer su derecho a decidir libremente.

Para proteger los derechos de las mujeres y las niñas se necesita implementar una educación sexual, laica y no sexista, garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva integrales en las diversas etapas del ciclo vital, a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual.

Pero también garantizar el acceso a servicios de aborto respetuosos de la decisión de las mujeres, no sujetos a causales o limitados por la decisión de terceras personas o instituciones que puedan anteponer sus valores o creencias.

Publicada por Cooperativa 

Los doctores que rechazan a las mujeres que quieren abortar en Chile

Cuando Adriana Ávila Barraza tenía 12 semanas de embarazo, recibió malas noticias.

La cabeza del feto estaba malformada y el pronóstico no era bueno, le dijo el doctor. El diagnóstico fue confirmado con rayos X a las 16 semanas de embarazo: le faltaba parte del cráneo, lo que impediría el desarrollo del cerebro. El feto no sobreviviría.

El veto total contra el aborto en Chile -promulgado durante el régimen del general Augusto Pinochet en 1989- fue levantado en 2017, tras años de campaña por parte de organizaciones a favor de los derechos de la mujer.

Desde entonces, los abortos se permiten bajo tres condiciones estrictas: si la vida de la madre está en riesgo, si la mujer fue violada o si el feto no es viable.

Rechazo

Con el conocimiento de que el feto no tenía posibilidad de sobrevivir, Adriana le solicitó a su médico un aborto. Pero este se negó.

Era uno de cientos de doctores en Chile que se describen como «objetores de conciencia» porque se rehúsan a realizar abortos.

«Me dio dos opciones», cuenta Adriana: esperar a que el feto muriera o «rezar».

Sin saber a quién recurrir, Adriana acudió a un hospital público de la capital, Santiago. Pero el personal allí parecía no tener noción de las leyes del aborto, dice, aunque la legislación había sido aprobada meses atrás. Tampoco harían la intervención.

Fue a un segundo hospital en Santiago y otra vez la rechazaron.

Una mujer se manifiesta en favor de abortos legales, seguros y gratis en Santiago, 25 de julio de 2018

Solo cuando fue a un tercer hospital el personal médico aceptó llevar a cabo la terminación del embarazo.

Sin embargo, dijeron que necesitarían el diagnóstico de su médico original. Se negó a darlo, lo que causó más semanas de demora.

Desesperada, Adriana se comunicó con el Ministerio de Salud, que finalmente hizo las gestiones para que pudieran realizarle el aborto.

Para entonces, ya tenía 26 semanas de embarazo. Le indujeron el parto y pasaron24 horas hasta que dio a luz a un feto muerto.

«Al servicio de la vida»

El médico de Adriana no es una excepción. Cuando la ley que despenalizó el aborto fue promulgada por el gobierno de centro izquierda de la entonces presidenta Michelle Bachelet, se incluyó una cláusula que le permite a los doctores negarse a realizar el procedimiento en base a su conciencia.

Dos años después, una quinta parte de los médicos en hospitales públicos afirman que no realizarán un aborto aunque la vida de la mujer esté en riesgo.

objetores

Fuente: Ministerio de Salud de Chile

Hay muchos más médicos objetores en las clínicas privadas y cientos de paramédicos y anestesistas también se oponen a prestar sus servicios en abortos.

El doctor Luis Jensen es uno de los objetores de conciencia que trabaja en una clínica privada en Santiago.

Doctor Luis Jensen

«Estudié medicina hace 40 años», declara. «Aprendí en la escuela de medicina que el propósito de los doctores era servir a la vida, restaurar la salud y curar las enfermedades. Nunca nos enseñaron a dar tratamientos diseñados para matar».

El doctor Jensen señala que si la vida de la madre estuviera en riesgo, practicaría un cesárea temprana pues eso, a su parecer, no constituiría un aborto porque el propósito de la operación no sería la destrucción del feto.

Si una mujer hubiera sido violada o su feto fuera inviable, le recomendaría que siguiera con el embarazo. Eso sería mejor que «vivir con la certidumbre de que has matado a tu propio hijo», sostiene.

Camila Maturana es una abogada para la Corporación Humanas, una ONG de derechos humanos, y representa a varias mujeres a las que se les han negado abortos.

Indica que el actual gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera ha hecho más difícil para las mujeres tener acceso a su derecho legal de abortar.

El gobierno de Piñera introdujo nuevas reglas en 2018 que facilitan a los doctores declararse objetores de conciencia.

Los hospitales públicos, por ejemplo, ya no tienen que garantizar la presencia permanente de personal para realizar abortos.

Debora Solís

Recientemente, el gobierno también recibió un fallo favorable de la Corte Constitucional que les permite a los hospitales y clínicas privadas negarse a practicar abortos.

Debora Solís, directora de la Asociación Chilena para la Protección de la Familia, que maneja clínicas de salud sexual por todo el país, afirma que la negativa del Estado a proveer abortos legales está forzando a miles de mujeres y niñas a optar por abortos clandestinos, que ponen sus vidas en riesgo.

«Me sentí tan sola»

El diputado conservador Guillermo Ramírez es uno de los que defienden el derecho de los doctores a rehusarse para practicar abortos. «Mi opinión personal es que la objeción de conciencia es un principio liberal que debe defenderse a toda costa», expresa.

Diputado Guillermo Ramírez

Señala que, con recursos limitados, la prioridad no debería estar en proveer abortos en cada hospital. «Chile tiene muchas escaseces médicas. No tenemos un cardiólogo en cada hospital, así que ¿por qué tendríamos doctores para abortos en todos los hospitales?», argumenta.

Asegura que si el primer hospital que visita una mujer no hace un aborto, simplemente se la llevará a otro que sí lo haga.

Pero Adriana Ávila, que fue rechazada por una clínica privada y dos hospitales públicos, explica que su experiencia fue traumática.

«Estaba desesperada. No sabía a dónde ir. Sabía que el feto iba a morir así que ¿por qué tuve que pasar por esta tortura?, se cuestiona.

«Me sentí tan sola».

Enfoque de Género: Carmen Andrade y Lorena Fries analizan aprobación del Protocolo CEDAW

Las invitadas al estreno de la sección que la Dirección de Género de la Universidad de Chile realiza en nuestro noticiario, Carmen Andrade y Lorena Fries, señalaron que la aprobación de dicho protocolo se dio gracias a la presión ejercida por el movimiento feminista.

Luego de 18 años en el Senado, este martes la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el llamado Protocolo Facultativo para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la que Chile se suscribió en 1999.

Opinión: ¡18 años en el Congreso! gobierno intenta poner freno a la CEDAW

¡18 años en el Congreso! gobierno intenta poner freno a la CEDAW

Sorprende que el gobierno apele a la precaución de que la ratificación de dicho protocolo implique una cesión de soberanía. Todo acuerdo, ya sea comercial, medioambiental o de derechos humanos implica la decisión soberana del Estado de sumarse a un acuerdo multilateral y a realizar las adecuaciones internas necesarias que permitan dar cumplimiento a ese acuerdo, adecuaciones que existe la disposición de realizar puesto que se comparte lo allí estipulado.

Por Victoria Hurtado, subdirectora de Corporación Humanas

El Estado de Chile ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, lo que ha ido permitiendo, lentamente, ir ajustando las normativas internas para cumplir con los derechos consagrados en dicha Convención.

No obstante, varios de los tratados en materia de derechos humanos han añadido “protocolos facultativos”, los cuales requieren ser ratificados por los estados y constituyen mecanismos jurídicos que complementan los tratados, ya sea profundizando alguno de los aspectos abordados en el mismo, incorporando una nueva preocupación o añadiendo un procedimiento para su aplicación como lo es la presentación individual de quejas. Así, los estados que ya han ratificado una Convención o Pacto deben adicionalmente decidir si ratifican el o los protocolos facultativos que la complementan.

El Protocolo Facultativo de la CEDAW fundamentalmente apunta a garantizar la posibilidad de presentaciones individuales frente a la violación por parte del Estado de un derecho garantizado por la Convención, lo mismo que garantiza el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Chile.

En concreto, este Protocolo estipula las “comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas” (art. 2); que deben ser por escrito y no pueden ser anónimas; de que se hayan agotado todos los recursos de jurisdicción interna; que refiera a una cuestión que no haya sido examinada anteriormente por el Comité; que esté suficientemente fundada; entre otras. El proceso que se inicia a partir de una comunicación en el marco de este Protocolo se sustenta el entendido de que si el Estado ratifico la Convención (y el Protocolo, porque de los contrario el proceso no sería posible) tiene la voluntad política y el compromiso de avanzar sostenidamente en la garantía a nivel nacional de los derechos allí consagrados y de que es labor del Comité que supervisa el cumplimiento de ese tratado ayudar a los estados, a través de sus recomendaciones, a que ello efectivamente ocurra.

Sorprende que el gobierno apele a la precaución de que la ratificación de dicho protocolo implique una cesión de soberanía. Todo acuerdo, ya sea comercial, medioambiental o de derechos humanos implica la decisión soberana del Estado de sumarse a un acuerdo multilateral y a realizar las adecuaciones internas necesarias que permitan dar cumplimiento a ese acuerdo, adecuaciones que existe la disposición de realizar puesto que se comparte lo allí estipulado. Los acuerdos multilaterales, particularmente los medioambientales y los de derechos humanos, representan el anhelo de los países del mundo de avanzar en la construcción y consolidación de comunidades nacionales donde el ser humano y la sustentabilidad del planeta y las especies que en él habitan, sean prioridad en cada una de las naciones que los suscriben.

Pareciera que cuando se trata de derechos de las mujeres, surgen los temores. La aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW lleva ¡18 años en el Congreso!, y ahora que al fin avanza su tramitación en el Senado, el gobierno intenta ponerle freno.

Publicado por El Desconcierto

Abogada de la Corporación Humanas se refirió a la futura legislación que permite el derecho de aborto libre

Por un aborto libre, legal, seguro y gratuito, ha sido la consigna del movimiento feminista en el país,  el mismo mensaje central de la última marcha realizada el pasado 25 de julio, con el fin de defender este derecho. “Las mujeres deben decidir libremente por sus cuerpos, donde la maternidad sea una opción de vida y no una presión social“, indicó la abogada  de la Corporación Humanas, Camila Maturana, en el programa número 100 de Con Mirada de Mujer.
La profesional también se refirió al actual panorama que engloba a los especialistas de la salud, sobre todo en lo que refiere al aumento de la objeción de conciencia, argumento con el cual se oponen a practicar un aborto en sus tres causales: inviabilidad del feto, riesgo vital para la madre y violación. Sin embargo el aborto libre, hace que el proceso de aceptación de los médicos sea aun más complejo.
En materia legislativa, la abogada Camila Maturana dijo que “para el cumplimiento de la ley actual de tres causales, lógicamente que lo primero es conocer cuáles son las medidas que el Ministerio de Salud está adoptando para identificar cuáles son las barreras concretas que se presentan en cada uno de los establecimientos de salud, para el acceso al aborto de parte de las mujeres y las niñas“.
Sin embargo, agregó que se desconoce si es que realmente se está realizando un monitoreo a las barreras existentes en los recintos médicos: “no conocemos si se está realizando alguna clase de monitoreo o fiscalización en los establecimientos encargados de cumplir la ley“.
Conoce éstos y otros importantes antecedentes, en el siguiente podcast del programa Con Mirada de Mujer:

 

Senado aprueba idea de legislar el derecho de filiación para familias lesbomaternales y homoparentales

Senado aprueba idea de legislar el derecho de filiación para familias lesbomaternales y homoparentalesTras ser aprobado con tres votos a favor y dos en contra, el proyecto de derechos filiativos quedó en condiciones de ser discutido y votado por la sala de la Cámara Alta. “Este proyecto pone fin a nuestra inexistencia legal como familias lesbomaternales, transparentales u homoparentales”, señalaron desde la agrupación Visibles. A pesar de ser aprobado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dejó en claro que el Ejecutivo «no es partidario de legislar en los términos que se propone en esta moción», considerándola «inconveniente y deficiente en su contenido».

Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión especial de infancia y adolescencia del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que regula el derecho de filiación de hijas e hijos de parejas homosexuales.

La iniciativa ingresada por agrupaciones lésbicas y feministas, fue presentada por los senadores Isabel Allende, Alfonso de Urresti, Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber y Adriana Muñoz.

De esta manera, el proyecto de derechos filiativos quedó en condiciones de ser discutido y votado por la sala de la Cámara Alta.

Cabe destacar que durante la exposición ante la comisión, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que el Ejecutivo «no es partidario de legislar en los términos que se propone en esta moción por considerarla como inconveniente y deficiente en su contenido”.

A pesar de esto, agrupaciones como Lésbica Rompiendo el Silencio, Corporación Humanas; y las colectivas Visibles y Familia es Familia, celebraron la aprobación de su iniciativa.

«Es un hecho histórico para la comunidad LGBTI«, expresó la directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Érika Montecinos.

Por otra parte, desde la agrupación VisibLES explicaron en un comunicado que “el matrimonio de las madres y de los padres no puede determinar la existencia de los derechos de los hijos».

Y así lo confirma la reforma de 1998, donde el reconocimiento y filiación ya no están determinados por un vínculo matrimonial. 

“Este proyecto de Derechos Filiativos pone fin a nuestra inexistencia legal como familias lesbomaternales, transparentales u homoparentales”, añadieron desde la agrupación lésbica VisibLES.

Publicado por Braga El Mostrador

Monitoreo social: obstáculos para mujeres en las causales de aborto y un atentando a su derecho a decidir

“La ruta de las mujeres es una ruta de obstáculos”, así lo demuestra el Monitoreo Social a la Ley de Aborto en 3 Causales, realizado por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, a personal y usuarias del sistema público de salud en siete territorios del país: Antofagasta, Valle del Huasco, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco y Aysén.

En primer lugar, claramente la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una prestación de salud no informada, tanto hacia la comunidad como hacia las mujeres que califican en alguna de las tres causales. Esto afecta especialmente a las niñas y adolescentes ya que, si sufren una violación y desconocen las opciones con las que cuentan, no se cumple el objetivo de la ley.

A esto se suma la falta de información y capacitación al propio personal de salud. Sólo se informa y capacita a quienes están directamente involucrados con la prestación de salud. No existe una política desde el Ministerio diseñada para superar los problemas asociados al desconocimiento y la desinformación, lo que crea inseguridad y temor, reduciendo el compromiso de los equipos y estigmatizando a quienes trabajan en el acceso a la IVE.

Otro gran problema es la objeción de conciencia (OC), declarada o no declarada, que constituye un obstáculo en la entrega de la prestación, contribuyendo a dificultar el acceso a un derecho establecido por ley. Pareciera que no hay costos para los médicos objetores, mientras el peso recae en las propias mujeres y en el resto de los equipos de salud. En la actualidad, con la cantidad de objetores existentes, IMG_2051contratados por la autoridad sanitaria, no es posible cumplir la ley.

De igual manera, tampoco se asegura que la decisión esté radicada en la usuaria. En muchos casos, en la primera y segunda causal la voluntad de la mujer desaparece ante la decisión de los equipos médicos. En la tercera causal la dificultad pasa por la constante sospecha sobre el relato de las mujeres adultas, con lo que muchas veces no se acredita la causal o se generan retrasos pueden terminar en situaciones críticas respecto a los plazos para interrumpir el embarazo.

El Estado debe asegurar la decisión de las mujeres en el momento oportuno y no exponerlas a riesgos innecesarios.

En suma, si bien la ley apunta a consolidar un nuevo paradigma centrado en la autonomía de la mujer y respeto a sus decisiones, este monitoreo demuestra que, en los territorios observados, sólo se han establecido los mínimos, con lo que no se materializa este estándar. Esto no es sólo un tema legal, incide directamente la salud y la vida de las mujeres.

En ese sentido las organizaciones que conforman la Mesa de Acción por el Aborto en Chile demandan de las autoridades competentes cumplir con la ley y adoptar medidas urgentes para que las niñas, adolescentes y mujeres en estas causales puedan hacer uso del derecho reconocido en condiciones dignas, contando con una atención oportuna y de calidad.

Revisar el Monitoreo Social

Opinión: Aumento de objetores de conciencia ¿qué pasó con las niñas en primera fila?

 Preocupa que al conocerse los altísimos índices de objeción de conciencia entre funcionarios públicos, en lugar de adoptarse medidas concretas para asegurar la atención de las víctimas de agresiones sexuales, desde el Ministerio de Salud se señale que ello “no nos inquieta”.

Por Camila Maturana Kesten, abogada de Corporación Humanas

Hace unos días, el Ministerio de Salud dio a conocer una información alarmante: el 51% de los médicos obstetras que trabajan en servicios públicos son objetores de conciencia en al menos una causal. Esto, conforme al recuento posterior a la dictación del reglamento de octubre de 2018 que regula la forma en que profesionales, equipos de salud e incluso personas jurídicas pueden acogerse a la objeción de conciencia. Previo al reglamento, los obstetras objetores alcanzaban el 47%; es decir, la dictación de la normativa ministerial posibilitó que aumentaran los especialistas que no están dispuestos a intervenir en la interrupción legal del embarazo por causales.

Frente a ello, el entonces Ministro de Salud, Emilio Santelices, en una de sus últimas declaraciones públicas, señaló que “ha habido algún incremento de objetores en la tercera causal, no nos inquieta, no es significativo”. De este modo la ex autoridad sanitaria pretendía descartar la gravedad de la situación, obviando lo indesmentible. Tan alta proporción de profesionales objetores de conciencia constituye un serio obstáculo a la aplicación de la ley sobre aborto en tres causales, especialmente para las mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual y deciden interrumpir su embarazo.

La posibilidad real de que mujeres y niñas que se encuentran en alguna de las tres causales legales de aborto, riesgo vital, inviabilidad y, especialmente, violación sexual, puedan acceder a la atención de salud que requieren, de manera oportuna y en entornos cercanos a sus redes, se vuelve cada vez más difícil. En solo un año, en lugar de disminuir las barreras al acceso, aumentaron quienes se acogen a la objeción de conciencia en establecimientos públicos. Además del alza entre obstetras, aumentaron los médicos anestesistas objetores, de 21,7% a 26,3%; y los técnicos paramédicos que se desempeñan en pabellón, de 13,2% a 13,5%.

Este aumento se produce posterior a la dictación del reglamento para la ejecución de la objeción de conciencia, que flexibiliza al máximo la posibilidad de acogerse a esta prerrogativa para no tener que intervenir en la interrupción legal del embarazo de una mujer o niña que se encuentre en alguna de las tres causales, por lo demás bastante acotadas y excepcionales. Conforme a la regulación ministerial, basta con llenar un formulario para ser reconocido como objetor de conciencia, sin que se exija siquiera señalar las creencias o convicciones que supuestamente le impedirían brindar la referida prestación de salud.

Bajo la normativa vigente, que no resguarda el carácter excepcional que debe tener la objeción de conciencia, quien simplemente no desee intervenir en la interrupción legal de un embarazo puede ser reconocido como objetor solo completando un formulario tipo. De esta manera, no se garantiza lo dispuesto en la ley, orientada a resguardar, al menos, los derechos de las mujeres y las niñas que se encuentren en alguna de las tres causales.

Ello contrasta con las reiteradas declaraciones del Presidente de la República acerca de su preocupación por la infancia. Hace un par de semanas, en su cuenta pública, el Presidente Piñera se dirigió al país señalando que los niños “están en el corazón de nuestro Gobierno” y que el abuso sexual “no tiene perdón”. Por ello, la desprotección que enfrentan las niñas víctimas de violencia sexual que deciden interrumpir un embarazo resultado de tal violencia, ante la gran cantidad de funcionarios públicos objetores de conciencia, no puede considerarse insignificante.

El Estado de Chile ha asumido compromisos vinculantes en materia de protección de las víctimas de violencia sexual y obligaciones reforzadas si se trata de menores de edad. Por ello preocupa que al conocerse los altísimos índices de objeción de conciencia entre funcionarios públicos, en lugar de adoptarse medidas concretas para asegurar la atención de las víctimas de agresiones sexuales, se señale que ello “no nos inquieta”. La reparación de las víctimas y el acceso a la atención de salud en tales casos hace parte de las obligaciones que las autoridades del país deben garantizar, especialmente respecto de niñas que han sufrido violencia sexual.

Publicada por The Clinic