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CIDH decide publicación de Informe de Solución Amistosa referido a la Petición Gabriela Blas Blas y su hija C.B.B., Chile

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunica que el día 21 de Noviembre de 2018, se realizó la publicación del Informe No. 155/18, de la Petición 687-11, Gabriela Blas Blas y su hija C.B.B., Chile y saluda los avances del Estado chileno en la ejecución de las medidas de reparación pactadas.

El 15 de mayo de 2011, la CIDH recibió una petición en la cual se denunciaba la responsabilidad internacional del Estado chileno por las violaciones de los derechos de Gabriela Blas y su hija C.B.B., ambas miembros de la comunidad indígena Aymara, quienes residían en la zona fronteriza con el Perú. Las peticionarias alegaron que Gabriela Blas habría sido condenada a 10 años de prisión por el homicidio de su hijo de 3 años, sobre la base de una confesión obtenida bajo tortura. El niño se perdió en las montañas mientras él y Gabriela realizaban actividades pastoriles. Al denunciar su desaparición a las autoridades, Gabriela Blas fue torturada por Carabineros de Chile con la aplicación directa de la luz brillante en sus ojos, privación de alimentos y agua, poniendo un cable alrededor de su cuello y amenazándola con descargas eléctricas. Asimismo, fue privada de su libertad y sometida a un régimen de aislamiento solitario en una celda durante 5 meses, y en general, mantenida en detención preventiva durante tres años. Producto del proceso penal violatorio de sus derechos, Gabriela perdió la custodia de su hija C.B.B. quien fue entregada en adopción internacional en un país desconocido a través de un proceso irregular.

El 11 de junio de 2016, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa en el marco de una reunión de trabajo facilitada por la Comisión. El 20 de marzo de 2017, las partes suscribieron un addendum al acuerdo de solución amistosa en una reunión de trabajo realizada con el acompañamiento de la CIDH. Adicionalmente, a lo largo del proceso de solución amistosa, las partes sostuvieron cuatro reuniones de trabajo con la facilitación de la Comisión. El acuerdo de solución amistosa contiene las siguientes cláusulas:

I. Realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal por las graves violaciones a los derechos humanos de Gabriela Blas Blas, definido conjuntamente con la peticionaria.
II. Eliminación de antecedentes penales de Gabriela Blas Blas.
III. Otorgamiento de una Pensión de Gracia de carácter vitalicia para Gabriela Blas Blas ascendente al monto equivalente a dos ingresos mínimos mensuales, definiéndose expresamente que su otorgamiento no constituye incompatibilidad para optar y/o recibir cualquier otro beneficio o prestación financiada con fondos públicos y realizar cualquier actividad remunerada.
IV. Otorgamiento en propiedad de una vivienda para Gabriela Blas Blas en la ciudad de Arica, cuya ubicación y características sean adecuadas a sus necesidades, debiéndose para ello consultar a Gabriela Blas Blas acerca de sus preferencias.
V. Incorporar en el proceso de adopción de la niña C.B.B. los antecedentes relativos al trámite de la petición ante la Comisión, así como información post-adoptiva de la niña y realizar gestiones para facilitar el restablecimiento del vínculo con Gabriela Blas Blas y su familia.
VI. Desarrollar un programa de capacitación y de cobertura nacional para miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores, sobre Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y Acceso a la Justicia.
VII. Establecer una mesa de trabajo coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para desarrollar una propuesta de formulación de indicaciones al Proyecto de Ley que modifica la actual Ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores, con el objeto de incorporar el principio de interculturalidad en los procesos de adopción.

La Comisión Interamericana siguió de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el presente caso y valora altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención.

En el Informe, la CIDH declaró que los puntos relacionados con el acto de reconocimiento de responsabilidad, la pensión de por vida, la entrega de la vivienda, y el acceso al expediente de adopción e información de adaptación de la niña en el país receptor se encontraban totalmente cumplidos. Adicionalmente, declaró que los extremos del acuerdo relacionados con la eliminación de antecedentes penales de Gabriela Blas, la inclusión del informe de homologación en el expediente de adopción, y las garantías de no repetición, se encontraban parcialmente cumplidos, por lo cual manifestó que continuaría monitoreando su implementación.

La medida de eliminación de antecedentes penales establecida en este acuerdo de solución amistosa es una medida emblemática y que provocó un impacto estructural al permitir la eliminación de antecedentes penales de otras víctimas de violaciones de derechos humanos sobre la base de las decisiones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo las soluciones amistosas.

La Comisión saluda los esfuerzos realizados por el Estado chileno para buscar la resolución de casos ante el sistema a través del mecanismo de solución amistosa y construir una política pública de resolución de controversias por la vía alternativa, y al mismo tiempo le insta para continuar desplegando acciones para retomar e impulsar negociaciones con la facilitación de la CIDH, así como el cumplimiento de las medidas pactadas en acuerdos de solución amistosa. Por otro lado, la Comisión destaca y reconoce la lucha incansable de la señora Gabriela Blas, y de las peticionarias, en esa labor constante para la reparación de sus derechos.

Para mayor información sobre el procedimiento de solución amistosa, visite este enlace.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Publicado por CIDH

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La CPI: la puerta internacional para la justicia de género

Por: Mónica Lozano

Pese a todo pronóstico, y contra el Vaticano, los islamistas, diversos Estados, e incluso con la falta de apoyo por parte de algunas organizaciones de derechos humanos, el movimiento internacional feminista de la década de los años 90 logró que se incluyeran los delitos de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), establecida el 17 de julio de 1998 en La Haya.

No fue fácil. Sin embargo, hoy es posible decir que se cumplen 20 años del primer tribunal penal internacional que reconoce delitos autónomos cometidos contra las mujeres y medidas especiales para tratar los casos de violencia sexual en los tribunales, como las reglas de procedimiento y prueba.

El objetivo de la creación de la Corte Penal Internacional era cimentar la experiencia de tribunales específicos como el de Núremberg, Ruanda o la antigua Yugoslavia. Se buscaba consolidar una Corte que velara por la defensa de los derechos humanos a nivel universal yque fuera accesible para todas las víctimas. “Entonces implicaba poner de acuerdo a muchosEstados y comprometerse con la creación de una sola corte. Un reto y un cambio en el chipde los que es proteger los derechos humanos”, explica Cecilia Barraza, exdirectora de la Corporación Humanas Colombia, y una de las mujeres que participó activamente en el lobby feminista cuando se debatía sobre el Estatuto de Roma.

El mundo se movilizaba en torno a una sola corte que pudiera tratar temas de carácter universal en materia de derechos humanos. No obstante, cuando se nombraba la palabra género, se criticaba que lo que se estaba buscando era tener un tribunal parcializado a favorde las mujeres, cuando este debía ser un tribunal para “todos los seres humanos”. El hecho de que la jurisprudencia siempre se ha visto desde la mirada de los hombres quedaba fuera de este análisis.

Hablar de la perspectiva de género en derechos humanos no era algo nuevo pero sí reciente. En la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena de 1993 se consideró la violencia de género como una forma de violación a los derechos humanos, y eso es lo que después se logra repicar en la CPI. Así mismo, ya se había establecido que Naciones Unidas debía trabajar desde este mismo enfoque.

Así fue el lobby feminista

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Fueron más de 800 organizaciones de mujeres del mundo las que se unieron en el‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Se logró tal nivel de incidencia yde lobby que fue posible que en el texto del Estatuto de la CPI aparecieran, entre otras, palabras como mujer, género o violencia sexual que en un principio no se veían en el primer borrador del texto del Estatuto de Roma.

Lorena Frías, de la Corporación Humanas Chile y una de las mujeres que se echó al hombro la tarea de hacer lobby, relata que después de 1995, con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing y en donde se adoptan medidas en torno a temas como la violencia contra las mujeres, la activista feminista estadounidense, Rhonda Copelon, y Alda Facio, de la delegación de Costa Rica,crearon en 1996, el ‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Allí invitaron a participar a diversas feministas del mundo para articular un movimiento global de mujeres y hacer un trabajo de lobby e incidencia.

Fueron más de 800 organizaciones de mujeres del mundo las que se unieron en el ‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Se logró tal nivel de incidencia yde lobby que fue posible que en el texto del Estatuto de la CPI aparecieran, entre otras, palabras como mujer, género o violencia sexual que en un principio no se veían en el primer borrador del texto del Estatuto de Roma.

Lorena Fríes, de la Corporación Humanas Chile y una de las mujeres que se echó al hombro la tarea de hacer lobby, relata que después de 1995, con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing y en donde se adoptan medidas en torno a temas como la violencia contra las mujeres, la activista feminista estadounidense, Rhonda Copelon, y Alda Facio, de la delegación de Costa Rica,crearon en 1996, el ‘Caucus de Mujeres por la Justicia de Género’. Allí invitaron a participar a diversas feministas del mundo para articular un movimiento global de mujeres y hacer un trabajo de lobby e incidencia.

“Nos tocó un trabajo doble como feministas. Teníamos que impulsar temas universales, pero cuando era lobby para temas de género no necesariamente teníamos apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos. No se ponían en contra, pero no había un apoyo específico para los temas de género”, cuenta Frías.

Pero además “hubo un proceso de incidencia para bloquear al Vaticano y a grupos islamistasque, como siempre, hacen alianzas para oponerse a temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Las mujeres latinoamericanas de distintos países, de Chile, Ecuador,Argentina, de México y Costa Rica, apostaron muchísimo a ese proceso”, recuerda Cecilia Barraza.

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A Cecilia y Lorena, les correspondió hacer incidencia con el representante del Vaticano. “Me tocaba introducir algunos delitos de violencia sexual como el embarazo forzado y la esterilización forzada. Él fue muy agresivo cuando supo quién era, nunca más me dirigió la mirada y nunca me contestaba las cosas que yo decía para tratar de sancionar el crimen de embarazo forzado. Nunca me miró a lacara”, recuerda Lorena Fríes.

Cuentan dos de las feministas que protagonizaron esa lucha, que el movimiento de mujeres se veía enfrentado a un primer instrumento jurídico universal, lo que les implicaba salir de su zona de confort para definir internamente una estrategia de negociación en la que se establecieran los mínimos intransables.

Tradicionalmente las organizaciones de mujeres no habían mirado estos espacios tan claramente sino que focalizaban sus esfuerzos en el Estatuto Social y Jurídico de la Mujer de la ONU. Sin embargo, la CPI era un espacio mixto que tenía un valor distinto. “Se tratabade incidir para que en el gran Estatuto quedara de manera transversal el reconocimiento delos derechos de las mujeres”, explica Barraza.

Para 1998, después de dos años de cabildeo, el movimiento feminista logra posicionar a algunas mujeres en Roma para participar en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas, destinada al establecimiento de la Corte Penal Internacional. De esa forma se impulsó la lucha de las mujeres y se logró reconocer la violencia sexual y de género como prácticas que atentan contra la libertad, la integridad física y la sexualidad de las mujeres. Por primera vez son reconocidas la violación, la esclavitud sexual, la prostitución, el embarazo y la esterilización forzada, además de las persecuciones basadas en género, el tráfico de personas y la violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De hecho, en algunas circunstancias reconoce algunos de estos crímenes como formas de cometer genocidio.

Una vez instaurada la CPI, las organizaciones del Caucus iniciaron un proceso, de 1998 a 2002, para hacer pedagogía en todo el mundo y dar a conocer a las mujeres el Estatuto de Roma y que este fuera implementado en los Estados.

Otros logros

El movimiento de mujeres logró también que fueran incorporadas las reglas de procedimiento y prueba, es decir, una serie de criterios sobre protección de testigos y de víctimas para que la persona no fuera revictimizada y se puedan garantizar los derechos de las mujeres. Por otro lado, se pactan medidas de equilibrio de género frente a quienes integren la CPI.

Según señala Lorena Frías, otro de los logros fue una mayor visibilidad de la violencia sexual en cualquiera de sus formas, ya sea como delitos en medio de conflictos armados o en contextos donde no haya conflicto. Frente a esto, la exdirectora de la Corporación Humanas Colombia asevera que es necesario seguir documentando la violencia sexual, “pero habría que deslindarse del contexto del conflicto y mirar otros contextos, como el narcotráfico, los nuevos grupos armado ilegales, la explotación sexual, y así buscar otras aristas donde estos crímenes no solo ocurren en un Estado sino que se trata de crímenes transnacionales, por ejemplo como ocurre con la migración de venezolanas y venezolanos, hablando del caso colombiano”.

Para Barraza uno de los retos que sigue vigente es que no solo se incorpore la verdad y la justicia, sino que también se incluya la reparación para las mujeres víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Los retos en el caso colombiano

Una vez Colombia se adhiere el Estatuto de Roma, hay grandes aprendizajes a la hora de aplicar conceptos como el carácter sistemático y generalizado para analizar casos de violaciones a derechos humanos como los delitos de violencia sexual y el desplazamiento forzado. De ahí se empieza a ver la importancia de documentar los contextos. Organizaciones como la Corporación Humanas Colombia, empezaron a jugar un papel importante en la documentación de casos, ya que así es posible dar cuenta de la existencia de una política de generalidad o sistematicidad en la comisión de dichos crímenes.

Los criterios de la CPI se incorporan a la jurisprudencia colombiana y, en 2005, la Corte Constitucional usa los términos del Estatuto de Roma, para fallar en una tutela en el caso de una víctima de violencia sexual mediante la sentencia T-453 de 2005. Así se logra condenar a Jorge Enrique Orejarena Colmenares a 145 meses de prisión por el delito de acceso carnal violento contra la joven Sandra Liliana Orejarena Troya. Un hecho que implica todo un avance en el respeto de la intimidad de las víctimas de violencia sexual, ya que se le cree a la víctima por encima de los testimonios del victimario que buscaban poner en duda la integridad moral de Sandra.

Además, en los 15 años de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, a la cual se acogieron los grupos paramilitares en el marco de su desmovilización, no solo fue posible que se aplicaran las reglas de procedimiento y prueba de la CPI, sino que se puso en evidencia que los delitos de violencia sexual cometidos por los paramilitares fueron crímenes de lesa humanidad. Así lo estableció, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia que señaló que las graves conductas cometidas por estos grupos, como las violaciones a las mujeres, deben enmarcarse, primordialmente, dentro del contexto de crímenes de lesa humanidad, además, aseguró que estos se desarrollaron de manera generalizada y sistemática.

La jurisprudencia colombiana y la del mundo ha venido dando pasos afines a la justicia de género, pero aún son cientos los que falta dar para que se acabe la impunidad en los crímenes cometidos contra las mujeres. De ahí que las feministas que participaron en ese gran movimiento global de los años 90, coinciden en que es necesario reactivar el impulso de aquella época, tanto para mantener los avances en la CPI como para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual.

 

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Encuesta CEP: solo 6% de las mujeres apoya el aborto sin restricciones


IMAGEN DE LA ÚLTIMA MARCHA EN FAVOR DEL ABORTO EN SANTIAGO.

Estudio revela que mayor apoyo se da en el sector socioeconómico alto. Un 27,9% de mujeres, en tanto, estima que debe estar siempre prohibido.


El pasado viernes, dos acontecimientos sobre la discusión del aborto se cruzaron inesperadamente. Mientras el pleno del Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por Chile Vamos que declara inconstitucional parte del reglamento que regula la objeción de conciencia, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) publicó que el 71% de los chilenos apoya la interrupción del embarazo en tres causales.

El sondeo, que comprende el periodo octubre-noviembre, ratifica que la discusión sobre el tema tiene matices no solo en lo político, sino que también a nivel social, mostrando las posiciones valóricas existentes en el país, donde hay diferencias de opiniones según género, edad y zona del país.

El análisis detalla que el 8,1% de los hombres y el 6,6% de las mujeres considera que el aborto debe estar permitido en cualquier circunstancia (en el sector socioeconómico alto la tasa llega al 12,5% y en el bajo sólo al 3,9%). En tanto, el 8,7% de los encuestados dijo que apoya la medida durante las primeras semanas de embarazo y otro 54,7% en casos especiales.

Asimismo, el informe plantea que un 27,9 % de las mujeres considera que debe estar siempre prohibido. La mayoría de las opositoras tienen 55 años y más. En tanto, los hombres de clase media, entre los 18 y 24 años, son los que más apoyan esta práctica, con un 10%.

Al respecto, Ricardo González, coordinador del Área de Opinión Pública del CEP, explica que “por un lado, las personas que asisten con más frecuencia a misa se oponen con más fuerza al aborto, posiblemente porque esta política está en conflicto con sus creencias. Por otro lado, los individuos con valores emancipadores, que son más proclives a la igualdad de roles de género en el hogar y tienden a percibir más positivamente la inmigración, tienden a apoyar el aborto”.

Otra diferencia se puede ver en la posición política. El 13,7% y 13,8% que se declara de centro y de izquierda, respectivamente, dicen ser opositores a esta práctica, mientras que el 37,7% que se define como de derecha rechaza el aborto.

Sobre este tema, la socióloga del Observatorio de Género, Teresa Valdés, señala que “es muy importante no perder el foco, ya que el 71% apoya las tres causales y ese es el derecho conquistado y que el Estado debe garantizar. Si se compara con otras encuestas, hay un incremento en el apoyo a la interrupción voluntaria de embarazo por decisión de la mujer. Eso es lo que realmente importa”.

Estrato social

El análisis del CEP indica que el nivel socioeconómico también incide en la visión de los chilenos en este tema. Del porcentaje de hombres y mujeres que declararon que el aborto debe estar prohibido en toda circunstancia, el 32,1% pertenece al estrato socioeconómico bajo, superando la cifra de los opositores de nivel socioeconómico alto, que alcanza el 29,8%. González detalla sobre este ítem de la encuesta que “estas creencias (contrarias al aborto) aparecen en las personas con altos niveles de educación, del socioeconómico medio y alto y nacidos después de 1980, lo que tiene sentido, pues la masificación de la educación superior y el progreso material se aceleraron desde esa época en adelante. Al final, el nivel socioeconómico bajo puede estar asociado a menor educación y, por esa razón, el rechazo al aborto es más alto”.

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, al ser consultada por los resultados del sondeo, afirma que se debe bajar el perfil a los resultados, pues “no son demasiado novedosos. Desde hace muchos años que en Chile los estudios de opinión muestran que la proporción de la población que es contraria a toda posibilidad de decidir de las mujeres es minoritaria, y eso se demuestra con que la mayoría, finalmente, está a favor del aborto en tres causales”.

Publicado por La Tercera

mapuche

Opinión: Diálogo por la paz

Diálogo por la paz

Un dialogo por la paz requiere retrotraerse a lo que fue el proceso de contra-reforma que afectó al pueblo mapuche en los ‘80 cuando las forestales se instalaron en la zona en condiciones privilegiadas de inversión bajo el Decreto 701 y que retrotrajo los avances que habían logrado los mapuche gracias a la reforma agraria. A grandes rasgos, ese fue el segundo despojo después de la llamada pacificación de La Araucanía.

Por Lorena Fries, abogada de Corporación Humanas

Nadie puede negar que en la Araucanía haya violencia y que ésta en gran medida tenga que ver con el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. En mi opinión, se trata de actos de violencia política intolerables en una democracia, pero que no pueden ser calificados de terrorismo de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Lo que hay detrás de dichos actos es una legítima reivindicación por ser considerados como un pueblo dentro del Estado de Chile y con el derecho inalienable de decidir su destino y de preservar su cultura y cosmovisión. El Estado por su parte, está obligado a traducir este reclamo en medidas legislativas, administrativas, judiciales, sociales, etc., que permitan garantizar dichos derechos.

La muerte de Camilo Catrillanca a manos de agentes del Estado presumiblemente ha vuelto a poner la relación entre el pueblo mapuche y el Estado sobre la mesa. Por cierto, se trata de avanzar en la generación de condiciones para que dicha violencia ceda en el marco de un diálogo con todos los actores involucrados, incluidas las empresas forestales y aquellos grupos, que aunque pequeños, han optado por la violencia política. Ciertamente la ciudadanía en la Región de la Araucanía condena los hechos de violencia, pero no es menos cierto que el pueblo mapuche comparte las reivindicaciones por sus territorios y recursos naturales, y por el reconocimiento de sus derechos políticos, tanto a la autonomía, como a participar con mecanismos propios y nacionales de las decisiones que les afectan directamente y de las que impactan en la vida del país.

Un dialogo por la paz requiere retrotraerse a lo que fue el proceso de contra-reforma que afectó al pueblo mapuche en los ‘80 cuando las forestales se instalaron en la zona en condiciones privilegiadas de inversión bajo el Decreto 701 y que retrotrajo los avances que habían logrado los mapuche gracias a la reforma agraria. A grandes rasgos, ese fue el segundo despojo después de la llamada pacificación de La Araucanía. Una memoria presente en el pueblo mapuche y que marca su desconfianza permanente hacia el Estado chileno. Un diálogo por la paz, requiere escuchar sin pre-conceptos, con una agenda abierta y con disposición de ceder en aras de lo que se pretende conseguir, sabiendo que a la base de dicha relación se encuentran relaciones desiguales de poder y que son precisamente esas relaciones las que se debe buscar igualar desde una perspectiva de derechos humanos. Algo tendrán que ofrecer las empresas forestales y también los grupos que han recurrido a la violencia política. El Estado debiera garantizar que dicho diálogo no se acaba cuando se acabe el gobierno, de manera de poder sostener en el tiempo las confianzas que se vayan creando, y debiera avanzar decididamente hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos con los pueblos indígenas.

Hasta ahora la recurrencia a una estrategia de seguridad por una parte y a una de desarrollo por otra, ha sido probada, con más o menos inversión pública, en los distintos gobiernos. El saldo ha sido negativo, en tanto no se han resuelto los problemas de fondo y han muerto personas en dicho marco, profundizando las desconfianzas de unos y otros respecto de lo que se pueda lograr.  Es hora de que el Estado invite a un diálogo abierto que tenga en el centro al pueblo mapuche, en su diversidad, y sus demandas de reconocimiento y redistribución, por una parte, comprometiéndose, por otra, a un control político férreo de las Fuerzas de Orden y Seguridad en la zona y en una agenda de desmilitarización de la región que tenga como contrapartida el cese de las acciones de violencia política.

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Declaración: Profesoras de Derecho #FranYoTeCreo

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DECLARACIÓN PÚBLICA DE PROFESORAS DE DERECHO

Como han reportado diversos medios de comunicación, Francisca Díaz, egresada de Derecho de la UACh, denunció haber sufrido violencia sexual, por parte de un ex abogado del Ministerio Público. En solo tres meses de investigación, se sobreseyó al denunciado y, en contrapartida, se inició otra investigación, esta vez en contra de Francisca Díaz, por denuncia calumniosa.

Las profesoras firmantes, pertenecientes a distintas universidades, expresan su preocupación por la situación que afecta a Francisca Díaz y creen necesario poner de relieve las siguientes cuestiones:

  1. Investigaciones sociales demuestran que hay una notable brecha entre la violencia sexual que, efectivamente, sufren las mujeres y aquella que es denunciada e investigada por el sistema penal. Las razones que explican esta brecha se relacionan, en gran medida, con la incapacidad del sistema penal para ofrecer garantías adecuadas a las víctimas de esta violencia. Lo anterior configura un caso paradigmático de falta de acceso a la justicia y discriminación estructural. En efecto, es altamente probable que las denuncias de violencia sexual no se transformen en condenas debido a las dificultades para satisfacer las altas exigencias probatorias de los juicios criminales; y que, durante esos procesos, las mujeres sufran, sistemáticamente, victimización secundaria.
  2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado el uso de estereotipos de género por parte de los órganos estatales, especialmente, tribunales de justicia y los ha definido como “preconcepción[es] de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente”. No obstante, los estereotipos de género están presentes en la práctica judicial chilena. Es común que policías, abogados y tribunales, conciente o inconcientemente, asuman interpretaciones estereotipadas sobre los comportamientos de las denunciantes. Por ejemplo,  muchos de ellos suponen que si una denunciante no se ha resistido explícitamente ante el avance sexual de un varón, ha consumido alcohol, vestía una indumentaria “sexy”, o no ha observado una conducta sexual previa recatada, entonces hay consentimiento sexual implícito. No importa si la víctima sostiene lo contrario. También es frecuente que los intervinientes en estos procesos asuman que las mujeres son naturalmente vengativas, volubles, caprichosas o histéricas. Aunque los estereotipos de género son concepciones de origen social terminan teniendo un efecto jurídico porque determinan la interpretación judicial de los hechos que se discuten en un proceso penal, limitando los derechos de las mujeres.
  3. Comparados con otros procesos penales, en los juicios sobre delitos sexuales la única o la más importante prueba de cargo es el testimonio de la misma denunciante. Esto implica que estos juicios giran en torno a la credibilidad de quien denuncia, la que es apreciada frecuentemente, como ya se indicó, a partir de estereotipos de género. Cuando el escrutinio sobre la credibilidad de las denunciantes descansa únicamente sobre estereotipos produce victimización secundaria porque cuestiona la efectividad del trauma que han experimentado, las conmina reiteradamente a revivir el episodio de violencia, y las responsabiliza por la ocurrencia de este.
  4. El caso de Francisca Díaz reúne todas estas características. Pero, a diferencia de otros casos, implica la posibilidad adicional de sufrir una sanción penal como consecuencia de haber formulado una denuncia que no se ha corroborado judicialmente. Desde el punto de vista jurídico, la absolución o sobreseimiento definitivo no necesariamente implica que los hechos denunciados hayan sido falsos, solo supone aceptar que, bajo los estándares probatorios de los procesos criminales, no es posible atribuir responsabilidad penal a una determinada persona. Por eso, la divergencia sobre la interpretación jurídica de los hechos—si hubo consentimiento o no— o sobre su calificación jurídica — si hubo violación o abuso sexual— no son suficientes para constituir la figura penal por la que se acusa a Francisca, a saber, la denuncia calumniosa.
  5. De prosperar la tesis del Ministerio Público en el caso de Francisca Díaz (una denuncia no probada o una denuncia por hechos no constitutivos de delito es equivalente a una denuncia falsa, y habilita, entonces, a perseguir criminalmente a la denunciante) se producirá un potente desincentivo para que las víctimas de violencia sexual presenten denuncias. Es decir, dicha tesis pone en cuestión toda la política pública que alienta a las víctimas a denunciar estos casos. Por otra parte, ella misma configura una forma de violencia institucional, o sea, una violencia causada por el Estado. En este sentido, debe tomarse nota que la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la mujer, especifica que una de las formas de violencia (física, sexual o psicológica) que experimentan las mujeres es aquella perpetrada o tolerada por el Estado. En la misma línea, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por Chile, incluye como una forma de violencia contra las mujeres la que proviene del Estado o sus agentes, dondequiera que esta ocurra.
  6. El debido respeto de las garantías procesales de los imputados o acusados por delitos sexuales no es incompatible con la protección de los derechos de las mujeres.

Adhieren

  • Daniela Accatino, Universidad Austral de Chile
  • Consuelo Murillo, Universidad Austral de Chile
  • Patricia Toledo, Universidad Austral de Chile
  • Daniela Rosenberg, Universidad Austral de Chile
  • Susan Turner, Universidad Austral de Chile
  • Ma. Asunción de la Barra, Universidad Austral de Chile
  • Yanira Zúñiga, Universidad Austral de Chile
  • Leticia Morales, Universidad Austral de Chile (Escuela de Derecho, Sede Puerto Montt)
  • Lidia Casas, Universidad Diego Portales
  • Ximena Gauche, Universidad de Concepción
  • María Elena Santibáñez, Pontificia Universidad Católica de Chile
  • Marcela Aedo, Universidad de Valparaíso
  • Alejandra Zúñiga Fajuri, Universidad de Valparaíso
  • Cecilia Valenzuela, Universidad de Valparaíso
  • Daniela Veas Jaime, Universidad de Valparaíso
  • Paz Irarrázabal González, Universidad de Valparaíso
  • Karina Uribe Peña, Universidad de Valparaíso.
  • Fabiola Girao M., Universidad de Valparaíso y Pontificia U. Católica de Valparaíso
  • Javiera Tapia Pérez, Pontificia U. Católica de Valparaíso
  • Claudia Cárdenas Aravena, Universidad de Chile
  • Rocío Lorca, Universidad de Chile
  • Myrna Villegas, Universidad de Chile
  • Olga Espinoza, Universidad de Chile (Instituto de Asuntos Públicos)
  • Verónica Undurraga, Universidad Adolfo Ibáñez
  • Rocío Sánchez, Universidad Andrés Bello
  • Karina Saavedra Lyng, Universidad Andrés Bello y Universidad Santo Tomás
  • Rocío Sánchez Pérez, Universidad Andrés Bello
  • Macarena Saez, Washington College of Law, American University
  • Catalina Lagos, Universidad Alberto Hurtado

 

 

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El caso de Francisca Díaz, la joven que denunció abuso sexual y terminó condenada por injurias y calumnias

La consigna #FranYoTeCreo se ha tomado las redes sociales con cientos de mujeres apoyando a la estudiante de Derecho condenada a tres años y un día de pena remitida por injurias y calumnias. Critican que la sentencia no es justa y que las mujeres abusadas podrían tener miedo a denunciar.

Una estudiante de Derecho de la Universidad Austral de Chile fue condenada a tres años y un día de pena remitida por el delito de injurias y calumnias contra un ex funcionario del Ministerio Público, a quien ella había denunciado de abuso sexual.

El caso se remonta hace casi tres años, cuando en febrero de 2016 la joven Francisca Díaz denunció a Willy Fahrenkrog, causa en la que el Ministerio Público determinaría que, en lugar de abuso, se habría tratado de una relación consentida.

El giro que dio el caso ha provocado una serie de críticas por estos días y reacciones por parte de organizaciones feministas, quienes temen que la sentencia cause un mal precedente para las mujeres que sean víctimas de delitos sexuales y no se atrevan a denunciar.

El testimonio de Francisca

Los hechos que denunció Francisca Díaz ocurrieron el 12 de febrero de 2016, el día en que se juntó con Willy Fahrenkrog, por ese entonces fiscal Subrogante de Hualaihué, en la Región de Los Lagos. Según relata el sitio Es Mi Fiesta, se conocieron a través de Tinder y entablaron conversaciones que los llevaron a reunirse después de un tiempo.

En esa ocasión Fahrenkrog le comentó que viajaría a Puerto Montt para participar de un asado con sus compañeros de trabajo, y que aprovecharía el viaje para conocerla personalmente. En los pantallazos de las conversaciones se ve que en un comienzo Díaz se negó porque le daba “la sensación” de que la necesitaba “para hacer hora”. Las insistencias del joven fiscal la hicieron cambiar de opinión, y finalmente concretaron la cita al día siguiente.

Se juntaron pasadas las 16:30 horas, y tras hacer algunos trámites, a eso de las 20:00 horas se dirigieron al centro de Puerto Montt para tomar algo y luego ir a bailar. En las conversaciones se aprecia la insistencia Fahrenkrog por ir a beber, algo que acabaron haciendo en un local llamado Baco Bar.

Tras tomar dos mojitos, Fahrenkrog habría propuesto que fueran por el tercero, algo a lo que Francisca Díaz se habría negado. Tras las insistencias del joven, ella finalmente habría accedido. Según Díaz, en un momento él le comentó que ella “merecía estar con un hombre bueno porque era muy esforzada, simpática y bonita”, a lo que ella respondió advirtiendo que “no se pasara rollos” porque no pasaría nada.

Luego ella lo habría acompañado a buscar un hostal donde pasar la noche, y en el camino él la habría tomado por la cintura y la habría besado. Entonces ella le volvió a advertir “que no se pasara rollos” y que sólo podían andar de la mano.

Cuando por fin encontraron un hostal, ella lo acompañó a ver la habitación, mareada por los efectos del alcohol. Ahí él habría comenzado a besarla e insistir en que tuvieran relaciones sexuales, pero ella se habría negado. Sin embargo, el joven habría insistido. Fue en ese momento, de acuerdo al testimonio de la joven, cuando él le“bajó el pantalón y la ropa interior”.

En su declaración a la Policía de Investigaciones (PDI), Díaz señaló que el joven la agredió sexualmente.

Giro en el caso

No más de tres meses pasó Francisca Díaz como víctima en esta situación. El 27 de mayo de 2016 el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó el sobreseimiento definitivo de la acusación contra Fahrenkrogy y se determinó “que la denuncia reunía los caracteres de calumniosa”. El 16 de junio, en tanto, fue presentada la querella por denuncia calumniosa en su contra.

Un dato que jugó un rol importante en esta determinación fue que el hombre fue procesado por violación, aunque lo que ella denunció fue abuso sexual.

Las audiencias estuvieron marcadas por declaraciones polémicas, como la de la carabinera Carolina Montiel, quien, según Es Mi Fiesta, fue la primera en tomarle la declaración a Díaz la noche de la presunta agresión. Durante la primera jornada del juicio ella declaró que la joven“no esta estaba afectada, pero igual estaba llorando”, pero que “no era un llanto de violación”.

Por otra parte, el abogado de Willy Fahrenkrog, Andrés Firmani, llegó a preguntarle a la joven si “sabe leer” cuando discutían sobre la definición de la palabra “penetración”.

Críticas a la sentencia

En entrevista con Rayén Araya en #AquíYAhora, la prodecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile, Yanira Zúñiga, dijo que “el caso es lamentable por lo que significa en términos de un desincentivo a las denuncias que en materia de delitos sexuales es algo que se ha intentado incentivar con campañas del gobierno e internacionales en todo el mundo”.

Destacó que Francisca Díaz no sólo está siendo condenada a una pena, sino que, “en la medida de que es egresada de Derecho, también conlleva una inhabilitación para jurar y desempeñarse como abogada, tendrá una doble sanción, además de las sanción penal, una sanción específica de inhabilitacion”.

También comentó que “los estereotipos están más o menos presentes en la practica judicial en una serie de juicios que afectan a las mujeres”, y en este caso, por ejemplo, se asume “el uso de Tinder como disposición de las mujeres a tener de entrada relaciones sexuales; que el alcohol por sí solo es indicador, en la medida que se enmarca en una reunión con un varón que se conoce a través de Tinder, de que es indicio de presentación de consentimiento sexual”.

#FranYoTeCreo

El caso de Francisca Díaz se ha ido tomando las redes sociales con el hashtag #FranYoTeCreo. Organizaciones feministas como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Coordinadora 8 de Marzo han criticado al sistema judicial por la condena.

Por la misma vía distintas parlamentarias se han sumado a la campaña. Camila Vallejo (PC) dijo a través de Twitter que “no es justo arriesgarte a que publiquen tu vida íntima y sexual, con difamación; a penas de cárcel; a no poder titularte”; y Marisela Santibáñez (PRO) criticó que “la justicia chilena abandona a la mujer que denuncia y la decisión de los medios es invisibilizar el caso”.

Mira algunos de los comentarios en apoyo a Francisca Díaz a continuación:

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El video en contra de la violencia callejera que da que hablar en las redes sociales


FOTO: AGENCIA UNO
 Campaña no juzga ni acusa, sino que en ella hombres invitan a otros hombres a reflexionar sobre el acoso callejero. ¿Por qué hay que explicar esa violencia? Las cifras son claras: sólo un 15,3% de las mujeres responde que no ha vivido esa violencia, porcentaje que en ellos sube a 44,8%.

“Ah bueno, estás para secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría?”, es la frase que inicia el video de 2:26 y que es comentado en redes sociales, el que forma parte de la campaña #CambiaelTrato, creada por Avon. Las imágenes muestran a un hombre joven que hace un comentario sobre el cuerpo de una mujer en la calle y su amigo lo lleva a cuestionarse sobre lo violento de ese acto y a decir no a la violencia de género.

¿Por qué hay que explicar la violencia que sufren mujeres en el espacio público? Las cifras son claras, cuando hombres y mujeres son consultados sí han vivido esa experiencia, solo un 15,3% de las mujeres responde que no. En ellos, sin embargo, la cifra sube a 44,8%, indica el Estudio de caracterización y opinión sobre el acoso sexual callejero y sus posibles sanciones, del Observatorio contra el Acoso Callejero (OCAC) del año 2015.

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No la conocen, no la viven, no la entienden, explica María José Castillo abogada de Corporación Humanas. Es destacable que sea un hombre el que le explica a otro una vivencia que es cotidiana para muchas mujeres. “Las mujeres siempre han dicho esto y los hombres no nos creen, porque no lo viven, y señalan prejuicios de que somos ‘alharacas’ con el tema”, dice Castillo.

Por eso está bien que se explique algo que es obvio para muchas mujeres, agrega Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Diego Portales. “Porque ellos no tienen la vivencia, no lo entienden y no pueden identificar esa vivencia en la conducta que se normaliza”.

Rol del testigo

El video muestra además una estrategia que ha demostrado ser muy eficaz a la hora de hablar de situaciones de violencia, dice Contreras, que se relaciona con involucrar a la figura del testigo. Siempre se piensa en prevenir con la víctima y el victimario como protagonistas, pero el rol de quienes rodean esa situación, quienes se ríen o callan al ver esas situaciones, sostiene, es necesario que asuman también su responsabilidad.

“La violencia también constituye una demostración de poder que tiene que ver con el tercero, el que se ríe el que considera que es una manifestación de masculinidad, cuando el otro le muestra que eso es violencia y que no le parece gracioso, de alguna manera permite que la persona vivencie la violencia de manera distinta. Se ha hecho mucho con el bullying, es algo que nos convoca a tomar una posición como testigo, a cuestionar cómo se permite que esa violencia ocurra y se naturalice

A su vez, que sea un hombre el que le explique a otro hombre, es valioso porque tiene más cercanía para ellos, dice la abogada. Lo que cuenta con una ventaja, explica; “en general los hombres validan más la palabras de otros hombres. Y ellos tienen que hacerse cargo de esto, que no es un solo un tema de mujeres, que es responsabilidad de todos y todos tenemos algo que decir”.

Y se trata de una realidad para un gran porcentaje de mujeres: El 85% señala que ha sufrido acoso sexual callejero en los últimos 12 meses. De ellas, a aproximadamente el 36% lo padece por lo menos una vez a la semana y una de cada 10, una o más veces al día, señalan los datos del estudio de OCAC.

Una de cada tres mujeres será víctima de violencia en algún momento de su vida, resalta Carolina Cerón, jefa de Desarrollo de Canales Avon Chile. “En Avon vemos en cada una de ellas a una persona y no a una estadística, y a cada hecho de violencia como inaceptable. Por eso, mantenemos un fuerte compromiso de ayudar a poner fin a la violencia y el abuso, tanto físico, psicológico, sexual, patrimonial y simbólico”, dice.

Ese es el propósito de #CambiaElTrato, indica Cerón. Una iniciativa global, que recientemente se lanzó en Argentina y que en los próximos días también se implementará en Chile. Fue desarrollada para hacer visibles aquellas situaciones de violencia hacia las mujeres que están naturalizadas en la sociedad, destaca.

“Para mostrar que hay conductas y prácticas que son violencia y, muchas veces, no se perciben como tales. Un aspecto muy importante de la campaña es que no juzga ni acusa, sino que, a través de conversaciones íntimas, hombres invitan a otros hombres a reflexionar sobre la manera en la que tratan a las mujeres, en situaciones cotidianas. Situaciones que no atentan contra la integridad física de mujeres, pero que sí ponen en riesgo su autoestima, su libertad y sus derechos”, señala Cerón.

Las campañas y videos que abordan está temática desde un enfoque de concientización, son muy relevantes indica Contreras. “Está bien hecho y es interesante en términos de la propuesta. Si uno entiende el acoso callejero que un tema de origen cultural, que se basa en lo que se entiende como femenino y lo masculino, el cambio que se debe generar es fundamentalmente cultural”.

Los medios y las redes sociales son los principales modos es que las personas se informan, dice Castillo, por eso que se difunda es relevante. “Pero eso no quita la responsabilidad del Estado, sería relevante que el Estado iniciara este tipo de campañas, que el Estado las fomente”.

Por QuePasa.cl


 

policia

Opinión: Camilo Catrillanca y el abuso policial

Camilo Catrillanca y el abuso policial

Con la Operación Huracán nos enteramos que arman y desarman grupos de inteligencia “truchos” y que los métodos que emplean son, por decir lo menos, poco eficientes. El llamado “pacogate” nos confirmó que la plata que ponemos todas y todos los chilenos para que nos protejan, se iba a las arcas personales de la jerarquía y que, a pesar de los cambios en el mando, la conducta de Carabineros en La Araucanía no ha variado y sigue cobrando vidas. La última, la de Camilo Catrillanca.

Por Lorena Fries, abogada de Corporación Humanas

La muerte de Camilo Catrillanca en un incidente confuso, empieza a disipar dudas frente a las informaciones que han venido apareciendo y que desdicen las versiones oficiales entregadas inicialmente por Carabineros y por el Intendente de La Araucanía. Una de las medidas más anunciadas del gobierno, la creación del Comando Jungla para enfrentar la violencia en la zona no hizo más que prender la mecha de la indignación y exigir que la muerte del lagmien se aclare a la brevedad.

Lamentablemente y a pesar del trato excepcional que siempre se quiere dar a los casos de abuso policial, la muerte de Camilo Catrillanca es ya la expresión de un patrón de actuación por parte de Carabineros que no se puede tolerar en una sociedad democrática y en la que una y otra vez se repite que las instituciones funcionan. Pues no, Carabineros no funciona, o al menos no funciona como debiera, esto es, para proteger a los ciudadanos y ciudadanas en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.

El INDH y organismos internacionales, entre ellos el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Terrorismo y el Relator sobre Libertad de Asociación y Manifestación Pacífica, hace ya casi 6 años que vienen documentando casos de abuso policial y representándoselo al Estado en cada examen de derechos humanos al que se somete. En el caso de Rodrigo Avilés, en la Operación Huracán, en la desaparición del joven José Vergara en el norte del país, y ahora con el operativo policial en Temucuicui, por nombrar algunos casos, Carabineros le ha mentido al país y también al gobierno de cuya autoridad política depende. Esto es grave y es peligroso.

Ya en 2013, Carabineros había anunciado que contaría con cámaras de video en los buses, espacios en los que, en los contextos de manifestación, se denunciaban abusos. Pero claro, ocurría los mismo que ocurrió en Temucuicui, que estas se prenden y se apagan a discreción o incluso que desaparecen. Rápidos para dar respuestas, frente a cada caso y antes siquiera de iniciar una investigación ofrecen versiones que se deshacen en el camino, y cuando efectivamente se llevan a cabo los respectivos sumarios, en pocos casos comparado con el número de denuncias, se llega a sanciones. Con la Operación Huracán nos enteramos que arman y desarman grupos de inteligencia “truchos” y que los métodos que emplean son, por decir lo menos, poco eficientes. El llamado “pacogate” nos confirmó que la plata que ponemos todas y todos los chilenos para que nos protejan, se iba a las arcas personales de la jerarquía y que, a pesar de los cambios en el mando, la conducta de Carabineros en La Araucanía no ha variado y sigue cobrando vidas. La última, la de Camilo Catrillanca.

Carabineros de Chile requiere cirugía de fondo, esto es, avanzar con una reforma legal que por una parte establezca controles externos a Carabineros, los obligue a mayor transparencia, y que aumente las facultades del Ministerio del Interior para que efectivamente se pueda hablar de subordinación al poder civil. Se requiere además una fuerte formación en derechos humanos, ojalá de manos de organismos públicos como el INDH y la Subsecretaría de Derechos Humanos, de manera de recuperar lo que en los últimos años han ido perdiendo a pasos agigantados, su legitimidad ante la sociedad chilena.

Publicada en El Desconcierto 

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Lorena Fries: “Yo pongo en duda todas las versiones que salgan de Carabineros”

“Son sus propias acciones las que han llevado al descrédito a Carabineros”, dijo la exdirectora del INDH y aseguró que es necesaria una “cirugía mayor”.

Lorena Fries:

Lorena Fries, abogada de la Corporación Humanas y ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aseguró en ADN Hoy que es necesaria una “cirugía mayor” en Carabineros para evitar nuevas situaciones como la ocurrida con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

“Son sus propias acciones las que han llevado al descrédito a Carabineros (…) Es un organismo que no ha sufrido muchas reformas desde la dictadura. Es decir que tiene falta de controles internos”, dijo.

La profesional opinó que, desde el principio, tuvo dudas respecto de la versión que entregó Carabineros sobre las circunstancias en las que murió Catrillanca y la ausencia de cámaras para registrar el supuesto enfrentamiento.

Carabineros le ha mentido al país y al gobierno del cual es subordinado políticamente. A estas alturas cuesta entender cómo se asumen por ciertas las primeras versiones que entrega Carabineros”, dijo y agregó que no es primera vez: antes estuvieron los casos de Rodrigo Avilés y la Operación Huracán, sólo para ejemplificar.

“Tenemos un problema con Carabineros, que no tiene sólo que ver con el pacogate, sino que tiene que ver con un patrón de conducta sobre todo en dos contextos: en movilizaciones pacíficas y en relación al pueblo mapuche“, agregó.

“Yo pongo en duda todas las versiones que salgan de Carabineros y por eso es importante la investigación que haga el ministerio público. Me alegro que haya un fiscal dedicado de forma exclusiva a esto y que, además, sea alguien que trabaja y conoce el campo de los derechos humanos, que es lo que está en el fondo de la cuestión en La Araucanía”, sumó.

Publicado por Radio ADN

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¡No más criminalización a las víctimas de violencia sexual!

¡NO MÁS CRIMINALIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL!

#FranYoTeCreo

Invitamos a toda la comunidad a convocarse este próximo 19 y 20 de noviembre a las 13.45 horas en el frontis del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, ubicado en Egaña #1141.

Es necesario prestar apoyo a la compañera Francisca Andrea Díaz Williams. La egresada de Derecho de la Universidad Austral de Chile denunció una agresión sexual el 13 de febrero de 2016 por el entonces funcionario de la Fiscalía de Hualaihué, Willy Fahrenkrog Podlech.

 Francisca siguió todo el procedimiento que la misma institución del Estado pide a las mujeres. Denunció a su agresor y fue citada a lo menos cinco veces a prestar declaraciones de lo ocurrido. En cambio, él solo prestó declaración dos veces. A su vez, el denunciado al momento de ser detenido por Carabineros de la 2° Comisaría no le fueron incautadas sus cosas (celular personal y de la fiscalía), no se le practicó alcoholemia, tampoco constató lesiones en el servicio de salud correspondiente al Hospital Base de Puerto Montt. Tiempo después, la Fiscalía estimó insuficiente el relato de la víctima, donde no se pudo determinar si el encuentro sexual fue o no consentido. Mientras Francisca denunció una agresión sexual, el ahora ex Fiscal Willy Fahrenkrog Podlech,  por medio de su abogado el Defensor particular de Puerto Montt, Andrés Firmani, interpuso contra Francisca Díaz Williams una QUERELLA POR DENUNCIA CALUMNIOSA.

 Hoy nos encontramos ante un caso de doble victimización,  ya que ni SERNAMEG ni el Ministerio Público, han estado a la altura de las denuncias de las mujeres. Debiendo enfrentar día a día el miedo a que nuestros relatos no sean creídos a la hora de presentar una denuncia, ya sea por agresión sexual o violación.

Las pruebas, el relato de los testigos e incluso el sumario interno que se aplicó a Willy Fahrenkrog Podlech, han sido manipuladas para favorecer el relato del agresor. (leer investigación completa aquí)

Como comunidad y acción feminista, creemos que es necesario acompañar a nuestra hermana en este día pronunciandose y gritando todes juntes “FRAN YO TE CREO”.

Francisca arriesga una condena de hasta 5 años de cárcel, pagar una multa de 20 UTM que es lo que está pidiendo el abogado de Willy, las costas del juicio y lo más importante para ella, no poder titularse como abogada ya que si es condenada a pena aflictiva no tendría posibilidad de jurar en la Corte Suprema.

Adhieren:

  • Corporación Humanas
  • Observatorio de Género y Equidad
  • Colectiva HartasMujeres
  • Macarena Castañeda Letelier, Feministas Izquierda Autónoma
  • Mesa Acción por el Aborto en Chile
  • Ni Una Menos Chile
  • Fondo Alquimia
  • Instituto de la Mujer
  • Centro de Estudiantes Derecho UACh Valdivia.
  • Federación de Estudiantes UACh Valdivia.
  • Secretaría de Género y Bienestar Estudiantil Periodismo UACh Valdivia.
  • Revista Bagual. (Medio de comunicación local).
  • Centro de Estudiantes Derecho UDP.
  • Círculo de Mujeres Miraflorinas Organizadas, UACh Valdivia.
  • Centro de Estudiantes Derecho UAI.
  • Asamblea de Mujeres y Disidencias, Derecho UV.
  • Círculo de Mujeres Derecho UACh, Valdivia.
  • Círculo de Mujeres UACh, Puerto Montt.
  • AcciónFem Temuko.
  • Asamblea Triestamental de Mujeres Autoconvocadas UFRO.
  • Coordinadora No Más Violencia de Género Puerto Montt.
  • Red Feminista de Maipú.
  • La Borraja Elkina de la Cuarta Región.
  • Comisión de Acogida y Orientación de Casos por Abuso Sexual, Laboral y Discriminación, UFRO.
  • Secretaría de Género Derecho UACh Valdivia.
  • Colectivo Feminista, Histeria Colectiva Valdivia.
  • Feministas Temuko.
  • Centro de Estudiantes Derecho UDEC.
  • Línea de Aborto Libre, Santiago.
  • Coordinadora Feminista 8M Santiago.
  • Colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes
  • Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
  • Circulo emancipador de mujeres y niños con discapacidad de Chile, Cimunidis
  • Corporación Mujeres Líderes Para Chile
  • La Ciudad de las Diosas
  • Centro de Estudios de la Mujer
  • Asamblea Feminista Frente Amplio
  • Frente Feminista Movimiento Autonomista
  • Observatorio de Equidad de Género en Salud
  • Departamento de Formación Pedagógica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE
  • Coordinadora 19 de diciembre
  • Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina (Cegecal) Universidad de Chile
  • Dirección de Género y Diversidades de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile
  • Coordinadora Autónoma contra la Violencia Machista
  • Observatorio contra el Acoso Callejero
  • Foro Ciudadano
  • Comité de Servicio Chileno, COSECH
  • Red de Mujeres de Pedro Aguirre Cerda
  • Colectivo Con-spirando
  • Católicas por el Derecho a Decidir Chile
  • Frente Feminista Frente Amplio Universidad de Santiago de Chile, USACH
  • Red Internacional de Periodistas con Visión de Género – Chile
  • Corporación La Morada
  • Londres 38, Espacio de Memorias
  • ONG Amaranta
  • Mujeres en el Medio

Adhesiones individuales:

  • Catalina Ellies, periodista
  • Carmen Andrade, Dirección de Igualdad de Género. Universidad de Chile
  • Morín Ortiz, Periodista Ficwallmapu Temuko
  • Camila Aburto, Feminista y Psicóloga Comunitaria del Valle del Elqui.
  • María Emilia Tijoux, Académica Universidad de Chile.
  • Pía Barros, escritora
  • Kemy Oyarzún Vaccaro, académica y ensayista, Universidad de Chile
  • Eliana Largo Vera, feminista, antropóloga
  • Ximena Díaz, socióloga, Centro de Estudios de la Mujer
  • Ximena Azúa, académica de la Universidad de Chile
  • Kena Lorenzini, psicóloga y fotógrafa feminista
  • Andrés Ignacio Rivera Duarte, académico y Consultor DDHH e Identidad de Género
  • Ruth Álvarez Guzmán, Andares
  • Margarita Iglesias, historiadora y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile
  • Isabel Duque Casellas
  • Elisabet Gerber, Fundación Chile 21
  • Paulina Acevedo, Feminista psicopedagoga, Directora COSECH
  • Constanza Florencia Valdés Contreras, Asesora y Consultora en Derecho Público, Diversidad Sexual y de Género. Presidenta Fundación Diversidad y Derechos.
  • Catalina Arenas Ahumada, estudiante de periodismo, Universidad Diego Portales. Colaboradora del Observatorio de Género y Equidad – Mujeres en el Medio
  • Valentina Canales Guzmán, egresada Derecho Universidad de Chile
  • Beatriz Isabel Ríos Etcheverry, antropóloga y feminista
  • Maria Isabel Matamala Vivaldi, médica feminista
  • Adriana Gómez Muñoz periodista feminista
  • Dominique Truan Kaplan, ginecóloga y obstetra
  • Claudia Lagos, académica de la Universidad de Chile

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La ruta