niuna_816x428

A un año de la primera marcha Ni Una Menos: ¿Ha cambiado algo en Chile con respecto a la violencia hacia las mujeres?

A un año de la primera marcha Ni Una Menos: ¿Ha cambiado algo en Chile con respecto a la violencia hacia las mujeres?

“Tenemos que hacer el llamado una vez más a terminar con la violencia machista contra las mujeres de nuestro país. Ni la violencia sexual, ni el acoso callejero, ni la violencia sicológica, ni la violencia física – que tiene su expresión más brutal en el femicidio- deben tener cabida en nuestra sociedad”, decía este viernes la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, luego de que esta semana una dirigenta social fuera encontrada muerta en una vivienda en Chonchi, Chiloé, con diversas  contusiones y heridas cortantes en su cuerpo.

Para la secretaria de Estada, esto “solo es producto de una cultura machista en que hombres se creen con derecho a tomar las vidas de mujeres, niñas y adolescentes. Hacemos el llamado a construir una nueva forma de relacionarnos entre hombres y mujeres, y a ser todas y todos agentes activos en la prevención y detección de toda forma de violencia”.

Lo cierto es que si se confirma que fue femicidio, se sumaría a más del medio centenar de mujeres que han muerto este año por violencia machista. Según cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, hasta esta fecha en el 2017 ya van 54 femicidios -6 de los cuales no fueron informados por la prensa- y un suicidio femicida (Antonia Garros). Esto quiere decir que hubo un aumento con respecto al 2016, cuando la institución registró 52 casos.

Las cifras no lo esperado ni por el gobierno ni por las organizaciones que defienden y promueven los derechos de las mujeres y menos por las miles de personas que han salido a las calles de nuestro país para manifestarse y protestar contra esta violencia. Manifestaciones que se han dado masivamente desde hace un año.

Fue en octubre de 2016 cuando la adolescente argentina Lucía Pérez (16) fue brutalmente asesinada en Mar del Plata después de ser drogada y violada. Ese mismo mes, pero en Chile, el cuerpo de la pequeña Florencia (10) fue encontrado en Coyhaique luego de que su padrastro la ahogó, quemó y enterró en el patio de su casa. Un año marcado además por una de las agresiones más impactantes que se había registrado en nuestro país: el femicidio frustrado de Nabila Rifo, a quien no solo le sacaron los ojos en el brutal ataque sino que estuvo varias semanas al borde de la muerte.

La indignación de las mujeres ante los crímenes aumentaba en este lado del planeta. Miles de personas comenzaron a exigir no solo justicia sino medidas concretas a su gobierno contra la violencia hacia la mujer. Desde Argentina convocaban a una marcha el 19 de octubre, pero esta sería distinta: el movimiento que desde el 2015 había empezado a visibilizar la violencia machista en uno de los países más peligrosos para las mujeres en el mundo -cada 30 horas una muere- había trascendido más allá de las fronteras.

La consigna “Ni Una Menos” fue tomando fuerza, pues el problema ya no era nacional, sino mucho más profundo. Tanto, que hace un año se hizo eco no sólo en Argentina y Chile, sino también en Perú, Bolivia, Colombia, México, entre otros países.

En Santiago, más de 80 mil personas -muchas vestidas de negro en señal de luto- marcharon para protestar por la violencia contra las mujeres en Chile y en el mundo. Además, exigieron políticas públicas para resguardar a las víctimas y una educación de la sociedad para frenar los ataques y femicidios.

Manifestaciones similares se replicaron en las principales ciudades del país.

¿Qué cambió en un año? Las muertes no han disminuido, pero sí ha decaído en algo la convocatoria a estas manifestaciones. Sin embargo, el concepto está masificado y no hay duda de a qué se refiere, tanto para quienes están a favor como para sus detractores.

Nadia Martínez, vocera de la Coordinadora Ni Una Menos Chile cree que sin duda hay una mayor conciencia, pero no es suficiente. “Las mujeres han despertado, están nombrando violencias que antes no se consideraban como tal y eso es un aspecto súper positivo. Sentimos que lo que está faltando es darles una construcción a lo mejor más feminista de la realidad del acoso, de la violencia en el pololeo, por ejemplo, que es un período muy largo dentro de la vida emocional de las mujeres, que corren también peligro porque todavía no hay una normativa o no hay construcciones culturales que nos ayuden a estar protegidas dentro de ese tipo de relaciones”, señala.

En ese sentido, sostiene que hay un estancamiento en las medidas que sancionan. “Somos un país que tenemos un marco legal bien amplio en términos de violencia intrafamiliar y como apuntando al espacio íntimo, que es un error según nosotras, porque la violencia se da en todos los espacios y claro, el hogar se ha vuelto un factor de riesgo también porque muchas mujeres mueren en sus casas asesinadas por sus propias parejas, pero creemos también que ahí hay que darle una vuelta más allá”, señala.

Esa opinión coincide con la de María José Castillo, abogada de Corporación Humanas. “Consideramos que este movimiento ha logrado visibilizar la violencia hacia las mujeres no solamente en el espacio doméstico sino que llevarla también al espacio público y al institucional”, indica la especialista. Y si bien cree que el movimiento ha sido un gran aporte al visibilizar un problema que afecta a más de la mitad de la población por el riesgo, también sostiene que “falta todavía mucho por avanzar para que las mujeres y las niñas podamos tener una vida libre de violencia. Esto es responsabilidad del Estado y vemos que no se ha avanzado mucho al respecto”.

Martínez por su parte, profundiza en el problema. “Tenemos indicadores de parte del Estado que entregan muy poca información, que no sirven o no han servido hasta acá para hacer cruces respecto de la violencia en otras direcciones, entonces las niñas van a la educación básica o a la enseñanza media y se encuentran con violencias respectos de sus propios cuerpos, de sus prácticas, de su forma de vestir, etc. y no saben cómo abordarlas. Por suerte se están organizando las niñas tanto en los liceos como en las universidades, pero hay acoso, hay prácticas que son muy misóginas, que tienen que ver con estos roles privilegiados que tienen los varones con un rango académico importante y por lo mismo cuentan con mayor credibilidad que las propias alumnas”, explica.

Para la vocera de Ni Una Menos es fundamental un cambio más profundo en la educación, pues las leyes sancionan luego de que el hecho violento ya ocurrió y, a veces, es irreversible.  “Queremos apuntar a la prevención y queremos tratar de ir a la raíz, a las causas porque este no es un problema monocausal, hay muchas razones por las que suceden estos crímenes de poder. Entonces nos interesa mucho llegar por ejemplo a las mujeres antes de que empiecen sus relaciones de pololeo, que tengan estos niveles de conciencia de que son sujetos de derecho, ideas que apunten a su dignidad como personas y abordándolo desde educación inicial”, sostiene.

Y agrega: “Nos interesa entrar al curriculum en ese ámbito educativo, nos interesa en el fondo atravesar estos contenidos de forma permanente porque lo que observamos es que el ministerio lo que está haciendo es muchas capacitaciones breves, jornadas cortas, cursos en línea y nosotras queremos un trabajo de proceso, los eventos así no sirven”.

La dirigente es enfática en señalar que no puede haber una incidencia real en los estudiantes con tan pocas intervenciones. “Creemos que a través de una asignatura esto sí se podría lograr y también a través del plan de convivencia de cada colegio. Hay normativa muy reciente que indica a los colegios que deben generar estos planes de convivencia pero no tienen perspectiva de género hasta acá, entonces ese elemento habría que incorporarlo. Si tú trabajas con niñas desde la salacuna, jardines infantiles hasta la universidad generando esta conciencia, probablemente esa niña va a pensar de otra manera de aquí a 10, 15 o 20 años más y va a estar ‘vacunada’ en cierto sentido contra toda esta cultura patriarcal que, como sujetas subalternas, las somete a relaciones riesgosas“, manifiesta Martínez.

“Sin prevención es muy difícil que tengamos avances y esta intervención debe ser de proceso y durante muchos años por lo menos hasta que los indicadores de violencia bajen”, enfatiza.

En el caso de la abogada de Corporación Humanas, existe también cierto temor con respecto a la legislación que se ha venido trabajando. “Si bien se envió un proyecto de ley de violencia integral, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos feministas consideramos que es bastante deficiente”, dijo.

También cuestiona que el hecho de haberse enviado recientemente hace que esté en su primer trámite de discusión y que puede demorarses más tiempo del presupuestado. “Ya tenemos la experiencia de lo que pasó con la ley de la despenalización del aborto en 3 causales, que tratamos prácticamente tres años que saliera a la luz y bastante distinta y deficiente a como fue planteado el proyecto inicial, así que en esa situación nos preocupa bastante cómo vemos el escenario a futuro en la integración del Congreso”, explica.

Por eso Castillo emplaza además también a los candidatos presidenciales y sus propuestas en materia de derechos de las mujeres. “Hasta el momento en lo que hemos visto han sido bastante deficientes sin perjuicio de algunas u otras que sean más completas, pero consideramos que todavía falta mucho por avanzar, Chile es un país bastante machista, pero creemos que el movimiento Ni Una Menos sí ha ayudado bastante a visibilizar este problema que venimos ya trabajando organizaciones feministas hace varios años”, sostiene.

¿Y qué pasa con los medios de comunicación?

Durante este año fue el caso de Nabila Rifo el que más se comentó pero también marco ciertas pautas. El matinal de Canal 13 fue multado por el Consejo Nacional de Televisión porque “no solo fueron expuestos antecedentes relativos a la intimidad de una mujer, sino que además, le fue propinado un trato violento y denigrante, que no se condice con su condición de víctima de un delito particularmente grave, respondiendo dicho trato a lógicas de violencia de género, importando todo lo anterior un desconocimiento de su derecho a la intimidad e integridad psíquica, y con ello, de su dignidad personal; incurriendo en consecuencia la concesionaria, en una infracción al principio del correcto funcionamiento de los servicios de televisión“.

También referente a Rifo fue el cuestionado capítulo de Informe Especial que usó solo ese caso para dar a conocer los errores que existen en las investigaciones judiciales en todo nuestro país.

Pero también existe la cobertura diaria de casos menos expuestos. La presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas, Fabiola Gutiérrez, explica que “si bien los medios de comunicación han intentado en los últimos años ser más conscientes en el abordaje de los casos de violencia machista y femicidios persisten prácticas editoriales que perpetúan otras formas de violencia, y una de ellas es la simbólica. Aún nos encontramos con titulares y argumentos ‘la mató por celos’, ‘crimen pasional’ o excusando al agresor al decir que era un buen hombre, un buen padre o un buen vecino”.

“Parte del trabajo de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas ha sido evidenciar esas prácticas que reproducen discriminación y violencia. Por ello, hemos generado alianzas con otras comunicadoras y periodistas para trabajar la violencia de género desde un enfoque de derechos. Por otra parte, hubiese sido esperable que en el marco del nuevo proyecto que se discute sobre violencia -por el derecho a una vida libre de violencia- se hubiese puesto un mayor énfasis o más incorporación de los medios de comunicación, como actores claves, para avanzar en el cambio cultural que se requiere y porque creemos que desde el Estado se deben dar señales clara, ya que los femicidios no han disminuido”, sostiene.

Publicado por Braga, El Mostrador 

candidatos_en_chile-580x340

Estas son las propuestas de los aspirantes a La Moneda para las mujeres de Chile

A propósito del debate presidencial sobre los derechos de las mujeres que se celebrará el próximo martes 24 en el ex Congreso, El Desconcierto analiza las ideas que los candidatos y candidatas proponen en esta materia.

Estas son las propuestas de los aspirantes a La Moneda para las mujeres de Chile

Si en los últimos cuatro años ha habido un tema que ha conquistado la agenda política y mediática en Chile, éste ha sido el debate sobre los derechos de las mujeres. El brutal caso de Nábila Rifo, el de Antonia Garros -que abrió el debate del suicidio inducido-, la violencia hacia las mujeres mapuche, la ley de aborto en tres causales, la acusación de violencia intrafamiliar del diputado DC Ricardo Rincón o el aumento permanente de femicidios, que siguen sucediéndose uno tras otro en todas las regiones del país. Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, ya son 54 las mujeres muertas en manos de hombres en lo que llevamos de año.

Esos son solo algunos de los hechos que durante los últimos meses han instalado el debate de género en las instituciones, calles y medios de comunicación del país. Una temática que ha sido recogida también en las propuestas programáticas de (casi) todos los y las aspirantes a La Moneda.

Pero, ¿cuáles son las iniciativas que plantean para mejorar el día a día de las mujeres? ¿Cuáles son sus ideas para caminar hacia la real igualdad de género? El Desconcierto revisó los programas de los ocho candidatos y candidatas a la presidencia para conocer qué ofrece cada uno de los presidenciables a las mujeres de este país.

DESDE LA DERECHA

José Antonio Kast (ind): Derogar la Ley de Aborto e incentivar natalidad

Desde que el pasado mes de septiembre se aprobó definitivamente la despenalización del aborto en 3 causales, José Antonio Kast ha repetido por activa y por pasiva que de llegar a La Moneda derogará la nueva normativa. Así lo recoge el primer punto del apartado “Familia y Derechos Humanos” de su programa, un texto de escasas, pero concretas propuestas.

En compensación, el candidato independiente propone entregar “los recursos necesarios” para apoyar a las madres y familias que tendrían que llevar adelante embarazos no deseados o complejos, así como revisar los mecanismos y protocolos de adopción. En la ofensiva contra la interrupción del embarazo, el candidato independiente también opta por eliminar “los programas y contenidos del currículum que constituyan propaganda o apoyo al aborto y las ideologías de género”. Y, por si no queda clara cuál es su apuesta, incentivará la natalidad a través de los impuestos y según el número de hijos.

Para Kast, “los problemas” de la infancia y la mujer deberán ser tratados en una nueva institucionalidad: la Subsecretaría de la Familia en el nuevo Ministerio de la Familia y de Desarrollo Social que, según dice en su programa, sería una fusión entre el actual Sernameg y el Ministerio de Desarrollo Social.

Para prevenir la violencia contra la mujer, el abanderado de la ultraderecha propone únicamente reformular la ley de Violencia intrafamiliar y dar facultades al nuevo Ministerio para la representación judicial en querellas.

Sebastián Piñera (Chile Vamos): Propuestas escasas y ya conocidas

A juzgar por su propuesta programática, a Sebastián Piñera parece no importarle demasiado las necesidades de las mujeres. Y lo que ellas piensen de él quizás tampoco, porque no tiene ningún reparo en bromear públicamente con chistes machistas como la del juego de las mujeres “que se hacen las muertas mientras los hombres se tiran encima y se hacen los vivos”.

Su programa, que aún no aparece en la versión definitiva en el Servel y que El Desconcierto trató de conseguir sin éxito, poco ahonda en lo que el presidenciable de derecha pretende ofrecer a la mitad de la población de este país.

En el punto “Creación de empleos de calidad y mejores salarios” menciona algunas de las normativas que quiere impulsar, entre ellas la Ley de Sala Cuna Universal o la ampliación de Bono al Trabajo de la Mujer. También cita la nueva Ley de Trabajo y Familia, para “compatibilizar mejor la vida familiar y la laboral”, sin dar mayores detalles de cómo se desarrollaran estas medidas.

Sobre violencia, tiene puntos parecidos al de su competidor, José Antonio Kast, al limitarse a plantear la solución a los conflictos “al interior de las familias” a través de mediaciones para resolver “los problemas que surgen en la convivencia”. La prevención Piñera la enfoca a través de una “nueva red de alerta e intervención temprana de conflictos familiares” y mediante la integración de datos de los distintos servicios públicos.

Otro de sus focos es la natalidad, que promoverá con incentivos tributarios y subsidios a las familias numerosas.

DESDE LA CENTROIZQUIERDA

Carolina Goic (DC): Énfasis en la participación laboral

La candidata demócrata cristiana concentra su programa, que aparece en el Servel con fecha de mayo y que este medio no ha logrado actualizar pese a varios contactos, en tres ejes fundamentales: laboral, violencia de género y derechos reproductivos.

Para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad, la DC propone medidas como ampliar las salas cunas y jardines infantiles, con horarios compatibles con el desarrollo de la actividad laboral. También pretende sustituir el artículo 203 del Código del Trabajo -que establece que las empresas de más de 20 trabajadores dispondrán de salas para lactancia y para dejar a los hijos mientras los padres y madres trabajan- por un sistema nacional e integrado de cuidado”, sin especificar mucho más al respecto.

Aún en materia laboral, propone reformar la legislación para poner fin a la brecha salarial y también ofrece a las mujeres jefas de hogar un descuento tributario por sus actividades domésticas, que hoy no son contabilizadas ni reconocidas en este país.

Para enfrentar la violencia de género, la aspirante presidencial habla de implementar un política “integral” que aborde “la prevención, atención, y reparación, así como sanción a los responsables”. Sin embargo, no detalla las bases que deberían sostenerla. También proyecta implementar un programa de acompañamiento “para embarazos de alta complejidad o no deseados”, pero no menciona en ningún caso propuestas orientadas a la prevención de estos casos, como la educación sexual y reproductiva.

Alejandro Guillier (Fuerza de Mayoría): Apuesta contra la violencia

“El feminismo no es sólo cosas de mujeres”, dice Alejadro Guillier al terminar la introducción a sus propuestas para las mujeres. Quizás fue uno de los aprendizajes que el actual senador por Antofagasta sacó tras el polémico “error” que reconoció tras posar  junto a la polémica muñeca inflable que Asexma le regaló al ex ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

Ahora, en su candidatura, una de sus prioridades en materia de género es “combatir” la violencia hacia las mujeres. Para ello sugiere tipificar como delito la violencia intrafamiliar para que pueda ser denunciada por cualquier testigo -no sólo por la víctima, como ahora-, y regular la violencia en el pololeo. Además, implementará una licencia laboral para las víctimas trabajadoras dependientes y un programa de reinserción laboral para que las mujeres víctimas puedan cortar con la dependencia económica de sus agresores.

El candidato de Fuerza de Mayoría quiere aumentar la economía de las mujeres y acelerar su inclusión laboral. Para ello, sin detallar en profundidad, habla de promover leyes para alcanzar la igualdad salarial, contabilizar el trabajo doméstico para efectos previsionales y legislar para que la paridad de géneros llegue a los directorios de las empresas.

DESDE LA IZQUIERDA

Alejandro Navarro (Pais): Que las mujeres sean quienes puedan cuidar a los hijos enfermos

El candidato de Pais sustenta su programa en la elaboración de una Nueva Constitución que -sobre género- dice que “debe consagrar la igualdad y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual”. Destaca que todas las políticas se desarrollarán “desde la perspectiva de género y considerando las distintas generaciones de quienes habitamos Chile”. Y con esto, se ahorra explicar cómo piensa lograrlo.

Son sólo dos las propuestas concretas que plantea Navarro. Por una parte quiere instalar una Oficina para la Erradicación de la Brecha Salarial de género en el Ministerio de Hacienda. Además, quiere modificar la legislación para que las mujeres puedan cuidar a sus hijos por razones de enfermedad hasta los cinco años. Parece que sólo a ellas les corresponde dedicar un lustro de su vida a cuidar a sus pequeños de forma exclusiva.

Los demás puntos, se quedan en meros objetivos sin los suficientes detalles para poder valorar su posible cumplimiento: promover una educación que no discrimine por razón de género, la igualdad salarial y políticas de equidad de género en el ámbito laboral; prevenir la violencia machista; o implementar propuestas culturales, artísticas y deportivas.

Beatriz Sánchez (FA): Concreta su definición de candidatura feminista

La abanderada del Frente Amplio se ha reivindicado, desde que se presentó a la carrera hacia La Moneda, como feminista. “Soy una candidata feminista, esto no ha pasado antes en Chile”, dijo en uno de los debates para las primarias.

Pese a que la “hoja de ruta” para las primarias del conglomerado, que es el documento que se encuentra hoy disponible en el Servel, no trataba más allá de aspectos referidos a los derechos sexuales y reproductivos, en un texto escueto y poco profundizado, El Desconcierto tuvo acceso a la propuesta final que entregará la Comisión de Género del Frente Amplio. El texto, pendiente aún de revisión por parte de la Comisión Redactora del programa final, será presentado el próximo sábado 21 y -comparado con sus competidores- entrega un completo conjunto de medidas específicas para mejorar los derechos de las mujeres.

Sánchez aborda la educación no sexista a través de un Plan Nacional de Educación -que también se enfocará de forma transversal para todos los ministerios-, una revisión del currículum escolar con este enfoque y formación de docentes, entre otras.

Sobre corresponsabilidad plantea el derecho a sala cuna universal, igualar el posnatal del padre al de la madre o reformar la Ley de Igualdad de Remuneraciones para terminar con la brecha salarial. En el ámbito laboral, también plantea una reforma de la Ley de Acoso Sexual Laboral vigente para dejar la investigación en manos de la Dirección del Trabajo (DT) y no en la estructura interna de la empresa, tal y como está establecido ahora; e incorporar en el departamento de Inspección de esta institución una Unidad de Acoso Sexual en el Trabajo. Dar reconocimiento y valor al trabajo doméstico y de cuidados, regular el trabajo de las mujeres trabajadoras de casa particular y de aquellas que trabajan en la industria silvoagropecuaria y pesquera son otras de sus medidas.

Entre las propuestas más valientes, y que generarán más controversia, está garantizar el acceso legal y libre del aborto durante el primer trimestre de gestación -y por causales a partir del segundo-, así como facilitar el acceso de métodos anticonceptivos o establecer -por defecto- el régimen de separación de bienes matrimoniales.

Mención aparte merece la Ley Integral de Violencia de Género que, entre otras muchas medidas, prevé ampliar el tipo penal de femicidio para que supere el ámbito estrictamente familiar, tipificar la violencia obstétrica y establecer el abuso sexual como imprescriptible. También sobre violencia, desde el FA, sugieren implementar una ley contra el acoso político y crear una Comisión Asesora Presidencial para la Comunicación sin Violencia, entre otras iniciativas.

Marco Enríquez-Ominami (PRO): Una lista de buenos propósitos

Marco Enríquez-Ominami habla de la “urgencia” de una política pública “integral, transversal e interministerial” para llegar a la paridad de género. Sin embargo, prácticamente todas sus sugerencias no especifican cómo se cumplirán dichos objetivos. Lo que termina dejando el contenido en una lista de buenos propósitos.

A través de seis temáticas, el candidato plantea un programa que comparte puntos con sus competidores del eje centro-izquierda / izquierda.

En materia de empleo, sugiere aumentar la cobertura de jardines infantiles a todo el país, reducir la brecha salarial y la segregación vertical y horizontal.

Sobre violencia contra las mujeres se limita a proponer la erradicación “de todo acto de violencia”, sin detallar cómo se logra este megaobjetivo. En relación a comunicación, derechos reproductivos y participación y liderazgo, sobresalen propuestas -poco explicadas- como combatir los estereotipos de género en los mediospromover la educación sexual, asegurar el acceso a métodos anticonceptivos y una atención “adecuada, oportuna, humanizada y confidencial” del embarazo juvenil.

UN CASO APARTE

Eduardo Artés (UPA): Sin propuestas

El programa de Eduardo Artés es escueto, tanto que no alcanza a dedicar ninguna propuesta a mejorar la situación de las mujeres en Chile. En las cinco páginas de su propuesta no incluye ni la palabra “mujer” ni “género”.

De hecho, hace un mes, Artés fue invitado al programa de debate “Aquí Está Chile”, de Chilevisión y CNN Chile. Al ser preguntado por sus intenciones en materia de género y discriminación, dijo: “Gracias por la pregunta, lo primero que en un gobierno progresista, democrático, popular con la perspectiva socialista, indiscutiblemente, somos partidarios de la total igualdad entre hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación y claro, tiene que ver con los salarios y con todo”.

Cuando luego le cuestionaron por qué en la directiva de su partido habían cuatro hombres en el consejo directivo de UPA y ninguna mujer, respondió que creía en la igualdad de género argumentando que él era “hijo de mujer”.

He aquí todo lo que de Artés se puede esperar en materia de género.

***

Debate presidencial sobre derechos de las mujeres

El ex Congreso acogerá el próximo martes 24 de octubre, de 18 a 20 horas, el debate presidencial convocado por organizaciones de mujeres y feministas para conocer el compromiso de las candidatas y candidatos presidenciales con los derechos de las mujeres.

La iniciativa, nacida de la mano del Observatorio de Género y Equidad, contará con la participación de17 organizaciones feministas y de mujeres que preguntarán a los presidenciables por sus propuestas sobre el tema.

“Nos parecía tremendamente importante que hubiera un foro con las mujeres puesto que somos el 50 por ciento de las votantes, para visibilizar los aspectos que han aparecido bien poco en las campañas”, explicó a este medio Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, una de las impulsoras del debate.

“Las mujeres tenemos un comportamiento electoral histórico, votamos más que los hombres, anulamos menos el voto y también votamos menos en blanco, pero pedimos saber qué nos proponen para poder avanzar”, agregó la dirigenta.

El debate será transmitido en directo por Facebook Live de El Desconcierto y moderado por la directora del medio, Francisca Quiroga.

INVITACION-DEBATE ´RESIDENCIAL-DDHH MUJERES -FINAL

 

Publicado por El Desconcierto 

FOTO TAPA LIBRO

Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres: Por un proceso constituyente inclusivo, participativo y paritario

Con el fin de aportar al proceso constituyente chileno una mirada de género, Corporación Humanas presentó el estudio “Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres”, que sistematiza las experiencias de países de la región y de otras regiones centrando la atención en los procesos que llevaron a cabo los movimientos de mujeres y feministas para incorporar los derechos de las mujeres en las Nuevas Constituciones

“Como institución feminista que promueve y protege los derechos humanos de las mujeres, estamos conscientes de la importancia que tienen los procesos constituyentes, en tanto pueden ser una oportunidad para avanzar en derechos humanos de la mitad de la población, ausentes en la actual Constitución. Sin embargo, sabemos que existen desafíos para lograr levantar la voz y demandas de las mujeres, como dan cuenta la mayoría de los países analizados” dijo Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas.

Chile se encuentra en medio de un proceso constituyente que tiene de antesala más de una década de presión social. Promulgada en dictadura y reformada en distintos periodos, la actual Constitución ha sido ampliamente cuestionada. Perteneciendo al grupo de las constituciones vigentes más viejas del mundo, el país ha vivido más debates constitucionales que cualquier otro país democrático en veinte años.

La presidenta de Corporación Humanas, sostiene que los nuevos derechos van apareciendo con una rapidez que antes no teníamos y que son necesarios insertarlos en cuerpos constitucionales. “Si miramos las convenciones y tratados internacionales han ido avanzando en función de los cambios que se están dando en el mundo”.

En el caso de América Latina -entre 1978 y 2010- 28 países fueron parte de alrededor de 388 reformas constitucionales parciales y 16 tuvieron cambios constitucionales. Las asambleas constituyentes y los referéndum han sido los mecanismos más usados en la región y, en los últimos diez años, estos cambios han sido fruto de la presión de los movimientos sociales.

En esta misma panorámica regional observamos que la presencia de las mujeres en las asambleas constituyentes no fue lo que se esperaba a pesar del trabajo realizado por los movimientos de mujeres y feministas. “Si miramos las acciones afirmativas, es decir, la obligatoriedad de que las asambleas constituyentes tuvieran un porcentaje de mujeres solo lo vimos en Argentina, Ecuador y Bolivia”, resalta Carrera. Y advierte, que sea cual sea el mecanismo, para reformar una Constitución, el principio básico es la paridad.

Contar con el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es básico. Ella exige la redistribución del poder y los recursos políticos, económicos, y simbólicos entre mujeres y hombres, y entre las personas sin distinción alguna. Para que haya igualdad sustantiva, el Estado debe tomar medidas afirmativas necesarias para acelerar la superación de las desigualdades de origen.

“Este estudio de Corporación Humanas hace un énfasis importante en destacar las distintas estrategias que tienen las organizaciones de mujeres para hacer valer diferentes puntos de vista en las bases ciudadanas para una nueva Constitución desde una perspectiva de género”, comenta Pamela Figueroa, Jefa División de Estudios del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

En tanto, Claudio Fuentes, cientista político de la Universidad Diego Portales, señala que la experiencia comparada nos dice que los cambios no deben acotarse a ciertos principios mínimos. “Urge una incidencia coordinada desde la sociedad civil para que hagan efectivos sus derechos y en este punto la pregunta es sí es factible una incidencia coordinada y colectiva de grupos feministas para el proceso chileno que está en marcha”.

El objetivo de esta acción debiese ser incorporar la protección de los derechos de las mujeres es decir, “que la Constitución establezca el principio de igualdad, no discriminación y de compensación (acción afirmativa). Además, deben explicitarse derechos de acceso a funciones públicas, derechos económicos, laborales, protección contra la violencia, derechos de las mujeres indígenas y no discriminación en la maternidad”, puntualiza Fuentes.

Por su parte, la abogada Verónica Undurraga indicó que las mujeres debemos prepararnos no sólo frente a un escenario de asamblea constituyente, sino que también ante la eventualidad que los cambios se realicen en el Congreso. “Hasta ahora las constituciones la hecho siempre hombres y nunca por mujeres”.

La investigación “Cambios constitucionales y derechos humanos de las mujeres” incorpora además diversas miradas de actores/as locales, como son la sociedad civil, academia, partidos políticos, Gobierno y Congreso respecto tanto del déficit de la actual Constitución, como de las potencialidades y posibilidades de integrar derechos de las mujeres en una Nueva Constitución.

Santiago 04 de octubre, 2017.-

1505392122-papeleta-678x330

La campaña que insta a integrar los DDHH en los programas de gobierno

A pocos meses de las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 19 de noviembre, Amnistía Internacional lanzó la campaña “Defiende lo Humano” dirigida a los ocho aspirantes a La Moneda, en la cual proponen siete materias para que sean incluidas en los programas de gobierno.

Desde la organización platearon siete temas prioritarios que esperan ver en las propuestas: Adoptar o fortalecer instituciones para la exigibilidad de todos los Derechos Humanos, implementar medidas para combatir la impunidad, proteger a los defensores de DDHH, garantizar y proteger los derechos de personas migrantes y refugiadas, garantizar la libertad de vivencia de género, la sexualidad y las relaciones de familia, también reconocer la dignidad y los derechos de los pueblos indígena y, finalmente, defender los derechos humanos en el contexto global.

Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, señaló que si bien hay candidatos que dan respuesta a las inquietudes presentadas, hay temas que todavía no se manifiestan de forma pública dentro de los programas.

“Uno es lo relativo a la impunidad, que ha estado centrado en cierto debate contingente, pero no en una propuesta de largo plazo que apunte a la verdad, justicia, reparación y memoria. Es importante decir que la promesa del ‘nunca más’ implica que tampoco exista impunidad por las violaciones a los Derechos Humanos que se comentan en la actualidad como, por ejemplo, los reiterados y graves casos de violencia policial en diferentes contextos” afirmó.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), coincidió con lo planteado desde Amnistía Internacional, asegurando que hasta el momento solo dos candidatos se han acercado a consultarles sobre aquello, advirtiendo que hasta el momento ninguno les ha presentado una propuesta.

La directora de Amnistía Internacional Chile indicó que las amenazas a defensores de DDHH también es un tema que no se ha tratado, a pesar de que Chile tiene evidencia de amenazas a líderes como el vocero de Modatima, Rodrigo Mundaca.

Derechos  migratorios

Entre las menciones que se hacen en los programas sobre las materias planteadas, destacó las referidas a la migración, donde enfatizó en la necesidad de modificar la legislación actual que data de 1975, cuya reforma se está discutiendo en el parlamento sin urgencia, por lo que posiblemente continúe su tramitación en un próximo gobierno.

Sobre este punto, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), encabezó una actividad en la que se expusieron las razones para que la ley sea modificada, entre estas que es la legislación más antigua del continente, que está hecha en dictadura que no se ajusta a los tiempos actuales y que prioriza la seguridad por sobre los DDHH.

Pablo Valenzuela, director del Servicio Jesuita para migrantes, comentó que si bien la migración ha sido abordada por los candidatos a La Moneda, es importante que en su discusión se consideren los tratados internacionales que Chile ha firmado.

“Está presente en la mayoría de los programas. Unos abrazan el enfoque de derechos y otros todavía utilizan este tema para encender los miedos infundados que hay en la población. Hay que recordar que nuestro país está comprometido con estándares internacionales de Derechos Humanos, por lo que hay que partir legislando desde ahí: reconociendo la dignidad de los migrantes”, sostuvo.

Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, Ana Piquer dijo que es preocupante que existan posiciones tan antagónicas entre los candidatos, quienes abordan estos temas de “manera muy controvertida y contradictoria”.

Camila Maturana, de la Corporación Humanas, comentó que dentro de obligaciones que el Estado ha asumido en esta materia está incluida la no discriminación tanto a la orientación sexual como a la identidad de género.

En esa línea, lamentó que el proyecto de ley de identidad de género lleve más de cuatro años en el parlamento y que no esté dentro de las prioridades de los aspirantes a La Moneda. “Los derechos de diversidad sexual y las garantías de no discriminación no parecen ocupar un lugar relevante en sus propuestas”.

En ese sentido, agregó que es urgente contar con una legislación que proteja estos derechos porque “las personas trans se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad para el ejercicio del conjunto de sus derechos humanos, principalmente la infancia trans que también debe ser contemplada en estas normativas”.

Desde Amnistía Internacional también se refirieron a los derechos de los pueblos indígenas, amparados principalmente en el Convenio 169 de la OIT. Sobre esto comentaron que el tema ha sido abordado principalmente de forma focalizada en el pueblo mapuche, donde les preocupa que la idea de combatir la violencia se utilice para violar derechos humanos.

Además, indicaron que es necesario que el Estado se “abstenga de utilizar la Ley Antiterrorista en conexión con la protesta social mapuche, y avance hacia una necesaria reforma a la actual legislación”.

Según lo explicado por el organismo, dicha normativa ha sido cuestionada internacionalmente por no ajustarse a un debido proceso, mediante la extensión de la prisión preventiva y el uso de testigos sin rostros como prueba fundamental en la investigación.

Publicado por Diario electrónico Universidad de Chile

05 de Septiembre de 2017 
Tematica Violencia intrafamiliar 
en la imagen se ve a una mujer con pistola tras haber asesinado a hombre recostado en el suelo
foto: Marcelo Segura tematica violencia intrafamiliar

Reportaje: Mujeres que matan (en defensa propia) hoy

En la unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intra Familiar de la Fiscalía Nacional dicen que han empezado a ocupar un enfoque de género cada vez que una mujer víctima de violencia termina intentando matar o matando a su pareja. Por ahora hay dos casos similares que contrastan fuertemente: una mujer en Mejillones que hoy cumple su condena en libertad y una de Valdivia que fue sentenciada a 10 años de cárcel.

Mujeres que matan (en defensa propia) hoy

Le habían dado 10 años de prisión efectiva. Blanca Paredes (55) estaba en su hogar de la calle O’Higgins, en el puerto de Mejillones, Región de Antofagasta, cuando lo arriesgó todo y decidió que ya era suficiente. Alcanzó un cuchillo parrillero que tenía sobre su velador y mientras Víctor Flores (63), su marido, dormía, se lo enterró en el cuello, en la zona cervical. Apenas se despertó, Flores vio cómo le salía sangre por la boca. Se puso pantuflas y caminó hasta llegar al hospital, a una cuadra de su casa.

Eran las cinco de la madrugada, el 31 de mayo de 2016.

A pesar de que estuvo al borde de la muerte, Flores sobrevivió. Paredes pasó a prisión preventiva por parricidio frustrado y casi un año después, en abril, fue condenada a 10 años de cárcel. La sentencia decía: “La víctima resultó con una herida penetrante cervical y shock hipovolémico, además, con lesiones de los vasos cervicales y yugulares externos y solución de continuidad de la unión faringoesofágica, de modo que de no haber mediado atención médica oportuna y eficaz, dichas lesiones le habrían provocado la muerte, tal como se determinó pericialmente”.

Que Flores haya estado a punto de morir importó poco en Mejillones. La ciudad se conmovió con la historia de Paredes y se movilizó. La gente salió a la calle, se juntaron 1.300 firmas para que se anulara el juicio, e incluso el alcalde de la ciudad, Sergio Vega, fue parte de la campaña para que Blanca Paredes recibiera otra condena. “Lo ideal sería que se le diera una pena en libertad vigilada de unos cinco años, pero arriesgar hasta 15 años de cárcel creemos que es demasiado”, dijo el alcalde luego de la sentencia.

Paredes había trabajado 10 años, entre 2004 y 2014, en la Municipalidad de Mejillones. Marcela Pizarro fue su jefa en la unidad del programa “Puente”. Y en su declaración describió el trabajo de Paredes ahí: atender a familias en estado de vulneración, hacer denuncias de violencia intrafamiliar, medidas de protección para niños. Pizarro destacó como inusual que Paredes tenía prejuicios en temas de violencia contra la mujer. “Esta decía que era por culpa de las mujeres, que algo habían hecho”, dice la funcionaria en la sentencia. Pizarro aseguraba que Paredes normalizaba la violencia, que en situaciones de abuso decía que era “porque se maquillaban mucho o llevaban la falda muy corta. Tenía conceptos machistas muy asimilados”, remataba Pizarro.

El juicio de Paredes finalmente se anuló, luego de que la defensa presentara diversas pruebas del historial de violencia intrafamiliar que le había tocado vivir a Paredes. La sentencia del segundo juicio, emitida hace un par de meses, fue mucho más favorable para la mujer: cuatro años de libertad vigilada.

Luego de esta sentencia, la Fiscalía Nacional emitió un comunicado en el que prácticamente apoyaba la decisión del tribunal. Un extracto de la declaración de la fiscalía dice: “La imputada durante el juicio renunció a su derecho a guardar silencio y dijo que durante 35 años soportó agresiones y malos tratos de su esposo, tanto hacia ella como a los hijos en común. En un extenso relato, la mujer dio cuenta detallada de los malos tratos tanto hacia ella como a sus hijos, así como de situaciones de infidelidades y de otros hijos que tuvo fuera del matrimonio. Durante el juicio declararon familiares de la imputada, como hermana e hijos, que ratificaron estas situaciones de violencia intrafamiliar”.

La declaración de la fiscalía no fue casualidad. Luis Torres, el director de la unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intra Familiar del Ministerio Público, dice que el enfoque para perseguir este tipo de crímenes en la fiscalía ha cambiado, que si hace algunos años por este tipo de parricidios se pedían penas similares a la de un homicidio común, ahora la fiscalía está adoptando un enfoque de género para perseguir estos casos. Y pone un ejemplo emblemático, como el de Karina Sepúlveda, de Puente Alto, quien en 2011 mató a su marido después de 18 años de violencia y abusos por parte de él. Hubo dos juicios contra ella y las dos veces fue absuelta. Después de la primera sentencia, la fiscalía pidió la anulación del juicio, y una vez conseguido ir a una segunda instancia, pidió una pena de 15 años de cárcel para Sepúlveda.

A pesar de que Sepúlveda acreditó maltrato físico y psicológico y de que en su cuerpo tenía 64 cicatrices producto de ese maltrato, debió cumplir 15 meses de prisión preventiva en la Cárcel de San Miguel.

Torres dice: “El caso de Mejillones, en primera instancia, es un caso como el de Karina Sepúlveda, donde la fiscalía no aplicó enfoque de género para perseguirla, a pesar del historial de violencia que sufrió. En el caso de Sepúlveda, el tipo incluso era un lanza internacional”.

Según Torres, después de la primera condena a Paredes, después de las manifestaciones en Mejillones, la fiscalía cambió el foco para el segundo juicio. “Dijimos, acá no nos puede volver a pasar esto. Revisamos todo y la mujer efectivamente había estado expuesta a un ciclo permanente de violencia. Tomamos contacto con la regional y logramos que en un segundo juicio fuera condenada a cuatro años con libertad vigilada. Conversamos con la defensa y el tribunal y llegamos a un acuerdo. Finalmente, la pena que se impuso era la que pedía la defensa y nosotros no nos opusimos. Esa era la pena que correspondía”.

El problema tras las cifras

Según los datos recopilados por la fiscalía, en 2016 en Chile hubo 96 condenas por parricidios, los que, para efecto de las cifras, incluyen el asesinato o el intento de asesinato de un familiar directo o pareja (cónyuge o conviviente) masculino. De los 96 parricidios, en 38 ocasiones fue una mujer quien mató o intentó matar a su cónyuge, conviviente o ex cónyuge.

Para Torres, tras virtualmente cada uno de estos casos, ha habido un historial de violencia contra la mujer, quien termina intentando ejercer justicia por sus propios medios. Torres describe el perfil de quienes terminan atentando contra sus parejas: “Son víctimas que generan una relación de dependencia económica con sus agresores, que son dueñas de casa y tienen tres o cuatro hijos, que no pueden agarrar sus cosas e irse. La gente ABC1 tiene otro tipo de barreras que no son económicas, sino que sociales. El qué dirán, el mantener un estatus. Ahí es donde hay que entrar a evaluar con peritajes psicológicos sobre los grados de violencia ejercidos por sus parejas. Por eso estamos haciendo un trabajo fuerte en formación en perspectiva de género dentro de la fiscalía”. Torres dice que ahora se intenta perseguir este tipo de crímenes de manera más proporcionada. “Antes era ‘mujer mata a marido’ y se pedían 20 años. Ahora se debe pedir lo que ella realmente le debe a la sociedad. Por ahora, yo lo tengo claro, pero los fiscales en Parinacota, no. O en Castro. Tenemos que transmitirles esto a los fiscales de Arica a Punta Arenas”.

Para Camila Maturana, abogada del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, todavía falta para que la justicia chilena tome realmente en cuenta el historial de violencia sufrido por las mujeres que terminan atentando contra sus parejas. “Para los órganos del Estado ha resultado complejo comprender el contexto de abuso permanente que viven las mujeres que dan fin a la vida de sus parejas”, dice Maturana, quien, a través de Humana, ha seguido varios casos de este tipo. “Para mí, sigue habiendo una respuesta judicial particularmente dura contra las mujeres en estas situaciones y no se ocupan todas las herramientas jurídicas que se disponen para que las eventuales penas sean menores. Cada vez que me ha tocado ver estos casos, las mujeres frasean una idea similar: ‘Era él o yo’. Esa es la sensación”.

Maturana dice que el sistema judicial sigue empujando a las mujeres a cometer este tipo de delito extremo, porque no reciben suficiente protección del Estado cuando son ellas las que son sujeto de violencia. “Cada vez que se ingresa una primera causa de violencia intrafamiliar, los tribunales, en casi todas las ocasiones, optan por una suspensión del procedimiento”, explica Maturana. “Eso, en otras palabras, es eximir de responsabilidad al agresor, sin contar que, cuando las mujeres son agredidas fuera de un contrato familiar, el Estado no protege. En este tema, la única institución de gobierno que ha hecho un buen trabajo en la defensa de las mujeres es la Defensoría Penal Pública”.

Así como los parricidios de cónyuge o conviviente mujer a cónyuge o conviviente hombre llegaron a 38 el año pasado, los femicidios llegaron a 101 casos. En el número también se incluyen los femicidios frustrados. Un caso como el de Nabila Rifo entraría en esta estadística, con la diferencia de que, aunque el hecho ocurrió en 2016, la condena fue en 2017. “Para nosotros lo importante es el hecho y la condena”, dice Luis Torres. “Y no la desglosamos si hay parricidio tentado, frustrado o consumado. Eso lo consideramos cuando hacemos un estudio, pero para efectos de las estadísticas que tiene la fiscalía, contamos las condenas. En un segundo momento hay que entrar a hacer un desglose, pero en parricidios o femicidios no lo hemos hecho”.

Es decir, en Chile no hay números exactos de los femicidios o parricidios consumados que ocurren cada año, aunque Torres sí tiene una certeza: los números son mayores a los que se entregan anualmente en el boletín de la fiscalía. “Muchas veces el hombre que mata a su mujer se termina suicidando. Y como no hay condena, ese caso no entra en la estadística. Esa causa queda sobreseída, porque el responsable está muerto”.

Las cifras, aunque aproximadas, son relevantes desde el punto de vista de que los parricidios tienen una muy alta probabilidad de estar vinculados a una violencia de género sistemática dentro de la pareja. El convencimiento de que ‘era él o yo’ del que habla Maturana.

Torres se suma a esta concepción de la justicia: “No es que estos delitos no tengan que sancionarse, al contrario, pero hay que ubicarlos adecuadamente. Porque de lo contrario, estás cometiendo una injusticia tremenda. Si te han golpeado, violado, humillado por 20 años, tus condiciones se han visto disminuidas respecto de mí o de ti, que no hemos vivido eso. Son decisiones que se toman de manera muy extrema”.

El caso abierto de Valdivia

El 21 de enero del año pasado, pese a que tenía prohibición de acercarse a su pareja, Cristián Sepúlveda (34) llegó a la casa de Constanza Silva, hoy de 38. Silva llamó a carabineros, pero antes de que llegaran, en medio de una discusión, le clavó a Sepúlveda un cuchillo en el pecho. Sepúlveda salió de la casa y se desplomó en una calle de la Población Perú, en Valdivia. Murió ahí mismo.

La pareja tenía una hija de dos años.

Sepúlveda mantenía una causa vigente por violencia intrafamiliar en la Fiscalía de Valdivia, además de antecedentes de detenciones anteriores por los delitos de violación de morada flagrante, porte ilegal de arma cortante flagrante, abuso sexual, amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar flagrante, lesiones leves en riña flagrante, además de amenazas y lesiones menos graves.

El día después del parricidio, Constanza Silva enfrentó las cámaras de la tevé valdiviana. Choqueada todavía, dijo: “Me trataba mal. Me pegaba todos los días borracho y yo no aguanté más esto”.

Luego, Silva relató que Sepúlveda había llegado borracho el día en que se enfrentó a él, que le había roto la puerta de la casa y que, además, había intentado atentar contra su abuela.

Lo último que dijo, entre sollozos, antes de entrar al control de detención fue: “Era mi vida o la de él”.

A pesar de que Luis Torres dice que actualmente la fiscalía está enfrentando este tipo de delitos con un enfoque de género, la fiscal Tatiana Esquivel pidió una pena de 15 años de presidio para Silva. El tribunal que dictó la sentencia en junio pasado estimó que la pena fuera de 10 años y un día. A Silva se le reconoció irreprochable conducta anterior, el no tener condenas y la colaboración en el esclarecimiento de los hechos.

La abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, apela a la ley de femicidio de 2010, en la que se estipuló la figura de ‘necesidad exculpante o miedo insuperable’. Maturana explica: “Cada vez que se indaga en estos casos, las mujeres han sufrido de violencia crónica. Pero la justicia no siempre está aplicando la figura de miedo insuperable, que es lo que ocurre en todos los casos que me ha tocado seguir”.

Al igual que en el caso de Blanca Paredes, en Mejillones, la defensa de Constanza Silva, en Valdivia, pidió la anulación del juicio. Queda ver si la justicia accede y si Silva, quien vivió una historia de violencia similar a la de Paredes, puede finalmente cumplir su condena en libertad.

Publicado en La Tercera

A wide view during the 19th Session Human Rights Council. 15 March 2012. Photo by Jean-Marc FerrŽ

Corporación Humanas: presentación en sesión del Consejo de DDHH de ONU sobre políticas de drogas con enfoque de género

Human Rights Council 36th Regular Session

Item 8 – General Debate 

Joint Statement by

Corporación Humanas – Chile

Corporación Humanas – Colombia

Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS

Washington Office on Latin America – WOLA

 

Delivered by Mr. Paulo de Tarso Lugon Arantes

The so-called “war on drugs” has generated public health crises and mass incarceration with negative consequences related to prison overcrowding, corruption and illegal markets regulated through cartels and criminal organizations, whose main tool is violence. In this context, structural discrimination and violence against women is heightened. Cartels use women as the last link in the distribution line of drug sales, as “mules” and as sellers of small amounts of drugs. As in any war or armed conflict, women suffer disproportionately from the impact of the violence generated by the drug trade.

Women all over the world are being incarcerated for low-level drug offences at an alarming rate. In some countries in Latin America, 60% to 80% of the female prison population is incarcerated for drug related crimes. Most of them are involved in non-violent crimes, with small amounts of drugs and with no real involvement within a criminal organization. This phenomenon has led to the feminization of drug trafficking, which is in turn, related to the feminization of poverty.

We call on this Council to hold a debate on promoting gender-sensitive drug policies as part of its contributions to upcoming the High Level Meeting in Vienna.

Thank you.

ni-una-menos

Nuevos femicidios alertan a mujeres y piden que la sociedad en su conjunto asuma el tema

Resultado de imagen para ni una menos chile

46 femicidios en lo que va del año, pero al parecer se sigue tomando como una cifra más, así lo declara Alejandra Villagrán, dirigenta de uno de los comités de allegados a los que pertenecía Carolina Velázquez Jacobsen, quien el domingo pasado fue asesinada brutalmente por su pareja en la comuna de El Bosque, dejando sin su madre a una niña de 4 años y a un joven de 21.

El autor de los hechos se mantiene prófugo de la justicia y las mujeres, quienes fueron sus amigas y compañeras en la lucha por la vivienda, sienten que a nadie le importa que las estén matando. Alejandra es dirigenta del comité Todos Juntos Podemos y fue enfática en señalar que se sienten desprotegidas y abandonadas.

Para Carolina Carrera, Presidenta de la Corporación Humanas, institución que se ha dedicado por más de una década a los derechos humanos y a la justicia de género, sigue existiendo indiferencia y las mujeres lo sienten.

En Chile los femicidios (ley 20.480) son crímenes tipificados como tales cuando una pareja o ex pareja lo ejecuta, por lo que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género consigna en sus registros que consumaron a agosto del 2016, 21 asesinatos y en lo que va del 2017, la cifra llega a 27.

La Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, una organización que articula colectivos, organizaciones sociales, no gubernamentales y mujeres; denuncia todos los delitos que en su origen contengan “misoginia, sometimiento, opresión o el desprecio por la vida de las mujeres”, por lo que amplía el espectro de la ley chilena, incorporando delitos en el pololeo, familiares o producto del comercio sexual.

Es así como a la fecha la Red registra 46 crímenes, 16 más que el año pasado.

Carolina Carrera fue consultada por las medidas necesarias y eficaces para tratar la violencia contra la mujer, comentó que el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad pública, es la institución que debe hacerse cargo y apunta a la existencia de una política interministerial así logrando que la visión de género desemboque como política pública en las distintas carteras del país.

La encargada de Mujeres del Partido Comunista y concejala de Recoleta, Natalia Cuevas, comentó a su vez sobre los avances en la agenda de género del gobierno, en que hoy sí existe una mirada crítica e intensión resolutiva, pero coincide en que aún falta camino por recorrer.
También comentó sobre una Nueva Constitución, la que debe ser según su opinión, la encargada de crear una política de género en el país que consagre a la mujer como sujeto de derecho.

La muerte de Carolina Velázquez remeció fuertemente su entorno, así lo declaró por su parte la concejala de la comuna de El Bosque, Margarita Urra Valerio, quien lidera comités de allegados en la zona Sur, a los cuales Carolina pertenecía.

La concejala comentó que existen más mujeres violentadas en la organización, por lo que tomarán medidas para instalar un proceso de ayuda hacia las mujeres.

El diputado del distrito Guillermo Teillier y quien ha apoyado a las familias que postulan a viviendas sociales en estas comunas, lamentó profundamente la pérdida de Carolina Velázquez y repudió este tipo de violencia en el entorno familiar, al mismo tiempo afirmó que se logró un apoyo desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género quienes asistirán psicológicamente a las mujeres afectadas, pero recalca que esto no es suficiente y exigió medidas aún más efectivas. Además, el diputado Teillier agregó que hace falta un sistema preventivo mucho más poderoso y si es necesario, advirtió, una revisión del sistema penal.
Las circunstancias de este crimen se están investigando, por ahora la pareja a quien se le atribuye la muerte de Carolina, Gabriel Rodríguez,  se encuentra prófugo de la justicia.
Puedes escuchar la nota completa en Radio Nuevo Mundo 
carabineros-3-253x300

Corporación Humanas expresa preocupación por casos de violencia policial contra de niñas y adolescentes.

carabineros-3-253x300

Tras los reiterados casos de violencia policial como respuesta estatal a las manifestaciones y convocatorias que realizan niñas, adolescentes y mujeres frente a denuncias de violencia de género, Corporación Humanas se reunió con el Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, para entregar antecedentes y manifestar su preocupación por las situaciones de tortura y extremas de violencia sexual.

La violencia policial dice relación con amenazas o agresiones verbales de connotación sexual, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y uso excesivo de la fuerza. En este contexto, además de reprimir la protesta, el poder y la violencia buscan restablecer los roles tradicionales de género que le asignan a las mujeres un mandato de pasividad social, sostiene Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas.

Desde el 2011 se hace presente el abuso de poder y la fuerza en el contexto de las movilizaciones estudiantiles y, a la fecha, Corporación Humanas ha interpuesto querellas contra Carabineros por los delitos de apremios ilegítimos y tortura en el contexto de manifestaciones estudiantiles. Es importante señalar que durante las movilizaciones estudiantiles de 2011 un número importante de escolares realizaron denuncias formales por apremios ilegítimos y violencia sexual en el contexto de las detenciones. Sin embargo, la mayoría de ellas fueron derivadas a justicia militar, las que posteriormente fueron cerradas, situación que desincentivó las denuncias en muchas otros casos, advirtió Carolina Carrera.

Casos registrados entre 2016 y 2017 en Santiago:

  • El 11 de marzo de 2016, ante 7 femicidios ocurridos en 7 días, organizaciones de mujeres convocaron a una manifestación frente La Moneda para exigir una alerta de género ante la escalada de violencia machista. Frente a 50 mujeres manifestantes se presentaron alrededor de 50 agentes de fuerzas especiales con camiones hidrantes. El operativo concluyó con nueve mujeres y tres hombres detenidos, todas las mujeres refirieron sufrir insultos, comentarios sexualizados y algunas fueron manoseadas.
  • El día 6 de junio de 2017, estudiantes del Liceo 7 de niñas de Providencia, convocaron a una manifestación pacífica en el frontis del establecimiento educacional en el marco de la campaña “Ni me callo ni lo aguanto”, la cual buscaba denunciar y visibilizar el acoso sexual y violencia de género que denunciaban sufrir al interior del Liceo. Dicha manifestación fue apoyada por diversas organizaciones feministas, entre ellas la Coordinadora Ni Una Menos Chile quienes se hicieron parte en la manifestación y  la que posteriormente concurrió Fuerzas Especiales de Carabineros. Producto de este operativo fueron detenidas diez niñas menores de 15 años y dos adultos, un profesor del establecimiento y una vocera de la agrupación feminista mencionada, ambos mientras intentaban defender a las estudiantes de la fuerza policial desmedida quienes denunciaron insultos y comentarios sexualizados.
  • El día 11 de julio de 2017, a propósito de la lectura del fallo del caso de Nábila Rifo, la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, convocó a una manifestación pacífica en el frontis del Palacio de Tribunales, con el objeto de manifestar su descontento por la eliminación del tipo penal de femicidio frustrado y la consecuente rebaja en la pena de Mauro Ortega. Las mujeres fueron brutalmente reprimidas por personal policial de fuerzas especiales, denunciado malos tratos y fuerza desmedida por parte de la institución.
  • El 28 de agosto de 2017, estudiantes convocaron a una serie de manifestaciones pacíficas durante el día, entre las que se incluían velatones y plantones en repudio  a la violencia de género, principalmente respecto del caso de Andrea Mazzo, de 15 años, quien falleció tras haber sido drogada, golpeada y violada por un desconocido que la contactó por internet. En ese contexto, agentes de fuerzas especiales actuaron con una fuerza absolutamente desmedida y desproporcionada para disuadir a los y las manifestantes en las inmediaciones de diversos establecimientos educacionales. Ese mismo día, tres estudiantes hombres del Liceo Darío Salas denunciaron tortura tras ser llevados a la 2° comisaría de Santiago. Mientras que tres estudiantes del liceo Confederación Suiza acusaron violencia desproporcionada por parte de Carabineros.
  • El 1 de septiembre del año en curso, estudiantes y agrupaciones de mujeres convocaron a una jornada de manifestaciones pacíficas en repudio a los  femicidios que se registran en Chile, y una vez más agentes de fuerzas especiales hicieron uso abusivo y desmedido de la fuerza, donde una menor de edad denunció violencia sexual durante su detención.
IMG_6982-678x330

Fuertes críticas a Presidenta Michelle Bachelet marcan Te Deum Evangélico

IMG_6982

La despenalización del aborto en tres causales y el matrimonio igualitario generaron cuestionamientos de asistentes y representantes de las iglesias evangélicas. El Gobierno expresó su malestar con el tono de los ataques. “Es un acto que se ha excedido”, dijo la vocera Paula Narváez.

Diferentes críticas recibió la Presidenta Michelle Bachelet en la mañana de este domingo, durante la celebración del Te Deum Evangélico previo a las Fiestas Patrias.

La ceremonia, realizada en la Catedral Evangélica de Chile, contó también con la presencia de cuatro candidatos presidenciales: el ex mandatario Sebastián Piñera, los senadores Alejandro Guillier y Carolina Goic y el diputado José Antonio Kast. También acudieron ministros, representantes de los poderes Legislativo y Judicial y representantes de las Fuerzas Armandas, entre otras autoridades.

A su llegada, la Presidenta Bachelet fue recibida con manifestaciones de algunos de los asistentes, quienes expresaron su rechazo a la reciente aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. Durante el acto, igualmente, algunas personas gritaron consignas. “Asesina” y “vergüenza nacional” fueron algunos de los ataques.

“Hoy oramos para que los llamados temas valóricos, cuando se inicia la vida o el matrimonio entre un hombre y mujer, tengan siempre de parte de los legisladores la consideración real de lo que significa libertad religiosa que es un derecho humano fundamental, que se respete la libertad de conciencia de quienes profesamos una fe”, dijo el Obispo Presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas, Emiliano Soto.

“A lo largo de la historia de la humanidad, un sinnúmero de personas que no pretendían buscar el martirio se han visto enfrentadas a este dilema entre la norma del Estado y la norma de la propia conciencia, resolviendo todos, optar por el mandato superior: seguir su propia conciencia, y pasar por ser objetores de conciencia en todos los principios y valores de nuestra fe”, señaló durante su intervención.

“Oramos el día de hoy por los poderes del Estado, por nuestros legisladores, para que los problemas reales de las personas que sufren cada día, sean realmente incluidos en la agenda de cada uno de los parlamentarios”, añadió.

En tanto, el presidente del Consejo de Obispos y Pastores, Jorge Méndez, enfatizó que el matrimonio es “un pacto basado en la unión física, emocional y espiritual de dos géneros” y que se “ha atentado contra la familia chilena con una legislación que ha deformado su concepto”.

Por su parte, el pastor Eduardo Durán Salinas, sostuvo que “movimientos minoritarios han logrado instalar una agenda que ni siquiera cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía: identidad de género, matrimonio igualitario, despenalización del aborto, son sin duda leyes que no representan nuestros valores cristianos”.

“Se ha dicho para justificar uno de estos proyectos que prejuicios añejos no pueden ser más fuertes que el amor. Nada más alejado de la realidad, porque nuestras iglesias, por sobre todo promueven el amor, porque Dios es amor”, dijo el también candidato a diputado por Chile Vamos.

La serie de cuestionamientos provocó malestar en el Gobierno y la propia Presidenta Bachelet. Luego de la ceremonia, el obispo Emiliano Soto confirmó que la jefa de Estado se fue molesta y le dijo que “esto no correspondía”.

“Fuimos invitados a un acto de oración por Chile, a un acto de oración por la patria y no a un acto de campaña. Nosotros creemos que efectivamente este ha sido un acto que se ha excedido en algunos puntos. Hubo opiniones que son claramente intolerantes y que no se condicen con el debido respeto a la diversidad de opiniones que debe existir en un país democrático como es Chile”, dijo la vocera Paula Narváez.

“Creemos que es importante que en este tipo de actos prime el respeto a las diferencias, primer el respeto a las diversas opiniones que existen en nuestro país y que forman parte de nuestra democracia”, agregó.

La ministra Secretaria General de Gobierno también manifestó su molestia a través de su cuenta de Twitter: “Cuando se le falta el respeto a la Presidenta, se le falta el respeto a Chile”, escribió.

“Es lamentable utilizar ceremonias para discriminar”

Los candidatos presidenciales de la derecha, Sebastián Piñera y José Antonio Kast respaldaron las declaraciones de los pastores durante el Te Deum, asegurando que las leyes deben ser coherentes con el respeto a la vida y a la familia: “Hay valores fundamentales en la sociedad chilena como el valor de la vida, de la familia, del matrimonio, de la solidaridad que tenemos que impulsar y promover. Y yo creo que las leyes tienen que apuntar en esa dirección”, señaló el ex presidente a la salida del Te Deum.

Por el contrario, los candidatos presidenciales Carolina Goic y Alejandro Guillier rechazaron estas palabras. De hecho, la senadora por Magallanes llamó a no “instalar fanatismos” ni en lo valórico ni en el ámbito político: “No nos hace bien instalar los fanatismos ni en lo valórico ni en lo político, así no se construye un país en unidad, un país que tiene que ser diverso. Así que yo me quedo con el llamado del pastor Emiliano Soto a construir un país donde todos se acogen, a construir un clima de tolerancia no un país que nos divide, que nos polariza y donde se trata de imponer la verdad de uno por sobre la verdad del otro”.

Desde Fundación Iguales, su presidente Juan Enrique Pi lamentó que “un acto ecuménico” como es un Te Deum, que se supone es de unidad nacional, sea utilizado “para mantener una situación de discriminación” hacia grupos específicos de la sociedad, aseguró.

“El utilizar una ceremonia ecuménica, una ceremonia con motivo de nuestras Fiestas Patrias, una fecha tan especial para todos los chilenos, sin importar su orientación sexual o su identidad de género con el fin de establecer una agenda política que siga restringiendo derechos a personas que hoy día no los tienen, porque ellos fueron muy claros en ese sentido, hoy en día las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales carecemos del derecho a casarnos con la persona que amamos”.

Finalmente, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, recordó que la despenalización del aborto en tres causales fue aprobada con el respaldo mayoritario de la ciudadanía y que dicha legislación no obliga a las mujeres a interrumpir un embarazo: “Es desconocer la realidad que esta legislación de abortos en tres causales responde a un movimiento minoritario. Hay una ciudadanía que, según las encuestas de opinión, en cera de un 70 por ciento respalda la legislación en tres causales, por años la ciudadanía demandó esta reforma legal. Por lo demás, en cada uno de los trámites legislativos el Parlamento aprobó por mayoría esta legislación, por lo tanto de ninguna manera se puede sostener que una legislación como esta (…) responda a la agenda de unos grupos minoritarios”.

Fuente: Radio U de Chile

787

Tráfico de Drogas: Triple Condena Femenina

En Chile y en Latinoamérica la principal causa de encarcelación de mujeres son los delitos de droga. En nuestro país un 56% de la población penal femenina está ahí por esta falta y todas ellas tienen un perfil parecido. El encarcelamiento, la separación de sus hijos e hijas y la estigmatización social son las tres condenas de las 787 mujeres chilenas condenadas por delitos de droga.

En las calles de los barrios vulnerables de Santiago se repite un patrón en las redadas policiales: quienes se van detenidas generalmente son mujeres por delitos de droga, que se dedican a pequeñas ventas y de bajo nivel socioeconómico, según Pedro, funcionario de Policía de Investigaciones (PDI).

Al analizar la población penitenciaria desde 1995 hasta la fecha, se puede ver cómo hasta antes de la promulgación de la Ley 20.000 en el 2005, las mujeres privadas de libertad crecieron en un 37%, pero después de esta, el aumento fue desproporcionado llegando al 70%.

En el caso de la población penal masculina aumentó en un 70% hasta el año 2005, pero después la cifra baja radicalmente para seguir aumentando hasta la fecha en un 30%. A la inversa de la situación de la población penal femenina.

anonimas2

En las 787 mujeres chilenas condenadas por delitos de droga se evidencia una situación cada vez más alejada de ser llamada una coincidencia y es que todas ellas se parecen más de lo que creen: microtraficantes, madres, jefas de hogar, baja escolaridad, la mayoría está por delitos no violentos y se desenvuelven en ambientes adversos.

Según cifras obtenidas de Gendarmería de Chile, un 96% de las mujeres privadas de libertad por delitos de droga son madres con un promedio de 3 a 4 hijos. Para Corporación Humanas esto genera consecuencias irreparables en el entorno familiar, especialmente con las condenas tan altas que se aplican en este tipo de delito, considerando que la gran – además- mayoría son jefas de hogar.

Estas mujeres son las que se encuentran en el último eslabón de la cadena de narcotráfico, dedicándose a las ventas de menudeo en los barrios y poblaciones, quedando más expuestas a una posible detención. “Difícilmente llegamos a los altos mandos de las organizaciones”, asegura Pedro, funcionario de Policía de Investigaciones (PDI).

Datos de Fiscalía de Chile evidencian que en un 67% de las regiones del país, más de un 50% de las mujeres encarceladas por delitos de droga se encuentran por microtráfico, lo que demuestra que, junto al aumento desproporcionado de la población penal femenina y su ausencia en los “altos mandos”, se convierten en “carne de cañón  de quienes lideran las organizaciones criminales. 

anonimas

787 Anónimas es un proyecto de las alumnas de la Universidad Diego Portales, Renata Ahumada y Camila Pinto, que busca visibilizar la realidad de las mujeres que se encuentran en esta situación de precariedad y vulnerabilidad, analizando todos los factores que inciden en este aumento desproporcionado de la población carcelaria femenina y cómo esta afecta a la sociedad de una forma intensa e irreparable.

Web : www.787anonimas.com

Fanpage: 787anonimas

Twitter: @787anonimas