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Opinión: Cedaw y soberanía


SEÑOR DIRECTOR

Sobre la carta de Daniela Constantino en relación con el protocolo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (Cedaw), quisiera hacer un par de comentarios. El primero es que la cesión de soberanía se sobreentiende cuando se trata de tratados internacionales de derechos humanos, ya que es el Estado quien la cede voluntariamente cuando ratifica una convención en estas materias, en este caso la Convención. Ese límite a la soberanía lo reconoce la propia Constitución Política en su Artículo 5°, en relación con los derechos de las personas.

En segundo lugar, la competencia del comité de la Cedaw emana de la propia convención, y el protocolo solo añade a esta competencia un procedimiento que opera en subsidio del Estado, esto es, cuando el Estado no puede o no quiere ceñirse a los estándares a los que se obligó voluntariamente al ratificar la Convención.

Tercero, Chile ha ratificado otros protocolos que entregan igual competencia a otros organismos de supervisión de los tratados de derechos humanos, entre ellos, en materia de infancia, cuestión que permitió a diputados/as de la UDI solicitar al Comité de los Derechos del Niño/a iniciar una investigación cuyo resultado conocemos.

Cuarto, el comité de la Cedaw está compuesto por 23 expertos/as que son elegidos por los estados parte de la Convención, entre ellos, muchos con posturas claramente conservadoras en relación con los derechos de mujeres.

Sus recomendaciones, observaciones, investigaciones e incluso las denuncias que eventualmente podrían llegar a presentarse de ser ratificado el protocolo, solo expresarán el mínimo común consensuado entre los mismos. No ratificarlo no tiene justificación.

Lorena Fries

Presidenta de Corporación Humanas

Publicado por La Tercera

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Mujeres de las Américas que han estado en prisión conectan en el primer taller regional

Mujeres que han estado en prisión provenientes de ocho países a lo largo de las Américas vienen dando pasos para construir una red regional con el fin de compartir experiencias e impulsar reformas de políticas, como manera de enfrentar un preocupante incremento en los índices de encarcelamiento a lo largo de la región que impacta a las mujeres de manera desproporcionada.

En lo que constituye el primer taller regional que reúne a mujeres que han estado en prisión de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y los Estados Unidos, las participantes se propusieron analizar la situación de mujeres que estuvieron privadas de libertad en las Américas, identificar los elementos que tienen en común, y compartir estrategias de organización y resistencia, con el objetivo final de desarrollar las bases de una red regional de mujeres que estuvieron privadas de la libertad en las Américas.

El taller, titulado “Mujeres libertarias fundiendo rejas” fue organizado por Corporación Humanas Colombia, Mujeres Libres de Colombia y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y tuvo lugar en Bogotá, Colombia, los días 17 y 18 de julio de 2019. Contó con 66 participantes, incluyendo 45 mujeres ex-privadas de la libertad, así como familiares y representantes de organizaciones que las acompañan.

Los amplios estudios y testimonios compartidos en el taller proporcionaron claras evidencias de que los sistemas de justicia penal a lo largo de las Américas están basados en una cultura de castigos que ha sido extremadamente perjudicial para las mujeres, sus familias y comunidades, al mismo tiempo que también incumple con brindar los recursos y herramientas para que las mujeres reconstruyan sus vidas al salir de la prisión. Las actuales políticas de encarcelamiento criminalizan la pobreza, violan los derechos de las mujeres y refuerzan los ciclos de violencia.

Ser mujer no es un delito, ser migrante no es un delito, ser pobre no es un delito.

(Natacha, México)

Experiencias compartidas dentro de las prisiones

Basadas en sus propias experiencias personales, las mujeres que estuvieron en prisión identificaron problemas que enfrentan a nivel regional, incluyendo abusos a los derechos humanos, sometimiento a tratos o castigos inhumanos o degradantes, y desprotección ante abusos sexuales y/u otras formas de violencia. Además, no tienen acceso a asistencia ni a mecanismos para denunciar violaciones.

Otros problemas identificados a nivel regional por las participantes del taller incluyen el hacinamiento de las prisiones y los castigos colectivos. Las mujeres privadas de libertad carecen de acceso a atención de salud específica de género, medicinas, y otros recursos para prevenir el suicidio y la autoagresión. Al mismo tiempo, muchas de ellas son obligadas por guardias en las prisiones a consumir medicación como mecanismo para controlar sus conductas.

Otro tema explorado en el taller fue la creciente criminalización del aborto y de alternativas reproductivas en varios países de la región, incluyendo a El Salvador y Ecuador (en ambos países se aprecian recientes incrementos de las tasas de encarcelamiento)Estas leyes, que ya de por sí son injustas, se aplican también con mucha frecuencia a mujeres que han sufrido abortos espontáneos o han tenido partos donde el niño o niña nace muerto.

Las participantes del taller también acordaron en que los programas de educación y capacitación proporcionados en prisión resultan penosamente inadecuados y no preparan a las mujeres para obtener empleo cuando salen de prisión. Al mismo tiempo, las mujeres privadas de su libertad también son sometidas a trabajos forzados por parte de empresas que aprovechan la mano de obra barata, pagándoles salarios por debajo del nivel mínimo. A su vez, ello actúa como incentivo para mantener a estas personas encerradas por períodos más largos e impulsa políticas para asignar sentencias más largas. Además, las mujeres enfrentan corrupción al interior de las prisiones y numerosas instancias de privación de recursos, particularmente de alimentación.

Al salir de prisión, las mujeres sufren discriminación debido a estereotipos sociales y percepciones erróneas por haber desafiado sus roles de género “tradicionales”. Algunas son rechazadas por sus familias.

Para mí, lo que hay dentro de la prisión es la denigración del ser humano. Como mujer, todos los derechos humanos son violados. No existe el menor respeto por la humanidad, ni respeto por la dignidad humana.

(Paola, Chile)

De hecho, un elemento común entre las mujeres encarceladas a lo largo de las Américas es el quiebre de lazos con sus familiares, amigos y comunidades —con consecuencias devastadoras, particularmente para las madres y sus hijos e hijas. La maternidad al interior de las prisiones es particularmente dura. La mayoría de las veces, la atención prenatal es inexistente. En algunos países, se emplean medios para inmovilizar a las mujeres embarazadas, como grilletes, para transportarlas a hospitales, consultas ginecológicas y durante el parto. Algunos países permiten que los recién nacidos permanezcan hasta cierta edad con sus madres en prisión; en otros lugares, las madres sólo retienen a sus hijos durante unos cuantos meses, días o apenas escasas horas.

Después de vivir alejadas durante muchos años, a las madres les cuesta mucho reconstruir sus relaciones con sus hijos. En los Estados Unidos, por ejemplo, existen informes sobre casos en los cuales madres encarceladas han perdido la custodia de sus hijos, quienes son colocados en establecimientos estatales de acogida y ofrecidos en adopción, dado que la madre es considerada “ausente” de la vida de sus hijos. Hay otros casos en que las autoridades carcelarias incumplen con llevar a las madres encarceladas a sus audiencias en tribunales de familia, o incluso no les notifican sobre citaciones de la corte. En otros países, los niños pueden ser puestos en instituciones del Estado que no satisfacen sus necesidades básicas. Adicionalmente, cuando los niños visitan a sus madres en la prisión, las mujeres no pueden tocarlos, lo cual tiene severas consecuencias para sus relaciones.

Participantes del Primer Taller de Mujeres de las Américas que han estado en Prisión

Mujeres encarceladas en mayor riesgo

Durante el taller, se prestó particular atención a mujeres que pertenecen a grupos en mayor riesgo, incluyendo a personas indígenas, LGBTIQ+ y extranjeras. En particular, las lesbianas y mujeres trans en las prisiones se encuentran más expuestas a la violencia sexual y de otros tipos. Ellas enfrentan un doble estigma — el de ser una mujer que ha estado en prisión y también de ser parte de la comunidad LGBTIQ+ — y experimentan altas tasas de abandono por parte de sus familias. Como castigo, las lesbianas con frecuencia son transferidas de una prisión a otra, y pueden ser colocadas en áreas donde existen las peores condiciones.

Las lesbianas cumplen tres condenas: una por el delito, otra por ser mujer, y una más por ser parte de la comunidad LGBTIQ+.

Esperanza, Colombia

Similarmente, las mujeres trans enfrentan más violencia de género y abuso por parte de los custodios penitenciarios (en general, las mujeres trans en las Américas enfrentan riesgos tan altos en términos de violencia mortal que su esperanza de vida promedio se ubica entre los 30 y 35 años). Las mujeres trans también enfrentan riesgos de atención de salud: las participantes del taller se refirieron a mujeres trans privadas de libertad sin más opción para su proceso de transición que inyectarse aceite de cocina en el cuerpo, para enfrentar una situación de absoluta carencia de atención médica adecuada. Adicionalmente, las mujeres trans a menudo son ubicadas en cárceles para hombres, lo cual viola sus derechos de identidad e incrementa el riesgo de violencia sexual. Su acceso a la educación, capacitación y otros servicios está más limitado, ya sea porque se bloquea su participación con la inaudita excusa de que “provocan” a los hombres, o porque se les fuerza a frecuentes transferencias entre establecimientos carcelarios.

Para las mujeres migrantes que cumplen una sentencia lejos de su terruño, se trata de una doble sentencia.

(Doris, Argentina)

Las mujeres extranjeras e inmigrantes también experimentan particulares retos. Como no residen en el país donde son detenidas, en muchos casos se cortan sus lazos familiares, sociales e institucionales, aislándolas de sistemas de apoyo que requieren con urgencia. En ocasiones, ni siquiera hablan el idioma del país donde se encuentran, y tienen problemas para entender los procedimientos de justicia penal en un sistema que les es ajeno, ambos factores dificultan mucho más su defensa en los tribunales.

Al salir de prisión, estas mujeres pueden tener una situación migratoria irregular y estar en riesgo de deportación, incluso si se han establecido y tienen con una familia en el país. Enfrentan grandes dificultades para obtener documentos de identidad, y padecen por la falta de vivienda o empleo estables. Todo ello vuelve a las mujeres extranjeras más vulnerables al tráfico de personas, así como a la explotación y el trabajo sexual.

Retos comunes que enfrentan las mujeres al salir de prisión

Aunque muchos de los problemas que las mujeres enfrentan al salir de prisión son similares a los de los hombres, la intensidad y multiplicidad de sus necesidades post-liberación pueden ser muy diferentes. La vasta mayoría de las prisiones a lo largo de las Américas carecen de programas efectivos para dar asistencia a mujeres en su reintegración social al ser liberadas. Para muchas mujeres, resulta más difícil salir que entrar a prisión. Algunos de los retos económicos, sociales y legales que enfrentan incluyen soledad y abandono, discriminación y estigma, ausencia de apoyo psicológico, carencia de las habilidades y educación necesarias para encontrar empleo, problemas para obtener documentos de identidad y para el ejercicio de sus derechos civiles como votar.

En la mayoría de los casos, las mujeres tienen dificultades para encontrar una vivienda decente o empleo formal, enfrentando discriminación debido a sus antecedentes penales. Para complicar aún más el problema, las madres a menudo no pueden recuperar la custodia de sus hijos o vivir con ellos nuevamente hasta que no consigan una vivienda adecuada. Muchas mujeres intentan trabajar de manera independiente o empezar un pequeño negocio; sin embargo, a menudo carecen de la experiencia, recursos y financiamiento para lograrlo. Del mismo modo, muchas de ellas enfrentan problemas de salud debido a la falta de atención médica adecuada dentro de las prisiones. En pocas palabras, el encarcelamiento perpetúa el ciclo de pobreza entre las mujeres.

El encarcelamiento de las mujeres afecta más a la sociedad porque nosotras somos las cuidadoras, y cuando las mujeres son encarceladas, los niños, niñas y ancianos son abandonados y se quedan sin apoyo.

(Diana, Colombia)

Experiencias de organización por y para mujeres que han estado en prisión

Pese a estos retos, las mujeres que han estado privadas de la libertad han creado organizaciones para defender sus derechos, así como los derechos de aquellas que aún están privadas de su libertad. Durante el taller, las activistas discutieron el trabajo que vienen realizando con comunidades afectadas en el terreno, para apoyar a mujeres que han estado o están en prisión, y para eliminar el encarcelamiento.

Los grupos de activistas que compartieron sus experiencias incluyen:

  • El colectivo feminista argentino Yo No Fui, fundado en 2002, compartió sus experiencias trabajando en proyectos artísticos y de emprendimiento dentro de las prisiones para mujeres.
  • También desde Argentina, el colectivo feminista Ni Una Migrante Menos aboga por mujeres migrantes que han estado en prisión.
  • Desde Brasil, el Frente Estadual de São Paulo pelo Desencarceramento discutió su estrategia de 10 puntos para combatir la violencia estructural del sistema penitenciario.
  • La Fundación Mujer Levántate, establecida en 2009, trabaja al interior de una prisión de mujeres en Santiago, Chile, brindando apoyo y servicios de defensa a unas 100 mujeres al año, impactando las vidas de más de 300 niños.
  • Mujeres Libres de Colombia, uno de los grupos organizadores del taller regional, compartió sus experiencias coordinando el primer taller nacional para mujeres colombianas que han estado en prisión, realizado en junio de 2018.
  • Mujeres de Frente, grupo nacido en 2004 dentro de una prisión de mujeres en Quito, Ecuador, opera una red de apoyo para mujeres encarceladas y ex-privadas de la libertad, sus familiares, trabajadoras domésticas, investigadoras, y niños y adolescentes afectados por políticas punitivas.
  • Tiempos Nuevos Teatro de El Salvador fue establecido en 1993 tras la firma de los acuerdos de paz en ese país; la organización se enfoca en actividades de educación y organización comunitaria para niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores afectados por el encarcelamiento.
  • Desde México, Casa de las Muñecas Tiresias brinda servicios de salud, capacitación vocacional y acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo a mujeres que han estado en prisión, personas sin hogar, trabajadoras sexuales, miembros de la comunidad LGBTIQ+, personas viviendo con el VIH y consumidores de drogas.
  • El Consejo Nacional para Mujeres Encarceladas y Ex-Encarceladasaboga por la eliminación del encarcelamiento de mujeres y niñas mediante el cambio de un sistema penal a uno basado en la justicia humanitaria. En el taller regional, el Consejo compartió su iniciativa “Reimaginando Comunidades”, una solución que proviene de la comunidad para abordar el daño, cerrar y transformar las prisiones, reducir la dependencia en agentes de aplicación de la ley, y emplear un marco transformador de justicia para abordar la violencia. Además, el Consejo compartió su iniciativa de defensa participativa, mediante la cual los miembros de la comunidad apoyan a las personas que tienen casos penales pendientes.
  • La organización brasileña Amparar compartió sus experiencias ofreciendo servicios de apoyo y defensa para familiares y amigos de personas encarceladas.
  • El Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM) de México, trabaja con personas que tienen problemas con la ley, personas privadas de la libertad, sus familiares, y quienes están en situación de vulnerabilidad al navegar el sistema de justicia penal, incluyendo las personas con discapacidades.

El encarcelamiento altera nuestras familias y entornos. Las razones subyacentes a la violencia no se resolverán poniendo a más personas en la cárcel. No entendemos estas razones si seguimos arrojando personas a las cárceles e ignorando por qué la gente hace cosas que dañan a otras personas.

(Andrea, Estados Unidos)

Declaración final presentada por mujeres que estuvieron en prisión

Trabajando hacia el futuro

Durante el taller, las mujeres que han estado en prisión abogaron por alternativas al encarcelamiento y plantearon la necesidad de cambiar los paradigmas actuales respecto del encarcelamiento. Las recomendaciones que proponen incluyen:

  • Promover modelos alternativos de justicia, como los de justicia restaurativa y transformativa, enfocados en las víctimas y en las comunidades.
  • Abordar las causas por las cuales las personas cometen delitos.
  • Reformar las políticas sobre drogas y legalizar el aborto.
  • Garantizar la transparencia del sistema de justicia y la fiscalización de los operadores del sistema de justicia penal.
  • Brindar acceso a capacitación, educación y becas para personas encarceladas y ex-privadas de la libertad.
  • Promover oportunidades para el desarrollo económico, empleo y emprendimientos.
  • Brindar acceso a servicios de salud física y mental.
  • Ofrecer capacitación para oficiales de policía y autoridades de las prisiones desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
  • Crear y promover espacios y redes de apoyo para mujeres ex-privadas de la libertad.
  • Conducir programas para abordar la violencia de género.
  • Cambiar las narrativas y discursos para eliminar el estigma y la discriminación que rodean al encarcelamiento.

Al final del taller de dos días de duración, las mujeres que estuvieron en prisión se reunieron para presentar una declaración final que habían redactado colectivamente. En una conmovedora declaración de clausura del evento, 12 mujeres que representaban a diferentes países, orígenes y edades, leyeron sus demandas en sus tres idiomas.

Las mujeres demandaron la construcción e inversión en soluciones lideradas por la comunidad para empoderar a mujeres y niñas ex-privadas de la libertad, incluyendo a integrantes de la comunidad LGBTIQ+; resaltaron la necesidad de abordar las causas que originan el encarcelamiento; exhortaron a los Estados a lo largo de las Américas a respetar sus compromisos internacionales hacia los derechos humanos y establecer un comisionado independiente que supervise las condiciones en las prisiones para mujeres; condenaron la privatización de las prisiones y la búsqueda de ganancias como producto del encarcelamiento masivo; e hicieron un llamado para acabar con el encarcelamiento de niñas y mujeres en todo el mundo.

El taller congregó a mujeres que viven a grandes distancias entre sí, quienes sin embargo experimentaron estrechas conexiones debido a sus experiencias compartidas dentro y fuera de la prisión. Las participantes dijeron que se sintieron empoderadas e inspiradas por estas experiencias comunes, que pusieron de manifiesto las deficiencias más amplias del sistema de justicia penal a través de las Américas. Al brindar una oportunidad para que mujeres que estuvieron conectaran, debatiera y se aconsejaran mutuamente, el taller regional representó un importante paso hacia la creación de un movimiento liderado por y para las mujeres en prisión y que han estado en prisión en las Américas.  

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Opinión: Los mal (usos) de las instituciones, mecanismos de fortalecimiento y resguardo de la democracia

En nuestro país, al parecer tenemos un problema con el uso y mal uso de las instituciones y mecanismos que nos hemos establecido para la protección y profundización de nuestra democracia, que solo han logrado un mayor distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones estatales.

A1-Cubillos

Por Carolina Carrera Ferrer, Corporación Humanas

Los partidos de la coalición de gobierno han planteado que la oposición ha llevado a cabo un uso indiscriminado del mecanismo de la acusación constitucional, lo que no es real. Desde el año 1980 al 2018, se han realizado 22 acusaciones de las que solo 3 han terminado con la destitución de una autoridad.

Lo mismo ocurre con el mecanismo de la interpelación. Entre los años 2006 y 2018 se efectuaron 19 interpelaciones a ministros y ministras. Esta atribución del poder legislativo, que es instrumento de información y control sobre las actividades del gobierno, ha sido utilizada mucho más por la oposición de derecha en su minuto, que la oposición de centro-izquierda actual. En relación a esto, durante el primer mandato de la ex presidenta Bachelet la derecha interpeló en siete ocasiones a ministros de Estado y durante su segundo mandato llevaron a cabo ocho interpelaciones a diferencia del primer gobierno de Sebastián Piñera, donde se interpeló a tres ministros. Durante su actual mandato se ha interpelado al ex Ministro de Salud, Emilio Santelices por el protocolo objeción de conciencia; al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca; y al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto de ley de reparación a los presos políticos y víctimas de torturas durante la dictadura.

Otra de las polémicas respecto de las instituciones y mecanismos de fiscalización y control, es sobre el uso que se le ha dado al Tribunal Constitucional por parte de las coaliciones políticas, transformándolo casi en una tercera cámara. Un informe del Observatorio Judicial de octubre de 2017 da cuenta que entre el 2006 al 2017, se habían presentado 40 requerimientos.

Realizando un análisis desde una perspectiva de género, constatamos que los partidos de la coalición de derecha han utilizado el Tribunal Constitucional, cada vez que se ha intentado avanzar en derechos humanos de las mujeres y así lo podemos apreciar en varias iniciativas. Una de ellas es el proyecto que sustituye el sistema electoral binominal por un sistema electoral de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representación del Congreso Nacional. Frente a este proyecto, senadores/as -siete pertenecientes al partido Unión Demócrata Independiente y cinco al partido Renovación Nacional- solicitaban se declarasen inconstitucionales las cuotas de género en las candidaturas.

Otro proyecto fue el que moderniza el sistema de relaciones laborales, donde se impugnó por parte de 14 senadores/as y 44 diputados/as, entre otros, el nuevo Art. 318 del Código del Trabajo, donde se planteaba que los sindicatos de empresa podrán una vez en cada año calendario solicitar a las grandes empresas, información sobre remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones de la empresa que se encuentren contenidas en el registro a que se refiere el numeral 6) del artículo 154 de este Código y que en el caso de las medianas empresas sus sindicatos podrán hacer este requerimiento sólo como información previa a la negociación. Esto permitía visibilizar las desigualdades de remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor. Así también ocurrió con el proyecto de despenalización del aborto por tres causales y con el reglamento de objeción de conciencia para permitir que los establecimientos privados que reciben subvención estatal pudieran declararse como objetores de conciencia.

Finalmente, otro mal uso de las instituciones, mecanismos y procedimientos de resguardo a la democracia es el exagerado contingente policial de fuerzas especiales que se utiliza por parte de la alcaldía de Santiago. Todos los días se instala, en las afueras y alrededores del emblemático Instituto Nacional, un fuerte contingente policial superando en “número de encapuchados” que describen los medios de comunicación. Acá no sólo falla la inteligencia policial. A la fecha no han logrado identificar a este puñado de encapuchados que se instala al interior del establecimiento educacional, más bien acciona de manera violenta, lanzando gases lacrimógenos al interior del recinto incluso cuando el alumnado está en clases. Si este contingente de Carabineros se utilizará para dar seguimiento a las medidas cautelares de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o para resguardar la violencia sexual en el espacio pública que viven las mujeres, tal vez podríamos prevenir los femicidios y que las mujeres pudieran sentir mayor protección.

Publicado por The Clinic 

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Comisión de diputados retomará discusión de ley de cuotas de género en próximas elecciones

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados continuará la semana que comienza mañana lunes con la discusión del proyecto que establece una ley de cuotas de género en las elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y concejales.

El debate se dará pese a que durante la última revisión de la iniciativa, el Ejecutivo afirmó que sólo apoyaría establecer la cuota en los órganos colegiados, es decir, los consejos regionales o consejos municipales, según detalló el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.

La postura fue cuestionada desde Corporación Humanas. La abogada del centro de estudios, Camila Maturana, afirmó que el Gobierno manifestó una posición mínima a las medidas de participación equilibrada.

“Quedamos bastante defraudadas”, aseveró.

La diputada del Partido Radical e impulsora de la iniciativa, Marcela Hernando, afirmó que la Sala de la Cámara deberá pronunciarse respecto a las elecciones uninominales de alcaldes y gobernadores regionales.

La parlamentaria sostuvo que espera que el proyecto sea revisado en dicha instancia antes que finalice agosto.

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Gobierno Interior, Karin Luck, respaldó la postura que adoptó el Ejecutivo.

“Va en una correcta línea”, aseguró.

Durante la última revisión del proyecto, se volvió a discutir la incorporación de un incentivo económico para las mujeres y los partidos que participen en las elecciones, situación que será analizada por parte del Gobierno.

Publicado por Radio Bio Bio

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Declaración #JusticiaParaEvelyn

Nosotras, mujeres de las Américas, cumpliendo con el compromiso que adquirimos en “Mujeres libertarias fundiendo rejas”, primer encuentro de mujeres de las Américas que salieron de prisión, de trabajar en contra de la vulneración de los derechos de las mujeres que se encuentran en las cárceles y de las que ya salieron, queremos pronunciarnos frente a los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días en El Salvador, con EVELYN HERNÁNDEZ, una mujer de 21 años, quien a sus 18 años quedó embarazada a consecuencia de una violación, sufriendo de un parto extra hospitalario en el baño de su casa.

El Tribunal de sentencia la condenó a 30 años de prisión por homicidio agravado en julio del 2017. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló esta sentencia que había recibido por el delito de homicidio agravado y ordenó a la Cámara Primera Penal que realice un nuevo juicio, por la “falta de fundamentación e infracción a las reglas de la sana crítica” en las pruebas presentadas y teniendo en cuenta el recurso de apelación presentado por la defensa, quien asegura que no hubo forma de comprobar el aborto. El Salvador es uno de los países patriarcales que tiene leyes más drásticas en contra de las mujeres, es un país que pretende obligar, disciplinar y castigar a la mujer con un embarazo forzado y una maternidad no deseada.

Evelyn es una de las tantas mujeres que el poder judicial traduce como responsable por decidir sobre su cuerpo, esto evidencia que su violador no actuó por sí solo, sino con la complicidad y la aprobación de la justicia patriarcal de este país. La maternidad voluntaria debe ser un derecho y no una prerrogativa del Estado hacia las mujeres y la única alternativa democrática en una sociedad diversa es el derecho a decidir.

Evelyn estuvo privada de su libertad hasta el 14 de febrero de 2019, encontrándose en prisión preventiva 2 años y 7 meses. Hoy sigue sin condena, pero es evidente la vulneración de sus derechos que ha sufrido durante este proceso, empezando por las leyes salvadoreñas en contra del aborto y además, que fue sobrepasado el periodo que la Ley establece para las personas que aún no se les ha dictado sentencia.

Evelyn es una mujer joven campesina, la mayor de tres hermanos y con una madre que cose para sobrevivir, ahora se enfrenta a un nuevo juicio, la fiscalía pide para ella 40 años de cárcel, 40 años de sometimiento, 40 años de vulneración de derechos. Nosotras, mujeres de las tres Américas que estuvimos en prisión y familiares de personas que aún se encuentran detenidas, afirmamos que las cárceles son espacios de vulneración de derechos y que la crisis carcelaria se debe al discurso meramente punitivo y patriarcal por parte de los Estados.

La cárcel como castigo solo está cumpliendo con la función de aislar, de castigar, pero es evidente la falta de una política criminal y penitenciaria enfocada a la verdadera resocialización. Queremos deconstruir la historia que aplasta nuestros derechos en nombre de la ley y el orden, hoy ponemos a discusión, la decisión política que como mujeres nos somete a una vida de padecimiento y subordinación. En este sentido nos preguntamos ¿si Evelyn al haber sido violada amerita prisión? ¿Qué garantías se le ofrecen a Evelyn dentro de una Cárcel? ¿Qué garantías se le ofrecen cuando salga de prisión?

Por esto, manifestamos públicamente nuestro apoyo a EVELYN HERNÁNDEZ, quien sufre directamente esta agresión, condenamos toda acción que impida su libre y pleno ejercicios de sus derechos e instamos al Gobierno de El Salvador anular el nuevo juicio que demanda a Evelyn por homicidio culposo tras el parto en su casa de su bebé producto de una violación y otorgarle la absolución de todas las acusaciones en su contra.

Para nosotras es intolerable la falta de perspectiva de género, por parte de la Fiscalía General de la República, desde un principio en donde se acusa a una mujer de homicidio agravado, cuando ha sido víctima de una violación. Evelyn, fue víctima y no criminal al momento de la violación. La pérdida de su bebé no fue un acto doloso y premeditado como lo resolvió el Tribunal. Exigimos que la Fiscalía retire este nuevo proceso, que va en contra de los derechos humanos y las garantías individuales de Evelyn.

Ante una acusación de homicidio culposo, ¿tendremos entonces que acreditar un estado de emoción violenta en el cual se encuentra Evelyn al momento de perder a su hijo? ¿Gozaba Evelyn de todas sus facultades al momento del parto? ¿Evelin arriesga 30 años de prisión por no haber ido a buscar atención prenatal tras un parto después el cual perdió el conocimiento? Estamos frente a una aberración legal, de un sistema de justicia extremadamente punitivo, abusivo y arbitrario, que ignora las normas internacionales y leyes que protegen y garantizan los derechos humanos de las mujeres además de los convenios y tratado que ha firmado El Salvador, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Los Estados están obligados a revisar y armonizar su marco legal con miras a la despenalización del aborto y asegurar la atención en casos de violación, incesto y peligro para la vida y la salud de las niñas y las mujeres. Además, adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer y derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos los organismos nacionales e internacionales, la intervención urgente en este proceso tan transcendental en el que se ven vulnerados los derechos de las mujeres.

Mujeres que han estado en prisión y mujeres familiares de personas privadas de la libertad de las tres Américas

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Declaración de “las mujeres libertarias fundiendo rejas”

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Bogotá, 18 de julio de 2019

1. Nosotras, mujeres incluyendo la población LGBTTTIQ+ de las tres Américas, creemos en invertir, apoyar y construir comunidades para empoderar a mujeres y niñas en todo el mundo encarceladas, y afectadas directa e indirectamente.

2. Nuestra sociedad no nos da una estructura básica para sobrevivir, con un conjunto de realidades y dolores, cuando decimos conjunto, decimos el mundo entero, vemos que la realidad del pueblo negro y pobre es igual. Dejamos claro que no somos el instrumento de control de la masa dominante.

3. Fuimos heridas por las malas condiciones en nuestras comunidades y durante nuestro confinamiento, incluidas la falta de atención médica adecuada y salud mental, con lenguaje deshumanizante, la discriminación basada en el género, incluyendo a las personas transgenero y la falsa dicotomía entre las personas condenadas por actos violentos y no violentos.

4. Exigimos la reinversión de los recursos del sistema criminal legal a fin de financiar soluciones lideradas por niñas las comunidades que fortalecen mujeres, niños y familias.

5. Rechazamos la privatización de las cárceles.

6. Creemos que todo preso es político, siendo así, exigimos el fin del sistema carcelario, el fin del trabajo esclavista, y el fin del genocidio del pueblo pobre y negro.

7. Exigimos que los Estados de las Américas cumplan con sus obligaciones internacionalmente adquiridas en materia de los Derechos Humanos de la población privada de la libertad.

8. Ahora es tiempo de hacer una inversión significativa a largo plazo en iniciativas lideradas por mujeres y niñas encarceladas y que estuvieron encarceladas.

9. Es urgente quitar la máscara que envuelve nuestra sociedad y dejar de alimentar el miedo y los dogmas, luchando contra la hipocresía, dejar de castigar, dejar de alimentar la vergüenza y el odio.

10. Exigimos la abolición de la prisión, y mientras tanto, cumplir con la inclusión del enfoque de género y diversidad en la política criminal, que reconozca y revise las causas de las condenas de las mujeres.

11. Exigimos procesos reales de resocialización encaminados a evitar la reincidencia que incluya acompañamiento familiar y económico

12. Ahora es el tiempo de terminar con el encierro de las mujeres, las niñas y niños alrededor del mundo.

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La machi que defiende el río

La machi que defiende el río

La Machi Millaray Huichalaf es una autoridad ancestral y líder de la comunidad que hoy defiende el río Pilmaiquén de la construcción de una represa que inundaría lugares sagrados para los mapuche williche que han habitado ahí desde tiempos prehispánicos, y que fueron desplazados por la colonización española primero, y por la del Estado chileno después. Heredera de una sabiduría entregada por su abuela, la Machi carga hoy con la responsabilidad de proteger este lugar donde se encuentra el eltun, el nguillatuwe, los reni, los menokos, el paliwe y el leufu. La Machi y los defensores del Pilmaiquén llevan años protegiendo estos lugares, han sido perseguidos y encarcelados por ello.

Por Fernando Lavoz, Fotoperiodista, publicada en El Desconcierto
 El río siempre ha sido un lugar especial para el pueblo mapuche. Previo a la colonización española, los ríos fueron los caminos que permitían recorrer el territorio y acceder al mar, desde donde se llevaban alimentos a las zonas interiores. Los españoles se sorprendieron al ver a los mapuche comer mariscos en sus rucas. Al llegar al territorio del actual Osorno, bautizaron al río Rahue como el “Río de las Canoas” por la gran cantidad de embarcaciones que vieron allí.

Pero el río es también un lugar simbólico, ritual, sagrado. En el cielo estrellado, los mapuche distinguen el wenu leufu, el río donde las almas de los muertos llegan y luego retornan a la tierra para cumplir el mágico ciclo de la naturaleza. Los ríos de la tierra y el gran río celestial son, a fin de cuentas, el mismo y único río.

La Machi Millaray Huichalaf es una autoridad ancestral líder de la comunidad que hoy defiende el río Pilmaiquén de la construcción de una represa que inundaría lugares sagrados para los mapuche williche que han habitado ahí desde tiempos prehispánicos, y que fueron desplazados por la colonización española primero, y por la del Estado chileno después. Heredera de una sabiduría entregada por su abuela, la Machi carga hoy con la responsabilidad de proteger este lugar donde se encuentra el eltun, el nguillatuwe, los reni, los menokos, el paliwe y el leufu. La Machi y los defensores del Pilmaiquén llevan años protegiendo estos lugares, han sido perseguidos y encarcelados por ello.

Statkraft, la compañía estatal noruega de energías renovables, líder en Europa cuya expansión la ha llevado a Sudamérica y el sur de Asia, iniciará en unos pocos días más la construcción de la central hidroeléctrica Los Lagos que contempla una potencia de 52 megawats , una inversión de US$ 173 millones y la destrucción del Kgen Mapu Kintuante y la ruta de las almas.

 “La empresa llegó a la zona, comenzó a dividir las comunidades. La central llegó a “tirar dinero a la gente”, ha levantado comunidades jurídicas indígenas para negociar, eso provocó la destrucción del Küme mongen (el buen vivir.)”.

Desde el amanecer del domingo 30 de junio, las comunidades Mapuche Williche realizan el control territorial de toda la ribera del río Pilmaiquén. Están desplegados a lo largo del río sagrado, para resguardar los espacios ceremoniales de gran significación cultural y espiritual que hoy se encuentran amenazados por el proyecto Central Hidroeléctrica los Lagos, Central Hidroeléctrica Osorno y Central Rucatayo .

Esta  obra  inundará,  entre  otros  espacios  naturales  sagrados,  la  morada  del Ngen Mapu Kintuante, fuerza tutelar que forma parte de un importante complejo ceremonial  para  la  cosmovisión  religiosa  del  Pueblo  Mapuche-­‐Williche,  y  al  que concurren regularmente y desde tiempos inmemoriales las comunidades de un extenso territorio para realizar ceremonias rogativas.

 La construcción de esta obra amenaza un patrimonio cultural que, por desgracia, nunca ha sido defendido por el Estado chileno. Más bien al contrario, Chile siempre ha despreciado su herencia indígena y toda la cosmovisión mapuche le resulta desconocida. En una época donde se impone la visión económica y empresarial, todo patrimonio cultural que se interponga en su camino es violentado.

El caso del Río Pilmaiquén, zona donde la historia dice que era originario el toqui Caupolicán, no es diferente a los ocurridos en otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Los líderes ambientales, que habitualmente son también líderes indígenas, han sido perseguidos, criminalizados, asesinados, y las obras se realizan “por la razón o la fuerza”. Los líderes ambientalistas se han transformado en un nuevo “enemigo interno”.

Si en lugares como Alto Bío Bío se cometió la atrocidad de inundar cementerios indígenas, un acto de violencia casi impensable, ahora el Estado podría proteger este lugar sagrado para el pueblo mapuche. Pero Chile muestra nuevamente su rostro indiferente y sesgado. Anteponiendo por sobre todo “la necesidad” del desarrollo del país en beneficio de los valores “universales y compartidos”, representados por el Estado y las grandes empresas transnacionales.

“Cuando inunden el Kintuante ya no vamos a estar, ni siquiera vamos a poder seguir siendo. La gente no tendrá donde más expresarse como mapuche, no se podrá realizar el Nguillatun, el paliwe, no se podrán seguir enterrando los muertos ahí y se cortará completamente el camino que tiene el espíritu cuando muere, ya no existirá esa ruta que tenemos como mapuche para poder después volver. Es una muerte a la raíz de nosotros-­‐“ (Machi Millaray Huichalaf).

Hoy, la Machi que defiende el río sigue resistiendo.

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Día Internacional de los Pueblos Indígenas

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En este día, saludamos a cada de las mujeres que defienden sus territorios y que demandan un mayor reconocimiento en sus derechos humanos. Apoyamos las demandas de diversas comunidades que buscar preservar su medioambiente exigiendo que empresas extranjeras no se instalen en sus comunidades impulsando el extractivismo de sus bienes básicos como el agua o la tierra. Es una ocasión para reiterar nuestro reconocimiento a cada una de las mujeres indígenas que han sido y son defensoras de derechos humanos y aprovechamos de exigir justicia a tres años del asesinato de Macarena Valdés

Finalmente, y como bien ha señalado Naciones Unidas, los pueblos indígenas representan una gran diversidad: más de 5 000 grupos distintos en unos 90 países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7 000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres.

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Ante resistencia del gobierno a ratificar el protocolo contra la discriminación hacia las mujeres, organizaciones exigen al senado su aprobación

Unknown-1Santiago 06 de agosto, 2019.-Chile ha mantenido una política de Estado consistente con la discusión, firma y ratificación de instrumentos internacionales que marcan estándares en materia de Derechos Humanos, asumiendo el compromiso de avanzar hacia el pleno reconocimiento, promoción y protección de los mismos en el territorio nacional.

En 1989 Chile ratificó la “Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW), tratado que reconoce el conjunto de los derechos humanos como derechos de las mujeres, sin discriminación y sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres. La Carta de Derechos de las mujeres fija los estándares mínimos que el Estado se ha comprometido a cumplir, tanto en sus procesos legislativos como en el diseño de las políticas públicas y en la administración de justicia.

Este compromiso con los derechos de las mujeres, asumido por el Estado de Chile hace 30 años, está pendiente de actualización desde 2001, año en que el Protocolo Facultativo de la CEDAW fue aprobado en la Cámara de Diputados. Se trata de un mecanismo que apunta a garantizar la posibilidad de presentar denuncias ante la violación de los derechos que el tratado reconoce, y un procedimiento de investigación de oficio cuando dichas violaciones resultan graves y sistemáticas. El Protocolo no avanzó en su tramitación en el parlamento y quedó relegado en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Es más, protocolos como éste han sido ratificados en relación a otros tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la convención sobre los Derechos de Niños y Niñas, por lo que no existe justificación alguna para su dilación.

Para las mujeres, este protocolo constituye una protección más de sus derechos, permitiendo, una vez agotados los recursos internos, acudir a una instancia internacional a denunciar las violaciones de derechos que no han querido o podido ser debidamente resueltas en el país.

Frente al resurgimiento de grupos fundamentalistas y líderes políticos a nivel latinoamericano que promueven discursos de odio y discriminación, que muestran desprecio por los derechos humanos y se oponen sistemáticamente al avance de derechos de las mujeres, es imperativo que las instancias democráticas tomen medidas concretas y entreguen señales claras a la ciudadanía y a la comunidad internacional, del irrestricto compromiso de Chile con los derechos humanos.

Es por ello, que las abajo firmantes, con la convicción de que los derechos se conquistan en cada uno de los espacios institucionales y sociales, instamos al presidente de las Comisión de Relaciones Exteriores,  José Miguel Insulza, y a todos los senadores integrantes, a no ceder ante las presiones del Ejecutivo, que después de 18 años, insiste en seguir aplazando la aprobación de este Protocolo, y voten a favor, como una muestra clara de compromiso con los derechos de las mujeres en el territorio nacional.

Suscriben:

  • Corporación Humanas
  • Observatoriode Género y Equidad
  • Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas
  • Corporación Cimunidis
  • Corporación Colectivo sin Fronteras
  • Ni Una Menos – Chile
  • Amnistía Internacional
  • ONG Lideraccion.
  • Mesa Acción por el Aborto en Chile
  • Observatorio de Género y Medios
  • Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada
  • APROFA
  • ONG Leasur
  • Centro de Estudios de la Mujer, CEM
  • Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio
  • Colectivo Feminista Abrazadas & Autónomas
  • Coordinadora Acción Gabriela Mistral
  • Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
  • Movimiento Acción Migrante
  • Agrupación Familia es Familia
  • Fundación Instituto de la Mujer
  • ONG Amaranta
  • Frente Feminista Partido Comunes
  • Frente de Salud Partido Comunes
  • Fondo Alquimia
  • Frente Feminista Región Metropolitana de Revolución Democrática 
  • Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir
  • Colectiva Feminista Bakanería Poderosa 
  • Observatorio de Violencia Institucional en Chile
  • Red Docente Feminista, Redofem
  • Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM
  • Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes
  • Marcha Mundial de las Mujeres Chile
  • Paulina Larrondo, psicóloga e investigadora
  • Irma Palma, académica de la Universidad de Chile
  • Verónica Ávila Rojas, feminista
  • Adriana Gómez Muñoz, periodista feminista
  • Claudia Moreno Standen, Psicóloga
  • Kemy Oyarzún Vaccaro, Presidenta Asociación Nacional de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile
  • Ana González Caro. Feminista. Puerto Montt
  • Ana María Campillo
  • Valentina Saavedra, vicepresidenta de programa Partido Comunes
  • Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile
  • Daniela Quintanilla, abogada defensora de derechos humanos
  • Nivia Palma, ex ministra de Bienes Nacionales
  • Svenska Arensburg Castelli, académica Universidad de Chile
  • Loreto Bravo, directora ejecutiva Balmaceda Arte Joven
  • Constanza Valdés Contreras, activista trans y feminista y codirectora Comisión Legislativa Abofem
  • Paula Sáez, académica Universidad Andrés Bello
  • Libertad Méndez, médica feminista 
  • Rosario Olivares, Profesora feminista
  • Alejadra Valle, periodista y conductora de radio
  • Ximena Valdés, investigadora feminista y docente de la Uniersidad Academia de Humanismo Cristiano
  • Daniela López, Consejera política Partido Comunes, abogada feminista
CM -LEY SAYEN

Ley Sayén: Mujeres embarazadas o con hijos o hijas hasta 3 años no cumplirían sentencia en un centro penal

Una serie de audiencias ha tenido la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, respecto al proyecto que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años.

La norma en primer trámite está siendo analizada en general, por lo que tras escuchar a diversos actores relacionados con la materia, los congresistas procederán a votar la idea de legislar.

Cabe recordar también que por acuerdo de la Sala, la moción de autoría de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana y que fue ingresada en enero del 2017, fue derivada a la instancia de Derechos Humanos, puesto que originalmente se había destinado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La propuesta nace tras conocerse el caso de la joven madre mapuche Lorenza Cayuhan Llebul, quien en el 2015 fue detenida por robo y condenada a 5 años y 61 días, cuando tenía ya 4 meses de embarazo. En octubre del 2016, mientras cumplía condena en la cárcel de Arauco, comenzó a sufrir complicaciones de salud, por lo que tras numerosos reclamos, fue derivada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, donde se le practicó una cesárea estando engrillada y en presencia de un funcionario de la policía. La menor fue llamada Sayén.

En este contexto, el senador Navarro convocó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil tales como Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR), la ONG Enmarcha y la Corporación Humanas, a preparar una propuesta legislativa para enfrentar esta realidad y entregar herramientas de apoyo a los menores que viven sus primeros dos años en recintos carcelarios junto a sus madres.

En las últimas dos sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, los legisladores precisamente escucharon a la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana; la directora ejecutiva de la ONG Enmarcha, Francisca Hidalgo; el subdirector técnico de Gendarmería, Alejandro Arévalo; y a la directora de la ONG Leasur, Sthefanía Walser.

Arévalo explicó que a junio de este año, existen 44 mil personas privadas de libertad, de ellas un 8,5% corresponde a mujeres, es decir se trata de 3 mil 751 personas. De éstas, 2 mil 72 han sido condenadas (55%) y mil 679 (49%) están en prisión preventiva en calidad de imputadas.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayor parte de estas reclusas está en la región de Tarapacá (67%), en la Metropolitana (50%) y en la de O’Higgins (45%). Un 52% fue ellas cometió delitos asociados a drogas, un 23% en relación a  robos y un 5% a homicidios.

El representante de Gendarmería manifestó que la institución cuenta con el programa Creciendo Juntos en el que participan mujeres embarazadas y madres con lactantes hasta los dos años. “478 mujeres participan de este programa que cuenta a lo largo del país con las llamadas sesiones materno-infantil en las 84 cárceles. Allí viven 281 lactantes, cuatro embarazadas con hijos lactantes y 193 embarazadas”, describió.

Arévalo aclaró que cada 6 meses se evalúa el caso de cada una considerando variables como el compromiso delictual (la mayor parte cuenta con un bajo compromiso), la connotación del delito, la reincidencia y si forma parte de una banda o actúa en forma personal.

Según Walser de la ONG Leasur, la presencia de los niños en las cárceles es un problema que se ha invisibilizado hace años, el que se ha acentuado considerando que desde el 2005 se observa un aumento de la población penal femenina.

“Estamos hablando de malas condiciones para llevar a término un embarazo. No se cuenta con la suficiente tranquilidad ni menos con elementos más básicos como son la alimentación y abrigo. Se pasa frío y hambre, lo que también termina por enfermar a los menores que viven hacinados igual que sus progenitoras. Como los lactantes no son reos, aunque vivan en las cárceles, no pueden ser atendidos por la red de salud carcelaria, entonces pasan dos situaciones: si el niño tiene un familiar fuera del recinto, se espera que llegue para que él se haga cargo mientras está enfermo; y de no contarse con ese apoyo externo, personal de Gendarmería debe coordinar el traslado del niño con el Centro de Salud Familiar (Cesfam) u hospital más cercano”, relató.

Según los estudios realizados por esta ONG, las mujeres denuncian principalmente problemas de salud (malas o nulas prestaciones), muerte de bebés en gestación y en el caso de las que dieron a luz, a muchas se les habría practicado ligamiento de trompas sin su consentimiento.

Desde el punto de vista jurídico, Leasur reconoce que la suspensión de la pena es la mejor solución a este escenario, descartando opciones como el arresto domiciliario (que sería complejo implementarlo y también implicaría vivir en un ambiente de encierro para el menor), las residencias familiares (que generan un alto gasto para el Estado) y la continuación de las unidades materno-infantil (donde existen problemas de habitabilidad).

“Creemos que la suspensión de la pena viene a resolver estas limitaciones dando paso a una solución integral porque vela por los intereses del niño, entrega una perspectiva de género a lo penitenciario y evita que -tanto la madre como el menor- sufran las malas condiciones carcelarias”, explicó Walser.

En la sesión del pasado 22 de julio, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana graficó que el 8% de la población penal son mujeres, y de ellas el 89% corresponde a jefas de hogar. Asimismo agregó que se calcula que 400 mil menores tienen a uno o los dos padres dentro de la cárcel, por lo que se ven gravemente afectados sus derechos.

“De acuerdo a información entregada por Gendarmería de Chile en enero de 2019, 112 niños y niñas de entre 0 a 2 años residían en unidades materno infantiles. De ellos, el 56,5% (69 niños y niñas) lo está porque su madre se encuentra cumpliendo condena, mientras que el 43,4% (53 niños y niñas) reside en dichas unidades porque su madre se encuentra sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva. Del total de niños y niñas residiendo en unidades materno infantiles, el 39,3% (48 niños y niñas) lo está porque su madre cometió una infracción a la ley de drogas”, explicó la jurista.

La profesional resumió el proyecto en dos aspectos:

“Por una parte, se apunta a modificar el artículo 141 del Código Procesal Penal agregando una nueva causal de improcedencia de la medida cautelar de prisión preventiva respecto de mujeres imputadas embarazadas o madres de hijos/as menores de tres años.

Y por otra parte, se propone una nueva regla de ejecución de la pena, la suspensión de la ejecución de la sentencia penal para mujeres embarazadas o madres de hijos/as menores de tres años, a quienes se plantea diferir el cumplimiento de la sentencia hasta que el hijo o hija cumpla tres años, previéndose que la suspensión pueda extenderse por tres años más si el/a niño/a padece alguna enfermedad grave o discapacidad física o mental”.

En tanto, la directora ejecutiva de la ONG Enmarcha, Francisca Hidalgo citó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien en mayo pasado declaró que “los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad sufren lo mismo que sus madres, están al final del día presos y eso nos parece una realidad inaceptable”.

La profesional profundizó en la legislación comparada argumentando que “en Italia, Rusia o Argentina, las legislaciones contemplan la suspensión de la condena privativa de libertad, respecto a mujeres que estén embarazadas o que sean madres de hijos menores. En el caso de Italia es hasta los 6 años, en Rusia, donde llega a los 14 años y en Argentina 4 años”.

Continuó manifestando que “en Costa Rica, se propone proporcionalidad en las penas con un enfoque de género, pudiendo reducir condena o la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento. Para esto la afectada debe encontrarse en condición de pobreza, ser jefa de hogar en condiciones de vulnerabilidad; tener bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o con cualquier tipo de discapacidad o ser una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad”.

Respecto a la naturaleza de la norma en discusión, la ONG Enmarcha aclaró que “el proyecto de Ley Sayen, señala que las mujeres embarazadas o con hijos e hijas hasta 3 años, no cumplirán su sentencia en un centro penal, ya que las cárceles no son un espacio que garantice que puedan desarrollarse plenamente en sus primeros años de vida. Nunca se habla de ‘perdonazo’, la propuesta es establecer otras formas a la privativa de libertad para que las mujeres puedan cumplir su pena, en beneficio del derecho de niños y niñas a crecer al cuidado de su familia y desarrollarse en un espacio libre”.

Publicado por El Ciudadano 

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