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Organizaciones feministas presentan investigación sobre instituciones de igualdad, transparencia y políticas de género en América Latina

La investigación resulta relevante en un contexto donde los movimientos fundamentalistas antiderechos están avanzando en la región.
Se evaluó si las políticas públicas, los cambios normativos y las prácticas de las instituciones son congruentes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

retos y oportunidades-VFLas organizaciones que conforman la Articulación Regional Feminista investigaron a las instituciones responsables de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y de llevar adelante las políticas de género, en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México y Perú.

¿Qué acciones ejecutan las instituciones en los distintos países de la región para disminuir la desigualdad de género? ¿A qué retos y oportunidades se enfrentan las mujeres? Los resultados de la investigación se encuentran reflejados en el informe Retos y oportunidades de las instituciones encargadas de cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en América latina: una mirada a través de la transparencia que se presentará en los distintos países que participaron de la iniciativa entre los meses de marzo y mayo de 2019.

“Es objetivo de esta investigación que la información obtenida sea útil a la sociedad civil, de manera que pueda exigir que las autoridades rindan cuentas y creen políticas públicas que disminuyan la desigualdad entre hombres y mujeres, para que estas acciones no se queden en meras simulaciones”, afirman las organizaciones en el informe.

Las instituciones que fueron evaluadas en el marco de la investigación fueron: el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) en Argentina; el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en Bolivia; el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile; la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en Colombia; el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en México; y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú.

La información que se presenta en el documento fue recolectada analizando los mecanismos de transparencia de los Estados. Por un lado, se analizó la transparencia activa, es decir, toda aquella información que se encuentra en los documentos públicos de las instituciones y portales oficiales con acceso público. Por otro lado, la información obtenida a través de transparencia pasiva, es decir, a través de solicitudes de acceso a la información y derecho de petición. En los países que se reportan dentro del estudio se encontraron prácticas de transparencia activa muy exitosas, como es el caso de México, Bolivia y Chile.

En relación con las poblaciones destinatarias de las políticas públicas implementadas por los distintos organismos, en Argentina, Colombia y México son exclusivamente las mujeres, mientras que Chile cuenta con objetivos que incluyen también a los varones. Una población más amplia conformada por mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, juventud, personas adultas mayores y personas con discapacidad es alcanzada en Bolivia y Perú, que incluyen también incluye a personas desplazadas, migrantes internos y población LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

Una de las preguntas fue sobre los conceptos de género e igualdad que utilizan las instituciones evaluadas. En este sentido, destacan Bolivia -donde la definición de género, en lugar de provenir de marcos internacionales, tiene características específicas del país- y Perú -el único país donde el concepto de igualdad aparece definido de manera explícita-.

Al observar los objetivos y funciones de las instituciones, las organizaciones identificaron que el enfoque de los Estados para aproximarse a la problemática cambia de manera importante en los países de la región, por lo que es posible encontrar instituciones enfocadas específicamente en la erradicación de la violencia, así como algunas cuyo fin principal es la transversalización de la perspectiva de género, entre otras.

Uno de los retos comunes a todos los países se vincula con el presupuesto asignado para el desarrollo de las actividades de las instituciones, ya que falta información accesible y suficientemente desagregada que permita hacer análisis significativos de las cifras destinadas a la igualdad de género.

El documento finaliza con una serie de recomendaciones de las organizaciones feministas, como: “es indispensable dimensionar el legítimo valor y las implicaciones de institucionalizar la perspectiva de género en los países de la región”. Para esto, afirman: “es necesario consolidar instituciones diseñadas con autonomía de gestión, pero que también tengan suficiente impacto para que sus acciones repercutan en todos los órdenes estatales”.

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“De Una Vez Por Todas”: Lorena Fries conversa con Sofía Brito, feminista e investigadora de Nodo XXI

De una vez por todas” Lorena Fries conversa con Sofia Brito, investigadora de Nodo XXI

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Contra la vigilancia masiva en los espacios públicos del “Sistema de televigilancia móvil”

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Las organizaciones e individuos firmantes expresamos nuestra preocupación y rechazo por las medidas de vigilancia pública anunciadas por el gobierno de Chile.

El martes 18 de marzo de 2019, el presidente Sebastián Piñera puso en marcha el “Sistema de televigilancia móvil” en la Región Metropolitana, enmarcado en el plan “Calle Segura” y que mediante aeronaves no tripuladas (también conocidas como drones) vigilará el espacio público con el fin de combatir la delincuencia. Se trata de ocho drones dotados de cámaras de alta definición, con tecnología de reconocimiento facial y capacidad de grabar y transmitir las imágenes en tiempo real. El monitoreo se hará desde las oficinas de la Intendencia y se planea su extensión a todo el país en 2020.Este sistema viola derechos fundamentales y representa un retroceso significativo del Estado chileno en materia de derechos humanos.

  • El sistema es ilegal. No existe una habilitación legal expresa que autorice el reconocimiento de personas con fines de vigilancia[2] y tampoco existen anuncios de un proyecto de ley que lo habilite. Si para poner en funcionamiento los controles de identidad preventivos, el ejecutivo entiende que se requiere una habilitación legal expresa, por la limitación del ejercicio de garantías constitucionales que implican, del mismo modo debió prever que el desarrollo de una política basada en el despliegue de tecnologías de vigilancia altamente intrusiva necesita de un debate democrático previo en el Congreso, orientado a balancear la protección de los derechos fundamentales en juego. La falta de una legislación adecuada para la protección de datos personales y para la prevención de los abusos policiales -como los ocurridos en casos como Operación Huracán- agravan esta situación de ilegalidad y falta de mecanismos de control.
  • El sistema es inconstitucional. Al mantener a la sociedad vigilada en el espacio público, sujeta al escrutinio y registro constante, el sistema amenaza los derechos a la vida privada y a la protección de datos personales (Art. 19 nº 4), a la inviolabilidad del hogar (Art. 19 nº 5), a la libertad de movimiento (Art. 19 nº 7), a la libertad de reunión pacífica (Art. 19 nº 13) y a la igual protección de la ley en el ejercicio de derechos (Art. 19 nº 3). Al no existir autorización constitucional ni legal expresa, ni control judicial alguno, se afecta inconstitucionalmente la esencia de tales derechos, contraviniendo lo prescrito en el Art. 19 nº 26.
  • El sistema es ineficaz, ineficiente y propenso a errores. Incontables estudios, incluyendo la experiencia reciente en Chile,[4] dan cuenta de que el reconocimiento facial es altamente falible. Del mismo modo, no existe una correlación significativa entre el descenso de la criminalidad y la presencia de estos aparatos. Ni el sector oriente de Santiago ni la región de Antofagasta -donde, desde diciembre de 2018, ha operado el piloto de este programa- han mostrado cambios significativos en las tendencias de criminalidad.
  • El sistema facilita abusos de la autoridad. Los sistemas de reconocimiento facial han facilitado la institucionalización de sesgos asociados a la clase social y el color de la piel[6], y refuerzan prejuicios sociales, manteniendo sistemas de persecución criminal discriminatorios y basados en la sospecha del otro. El plan inicial cubre comunas de nivel socioeconómico predominantemente medio y bajo, con lo que amenaza reforzar discriminaciones existentes sobre la población menos privilegiada y su estigmatización.
  • El sistema carece de legitimidad. No existen estudios que avalen la necesidad ni la proporcionalidad de las medidas anunciadas. Tampoco existen estudios de impacto sobre derechos humanos que avalen las medidas, ni han existido mecanismos de participación pública en su formulación. La ausencia de autorización legal en la materia requiere de un debate democrático en el Congreso previo a la implementación de esta tecnología.
  • El sistema carece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La autoridad no ha informado qué tecnología se usa para el reconocimiento facial, cuáles pruebas de errores se han realizado y cuáles han sido sus resultados, ni cómo se hará esa evaluación en el futuro. Tampoco ha anunciado qué medidas técnicas y organizativas se adoptarán para resguardar la seguridad de la información recogida por las aeronaves, ni qué resguardos existen en caso de abuso por quienes operen la tecnología. Un ejercicio de función pública sin transparencia y rendición de cuentas es inaceptable.

En síntesis, el sistema de videovigilancia es contrario a los derechos humanos. Además de ser contrario a la ley y a la Constitución, el sistema desconoce las obligaciones adquiridas por el Estado chileno en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ignora las recomendaciones de los Relatores Especiales para la Libertad de Expresión y para la Privacidad de la Organización de las Naciones Unidas, como también las de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las del Grupo de Trabajo de Protección de Datos de la Unión Europea (G29, Dictamen 3/2012) [7]. Incumple con principios de alto nivel y omite la opinión especializada sobre la materia.[8]

Recomendaciones

Las organizaciones e individuos firmantes instamos al gobierno de Chile a:

  1. Detener el proceso de implementación de videovigilancia aérea mediante drones y poner fin al programa “Calle Segura” mientras no existan evaluaciones transparentes y abiertas, como también discusión pública sobre la necesidad, conveniencia y licitud de las medidas propuestas.
  2. Ordenar la realización de análisis previos de impacto en derechos humanos de las propuestas sobre tecnología de vigilancia y seguridad pública, y evaluación periódica de sus resultados, en procedimientos transparentes, visados por expertos independientes.
  3. Impulsar con urgencia la reforma a la normativa sobre protección de datos personales, incluyendo la formación de una autoridad pública de control, autónoma y con facultades amplias de fiscalización, intervención, interpretación y sanción, desde una perspectiva de protección de los derechos fundamentales. Del mismo modo, impulsar una reforma profunda a las instituciones policiales, que permitan un control democrático y la prevención de los múltiples abusos en el uso de tecnologías de vigilancia, para ceñirlas a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Suscriben:

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  • Patricia Peña, académica, Coordinadora Diplomado en Comunicación Digital ICEI Universidad de Chile.
  • Paz Becerra, abogada.
  • Pablo Ortega Manosalva, abogado.
  • Sebastián Saavedra Cea, abogado.
  • Karina Riquelme Viveros, abogada.
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  • Pamela Nahuelcheo Queupucura, abogada.
  • Marlenne Becker Marín, trabajadora social.
  • Cristopher Corvalán Rivera, abogado.
  • Eduardo Painevilo Maldonado, abogado.
  • Carolina Contreras Rivera, abogada.
  • Luis Cordero, abogado y profesor de derecho administrativo – Universidad de Chile.
  • María Jaraquemada, abogada.
  • Mauricio Duce, abogado y académico UDP.
  • Pedro Anguita, abogado.
  • Tomás Jordán Díaz, abogado y académico Universidad Alberto Hurtado.
  • Verónica Encina, abogada.

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[1] “Presidente Piñera lanzó sistema de vigilancia con drones en la Región Metropolitana”, https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-lanzo-sistema-de-vigilancia-con-drones-en-la-region-metropolitana/[2] Cordero Vega, L. (2015). Videovigilancia e intervervención administrativa: las cuestiones de legitimidad. Revista de Derecho Público, (70), pp. 359-376.[3] Ley Nº 19.628 sobre protección de la vida privada, Art. 10.[4] «[A]demás la PDI informó que entre mayo y junio pasado se realizaron pruebas al sistema, que concluyeron que el 90% de las identificaciones de rostro fueron falsos positivos (identificación de persona errónea)». “¿Dónde quedan las imágenes de reconocimiento facial de los malls?”, Las Últimas Noticias, 14 de marzo de 2019, p. 10.[5] “Subsecretaría de Prevención del Delito e Intendencia de Antofagasta implementan drones de vigilancia en la región”,  http://www.seguridadpublica.gov.cl/noticias/2018/12/14/subsecretaria-de-prevencion-del-delito-e-intendencia-de-antofagasta-implementan-drones-de-vigilancia-en-la-region/[6] Propublica (2016). Machine Bias. https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing[7] Opinion 3/2012 on developments in biometric technologies, Article 29 Data Protection Working  Party https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_en.pdf[8] “Propuesta de estándares legales para la vigilancia en Chile”, https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/propuesta-estandares-legales-vigilancia-chile.pdf

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Llamado a concurso para 3 cargos Plataforma de incidencia y acción para el avance de los derechos de las mujeres en Chile

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La plataforma de incidencia y acción para el avance de los derechos de las mujeres en Chile es una iniciativa impulsada por Corporación Humanas y Comunidad Mujer con apoyo de la Unión Europea, a través de un convenio de subvención y asistencia técnica. El proyecto propone articular a diversas organizaciones de mujeres de la sociedad civil, en torno a acciones que promuevan una mayor igualdad de género, teniendo como un propósito relevante el incidir en la agenda pública impulsando propuestas de política pública, legislativa y acciones territoriales que logren priorizar y promover avances sustantivos en torno los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la Agenda 2030.

La iniciativa se enfocará en torno a 3 ejes estratégicos: 1) Prevención y erradicación de la violencia hacia mujeres y niñas; 2) Autonomía económica y 3) Participación y representación política.

En este contexto se requiere la contratación de tres personas, que se integren al equipo de trabajo del proyecto y contribuyan directamente al cumplimiento de los objetivos propuestos. Los cargos son los siguientes: 1) Coordinación; 2) Periodista y; 3) Administración y contabilidad.

Invitamos a quienes cumplan con todos los requisitos establecidos a postular, a través del envío de CV, pretensiones de renta y una carta motivacional al correo electrónico proyectos@comunidadmujer.cl El plazo para la recepción de las postulaciones es hasta el 14 de abril de 2019.

Más información sobre la convocatoria en el siguiente enlace

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“De Una Vez Por Todas”: Lorena Fries conversa con Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas

De una vez por todas” Lorena Fries conversa con Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas

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“De Una Vez Por Todas”: Lorena Fries conversa con Alondra Carillo, vocera Coordinadora 8M

Debutando en “De una vez por todas” Lorena Fries conversa con Alondra Carillo, vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo

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Control de identidad y derechos humanos

Por Lorena Fries Monleón, presidenta de Corporación Humanas

Una vez más hay que salir a explicar porque no a la modificación al ya existente y controvertido control de identidad. No es fácil ir contra el sentido común que exige más y más seguridad incluso a costa de restringir libertades individuales, en este caso de menores de 18 años. Intentémoslo ya no desde la ineficacia de la adopción de dicha medida, ya ampliamente establecida en base a evidencia, sino que desde el riesgo que tiene legislar en materias sensibles a los derechos humanos, “porque la ciudadanía lo pide”.

La seguridad es un derecho humano a la que las personas deben poder acceder sin discriminación y gozando de entornos seguros. Esto obliga a los gobiernos a tomar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole para garantizar a toda la población la seguridad, posibilitando el pleno desarrollo individual y colectivo, liberados/as del temor que la inseguridad genera en los espacios públicos y privados. Los Estados no pueden hacer cualquier cosa para cumplir con esta obligación, por ejemplo, imponer un toque de queda para que la población se sienta más protegida porque se estaría afectando su derecho a transitar libremente a las horas que estimen y  por los espacios públicos que decidan. Más aún, los Estados no podrían señalar a un grupo en particular y limitarle sus derechos como en el caso ficción de una prohibición de tránsito nocturno para las mujeres de manera que se sintieran más seguras. En ambos casos por lograr la concreción de un derecho estaríamos vulnerando otro. Los derechos humanos son universales y no tienen jerarquías entre ellos.

Un poco menos evidente es la afectación de derechos en el control de identidad, en el sentido de que, al menos en la ley, se aplica a todes por igual y pareciera que no cercena derecho alguno. Sin embargo, ello no es efectivo porque por una parte el Estado, a través de sus policías, asume respecto de todos una sospecha generalizada, cuestión que desde ya no se condice con  la idea de ciudadanos libres y respecto de los cuales el Estado debe respetar y garantizar sus derechos, mientras no cometamos algún acto contrario a la ley y porque el derecho a la honra, la intimidad e incluso a tránsito se ven afectados, aunque fuera por un par de minutos. Sí además de esto consideramos que las leyes no son abstractas y operan en contextos determinados, no habiendo parámetros o indicios para hacer el control de identidad, este depende de otros criterios en el que los estereotipos juegan un rol determinante. Así, un policía “x” realizará dicho control a quien le “parezca sospechoso o sospechosa” a falta de indicios objetivos. Si ejemplificamos esa sospecha en La Araucanía será a los/las mapuche; en las manifestaciones será a jóvenes, en los barrios altos a quienen no viven ahí, migrantes y/o pobres en el centro de las ciudades. Esta conducta lo que va a reforzar es la estigmatización que recae ya sobre dichos grupos y finalmente acrecentar los niveles de segmentación y discriminación.

Publicado por El Mostrador

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Ley Modelo propone actualizar la legislación sobre femicidio/feminicidio en la región

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Washington DC. El pasado viernes 15 de marzo de 2019 se lanzó oficialmente la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio), documento que busca crear o actualizar la legislación en la región, así como fortalecer las acciones integrales de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación para garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, tal como lo establece la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional suscrito y ratificado por 32 Estados de la región.

El encuentro fue inaugurado por Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quién destacó la importancia de redoblar los esfuerzos para combatir los femicidios en la región. Rita Segato, reconocida antropóloga argentina que dictó una conferencia magistral sobre el origen de la muerte de mujeres por razones de género, señaló que “la capacitación a estudiantes de derecho y publicidad es fundamental para combatir los femicidios y contribuir con el cambio cultural”.  Posteriormente, Sylvia Mesa, Presidenta del Comité de Expertas del MESECVI, y Paula Narvaéz, Asesora de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y El Caribe, presentaron los detalles de la Ley Modelo y el trabajo conjunto entre los mecanismos para materializar este instrumento.

Noelia Díaz Esquivel, Secretaria General del Sindicato de Periodistas de Paraguay, y Arlette Contreras, abogada e inspiradora del movimiento Ni Una Menos en Perú, compartieron sus testimonios y la situación en sus respectivos países. Ambas, además de ser destacadas activistas y defensoras de derechos humanos, son sobrevivientes de intentos de femicidio que han tenido que enfrentar la exposición mediática, la impunidad en los procesos judiciales y la revictimización producto de la violencia institucional y mediática.

El evento contó también con la participación de Liriola Leoteau, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá (INAMU) y Presidenta del MESECVI; Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la CIM; Luz Patricia Mejía Guerrero, Secretaria Técnica del MESECVI; y Rosa Celorio, Vice-Decana de Derecho Internacional y Profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de George Washington.

El femicidio es la expresión más extrema e irreversible de la violencia y discriminación contra las mujeres, radicalmente opuesto a todos los derechos y garantías establecidos en las legislaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos. Así lo ha reiterado el Comité de Expertas del MESECVI, a través del Tercer Informe Hemisférico sobre Prevención.

El evento completo aquí y las fotos aquí.

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Lorena Fries sobre acusación contra alcalde de Puerto Varas: “No está suficientemente sensibilizado con el tema”

El 90% de las mujeres chilenas ha sufrido acoso sexual. Ha sido un tema de discusión por las imágenes que vimos de Camila Gallardo en un tenso e incómodo incidente ocurrido con el alcalde de Puerto Varas, Pedro Bahamonde. ¿Qué se está haciendo en materia de protocolos contra el acoso?. Lo conversamos con la directora de la Corporación Humanas, Lorena Fries.

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 Revisa la entrevista completa aquí
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¿Quiénes se oponen a las demandas sociales de las mujeres?

Abogada Lorena Fries los define más ampliamente como antigénero, aquellos que se manifiestan contrarios a la demanda por derechos de las mujeres y de las identidades sexuales.

El 25 de julio de 2018 miles de personas se manifestaron en una nueva marcha nacional a favor del aborto libre. Agrupaciones feministas desde el año 2013 organizan en la misma fecha el encuentro. Las peticiones para marchar, dicen, son “un aborto libre, seguro y gratuito”. Pero la última versión, con lema “no bastan 3 causales”, estuvo marcada por episodios de violencia: tres mujeres fueron apuñaladas.

Ante esos hechos, se indicó en una primera instancia que existía relación con el Movimiento Social Patriota. Pero el grupo negó la autoría de los ataques con arma blanca. Sin embargo, sí se adjudicaron las barricadas que ese día se apreciaron y que habían pintado parte de la Alameda con color rojo.

Esas agresiones son frecuentes a las manifestantes y no solo en Chile, indica Lorena Fries, abogada de la Corporación Humanas y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Casos extremos también se han presentado como el de la feminista Marielle Franco, defensora de Derechos Humanos y concejala brasileña, que fue asesinada a tiros en marzo de 2018.

Imagen-A_UNO_960296-900x600Incitación al odio

Grupos antiderechos, indica Fries, es el nombre con el que se conoce a esas organizaciones. Que responden, dice, a las demandas por transformaciones sociales. “La resistencia a cambios profundos en la situación de las mujeres siempre ha existido Chile. Pero Chile siempre ha sido una sociedad conservadora y nos ha costado mucho lograr avances, así como el aborto en tres causales, como la Ley de Identidad de Género”.

Un panorama que se vuelve complejo con la emergencia de las noticias falsas, explica la abogada. “La evidencia parece haber perdido credibilidad, la gente no apuesta a qué es la información lo valioso, sino en lo que creen”. Se atribuyen así noticias vinculadas con las activistas y con el movimientos, argumentando además que corresponden a “ideología de género”.

En esa misma línea, en febrero pasado Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los defensores de derechos humanos, escribió en un informe sobre el  uso del argumento de la “ideología de género” en Latinoamérica y Europa, como un modo de incentivar el trato hostil contra los activistas feministas y LGTB.

Forst denunció que líderes políticos y religiosos malinterpretan y usan “indebidamente” las cuestiones de género. “Describen la ‘ideología’ como una amenaza para los valores religiosos, la familia y la moral de la sociedad“, indicó.

“En los últimos años se ve una preocupante proliferación de discursos misóginos, sexistas y homófobos que, pronunciados por dirigentes políticos prominentes, han normalizado la violencia contra las mujeres y las personas que no se ajustan a las normas de género”, sostuvo Forst.

Se presenta además como hostigamiento en redes sociales, señala la abogada. “Pero también amenazan con tener información de la institución, y abiertamente en las redes sociales actúan con descalificaciones. Es violencia y no tenemos un marco legal para denunciar estas situaciones”.

Por ello, dice Fries, dentro de las mismas mujeres más visibles vinculadas al feminismo y causas sociales están tomando medidas para protegerse. “Nosotras en general y las organizaciones de mujeres, estamos tomando medidas de protección, especialmente sobre qué publicamos y decimos en las redes. A muchas de ellas sufren robos de sus computadores, algo que no se veía en Chile, esa es la alerta”.

Se trata, indica, de grupos antifeministas, “pero si se amplia un poco más, son antigenero, les molesta la demanda por los derechos de las mujeres y por las identidades sexuales, y se liga con el rechazo a la migración, son los discursos que se están levantando”.

Publicado por Qué Pasa-La Tercera