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Experta OEA: “Es imposible tener una vida digna cuando te obligan a tener el producto de una violación”

Un informe sobre la violencia sexual en niñas de 10 a 14 años en la región revela que Chile tiene uno de los índices de mortalidad materna más alto y también la tasa más alta de maternidad, sólo por detrás de México. El Desconcierto conversó con Luz Patricia Mejía, integrante de la Comisión Interamericana de la OEA, quien detalló los detalles más relevantes del estudio.

Por @MeritxellFr

Este jueves se presenta en Washington el “Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará”. El documento, elaborado y coordinado por el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) detalla las principales falencias de los países de América Latina en la prevención, sanción, reparación y erradicación de la violencia sexual en las niñas de 10 a 14 años.

Luz Patricia Mejía, abogada especialista en Derechos de las Mujeres, integrante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y miembro de la Secretaría Técnica de MESECVI, en entrevista con El Desconcierto detalla los aspectos más relevantes del texto. Mejía radiografía la violencia sexual hacia las niñas en la región “que presenta mayores niveles de desigualdad en la brecha entre el reconocimiento de derechos y el ejercicio pleno de derechos para las mujeres y las niñas”.

Sobre Chile, en particular, la experta afirma que es uno de los países con peores indicadores: está entre los que tienen los índices de mortalidad materna más alto y es el segundo, después de México, con índices de maternidad de niñas más elevado.

¿Cuáles son las principales claves que revela el informe?

El informe revela que hay un porcentaje altísimo de niñas víctimas de violencia sexual y que esa es una violación que se da a pesar de obligaciones internacionales de derechos humanos establecidas en todos los estados de la región.

Los datos de mortalidad materna de niñas entre 10 y 14 años muestran que hay una cantidad de femicidios que están ocurriendo sin que se haga nada desde la Justicia. Son femicidios invisibles. Ocurren porque las niñas son violadas y luego obligadas a mantener un embarazo, no sólo no deseado, sino para el cual su cuerpo no está preparado. Esto tiene unas consecuencias aún más dramáticas en aquellos países donde está totalmente prohibida la interrupción del embarazo.

¿Cómo se evalúa la postura de los estados sobre la violencia sexual en las niñas en este documento?

Hay dos aristas importantes. La primera es sobre las niñas que son víctimas de violencia sexual y cómo esta les afecta y distorsiona su derecho a la vida digna y a la integridad personal. La segunda tiene que ver con cómo reacciona el Estado frente el embarazo en niñas de 10 a 14 años y frente al delito de violencia sexual.

Frente al delito de violencia sexual, nos encontramos que todos los estados de la región penalizan las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años. En algunos casos son penas de violación que tienen agravantes por el hecho de la edad. Pero en otros casos de legislaciones penales permiten algunas morigeraciones de las penas afectando más a las niñas. Por ejemplo, el violador se casa con la niña y no se lo investiga. Tenemos casos de niñas que han sido asesinadas por su esposo. Son pedófilos que se casan con ellas para evadir la responsabilidad penal.

Sobre los embarazos, en los países donde está permitido el aborto, el informe revela que los estereotipos de género, y de construcciones culturales de los roles de las mujeres hacen que aún teniendo los protocolos existentes para interrumpir el embarazo en una niña que ha sido víctima de violencia sexual, los embarazos no se interrumpen. Hay casos en los que las niñas han muerto durante el proceso de parto.

El informe presenta los ámbitos de la justicia y la salud como dos de los que tienen más falencias para actuar ante la violencia sexual en las niñas. ¿Por qué?

Si tenemos un sistema penal a nivel regional que reconoce que tener relaciones con las niñas es delito, deberíamos entender que todos los casos que llegan al sistema de salud reportados como niñas embarazadas, son casos de niñas que han sido víctimas de violencia sexual.

Detectamos a las víctimas de violencia sexual porque en primer lugar acuden al sistema de salud. Éste debería tener un vínculo con los trabajadores sociales, los sistemas integrales de protección de los derechos de las niñas y el acceso a la Justicia. Pero en la región no tenemos este enfoque. De los 32 países –exceptuando Canadá y Estados Unidos–, 21 nos reportan información sobre niñas embarazadas. De éstos, sólo 11 nos dicen que han abierto investigaciones judiciales por violencia sexual específica contra niñas. Y de éstos, sólo dos reportan cifras de denuncias: Venezuela (2 casos) y Perú (1 caso).

Es como un diálogo de sordos: los estados reconocen que tienen un problema, registran las cifras y tienen protocolos de actuación para combatirlo. Sin embargo, el problema no sólo continua, sino que se reproduce y no tiene ninguna respuesta satisfactoria ni para las niñas ni para sus hijos e hijas, que también son víctimas de violencia.

¿Qué consecuencias tienen para las niñas esta indiferencia del Estado hacia ellas?

La justicia no lleva ninguna reparación a una niña que fue violada por personas cercanas a la familia o por miembros de la propia familia, que es como ocurre normalmente.

Las niñas terminan siendo expulsadas de los colegios, obligadas a tener maternidades forzadas, obligadas a casarse, separadas de sus familias y, en algunos casos en sistemas de protección, como fue el caso de Guatemala, donde las niñas estaban recluidas y privadas de libertad y los agresores.

¿Dónde se sitúa Chile en el ránking de países que identifican la violencia sexual hacia las niñas?

Está entre los países que reporta información de niñas embarazadas y que supuestamente tiene un sistema que permite identificarlas porque tiene unos protocolos de actuación. Ahí está el problema, cuando existen protocolos y, a pesar de eso, nunca pasa nada.

¿Cuáles serían los estados que peor lo hacen en este sentido?

Los que tienen un índice de mortalidad materna más alto, entre los que están Chile, México, Argentina, Guatemala.

La tasa más alta de maternidad en niñas de 10 a 14 años, es decir, que son obligadas a tener los bebes, es la de México, con 5.5 niñas por cada 1000. Chile está en segundo lugar con 3.6 niñas por cada 1.000.

¿Se encuentran casos de violencia en niñas de 12 a 14 años que empiezan a pololear con otros niños de su misma edad?

Hay que diferenciar la violencia de las relaciones entre iguales y en relaciones de poder totalmente asimétricas, como cuando el agresor de la niña es un hombre mayor de edad.

La violencia en las edades más tempranas tiene que ver con una realidad concreta. En el caso de Chile, por ejemplo, que tiene unas altísimas tasas de femicidio se da por una cultura patriarcal que empieza desde muy temprana edad, en los colegios, donde las niñas aprenden que tienen unos roles distintos a los niños. Después estos roles se reproducen en las relaciones de noviazgo y después en las relaciones adultas.

En Chile hay una cultura religiosa y educativa que profundizan las relaciones desiguales de poder. Naturalizando eso, tenemos una fricción muy grande entre el rol que supuestamente tiene que cumplir la mujer y el que están cumpliendo las jóvenes hoy en día, que tienen más estudios, acceso a la información a través de Internet y redes sociales…

¿Cómo se concreta este choque?

Existe una tensión muy grande entre lo que las niñas aprenden en el colegio y lo que viven, pero sus parejas sí que viven lo que les enseñan: que omo hombres tienen el poder disciplinar de estas relaciones.

Por eso es necesario legislar sobre una obligación internacional: que las mujeres tengamos derecho a ser educadas libres de estereotipos, porque sino reproducimos permanente la discriminación y violencia. Son dos momentos que se están encontrando: el momento emancipatorio de la mujer educada frente al momento de la reproducción permanente de las relaciones desiguales de poder.

El informe hace varias recomendaciones a los países que tienen la prohibición total del aborto. En la región hay seis países de los ocho que hay que prohíben de forma total el aborto. ¿Cómo se observa el caso chileno?

Las cifras hablan por sí solas. Chile tiene las cifras más altas tanto de mortalidad materna como de nacimientos en caso de niñas violadas.

En el caso de Chile, es absolutamente urgente que se terminen de legislar las tres causales, después del proceso de casi un año y medio. Es imprescindible que inmediatamente las niñas que mueren por embarazo, que son víctimas de un femicidio colectivo, y las que están obligadas a tener a sus hijos tengan derecho a la vida digna. Eso es imposible cuando siendo víctima de violencia sexual te obligan a tener el producto de esa violación.

Fuente: El Desconcierto 

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Invitan a conversatorio por “Ley Sayén”: Una lucha por las mujeres privadas de libertad

La instancia abordará la propuesta de Ley Sayén, que busca “evitar las malas condiciones a las que se somete a mujeres que embarazadas o con hijos menores a 3 años”. Esto, en alusión al duro episodio vivido por la comunera mapuche Lorenza Cayuhán.

El caso de Lorenza Cayuhán, la comunera mapuche que fue obligada a dar a su hija engrillada y ante la presencia de funcionarios de Gendarmería, conmovió transversalmente y provocó un amplio círculo de solidaridad hacia ella y su pequeña. El hecho despertó una profunda crítica desde las organizaciones feministas y de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. 

“Las historias de mujeres presas embarazadas siempre siguen la misma tónica, describen un proceso sin atención médica, en malas condiciones y con partos bajo medidas de seguridad como las esposas, presencia de funcionarios o grilletes. Esto no es normal ni merecido, aun cuando se esté cumpliendo una condena”, comenta Sergio Faúndez, Sub-director de ONG Leasur, en su columna publicada en El Desconcierto.

En este escenario, Leasur, EnMarcha ONG y Corporación Humanas trabajaron en conjunto para crear el proyecto de Ley Sayén, en homenaje a la hija de Lorenza, que busca “evitar las malas condiciones a las que se somete a mujeres que embarazadas o con hijos menores a 3 años, haciendo improcedente la prisión preventiva y suspendiendo la condena privativa de libertad hasta el cumplimiento de esta edad mínima, recomendada internacionalmente como necesaria para el desarrollo temprano”.

Durante el próximo jueves 20 de abril, a las 18 horas, la escuela de periodismo de la Universidad Mayor realizará un conversatorio sobre el proyecto, donde se explayarán acerca de la importancia de la lucha feminista por las mujeres que se encuentran en prisión.

En la instancia, estará presente Leasur, la ONG encargada de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y EnMarcha ONG, una organización que busca aportar a la construcción de un país con mayor justicia social.

Fuente: El Desconcierto

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Organizaciones de mujeres: alertan sobre débil resultado de CSW61

CSW61

Organizaciones de mujeres presentes en la 61ª Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW61 por sus siglas en inglés) alertaron que las negociaciones del documento de Conclusiones Acordadas conducen hacia un resultado decepcionante, que no responde a los desafíos para el empoderamiento de las mujeres en el actual mundo del trabajo, tema central del evento en este año.

Señalaron que a pesar de los importantes avances logrados en diversos instrumentos internacionales  sobre derechos humanos, el documento en discusión hace escasas referencias  a los derechos  de las mujeres, desde la perspectiva de derechos humanos y a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) órgano principal responsable de la protección de los derechos laborales.

Pese a que el tema central de la CSW61 es el empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo, existen resistencias de parte de los gobiernos a la inclusión de aspectos interdependientes del derecho al trabajo como son elegir libremente o aceptar el empleo, gozar de condiciones justas y favorables de trabajo, ejercer el derecho a afiliarse o formar sindicatos, a la negociación colectiva, a la libertad de reunión, asociación y el derecho a la huelga, como parte de los derechos de las mujeres en el mundo del trabajo. Asimismo, resulta importante reforzar las referencias sobre trabajo decente, que incluya la garantía del salario mínimo vital, y el pago de igual salario para las mujeres por trabajo de igual valor.

De igual manera, indicaron, es importante asegurar que el documento incluya las obligaciones básicas de los gobiernos de proteger el derecho a la salud, particularmente en el ámbito laboral como el acceso universal a servicios y medicinas de salud pública de calidad, independientemente del status migratorio o de residencia, así como la cobertura de licencias remuneradas por maternidad, paternidad y parentales; por enfermedad, incapacidad y protecciones de salud y seguridad ocupacional.

En ese marco, plantearon que es fundamental establecer con claridad la relación entre Los derechos y autonomía sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas con sus derechos económicos, su independencia y su empoderamiento; sin ellos, no podrán participar plenamente en el mundo del trabajo.

Denunciaron que durante las negociaciones se suprimieron las referencias a la tributación redistributiva y progresiva que se requiere para financiar la protección social y los servicios públicos necesarios para la realización de los derechos económicos y laborales de la mujer.

Las organizaciones demandan que el documento de conclusiones acordadas reconozca que el trabajo doméstico remunerado, principalmente realizado por mujeres y niñas, muchas de ellas migrantes o miembros de comunidades desfavorecidas, es mal pagado, continúa siendo subvalorado e invisibilizado.  Es vital, dicen, generar empleo de calidad que cumpla las condiciones del trabajo decente en las actividades de cuidado y que se aseguren los derechos laborales de todas las trabajadoras.  Asimismo, es crucial, resaltar el rol del Estado en la reducción y distribución de la carga de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y superar visiones estereotipadas en relación a los roles de género en la maternidad y el cuidado.

Se requiere mayor compromiso de los gobiernos para que el documento señale la necesidad de garantizar a las trabajadoras migrantes condiciones de vida digna y contratos de trabajo no menos favorables que los de trabajadores nacionales en relación con la remuneración y las condiciones de trabajo, de conformidad con los principios de igualdad y no discriminación.

Los movimientos por los derechos de las mujeres esperan que los Estados muestren mayor compromiso para actuar sobre los retos actuales y futuros que surgen de un desequilibrado y peligroso sistema económico mundial; las amenazas actuales y futuras del cambio climático; aumento de la automatización del trabajo que impactará más a las mujeres ya explotadas en las bases de las cadenas de valor; la concentración de la riqueza y el poder corporativo que disminuye los recursos para invertir en los servicios públicos y la protección social necesaria para los derechos económicos de las mujeres y las crecientes y múltiples formas de autoritarismo; el conservadurismo y el odio que se expresa en las restricciones de la autonomía corporal, el movimiento y la sexualidad de las mujeres.

 

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Presentan recurso para evitar que Lorenza Cayuhán y su hija Sayén vuelvan a la misma cárcel

Corporación Humanas presenta Amicus Curiae ante Corte Suprema para evitar que Lorenza y su hija Sayen sean trasladadas al mismo recinto carcelario en que sus derechos humanos fueron violados por agentes del Estado en octubre de 2016, cuando debió parir a la pequeña estando engrillada por gendarmería.

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Acusan a funcionaria del Registro Civil de denigrar a pareja dominicana durante inscripción de su recién nacida

 

El hecho ocurrió en el servicio público del hospital San Borja Arriarán, donde la habría realizado comentarios xenófobos durante el proceso de inscripción del nacimiento de su hija. “La gravedad de este caso radica en que la discriminación proviene de un organismo público y ha afectado a personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”, señaló al respecto Camila Maturana de Corporación Humanas.

Por @eldesconcierto

/ AP (Rebecca Blackwell)

Una pareja de origen dominicano demandó al Registro Civil por presunto maltrato y discriminación en el proceso de inscripción del nacimiento de su hija chilena.

Según el relato de la familia, tras el nacimiento de la pequeña, en diciembre de 2016, cuando los padres solicitaron la inscripción de la niña en la Oficina del Registro Civil del Hospital San Borja Arriarán, la funcionaria pública a cargo “les trató de manera denigrante, evidenciando prejuicios frente a la presencia de migrantes en el país, generando que la pareja se sintiera humillada”.

Así lo señala el comunicado de la Corporación Humanas que, junto con el Servicio Jesuita de Migrantes, representan Yakaira Feliz y Smailyn, la pareja denunciante.

“De manera inquisitiva, la funcionaria les formuló preguntas intrusivas respecto de su vida privada, como el trabajo realizado en Chile, y se permitió realizar comentarios impropios y xenófobos acerca del número de extranjeros en el país y sus supuestos comportamientos negativos“, agrega el texto.

Los denunciantes también demandan que “se cometieron graves errores” en el proceso de inscripción, “como la incorrecta individualización de la madre de la niña, la incorrecta individualización del padre y, además, la incorrecta inscripción de la niña como “hijo de extranjero transeúnte” (HET), pese a tratarse de una nacida en Chile” y de que los padres habían insistido en que viven en el país desde 2015 “por lo que desde ningún punto de vista podrían ser considerados como ‘extranjeros transeúntes’”, reza el comunicado.

Una discriminación de un organismo público

En relación a la gravedad de la discriminación cometida, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, expresó que “la gravedad de este caso radica en que la discriminación proviene de un organismo público y ha afectado a personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, configurándose una discriminación múltiple o agravada que debe ser reconocida como tal y debidamente reparada puesto que se ha afectado la dignidad de estas personas y se han transgredido las obligaciones de los órganos del Estado en materia de la protección a la dignidad de la persona, la igualdad de derechos y prohibición de discriminación, honra, vida privada y protección de la familia”.

En tanto, el abogado del Servicio Jesuita de Migrantes, Víctor Hugo Lagosseñaló que “en este caso resulta evidente que estas personas dominicanas han sido discriminadas en razón de su nacionalidad, raza, apariencia física, situación socioeconómica y calidad migratoria, lo que conforme a la legislación chilena y los tratados internacionales se encuentra totalmente prohibido, ya sea con ocasión de la solicitud de inscripción de nacimiento de su hija como en cualquier otra situación”.

Fuente: El Desconcierto

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Indocumentados en Chile: acusan discriminación de Registro Civil

Pareja de dominicanos acusa discriminación contra hija recién nacida en Chile

13MARZO
2017

Un matrimonio extranjero sostiene que el Registro Civil le negó en primera instancia la ciudadanía a la menor, pese a haber nacido en el país.

EL DRAMA DE LOS HIJOS DE INDOCUMENTADOS EN CHILE

UN MATRIMONIO DE EXTRANJEROS ILEGALES ACUSAN AL REGISTRO CIVIL DE NEGARLE LA NACIONALIDAD CHILENA A SU HIJA POR LA CONDICIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN ELLOS EN NUESTRO PAÍS.

Un verdadero calvario es lo que vivió un joven matrimonio proveniente de República Dominicana tras el nacimiento de su primogénita.

Acusan que por encontrarse indocumentados en el país, sufrieron un trato discriminatorio por parte del Registro Civil en el Hospital San Borja. Un funcionario -sostienen- le negó la nacionalidad chilena a su pequeña, calificándola como “hija de transeúntes”.

La situación se produce a pesar que desde marzo de 2014 no existen los niños apátridas, es decir, sin nacionalidad. Y en este caso el menor recibe la ciudadanía por haber nacido en el territorio.

Aunque la menor de tres meses ya posee sus papeles correspondientes, los progenitores demandaron al Registro Civil por esta irregularidad, esperando un reparo ante la discriminación de la que fueron víctimas, sostienen.

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Corporación Humanas y Servicio Jesuita de Migrantes presentan acción judicial por discriminación ocurrida en Registro Civil a pareja dominicana

  • Los ciudadanos dominicanos Yakaira Feliz y Smailyn Porche fueron víctimas de maltrato y discriminación en Registro Civil al momento de solicitar la inscripción de su hija recién nacida por lo que definieron la presentación de una demanda civil ante la justicia chilena.
  • En la presentación de la acción judicial por discriminación contra el Registro Civil, la pareja dominicana cuenta con la representación de Corporación Humanas y Servicio Jesuita de Migrantes.

Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando la ciudadana dominicana Yakaira Feliz tuvo a su hija en el Hospital San Borja Arriarán. Al momento de solicitar los padres la inscripción de nacimiento de su hija chilena en la Oficina del Registro Civil del centro hospitalario, la funcionaria pública a cargo les trató de manera denigrante, evidenciando prejuicios frente a la presencia de migrantes en el país, generando que la pareja se sintiera humillada. De manera inquisitiva, la funcionaria les formuló preguntas intrusivas respecto de su vida privada, como el trabajo realizado en Chile, y se permitió realizar comentarios impropios y xenófobos acerca del número de extranjeros en el país y sus supuestos comportamientos negativos.

Además del trato denigrante y xenófobo que la pareja dominicana sufrió en el Registro Civil, en la inscripción de nacimiento de su hija recién nacida se cometieron graves errores como la incorrecta individualización de la madre de la niña, la incorrecta individualización del padre y, además, la incorrecta inscripción de la niña como “hijo de extranjero transeúnte” (HET), pese a tratarse de una nacida en Chile. Ello, aun cuando los padres, en las reiteradas oportunidades que debieron acudir al Registro Civil, insistieron en señalar que viven en el país desde el año 2015 por lo que desde ningún punto de vista podrían ser considerados como “extranjeros transeúntes”.

Todo lo anterior, configura una discriminación arbitraria cometida por el Registro Civil en contra de esta pareja dominicana en razón de su nacionalidad, raza, apariencia física, situación socioeconómica y calidad migratoria, prevista y sancionada por la Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la discriminación, vigente en Chile a partir del año 2012. Precisamente por ello es que Corporación Humanas y el Servicio Jesuita de Migrantes han asumido la representación jurídica de la pareja e interpuesto acciones judiciales.

Conforme a la Constitución Política son chilenos “Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de […] los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que, sin embargo, podrán optar por la nacionalidad chilena” (Constitución Política de la República de Chile, Art. 10 Nº 1), pero al solicitar la inscripción del nacimiento de su hija nacida en Chile, Yakaira Feliz y Smailyn Porche fueron discriminados. En el Registro Civil, además de tratarles de manera denigrante, ofensiva y xenófoba, se les negó la inscripción de su hija como chilena siendo consignada como “hijo de extranjero transeúnte”, privándola de la nacionalidad chilena que en derecho le correspondía.

La demanda civil por discriminación se fundamenta en la vulneración de la dignidad de Yakaira Feliz y Smailyn Porche, de la igualdad de derechos y prohibición de discriminación, de su derecho a la honra y vida privada y la protección de la familia que la Constitución Política y los tratados internacionales sobre derechos humanos mandatan a los órganos del Estado.

En relación a la gravedad de la discriminación cometida, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, expresó “la gravedad de este caso radica en que la discriminación proviene de un organismo público y ha afectado a personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, configurándose una discriminación múltiple o agravada que debe ser reconocida como tal y debidamente reparada puesto que se ha afectado la dignidad de estas personas y se han transgredido las obligaciones de los órganos del Estado en materia de la protección a la dignidad de la persona, la igualdad de derechos y prohibición de discriminación, honra, vida privada y protección de la familia”.

En tanto, el abogado del Servicio Jesuita de Migrantes, Víctor Hugo Lagos señaló que “en este caso resulta evidente que estas personas dominicanas han sido discriminadas en razón de su nacionalidad, raza, apariencia física, situación socioeconómica y calidad migratoria, lo que conforme a la legislación chilena y los tratados internacionales se encuentra totalmente prohibido, ya sea con ocasión de la solicitud de inscripción de nacimiento de su hija como en cualquier otra situación”.

Mediante la presentación de la demanda civil por discriminación Corporación Humanas y el Servicio Jesuita de Migrantes buscan que la discriminación cometida en contra de Yakaira Feliz y Smailyn Poche sea declarada como tal, que estas personas sean reparadas y que se adopten garantías de no repetición para que los graves hechos que afectaron a esta familia no vuelvan a ocurrirle a ninguna persona por parte del Registro Civil.

Contacto de prensa:

Fabiola Gutiérrez, periodista Corporación Humanas. Celular: +569 8230 2442

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La realidad de la mujer en Chile frente a la violencia social

Profesionales, periodistas y autoridades se reunieron en Mediodía en ADN para debatir en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La realidad de la mujer en Chile frente a la violencia social

Nélida González, Luicía López, Carolina Carrera y Paola Dragnic en Mediodía en ADN. Foto: adnradio.cl

En el Día Internacional de la Mujer, las invitadas a Mediodía en ADN reflexionaron sobre el presente de la mujer en torno al ámbito laboral, doméstico y cómo se enfrenta la violencia de género, temas cuyas soluciones siguen pendientes.

Ante esto, La periodista y conductora de Agenda de Género, Lucía López, estableció que lo más importante es cambiar las construcciones “micromachistas” de la sociedad y cómo se relacionan con ellas.

“Es difícil que la equidad se desarrolle como construcción cultural, por lo que son necesarias las políticas públicas para que ese cambio se dé (…) son actitudes proactivas que esperamos que se hagan”, expresó.

En su apoyo, Nélida González, psicóloga laboral y gerente de reclutamiento de Grupoexpo, introdujo los sueldos en los cargos profesionales al debate, criticando a las empresas por imponer las brechas salariales durante el desarrollo de una carrera.

Y Carolina Herrera, presidenta de la corporación Humanas, junto a la periodista Paola Dragnic señalaron que los derechos reproductivos de la mujer también siguen pendientes en el país junto a la educación, que instala los paradigmas sociales desde los primeros años de escolaridad.

La ruta