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Comité de Expertas del MESECVI manifiesta preocupación por situación de los derechos humanos de niñas embarazadas en Chile

Comunicado de Prensa – Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (MESECVI) manifiestó su preocupación por la situación de los derechos humanos de niñas y adolescentes en Chile, e insta al Estado a adecuar su normativa a los estándares internacionales en materia de protección del derecho de las niñas y adolescentes a vivir en un mundo libre de violencia.

De acuerdo a la información recibida por el Comité, varios de los debates generados en el proceso de discusión del proyecto de interrupción del embarazo en el Congreso, se habrían dirigido a objetar la interrupción del embarazo en niñas de menos de 14 años, insinuando que los embarazos de niñas menores de 14 podrían ser consentidos.

La mayoría de los embarazos de niñas son perpetrados por varones varios años mayores a ellas, constituyendo delitos de violencia sexual. Respecto a los embarazos de niñas como consecuencia de conductas sexuales entre un niño y una niña, situación por demás excepcional, cabe consignar que la misma es consecuencia de múltiples violaciones de derechos, tanto al niño como a la niña, que afecta los derechos sexuales de ambos y da cuenta de múltiples omisiones en los sistemas de protección que los Estados deben asegurar.

En tales casos, ni la conducta sexual ni el embarazo pueden considerarse consentidos, dado que supondría desconocer las características esenciales de la niñez como etapa de desarrollo y el derecho de niñas y niños a ser guiados en el ejercicio de sus derechos (art 5 de la Convención de los Derechos del Niño)

El embarazo en una niña, cualquiera sea la edad del progenitor, constituye -per se- una situación de extrema violencia, afectando multiplicidad de derechos, destacándose el derecho a la salud y exponiéndola a riesgo de vida. Por ello, obligar a una niña a continuar un embarazo y a transitar un parto constituye violencia institucional y puede dar lugar a responsabilidad estatal.

A Por ese motivo, este Comité, en su Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará en seguimiento a las obligaciones internacionales establecidas en la Convención de Belém do Pará, ha recomendado a los Estados asegurar que todos los embarazos de niñas sean considerados de alto riesgo y permitan la interrupción legal del embarazo, acompañada con las medidas necesarias para garantizar la salud integral de las niñas así como su salud sexual y reproductiva y su derecho a la vida, a la integridad personal, a la intimidad a la no discriminación y a vivir libre de violencia.

El Comité recuerda que el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados Parte a “condenar todas las formas de violencia contra la mujer y (…) adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”, así como también a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Asimismo, el Comité recuerda la obligación de los Estados Parte de “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”.

Por lo tanto, el Comité manifiesta su plena voluntad de colaborar con el Estado chileno en todo aquello que considere procedente para adecuar sus normas a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de niñas y adolescentes para vivir en un mundo libre de violencia y reducir la brecha de implementación entre leyes y políticas o programas que buscan la garantía de este derecho.

El Comité de Expertas es el órgano técnico del MESECVI, responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención de Belém do Pará. Está integrado por Expertas independientes, designadas por cada uno de los Estados Parte entre sus nacionales, quienes ejercen sus funciones a título personal.

Luz Patricia Mejía, abogada especialista en Derechos de las Mujeres, integrante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y miembro de la Secretaría Técnica de MESECVI, sostuvo en marzo de este año que “es imposible tener una vida digna cuando te obligan a tener el producto de una violación” aludiendo a la penalización absoluta del aborto en Chile y cómo el país se inserta en el concierto internacional de los derechos humanos de niñas y mujeres.

Fuente: OGE

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Por qué los dichos del abogado defensor de Mauricio Ortega son tan graves y han sido cuestionados hasta por la Presidenta

Por qué los dichos del abogado defensor de Mauricio Ortega son tan graves y han sido cuestionados hasta por la PresidentaEl abogado defensor dijo sobre Nabila Rifo que “habría sido más barato haberla matado que simplemente haberla dejado viva”. Diversos abogados cuestionan la señal enviada por el profesional.

Para el próximo 11 de julio a las 13.00 horas quedó fijada la resolución del recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Mauricio Ortega, ex pareja de Nabila Rifo que fue condenado a más de 26 años de cárcel por femicidio frustrado, lesiones graves gravísimas y violación de morada.

Sin embargo, lo que más revuelo causó luego de los alegatos y réplicas de las partes en la segunda sala de la Corte Suprema, fueron los dichos del abogado defensor Ricardo Flores, quien señaló a la salida de la audiencia del martes que “creemos que es sólo una conducta de la que debería haber sido condenado del delito de lesiones graves gravísimos. De hecho, si uno hace un análisis lógico, desde el punto de vista de la pena, habría sido más barato haberla matado que simplemente haberla dejado viva”. Flores quería argumentar de esa forma que Ortega debió ser condenado por femicidio frustrado o por lesiones graves gravísimas, pero no por ambos delitos.

Estos dichos fueron ampliamente repudiados. Hasta la Presidenta Michelle Bachelet se molestó: “Indignantes las declaraciones del abogado del agresor de Nabila Rifo. Son de una profunda violencia. No se pueden tolerar“, escribió la Mandataria en su cuenta de Twitter.

Desde la Red Chilena Contra la Violencia hacia las mujeres -organismo que ha acompañado a Nabila Rifo en el proceso- mostraron también su repudio a tales palabras. “Nos parecen declaraciones despreciables que incluso se oponen a su rol como defensor. Nos demuestran una vez más la misoginia y falta de toda ética profesional del abogado, quien desconoce la normativa nacional e internacional que lo rigen como agente del estado. La Defensoría incluso repudia su actuar”, señaló Silvana del Valle, abogada de la entidad.

Justamente la Defensoría Penal Pública (DPP) emitió una declaración por los dichos de Flores. “Las expresiones vertidas por el defensor público no se condicen ni con la política, ni con la labor institucional. Ellas no representan el sentir de la Defensoría y serán analizadas para evaluar implicancias o afectaciones en relación con las labores propias del trabajo de la defensa”, señaló la DPP en su comunicado.

El organismo también señaló que con esas afirmaciones se distrae el verdadero foco del caso, el que “se centra en velar por el respeto irrestricto de las garantías y derechos de los imputados e imputadas que defendemos” y a su vez reiteró “su inobjetable compromiso con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, al tiempo que cumple con su rol fundamental de garantizar el derecho a la defensa y a un juicio justo que tienen todos los ciudadanos de Chile”.

Las críticas han sido transversales. Desde Corporación Humanas -que también estuvo presente en los alegatos- encontraron que las declaraciones eran una señal grave. “Ciertamente que son declaraciones lamentables y las rechazamos en todos sus términos. Además consideramos extremadamente preocupante y grave que encontrándose el Estado de Chile obligado a actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar los crímenes de violencia contra las mujeres, y también dar protección y reparación a las victimas, un operador de justicia se permita, en pos de una supuesta defensa de su defendido, prácticamente hacer un llamado a asesinar mujeres. Consideramos que es gravísimo y posiblemente amerite alguna clase de investigación o sanción por parte de sus autoridades porque no es posible que un defensor pueda señalar que resulte mas conveniente para un agresor de mujeres asesinarlas”, sostuvo Camila Maturana, abogada de la entidad.

Diversos profesionales cuestionaron el actuar de Flores. “Creo que un comentario así es irresponsable de parte de él por las consecuencias, no solo a víctimas de violencia intrafamiliar, sino generalizadas. Para el violador será mejor matar a su víctima, para el que atropella será mejor mata a su víctima, para el pederasta es mejor abusar del niño y matarlo… El contexto es peligroso y desprotege a la víctima”, indicó la abogada Alicia Herrera.

“En forma general, es la responsabilidad social que tiene el abogado que trabaja en un órgano público como la DPP y el manejo mediático que debe entregar a la sociedad. Es el bien común el que debe proteger y este es como hacer un llamado público de mate a su víctima porque tiene menos penalidad, esa es la impresión que da”, agregó la profesional.

El abogado Carlos Durán también cree que el mensaje enviado es incorrecto. “El problema de hacer un comentario así es que si se hace ‘entre colegas’ puede pasar como una ironía inofensiva, pero si se hace en el contexto de una entrevista para la prensa la situación cambia por cuanto los receptores ya no serán colegas operadores del sistema sino que será la sociedad en donde habrá subjetividades y evidentemente se verán violentadas. El mensaje ya no es una ironía interna si no que toma otro rumbo”, explicó.

“La decisión de que Ricardo Flores no fuera este miércoles a la Corte Suprema (como el día anterior) es una señal de reacción de la DPP quienes no lo hacen solamente por estética si no que también porque saben que puede perjudicar la causa e incluso la institución”, agregó Durán.

Para el abogado, los dichos fueron “una forma muy cruda de explicar una paradoja legal que efectivamente puede ocurrir. La defensoría alega que es un solo hecho con sus respectivos resultados, pero el enfoque del fallo es sancionar por dos conductas: femicidio frustrado y lesiones entonces eso provoca la sumatoria en las penas que en caso de haber habido homicidio hubiese habido una única pena que hubiese resultado menor a la que (por la sumatoria) se le está aplicando”.

El fiscal que encabezó la investigación, Pedro Salgado, prefirió no comentar las declaraciones aunque aseguró que “evidentemente no las comparten”.

“No nos referimos a lo que haya señalado, sí podemos decir que la Fiscalía, no sólo en este caso sino que en todas las situación que tienen que ver con violencia de género, ejercemos las acciones. Nosotros investigamos hechos y en ese contexto hemos desarrollado una investigación”, manifestó.

Por su parte, Claudio Fierro, otro de los abogados de la defensa indicó que las palabras de su colega “probablemente fueron desafortunadas”.

El recurso de nulidad

Tras el término de la audiencia, el fiscal Salgado insistió en que el recurso presentado por los abogados no corresponde, puesto que la sentencia se ajusta a derecho.

Por su parte, el abogado defensor Fierro recalcó que independiente de la relevancia pública que tomó el caso, durante las primeras diligencias, a Ortega se le realizaron pericias que correspondían a las de un imputado y no a las de un testigo, que era lo que en ese momento todavía era.

También sostuvo que durante el juicio no se les dio mayor crédito a las declaraciones de los menores que presenciaron la agresión y que “no existen suficientes elementos probatorios para establecer que él es el responsable”.

Lo que busca la defensa es dictar una sentencia de reemplazo de 10 años y un día por la agresión y 41 días de presidio por violación de morada, en vez de los más de 26 años de cárcel por femicidio frustrado, lesiones graves gravísimas y violación de morada.

Sin embargo, la abogada de Corporación Humanas cree que “efectivamente en este caso hay una condena ejemplar en contra del señor Ortega en los crímenes cometidos contra Nabila Rifo. Esperamos que todos los casos de violencia contra las mujeres reciban lo que merecen”.

“Igualmente esperamos que todo lo que el país ha conocido con ocasión del grave crimen sufrido por Nabila Rifo permita un cambio en la forma en cómo el sistema judicial da respuesta a las violencias contra las mujeres. En Chile hay mas de 100 mil denuncias cada año de mujeres que sufren violencia principalmente de parte de sus parejas y sabemos que en una mínima proporción estos casos reciben alguna condena y en su gran mayoría permanecen impunes”, señaló Maturana.

Fuente: El Mostrador

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Agenda feminista: ¿Cumplió la primera presidenta de Chile con las demandas de género?

Violencia Intrafamiliar, Ley de Cuotas, Reforma Laboral y Aborto son los tópicos más importantes del programa de Equidad y Género que Bachelet presentó antes de iniciar su actual gobierno. ¿Cumplió? Acá, un repaso a sus principales avances en igualdad de género.

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En su segundo mandato, la presidenta Michelle Bachelet ha tenido largos periodos de sostenida desaprobación ciudadana. Este mes, la encuesta Cadem la sitúa con un 26% de aprobación. Con un gobierno marcado por las reformas, las expectativas sobre nuevas políticas de género eran altas. ¿Cumplió la primera mujer en llegar a la presidencia de Chile con las demandas feministas?

El programa presentado por Bachelet para el período 2014-2018 sobre equidad de género comienza con que “Chile retrocedió del lugar 46 al 87 en el índice de igualdad de género que elabora el Foro Económico Mundial”, continuando con que la participación laboral femenina se acerca a un 50%.

Sin embargo “los salarios de las mujeres son menores en promedio a los que reciben los hombres por el mismo tipo de trabajo”. Y agrega que “en la política la situación no es mejor: hay menos mujeres en cargos de poder en el gobierno y en cargos de representación popular. En las elecciones municipales de 2012 se presentaron menos candidatas que en los comicios de 2008 y el promedio de parlamentarias llega al 13%, contra el 21% de los Congresos de América Latina”.

En cuanto a violencia de género, el plan describe la problemática como “la expresión más cruda de la discriminación es la violencia de género, una de cada tres mujeres ha vivido violencia física, sexual o psicológica por parte de sus parejas o ex parejas”.

¿Qué se hizo en concreto?

Para mejorar la calidad de vida de las mujeres, la presidenta prometió que en sus primeros 100 días crearía el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Cumplió. En junio de 2015 se concretó el proyecto.

El Ministerio se ha encargado de entregar numerosas capacitaciones a mujeres “jefas de hogar” y a la creación de más Casas de Acogida y Centros de la Mujer, que se encargan de ofrecer “protección temporal a mujeres que se encuentran en situación de riesgo grave y/o vital por Violencia Intrafamiliar de parte de su pareja”. Aunque el programa indica que se inaugurarían 24 Casas, el número llega a 20 actualmente.

Bachelet firmó un proyecto de ley en noviembre del año pasado, para modificar la Ley de Violencia Intrafamiliar para que se sancione el femicidio y abuso entre convivientes y parejas que no convivan. La iniciativa aún descansa en el parlamento.

En conversación con El Ciudadano, Bárbara Brito, dirigenta feminista y militante de “Pan y Rosas”, advierte que “los femicidios no son un fenómeno natural, son el último eslabón de una cadena de violencia. Creemos que es urgente una ley que amplíe lo que se entiende como femicidio. Ahora es solo conyugal y es necesario que se conciba como todo crimen de odio hacia la mujer, solo por ser mujer”.

A pesar de que el proyecto mejora las condiciones en las que se tipifica la violencia de género, no es suficiente. Los crímenes de género que son cometidos por hombres que no están vinculados sentimentalmente con su víctima, son tratados como agresiones y asesinatos comunes, sin considerar la violencia machista implicada.

Reforma Laboral

En agosto del año pasado se promulgó la Reforma Laboral, proyecto insigne del segundo gobierno de Bachelet. Entre los cambios que involucra la nueva ley, está la promoción de mayor equidad en las condiciones laborales de las mujeres. Se estableció que en el directorio de los sindicatos debe estar garantizada la representación de las mujeres en un 30% de su conformación.  Además de la obligación de integrar al menos a una mujer en la comisión negociadora sindical, en los casos en que no se cumpla con la cuota reglamentada.

Este avance implica un pequeño progreso en comparación a los cambios profundos que necesitan las mujeres de nuestro país. El programa de gobierno señala que “fortaleceremos la fiscalización de las normas existentes contra la discriminación de género en materia laboral, modificaremos la ley de igualdad de remuneraciones para hacerla efectiva, suprimiremos las normas que impidan autonomía real de las mujeres en relación a sus derechos patrimoniales”.

Y agrega que ” impulsaremos una reforma al régimen de salas cuna para hijos e hijas de trabajadores, que asegurará la no discriminación de las trabajadoras e incluirá la corresponsabilidad en la crianza, eliminando el sesgo tradicional de género de la actual legislación laboral”.

Sin embargo, la modificación a la ley de igualdad de remuneraciones fue presentada en marzo del año pasado en la Cámara Baja y aún descansa en el parlamento, sin urgencia por parte de la presidencia. Mientras que los cambios al régimen de salas cuna no prosperó más allá de la promesa.

De todas formas, cabe destacar el aumento del postnatal a seis meses con un subsidio máximo de 75,5 UF, equivalentes aproximadamente a dos millones de pesos. Con la modalidad inclusiva en que la madre puede traspasar semanas de permiso laboral al padre.

Ley de Cuotas

En noviembre de este año entrará en vigencia el nuevo sistema electoral de nuestro país. Uno de los cambios más controvertidos es la ley de cuotas que se establece a los partidos políticos. Consiste en que por ley, se les exige tener un 40% de mujeres en sus listas de candidatos.

Actualmente las mujeres están representadas con un 17,1% en la composición del Congreso, mientras que el promedio de América Latina es de un 25,2%. Las opiniones han estado divididas incluso entre las mujeres, debido a que con el proporcional 60/40 que exige la nueva ley, los cupos parlamentarios aumentaron de 120 diputados a 158, y en el caso de los senadores de 38 a 50.

Carolina Herrera, presidenta de la Corporación Humanas, declaró a revista Caras, que “no todos los hombres que están en el Congreso son los mejores o los que debieran estar. Estudios internacionales han dado cuenta que cuando si se incorporan más mujeres al parlamento, la composición de este cambia porque los hombres tienen una competencia mayor, y por tanto, se esfuerzan por ser mejores. No hay que olvidar que la entrada de mujeres, significa la salida de ellos”.

Aborto

En la orilla final del párrafo que habla sobre la autonomía de las mujeres, en el programa se lee “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto”. Uno de los proyectos más significativos en Chile para el progreso de los derechos de las mujeres. Ha tenido oposición férrea por parte de los grupos más conservadores del país, sin embargo, ha logrado avanzar en las tres causales.

Este mes fue aprobada la causal de violación en la Comisión del Senado, motivo de alegría para cientos de mujeres que han tenido que sufrir un trauma doble al ser obligadas a tener el hijo de su violador.

Para las organizaciones feministas de nuestro país, el primer paso en la despenalización en tres causales del aborto, es un gran precedente para  lograr el aborto seguro y gratuito. Chile es parte de los seis países en el mundo que prohíbe el aborto en todas sus formas. Entre ellos, el Vaticano.

¿Cumplió Bachelet? En la medida de lo posible, se podría afirmar.

Vasti Abarca.

Fuente: El Ciudadano

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Vocera de Ni Una Menos Chile anuncia acciones legales por represión desmedida: “Sentí terror”, asegura

 

Vocera de Ni Una Menos Chile anuncia acciones legales por represión desmedida:
Lo que era una manifestación de estudiantes del Liceo 7 para visibilizar las últimas denuncias de abuso que han realizado, terminó con una fuerte represión de Carabineros.

Parece paradójico. Pero así fue. Las estudiantes del Liceo 7 recibieron el apoyo de la Coordinadora Ni Una Menos Chile en su campaña Ni me callo Ni lo Aguanto contra la violencia de género en las aulas. Pero según su relato, alcanzaron a manifestarse pocos minutos, cuando “fuimos brutalmente reprimidas por fuerzas especiales. Al menos 10 de nuestras compañeras fueron detenidas, además de un profesor y una de las voceras de la coordinadora”, señala el texto que publicaron en Facebook, ya que las alumnas de la Comisión de Género del establecimiento ubicado en la comuna de Providencia declinaron conversar con este medio.

Carabineros tampoco ha dado su versión de los hechos. Aunque pedimos una declaración al Departamento de Derechos Humanos de la policía uniformada, sus protocolos obligan a esperar la autorización de la Secretaría General antes de hablar, autorización que no había llegado hasta el cierre de esta publicación.

Quien sí habló fue Elena Dettoni, la vocera de Ni Una Menos que fue detenida y con quien El Mostrador Braga pudo conversar. Aún en shock, a Elena, funcionaria pública que “gozaba” de un día administrativo, se le atropellan las palabras y trata de organizar en su cabeza los rápidos hechos, por los cuales pretende  iniciar acciones legales asesorada por el Instituto de Derechos Humanos y Corporación Humanas. “Sentí terror”, es una de las frases que más lanza durante su relato, que incluye violencia física, pero también y sobre todo, verbal y sicológica.

“Las niñas (estudiantes del Liceo 7) estaban lanzando esta campaña de denuncia Ni me callo Ni lo Aguanto. Nosotras estábamos acompañando ahí como activistas feministas. La actividad era de ellas. No habían transcurrido ni 20 minutos cuando llega el guanaco, lanzando chorros directamente sobre todas nosotras. Yo quedé empapada. Pasaron corriendo fuerzas especiales por al lado mío. Recuerdo que me subo a la vereda para evitar que me detuvieran. Hacía poco tiempo me habían llevado detenida y había resultado bastante mal físicamente”, explica. “Entonces veo que se abalanzan como bestias con una brutalidad total sobre las niñas y me dio una impotencia, porque son niñas de primero, segundo, tercero medio, entonces instintivamente me bajo a la calle y me lanzo sobre unos cuantos y logro soltar una niña. Forcejeé, la solté y nos subirnos a la vereda. Ahí estaba yo toda empapada de nuevo con mis lentes, el megáfono en las manos, no sé cómo no soltaba el megáfono. De repente, veo que está una chica en el suelo con el jumper casi en la cintura y la están tirando. Sentí una impotencia y una pena tan grande porque realmente eran brutales como estaban tratando a las niñas. Entonces me tiro sobre la chica, la trato de proteger con mi cuerpo, saltaron mis lentes, me los hicieron añicos. Y toda mojada yo”, continúa.

Su relato sigue. “En una de esas me toman, me suben entre varios arriba del carro a empujones y patadas. Arriba habían como 4 niñas y viene esta chica que yo había tratado de ayudar súper mal, súper descompensada, con el jumper arriba todavía, gritando que dejaran de tocarla. Veía manos entre medio de las piernas de ella. Con mi teléfono alcancé a sacar una o dos fotos que fueron las que subí a las redes y la niña mal, mal, mal, no la podían subir porque ella se resistía, todo entre garabatos, sacadas de madre, tal por cuál. La vuelven a bajar, la tironean de nuevo, la logran tirar arriba. Me acuerdo que cayó sobre mi pierna, quedó súper torcida y la chica casi se desmaya, estaba tiritando, su cuerpo dando saltos, entonces traté de ayudarla arriba, traté de acogerla. Después cuando llegamos allá (la 19 Comisaría de Carabineros), la chica gritó algo y empezaron de nuevo cállate conchadetumadre. Entonces me dio una rabia y les dije que se quedaran callados, que no tenían ningún derecho a tratarla así. Ustedes son funcionarios y representan una institución y no tienen por qué tratarla de esa forma y me decían ‘cállate vieja tal por cual'”, asegura Dettoni.

Entonces habría comenzado su pesadilla. “Como me vieron hablando por teléfono con una amiga que es abogada, me empiezan a exigir que entregue mis cosas. Yo les dije que no tenía por qué, que no era la primera vez que estaba en un procedimiento y que mientras no tuviera cargos no tenía por qué entregarlas. Entonces me empiezan a amenazar, que las voy a tener que entregar igual, que te vas a quedar detenida, y empiezan a llamar a las niñas para ir a constatar lesiones y me paro y me dicen ‘voh no, te quedai acá, te vai a quedar detenida y yo digo que no tenía idea de cuáles eran los cargos. Había también un profesor de las chicas que le dicen que va a quedar detenido también, que los adultos se quedan detenidos”, narra Dettoni.

Elena describe a continuación que el forcejeo para entregara sus cosas sigue adelante y que pregunta por qué estaba detenida y si iba a poder constatar lesiones. “Después exigí que me leyeran mis derechos y me dice una paca ‘sabís leer o no?’, una paca de fuerzas especiales, me pasa el papel y empiezo a leer y ahí dice que habían sido leídos mis derechos y que yo sabía por qué estaba detenida, y yo dije que no tenía idea de por qué. Me dice ‘cómo que no sabís’ tal por cuál, por desórdenes, y yo le dije cuáles son los desórdenes, donde consta que yo estuve obstaculizando el tránsito, lo que hice fue defender unas niñas y además le dije yo que me destruyeron mis lentes. Me preguntan si voy a firmar o no y yo dije que no. Y ahí me pescan entre dos de fuerzas especiales a empujones me tiran en un calabozo, y empiezan a tirones y empujones a sacar mi cartera, mi chaqueta, yo me había puesto el teléfono entre medio de la ropa, de mi sostén, entonces me empiezan a forcejear me sacaron la cartera a tirones, la chaqueta a tirones, me suben mi ropa hasta más arriba de mis senos, me meten la mano entre medio de los sostenes, me sacan el teléfono forcejeando, tironeándome. Yo ni siquiera me movía porque estaba aterrada en ese minuto, sentí terror, pensé que me iban a sacar la mierda”, recuerda.

Tras el forcejeo donde además se queda sin botas ni calcetines, termina en el suelo del calabozo: “Al principio traté de mantener la calma, me empecé a contener. Después ya me vino una crisis, empecé a toser no sé si era porque estaba con todo el frío, toda mojada, pero me tapé, empecé a toser y toser, y me empecé a ahogar. Me vino una angustia terrible y cuando me dicen que me van a constatar lesiones, después de que ya me habían metido al calabozo, me empiezo como a desmayar, porque me vino como una crisis de angustia, de pánico, no sentía las piernas. Yo lo único que sé es que cierro los ojos porque o si no me iba a caer y me decían ‘camina, teatrera’. Ahí empezó la violencia sicológica, decían que yo estaba haciendo teatro, que era buena actriz, ‘ahora te tambaleas que se te va a salir el corazón tal por cual’, todos muertos  de la risa, ‘oh la loca’. Y me subieron para que vaya a constatar lesiones: me llevan y tenían el box abierto, estaban los pacos al frente, yo le exigí que salieran ellos, que no tenían por qué estar mirando cuando un médico me examinaba”, señala.

Lo más visible que constató es un rasguñón que cree que fue de cuando le sacaron la ropa a la fuerza. Sin embargo, no estaba anímicamente bien. “El trato fue muy vejatorio, yo me descompensé, me vino una crisis de angustia cuando  me preguntaron todo de nuevo, sentí terror. Salí mal, muy, muy, muy descompensada”, relata.

Al volver, quedó encerrada nuevamente hasta que le dijeron que firmara su salida. “Me querían obligar a firmar la salida donde decía que yo no había recibido ningún mal trato ni abusos. Yo dije ‘no estoy de acuerdo, no voy a firmar’, ‘ay, si querís no más firmai hueona’ y yo dije que no iba a firmar y que no tenía por qué tratarme de esa forma, así que me negué a firmar todo documento, porque sí me agredieron físicamente y verbalmente y sicológicamente”, sostiene.

Elena hasta ahora cree que no le levantaron cargos  porque habían abogadas afuera del lugar monitoreando lo que sucedía. “Primero habían dicho que yo estaba haciendo desórdenes en la vía pública pero ni aunque fuera por eso, según lo que nosotras pedíamos, no tenían por qué quitarme mis pertenencias ni meterme al calabozo. Me sacaron esposada, yo no tengo marcas ahora pero me duelen demasiado mis brazos, me duele mover mis manos y la vergüenza y la vejación que tú llegas a un centro médico, y toda la gente mirándome toda esposada, llena de Carabineros entrando a la posta, después saliendo de nuevo en las mismas condiciones, esposada en la calle, expuesta y descompensada. Llegué llorando de nuevo con todas las burlas de que era buena actriz”, lamenta.

Esta no es la única manifestación que ha presenciado. Estuvo apoyando a su hija en los movimientos estudiantiles del 2011 y “he visto el actuar desmedido de Carabineros, cómo abusan sin mediar provocación y acá hay registros por fortuna, hay registros que estaban las niñas paradas cuando empiezan a tirar el guanaco encima, empiezan a agredir a las niñas”.

“Fui testigo de esta brutalidad hacia las niñas. Yo me subí a la vereda evitando todo, porque no vaya a ser cosa que me pase algo, pero cuando vi que se abalanzaron como bestias sobre las niñas fue una acción humana, que una no lo piensa dos veces, yo creo que cualquier persona adulta que está con un mínimo de conciencia se abalanza como una a defender a las cabras”, explica.

Tras los hechos, Elena durante esta jornada va a asistir al servicio médico con convenio del Instituto de Derechos Humanos. Además, está estudiando las acciones judiciales a seguir. “Creo que estoy en la obligación de hacerlo porque de alguna u otra forma tienen que revisar su procedimiento porque esto es habitual. Estoy sumamente clara y segura que esto es una constante, el abuso y la agresión política y sexual además, porque las tocaciones en las partes íntimas, en la entrepierna, en la vulva, en los senos es una forma habitual de represión en el cuerpo de las mujeres”,  señala.

La Corporación Humanas, por su parte, manifestó un profundo rechazo a los hechos y está apoyando jurídicamente a Dettoni. Para la abogada de la institución María José Castillo resulta impresentable el ensañamiento de las autoridades policiales en contra de las mujeres.“Denunciamos y repudiamos públicamente la violencia  sexual de la que fueron víctimas las estudiantes y la vocera de la Coordinadora Ni Una Menos. Asimismo, a quienes asistimos a las detenidas, se nos cerró la puerta en la cara por parte del suboficial encargado del procedimiento quien además se negó a proporcionar el listado de las personas detenidas”.

El organismo calificó los hechos ocurridos como constitutivos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos por agentes del Estado, por lo que exige una pronta investigación para la aplicación de sanciones efectivas en contra de los funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile que cometieron estos delitos.

Además recordó que la desnudez forzada y los manoseos de carácter sexual por agentes del Estado, constituyen formas especialmente graves de violencia sexual.

Fuente: El Mostrador

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Reportaje: No hay refugio

En lo que va de año, según datos oficiales, en Chile se han registrado 46 femicidios frustrados y 21 consumados: cada dos días un hombre intenta matar a una mujer y cada ocho lo logra. A través de psicólogos expertos en violencia de género, estudios y casos, buscamos retratar lo que ocurre en la mente de un femicida.

Se conocieron alrededor de 1980. Carlos y Ruth; así se llamaban.

Se enamoraron, se casaron, tuvieron cuatro hijos. Fueron felices. Fueron una familia. Funcionaban. Pero un día llegaron los golpes y, entonces, algo se quebró.

Simularon que la vida podía continuar, pero algo estaba completamente trizado. Eso lo sabía Ruth, sobre todo, después de aguantar y aguantar golpes. Estuvieron juntos 25 años hasta que a ella se le acabó la paciencia y se separaron. Interpuso, de hecho, una demanda contra él, lo que se tradujo en una medida precautoria por violencia intrafamiliar. En ese momento, Carlos tenía 41 años. Era alto y corpulento. Trabajaba en una feria de Maipú, cerca de donde había vivido junto a su familia. Ruth tenía ya 38 años y se desempeñaba como peluquera en un salón de belleza en Las Condes. Cada uno se atendía con un psicólogo: ella, con Valentina Martínez, y él, con Andrés Farfán. Carlos había sido derivado a terapia por Tribunales.

Antes de dejarlo, cada vez que Ruth se distanciaba de su esposo, él se volvía loco. Perdía la cabeza y comenzaban los golpes. A medida que disminuía el poder que había tenido sobre su pareja por tantos años, Carlos se empezaba a sentir frágil, perdido.

Ruth intentaba reconstruir su vida lejos de él. Recién comenzaba el año 2005. Parecía, entonces, que la vida podía ser otra.

NACER Y CRECER EN LA VIOLENCIA

Era 1995 cuando le tocó atender a su primera víctima de violencia intrafamiliar. Paula Sáez (46), psicóloga y académica de la Universidad Andrés Bello, estaba haciendo su práctica en un consultorio de Renca. Una mujer de 50 años había llegado a revisar unos moretones que comenzaban a aparecer en su piel. Sáez se dio cuenta enseguida de dónde venían esas marcas.

—Señora, pero su marido no puede golpearla —le dijo Sáez a la mujer.

—Mira, niñita, está pegando en su carne —respondió.

Hoy, luego de haber atendido a un centenar de víctimas, la profesional reconoce que su intervención fue inapropiada. La falta de experiencia no le permitió comprender lo grave de la situación. Pero este caso, de hace más de 20 años y que inspiró a Sáez a dedicar su vida a la violencia de género, refleja una realidad que sigue repitiéndose.

“El agresor nace, crece y se desarrolla en un entorno donde la violencia está naturalizada y rara vez es castigada”, dice la psicóloga Paula Sáez.

—Esa es la dimensión del problema: la violencia está posada en ese cuerpo, que tiene dueño. En esa mujer no había conciencia del maltrato —recuerda—. Hay algo que pasa por la estructura social que fomenta la agresión hacia la mujer.

Para Sáez, ahí se encuentra la raíz de este mal: la sociedad establece los roles de cada género, dejando a la mujer como un objeto y propiedad de la figura masculina.

—El agresor nace, crece y se desarrolla en un entorno donde la violencia está naturalizada y rara vez, sólo en casos extremos, es castigada —explica.

En una tesis de posgrado realizada en 2013 por el psiquiatra de la U. de Chile Javier Barría, se señala: “El maltrato es una disposición comportamental (…). Los hombres se ven como los controladores de la mujer porque han sido socializados en el uso de la violencia, como una forma válida en la resolución de conflictos con su pareja”.

Lo dijo el grupo Electrodomésticos en su canción “Yo la quería”: No me acuerdo muy bien, pero parece que algo se cayó / Y ahí empezó todo / Parece que tomé lo primero que pesqué / Era el cuchillo que nos había regalado mi compadre / Y ella gritaba como loca, no sé por qué gritaba tanto.

Según datos oficiales, en Argentina muere una mujer al día. En Colombia muere cada seis. En Perú, por su parte, se comete un femicidio cada tres días.

Carolina Carrera, psicóloga y presidenta de la Corporación Humanas, un centro regional de derechos humanos y justicia de género, explica que las mujeres son criadas en un entorno donde se les dice constantemente que son inferiores a los hombres. Un terreno lamentablemente ideal para que ellos puedan abusar de ellas.

—Existe una cultura de culpa en las mujeres que está muy instalada, y esa cultura desigual es la que hace que estos sujetos puedan sentir que ella es un objeto de su propiedad y que pueden hacer lo que quieran. No son sólo características psicológicas, son profundamente sociales.

Los que nacen y crecen en una sociedad violenta están condenados a perpetuar esa violencia.

En el mundo académico no hay claridad sobre si un hombre femicida o un agresor puede reformarse.

—Tal como el cáncer, hay unos que se recuperan y otros que no —explica  Andrés Farfán, el psicólogo de Carlos.

EL NARCISO INSEGURO

Hay ciertas características que se pueden identificar, rasgos que se repiten en los sujetos que ejercen violencia. El narcisismo es uno de ellos, el admirar de manera irracional sus cualidades. A pesar de esto, cuentan con una inseguridad profunda que buscan remediar con dominación y sometimiento, que logran a través de la posesión y la obsesión por el control de la vida de sus parejas.

Paula Sáez señala que lo que hacen estos hombres es tratar de subsanar sus propias falencias e inseguridades a partir del vínculo con la mujer.

—Por eso estas relaciones son siempre relaciones de poder, donde hay un desequilibrio marcado: uno domina y el otro acata —agrega.

Los agresores se desesperan cuando la víctima no sigue sus órdenes, sienten que el control que tanto necesitan se les va de las manos. Ahí empiezan los golpes, que son una manera de restablecer su poder.

En lo que va de año se han registrado 46 femicidios frustrados y 21 consumados, según el Sernam, cifra que considera los asesinatos efectuados por quien es o ha sido el esposo o conviviente, dejando de lado a las mujeres y niñas que han muerto en manos de pololos, conocidos, desconocidos y amigos. La Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres sí considera estos casos y, de acuerdo a sus registros, el número de femicidios consumados hasta la fecha es 33.

—Un femicida se puede ver como un hombre común y corriente, un compañero en la universidad o el profesor de tus hijos en el colegio. Puede ser tu actual pareja. Lo que se destaca es este vínculo con las mujeres, que no es recíproco, que es siempre ellos por sobre nosotras —explica Sáez.

 ***

Carlos no podía soportarlo. Quería que su mujer volviera con él. Le prometía, una y otra vez, que no volvería a golpearla, nunca más. Pero Ruth ya no lo escuchaba, sólo quería escapar de su agresor, dejar de ser una víctima.

Andrés Farfán, el psicólogo de Carlos, recuerda esos meses, recuerda su desesperación. Estaba deprimido. Andaba sucio. No se bañaba, no dormía, comía poco y no iba a trabajar. Todo eso derivaba en unas crisis de angustia que lo desplomaban. Quería que Ruth volviera con él.

—Ella se transformó en alguien autónomo y para él fue como encontrarse con el vacío, no concebía estar sin ella —explica el profesional.

En medio de esas crisis, Carlos se convirtió en un peligro para su familia y para él mismo.

Ruth, en tanto, parecía haber encontrado una salida.

Valentina Martínez fue la psicóloga que la atendió en ese momento. Ella vio el crecimiento personal de Ruth, cómo se daba cuenta de que debía detener la violencia lo antes posible.

Martínez recuerda que la pareja tenía una fuerte relación de dependencia emocional mutua y su vínculo era uno jerárquico, donde siempre estaba él por sobre ella. Los golpes estaban normalizados y ocurrían regularmente.

—Ella se hartó de las manipulaciones y de los actos controladores de su pareja —explica la psicóloga. A medida que Ruth se alejaba, los golpes aumentaban. Cuando decidió separarse definitivamente, la respuesta de Carlos fue amenazarla de muerte. Días después, su ex marido dejaría la terapia para siempre.

MUJER CAUTIVA

Una mujer de 19 años entra a un consultorio ubicado en la periferia de Santiago. Tiene moretones en los brazos, en la cara, sus ojos están hinchados. Algunas partes de su cuerpo le sangran y sectores de su cara se ven desfigurados por los golpes. Siente terror. A pesar de eso, quiere denunciar a su marido, quien intentó matarla. La asistente social que la atiende trata de contactar a su familia, pero la madre no quiere recibirla porque dice que su lugar es con su esposo y que la golpiza, probablemente, se la merecía. La mujer tuvo que volver a su casa, con el mismo hombre que le adormeció la cara a golpes. Volvió con más terror del que llegó. En el consultorio no supieron más de ella.

Es difícil imaginar lo que siente esa mujer. Expertos coinciden en que crear una relación coercitiva y basada en el miedo es un trabajo muy bien pensado por el agresor, un trabajo de etapas. El aislamiento es la primera de ellas, extraerla de su vida social, dejarla sola, para que sólo lo encuentre a él.

—Después viene la violencia psicológica, desvalorizar todo lo que ella hace: que es tonta, que lo que estudió no sirve, que él es mejor que ella, que ella sólo habla tonteras y que nunca nadie le va a creer —relata la psicóloga Carolina Carrera.

Después, comienzan los golpes. Y ahí empieza la “lógica de luna de miel”: la agrede, le pide perdón, vuelve el romanticismo, la mujer cree que va a cambiar. A la par, comienza la instalación de la culpa, el creer que los golpes o las agresiones verbales se merecen.

La tesis del psiquiatra Javier Barría relata que “el control coercitivo incluye diferentes formas de maltrato psicológico, como la intimidación, privar de libertad y derechos a su pareja, ser intrusivo de su vida privada y alguna forma de abuso físico permanente o en forma de asalto ocasional”. Además, se señala que los hombres que creen que existe un derecho cultural que permite la subordinación de la mujer están más convencidos de ser abusivos o maltratadores. De acuerdo al estudio, esto se ve principalmente reflejado en latinos y afroamericanos.

Según datos oficiales, en Argentina muere una mujer al día. En Colombia muere cada seis. En Perú, por su parte, se comete un femicidio cada tres días.

—La violencia de género es una pandemia en América Latina —sentencia Paula Sáez.

***

Quería recuperarla. Cuando Carlos entró a la peluquería donde trabajaba Ruth, en la Plaza San Enrique, fue para pedirle a la mujer que decía amar que lo aceptara de vuelta. El hombre estaba inestable y sus acciones eran impredecibles. Esa mañana de marzo de 2005, en vez de estar trabajando en la feria, decidió ir a verla. Pero la mujer no quiso escucharlo y él enloqueció. Ella le pidió que se fuera, que la dejara tranquila. Él se negó y comenzó a insultarla, a lanzarle lo que tuviera a mano. Y, como era costumbre, la golpeó.

Con ayuda de sus compañeras, Ruth logró zafarse de él.

Carlos se subió a la micro para volver a casa, pero nunca llegó. Su rabia lo distrajo y terminó perdiéndose en el camino. Al otro día, despertaría en la banca de una plaza, confundido. Y Ruth, al menos por unas horas más, estaría a salvo.

TODAVÍA DESIGUALES

Era diciembre de 2005 cuando un sujeto, de 39 años, comenzó a golpear a su ex esposa. Mientras le gritaba, tomó una botella, la quebró y le hizo cortes en la cara y en el cuello. Entonces, apareció la niña, de seis años, que escuchó gritar a sus papás desde su pieza. Él, sumido en una violencia brutal, tomó a su hija y la lanzó desde el balcón. Siete pisos y 21 metros la mataron al instante. La madre yacía en el suelo, viva, respirando apenas.

A pesar de que se mató a una mujer y que se intentó matar a otra, la acusación legal fue homicidio consumado e intento de homicidio. En ese tiempo, el femicidio no estaba tipificado. Hoy, esa pena es superior a un homicidio simple y a un homicidio calificado: el femicidio tiene las mismas penas que el parricidio, que puede llegar hasta 40 años de cárcel.

Según la opinión de psicólogos, las políticas públicas de violencia de la mujer no han conseguido un gran avance.

—En Chile no hay reparación en violencia hacia las mujeres, no existen programas que, en forma adecuada, profesional y profunda puedan reparar estos hechos. Hoy existen sólo tres centros de atención reparatoria para las mujeres que han vivido violencia sexual: en Valparaíso, Biobío y Región Metropolitana. La oferta es absolutamente insuficiente. Hay mucho todavía por hacer —señala la psicóloga de Ruth, Valentina Martínez.

Carolina Carrera, por su parte,  agrega que faltan campañas de prevención. No existen de manera permanente y sistemática.

—Hay que traspasarlo a la educación en general, desde la primera infancia. Debería haber protocolos más claros, tanto en lo público como en lo privado. Falta que se incorpore como una política de seguridad ciudadana, si no, no vamos a avanzar. Chile debe estar entre los seis o siete países con mayores tasas de femicidio, y no es un tema de seguridad pública, le dan la responsabilidad al Ministerio de la Mujer. Cuando aumentó la percepción del delito, se hizo una agenda corta antidelincuencia. Aquí aumentan los femicidios y hay silencio absoluto. ¿La vida de las mujeres vale menos que la propiedad privada?

***

—A mi paciente la mataron.

Ese día viernes, hace ya más de diez años, la psicóloga Valentina Martínez escuchó un nombre familiar en la radio. Estaban transmitiendo una noticia que había sucedido hace sólo momentos en la comuna de Maipú: un hombre, que tenía una orden de alejamiento, entró a la casa de su ex pareja y discutió fuertemente con ella. Ese hombre la apuñaló y la golpeó varias veces en la cabeza con un martillo. Ese hombre mató a su mujer y después se colgó en el segundo piso de la casa.

Ella era Ruth, la paciente de Martínez que trató de alejarse de su exmarido, pero que nunca lo logró. Él era Carlos, el hombre que le arrebató la vida.

Al cierre de esta edición, el último femicidio registrado ocurrió el día domingo 4 de junio en Recoleta. Una mujer de nacionalidad peruana, de 40 años, murió asesinada por su conviviente. Tenían dos hijos en común.

Fuente: Que Pasa

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Nacer tras las rejas: La realidad de los niños que viven encarcelados por los delitos de sus padres

Según la ONG Enmarcha, más de 40 mil niños tienen a sus padres y/o madres encarcelados. La ley actual solo considera un par de opciones para las embarazadas y madres: escoger un tutor para que lo críe fuera de la cárcel o convivir con él hasta sus dos años, momento en que pasa a manos del Sename

“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”, declara el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño/a, de la cual Chile es partícipe.

El caso de la reclusa Lorenza Cayuhan, quien en noviembre pasado tuvo que parir engrillada y en presencia de gendarmes, dio pie al proyecto de ley “Sayén”, bautizado así en nombre de su pequeña hija, poniendo en la palestra la invisibilización de los niños que nacen de madres encarceladas.

“Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo”, continúa la declaración de la Convención.

Actualmente, las mujeres privadas de libertad que están embarazadas y quienes ya son madres de niños de hasta dos años, tienen dos posibilidades. Escoger un tutor legal para que críe a su hijo fuera del recinto penal o vivir con el pequeño/a hasta sus dos años. Posteriormente, si no hay quien pueda encargarse de su crianza, los menores pasan a manos del Sename.

La “ley Sayén”, en palabras de Joan Navarro, psicóloga y coordinadora del programa Abriendo Caminos Maipú-Cerrillos, de la ONG Enmarcha, busca “enfocarnos primero en la relación de apego con la madre, o sea, la garantía que debe tener ese niño de estar en contacto directo con su madre y en las condiciones adecuadas de salud e infraestructura, y también de las necesidades que surjan a partir de su desarrollo”.

“Nosotros verificamos que en las secciones materno infantiles no hay atención de salud para las mujeres y niños, por lo que tienen que recurrir a la salud privada fuera de los centros penales. Hay una garantía de salud que es primordial, es un derecho del niño y no se está cumpliendo, lo que impacta en su desarrollo”, agrega la psicóloga.

A lo largo de nuestro país, existen 29 centros penitenciarios que cuentan con la sección materno infantil, en la cual opera el Programa de Atención para Mujeres Embarazadas y con Hijos Lactantes, que se implementó en 2001 a cargo del Sename, pero que desde el año 2015 pasó progresivamente a manos de Gendarmería. Estas secciones, si bien están alejadas del resto de la población penal, “son compartidas por cinco personas con sus cinco hijos, lo que genera bastantes conflictos a partir de cómo logran cumplir sus necesidades”, explica Joan.

En ese sentido, el proyecto de Ley Sayén, impulsado por el Senador Alejandro Navarro en conjunto con la Corporación Humana y la ONG Enmarcha, entre otras organizaciones, pretende “pedir medidas no privativas de la libertad en mujeres que están embarazadas o que tienen hijos hasta los tres años, y la improcedencia de la prisión preventiva”, explica la psicóloga.

Aunque las secciones materno infantil intenten paliar los efectos negativos en el desarrollo de los niños que deben vivir sus primeros años de vida en la cárcel, la vulneración de sus derechos se hace evidente. La abogada María José Castillo de la Corporación Humanas, explica que “en el caso de las niñas y niños que nacen privados de libertad, se vulnera una de las garantías fundamentales del sistema jurídico que es la de nacer libres, iguales en dignidad y derechos”.

“Consideramos que estos niños y niñas no nacen iguales, primero, porque nacen privados de libertad y porque se les restringe una serie de derechos que tienen que ver con vivir en un medioambiente libre, tener condiciones adecuadas para su salud, el poder tener contacto con sus familias, no solamente con su madre, sino que el hecho de estar insertos dentro de un sistema social”, continúa Castillo.

Según la ONG Enmarcha que recopiló las únicas cifras oficiales que existen en nuestro país, hay más de 40 mil niños con  padres y/o madres encarcelados, lo que se traduce en que uno de cada cien niños vive esta realidad. “Estas condiciones de crianza, podrían provocar problemas a futuro con su forma de desenvolverse en el colegio e insertarse socialmente, porque al estar durante los dos primeros años privados de libertad, finalmente están solos”, finaliza Castillo.

Por Vasti Abarca

Fuente: El Ciudadano

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Corporación Humanas expresa rechazo absoluto frente a grave represión a alumnas del Liceo 7 en el marco de su manifestación “NI ME CALLO NI LO AGUANTO”

Corporación Humanas espera que el nuevo marco legal vigente en el país permita la aplicación de sanciones proporcionadas a la gravedad de la violencia cometida contra mujeres y niñas manifestantes

 

En el marco de la manifestación convocada por la Coordinadora Ni Una Menos Chile en apoyo a la problemática que enfrentan alumnas del Liceo 7, sobre casos de violencia de género y acoso sexual, las estudiantes fueron brutalmente reprimidas la tarde de este martes 06 de junio por Fuerzas Especiales de Carabineros. Alrededor de 10 estudiantes fueron detenidas, sumando a ello a una vocera de la Coordinadora Ni Una Menos la que fue agredida y obligada a desnudarse en el calabozo de la 19 Comisaría de la comuna de Providencia. En tanto que, otras alumnas acusan agresión sexual y violencia física por parte de uniformados. Corporación Humanas se hizo presente tras los lamentables hechos y frente al caso omiso de la denuncia contra los acosos sexuales denunciados por las alumnas del liceo. Para la abogada María José Castillo resulta impresentable el ensañamiento de las autoridades policiales en contra de las mujeres. “Denunciamos y repudiamos públicamente la violencia  sexual de la que fueron víctimas las estudiantes y la vocera de la Coordinadora Ni Una Menos. Asimismo, a quienes asistimos a las detenidas, se nos cerró la puerta en la cara por parte del suboficial encargado del procedimiento quien además se negó a proporcionar el listado de las personas detenidas”. Por su parte, la Presidenta de Corporación Humanas Carolina Carrera, recordó que Chile hace parte de la comunidad internacional que repudia la tortura y la violencia sexual. Planteo además que se encuentran vigentes en el país numerosos tratados internacionales que consagran el derecho a la integridad personal y la prohibición absoluta de la tortura, los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, así como el derecho de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en el espacio público y en el espacio privado. Y, frente a la violencia de los actos cometidos la tarde de ayer, insistimos que conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desnudez forzada y los manoseos de carácter sexual por agentes del Estado, constituyen formas especialmente graves de violencia sexual. A partir de noviembre de 2016, en Chile se encuentra expresamente tipificada la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes, incluyendo la violencia sexual. Los hechos ocurridos el pasado 6 de junio claramente constituyen tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado y su especial gravedad exige una pronta investigación para la aplicación de sanciones efectivas en contra de los funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile que cometieron estos delitos. Por demasiado tiempo la violencia sexual ejercida por policías en contra de mujeres y niñas manifestantes ha permanecido impune, promoviendo su reiteración en el tiempo y la tolerancia social a estos hechos. Corporación Humanas espera que el nuevo marco legal vigente en el país permita la aplicación de sanciones proporcionadas a la gravedad de la violencia cometida contra mujeres y niñas manifestantes.

Fuente: Corporación Humanas.

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Corporación Humanas expresa rechazo absoluto frente ab grave represión a alumnas del Liceo 7

Corporación Humanas espera que el nuevo marco legal vigente en el país permita la aplicación de sanciones proporcionadas a la gravedad de la violencia cometida contra mujeres y niñas manifestantes

En el marco de la manifestación convocada por la Coordinadora Ni Una Menos Chile en apoyo a la problemática que enfrentan alumnas del Liceo 7, sobre casos de violencia de género y acoso sexual, las estudiantes fueron brutalmente reprimidas la tarde de este martes 06 de junio por Fuerzas Especiales de Carabineros.

Alrededor de 10 estudiantes fueron detenidas, sumando a ello a una vocera de la Coordinadora Ni Una Menos la que fue agredida y obligada a desnudarse en el calabozo de la 19 Comisaría de la comuna de Providencia. En tanto que, otras alumnas acusan agresión sexual y violencia física por parte de uniformados.

Corporación Humanas se hizo presente tras los lamentables hechos y frente al caso omiso de la denuncia contra los acosos sexuales denunciados por las alumnas del liceo. Para la abogada María José Castillo resulta impresentable el ensañamiento de las autoridades policiales en contra de las mujeres.“Denunciamos y repudiamos públicamente la violencia  sexual de la que fueron víctimas las estudiantes y la vocera de la Coordinadora Ni Una Menos. Asimismo, a quienes asistimos a las detenidas, se nos cerró la puerta en la cara por parte del suboficial encargado del procedimiento quien además se negó a proporcionar el listado de las personas detenidas”.

Por su parte, la Presidenta de Corporación Humanas Carolina Carrera, recordó que Chile hace parte de la comunidad internacional que repudia la tortura y la violencia sexual. Planteo además que se encuentran vigentes en el país numerosos tratados internacionales que consagran el derecho a la integridad personal y la prohibición absoluta de la tortura, los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, así como el derecho de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia en el espacio público y en el espacio privado.

Y, frente a la violencia de los actos cometidos la tarde de ayer, insistimos que conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desnudez forzada y los manoseos de carácter sexual por agentes del Estado, constituyen formas especialmente graves de violencia sexual.

A partir de noviembre de 2016, en Chile se encuentra expresamente tipificada la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes, incluyendo la violencia sexual. Los hechos ocurridos el pasado 6 de junio claramente constituyen tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes cometidos por agentes del Estado y su especial gravedad exige una pronta investigación para la aplicación de sanciones efectivas en contra de los funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile que cometieron estos delitos.

Por demasiado tiempo la violencia sexual ejercida por policías en contra de mujeres y niñas manifestantes ha permanecido impune, promoviendo su reiteración en el tiempo y la tolerancia social a estos hechos.

Corporación Humanas espera que el nuevo marco legal vigente en el país permita la aplicación de sanciones proporcionadas a la gravedad de la violencia cometida contra mujeres y niñas manifestantes.

Santiago de Chile, 7 de junio 2017

Fuente: Crónica Digital