Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos entrega resultados y recomendaciones preliminares

La misión de Observadores Internacionales de Derechos Humanos, de la cual hizo parte Corporación Humanas entre otras organizaciones nacionales, ha visitado Chile del día 6 al 11 de noviembre de 2019, en el marco de las protestas ocurridas a partir del 18 de octubre recién pasado. En primer lugar, queremos agradecer a las distintas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Chile que han convocado y organizado esta visita para conocer el contexto político de la protesta social y documentar las graves denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos. A su vez, agradecemos también a las distintas autoridades del Estado Chileno que nos han recibido y entregado información sobre las distintas afectaciones.

Hemos visitado las ciudades de Santiago, Valparaíso y Temuco, para reunirnos con organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, grupos y colectivos que se han organizado en respuesta a las manifestaciones, víctimas e instituciones estatales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Nacional, la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema.

El objetivo de este informe preliminar es dar a conocer los principales hallazgos y recomendaciones urgentes identificados por la misión, en base a los testimonios de víctimas y testigos e información aportada por organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas. Por testimonios y por observación de primera mano, vemos que las fuerzas de seguridad utilizan los elementos de disuasión de forma descontrolada, no gradual e indiscriminada.

El protocolo aprobado en marzo de 2019 reguló algunas condiciones que establecen cuándo se pueden utilizar los distintos elementos de fuerza con los que cuenta Carabineros de Chile. Sin embargo, en la práctica, los principios de ultima ratio, proporcionalidad y gradualidad en el uso de la fuerza están completamente ausentes en el accionar de la fuerza policial y de seguridad.

La Misión está especialmente preocupada por la forma en que se está haciendo uso de armas menos letales por parte de Carabineros, con la intención de herir y castigar a los manifestantes y sin dar cumplimiento a normas mínimas de gradualidad y proporcionalidad.

Como es de público conocimiento, más de 200 personas han sido víctimas de trauma ocular severo quedando en condiciones de discapacidad visual de por vida.

Por los testimonios que hemos recibido, por nuestra observación directa en las manifestaciones, así como por el registro audiovisual que han realizado los medios de comunicación, no hay dudas de que Carabineros utiliza las escopetas antidisturbios sin apego al protocolo hoy vigente, que solo lo permite como último recurso para proteger la integridad física de terceros o las fuerzas de orden público.

Además de que no se cumple con este protocolo, que dice cuándo se puede disparar, más preocupante todavía es la forma y el cómo están disparando. Carabineros no está apuntando en ángulo hacía las piernas. Carabineros está apuntando de forma horizontal, a la cabeza y torso de los manifestantes, lo que no cumple con ninguna norma del uso racional de la fuerza.

Lo anunciado el día de ayer 10 de noviembre 2019 por Carabineros no solo es insuficiente para terminar con la práctica verificada en estas últimas semanas, en tanto no establece reglas claras que prohíban disparar de forma horizontal y al torso, sino que además, agrava la situación y le concede más facultades a las fuerzas del orden público para agredir y herir a los manifestantes.

El protocolo aprobado en marzo de 2019 solo lo permite como último recurso para resguardar la integridad física de Carabineros y terceros. Solo la integridad física. En su comunicado, Carabineros anunció que estas armas se utilizarán cuando exista riesgo de vida de carabineros o civiles, pero agregó también que están serán utilizadas ante una “amenaza manifiesta para los bienes públicos y privados”.

Permitir la utilización de armas menos letales que tienen gravísimas consecuencias en la vida e integridad física de las personas, para proteger la propiedad pública y privada, es un retroceso respecto de las reglas vigentes y no se ajusta a las normas internacionales de uso racional de la fuerza.

En general, durante las manifestaciones la fuerza pública utiliza los gases lacrimógenos, carros lanza-aguas y escopetas antidisturbios no para repeler un ataque o dispersar una manifestación violenta, sino directamente para aleccionar y castigar a los manifestantes. En el contexto de las manifestaciones masivas, las detenciones realizadas por Carabineros han sido completamente indiscriminadas, deteniendo a personas que se encuentran expresándose pacíficamente y no necesariamente a quienes realizan actos de violencia. En muchas ocasiones, las detenciones ocurren luego de finalizadas las protestas y mediante persecuciones por las calles a la gente que está volviendo a sus casas.

Hemos verificado que las detenciones posteriores a las manifestaciones no constan con las salvaguardas necesarias para asegurar la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad. De igual forma, no se aseguran las condiciones mínimas para que las personas heridas puedan constatar lesiones de manera confidencial con el personal médico, ni que se apliquen los protocolos internacionales para detectar casos de tortura y malos tratos.

Además, las personas detenidas no tienen acceso a una asesoría legal en las primeras horas de la detención. En muchos de los casos, la Defensoría Penal Pública no toma contacto con los detenidos sino hasta la audiencia de control al día siguiente de su detención.

Al mismo tiempo, los fiscales, no se apersonan en las comisarías y no realizan control alguno de las condiciones de legalidad de la detención, ni si los funcionarios de Carabineros han atentado contra los derechos y la integralidad de las personas.

A todo esto, se suman aquellas personas que son retenidas o conducidas por las fuerzas de seguridad, privadas de su libertad temporalmente, sin que luego se formalice su detención.

Estas salvaguardas mínimas están destinadas a evitar que en las primeras horas de la detención las personas privadas de su libertad sean sometidas a malos tratos o torturas, como ha ocurrido extendidamente estas últimas semanas.

De las reuniones con las organizaciones y autoridades públicas, así como de los testimonios directos que hemos escuchado, al momento de la detención, durante el traslado en el furgón policial y en la comisaría, se han verificado malos tratos y gravísimos casos de tortura.

Se recibieron numerosos testimonios y coincidentes de diferentes tipos de torturas ocurridas en la detención, durante los traslados, y en la misma comisaría. Las torturas descritas han ido desde golpes con mano abierta y/o luma, rodillazos o puntapiés, en algunos casos por varios agentes, distintas formas de neutralización física e incluso ahorcamientos que en algunos casos han derivado en pérdida de conciencia. Muchas de éstas realizadas con posterioridad a la constatación de lesiones. En otros casos uso prolongado de esposas en diversas posiciones, torsiones de extremidades superiores, y uso de gas irritante, privación de agua y comida, y exposición a temperaturas frías con muchos de los detenidos llegando mojados sin posibilidad de cambiarse de ropa. Merecen especial atención aquellas relacionadas con violencia sexual, como los desnudamientos prolongados acompañados de la realización de sentadillas, o violación sexual realizada con objetos como armas o lumas, infringidas a hombres, mujeres e incluso menores. Por otro lado, se han descrito diversas formas de tortura psicológica, principalmente derivadas de amenazas de muerte, amenazas de violación sexual grupal, o de agresión física a familiares. Estas amenazas se han realizado también con el objetivo de disuadir a los detenidos de que realicen denuncias posteriormente. Incluso se han recibido declaraciones de hostigamiento posterior de las fuerzas policiales hacia las víctimas.

Vale decir que la mayoría de las cifras que se presentan desde las autoridades se basan en casos de denuncias formalizadas de alguna forma para el inicio de un proceso penal, por lo que existe un subregistro en las cifras que se han conocido, que no dan cuenta de la totalidad de los casos de afectación.

Recibimos una gran cantidad de testimonios de personas víctimas de violencia que no realizaron denuncias. En muchos casos por temor a represalias, por hostigamientos posteriores a la detención, principalmente en Temuco y Valparaíso, y en otros muchos casos por descreimiento de que la denuncias tenga algún efecto concreto.

Las acciones desplegadas por el gobierno no han apuntado a desescalar el conflicto y terminar con las prácticas recurrentes de torturas y malos tratos que se han verificado a lo largo del país en el marco de la protesta social de las últimas semanas.

Entre los diferentes testimonios recibidos merece especial atención la afectación a grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas migrantes y miembros de la comunidad LGTBIQ+I. A pesar de que las acciones se han realizado de forma indiscriminada, hemos podido constatar amenazas de deportación a los migrantes, de violación, de muerte, así como insultos homofóbicos, racistas y misóginos. Merece asimismo una particular atención la afectación masiva a menores de edad que no han sido protegidos por ninguna de las salvaguardas específicas que deben a proteger a estos grupos.

Al entrevistarnos con comunidades Mapuche y habiendo recibido informes de la sociedad civil, identificamos patrones de represión y criminalización de sus actividades que ahora son aplicadas a la sociedad chilena en su conjunto en el marco de las manifestaciones actuales. Contamos con información sólida y consistente sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de miembros del pueblo mapuche al momento de su detención de parte (no exclusivamente) de Grupos de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros. Se revictimiza a las familias mapuche que han sufrido torturas, amedrentamientos, incluso aquellas que fueron heridas de forma irreparable o tienen familiares fallecidos en contextos poco claros, al estar ahora constantemente oyendo tiros, helicópteros y vivenciando situaciones que retraumatizan.

RECOMENDACIONES

  1. Inmediata desmilitarización de la gestión de las protestas y manifestaciones, priorizando canales de mediación y uso de medidas no violentas, aplicando los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. Hasta que una evaluación independiente no revise los protocolos de actuación a la luz de las generalizadas afectaciones de derechos producidas, debe suspenderse la utilización de armas de fuego (escopetas) y dejar de utilizarse equipamiento «menos que letal» (gas lacrimógeno, gas pimienta, camiones hidrantes – carro lanza aguas) de manera generalizada y con el objetivo ilegal de producir daños en las personas.
  2. Durante y después de las manifestaciones, se recomienda que se realicen inspecciones no anunciadas a los lugares de detención administrados por Carabineros, Policía de Investigaciones y a los Centros de Justicia por parte de la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial y el Instituto de Derechos Humanos – INDH. Estas inspecciones deben incluir entrevistas confidenciales con las personas privadas de libertad con el fin de detectar situaciones de torturas y malos tratos, asistir a las víctimas, brindarles adecuada protección contra represalias, investigar los hechos detectados y sancionarlos administrativa y penalmente.
  3. Se recomienda que todas las personas privadas de libertad accedan sistemáticamente a un control médico de constatación de lesiones en instituciones de salud pública, que este ocurra con la privacidad que corresponde, y que el acta de salud sea completada por personal de salud. También recomienda que se protocolice el accionar médico, con especial énfasis en la detección proactiva de lesiones, conforme al Protocolo de Estambul, que se deje expresa constancia de la conformidad del detenido-paciente, y que el reporte, atendiendo a la confidencialidad, se entregue en sobre cerrado dirigido al juez de garantía. Asimismo, se insta al sistema de salud a llevar un registro de detección de lesiones compatibles con torturas y malos tratos y de alegaciones recibidas por parte de las personas privadas de libertad examinadas.
  4. Se recomienda que el Estado chileno brinde todas las facilidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para realizar su visita in loco en el país.
  5. Se recomienda que durante y luego de las manifestaciones se garantice que los periodistas, observadores de derechos humanos y el personal y voluntarios de atención a la salud puedan realizar sus tareas de manera adecuada y cesen las agresiones y detenciones contra los mismos.
  6. Se recomienda llevar a cabo una investigación por parte de un organismo independiente sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo y la adopción de medidas inmediatas disciplinarias/penales en casos en los que hay funcionarios públicos identificados en conductas irregulares que vulneran derechos humanos, y en particular el derecho a la vida e integridad personal.
  7. Se recomienda fortalecer el trabajo del INDH a nivel nacional garantizando que no existan obstáculos para el desarrollo pleno de sus funciones, en lo particular en el control de la situación de privación de libertad durante las primeras horas de detención y en la protección contra la tortura y los malos tratos.
  8. Se recomienda al Estado de Chile y al INDH que concrete la efectiva puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Asimismo, que se asegure las condiciones para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cumplir efectivamente y libremente su rol de protección de los derechos humanos, dando entrega de la documentación, registros y contacto con las personas privadas de libertad.
  9. Constatando que la protesta social experimentada en Chile en las últimas semanas tiene como fundamento central la demanda en derechos humanos, incluyendo el derecho de libre-determinación, instamos a los poderes del Estado chileno a buscar caminos para el reconocimiento jurídico-político de éstos como forma de garantizar su ejercicio pleno por parte de todas las personas que habitan este territorio y por parte de la ciudadanía.

Lorena Fríes sobre rol de Subsecretaría DD.HH: “No ha sido un actor relevante y no se condice con lo que uno esperaría de ella”

Por: Meritxell Freixas / El Desconcierto

La primera subsecretaria de DD.HH habla con El Desconcierto sobre el rol que ha desarrollado su sucesora el cargo, Lorena Recabarren, en el cumplimiento de sus funciones y su actuar, en general, durante la crisis. A pesar de la relevancia que han tomado las denuncias por abusos policiales y violaciones a los derechos humanos, la autoridad ha optado por relegar su figura a un segundo plano.

Ha dado pocas entrevistas, y la mayoría de ellas, a partir de la segunda semana del estallido social, y ha comparecido en segundo plano, por detrás del ministro de Justicia, Hernán Larraín, uno de los salvados en el cambio de gabinete. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, ha tomado un rol secundario en la crisis social y política que enfrenta el gobierno desde mediados de octubre.

Si bien las denuncias y el debate sobre las vulneraciones (“sistemáticas” o no) de los derechos humanos han sido tema en la agenda nacional e internacional, la autoridad ha enfrentado la situación desde un segundo plano, sólo con pronunciamientos muy específicos y en contadas comparecencias. Además de hablar sobre la visita de la misión de observadores de la ONU, para quienes –dice– la Subsecretaría es un “punto focal”, Recabarren ha dedicado sus pocas entrevistas a insistir en el rechazo de las violaciones “sistemáticas” de derechos humanos y también habló sobre la situación del observador del INDH herido por Carabineros en una de las manifestaciones.

Según la ley 20.885, que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, el organismo no tiene un mandato fiscalizador que lo habilite para recibir denuncias o presentar querellas, pero sí le compete velar para que el Estado mantenga un enfoque de derechos de forma transversal. Para eso debe “promover” la elaboración de políticas, planes y programas en materia de derechos humanos, prestar asesoría técnica y colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la elaboración y seguimiento de los informes periódicos ante los órganos y mecanismos de derechos humanos; diseñar, fomentar y coordinar programas de capacitación y promoción de los derechos humanos para Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería de Chile, entre otras.

En estos días, no han sido pocas las voces que han preguntado por el desempeño de Recabarren en este contexto y que han criticado que desde la Subsecretaría no se estén entregando respuestas a las preguntas que se hace la ciudadanía en materia de DD.HH.

Sobre el rol que le corresponde a la subsecretaria, el cumplimiento de sus funciones y su actuar, en general, El Desconcierto conversó con Lorena Fríes, predecesora de Recabarren en el cargo (2016 – 2018) que ella misma estrenó tras la creación del organismo durante segundo el gobierno de Michelle Bachelet.

¿Cómo valora, en general, el desempeño que ha tenido por ahora la subsecretaria Lorena Recabarren?

La Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco de las movilizaciones y las violaciones a los derechos humanos no ha sido un actor relevante, y finalmente, cuando su voz ha aparecido no se condice mucho con lo que uno esperaría de esa Subsecretaría. Me refiero, por ejemplo, a los dichos de la subsecretaria en torno a la misión de Naciones Unidas, donde prácticamente lo que hizo fue desautorizar a la misión, sin considerar que se trataba de una invitación que había hecho el presidente a la alta comisionada para que vinieran a verificar la situación de derechos humanos y a hacer recomendaciones. Lo que dijo –que esta misión no venía a verificar y que eso es un rol de tribunales– expresa un desconocimiento de cómo funcionan los organismos internacionales porque no es comparable el rol de garante que tiene el Estado, siempre a través de los tribunales de Justicia, donde se ventilarán y conocerán los casos por violaciones de derechos humanos, con una misión de la ONU que pretende hacer un informe verificando situaciones eventuales de violaciones de derechos humanos y hacer recomendaciones para que éstas no se repitan.

El mandato específico de la Subsecretaría se articula en torno a 11 puntos establecidos por la ley. En su opinión, ¿se habrían cumplido estos puntos en ese contexto de crisis?

Su rol, más allá de las funciones que tiene, es de asistencia en el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas, planes y programas en materia de derechos humanos. La Subsecretaría no tiene un rol directo de protección, a excepción del programa de derechos humanos que presta asistencia legal a los familiares de personas detenidas y desaparecidas y de ejecución política. Pero dentro de sus funciones, hay dos que me parecen relevantes en este contexto: la primera, sobre el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, donde una hubiera esperado un rol más activo de la subsecretaria, en el sentido de ir informando o de dar la versión del Gobierno en torno a esta materia. Eso hace parte de su rol, aunque no resulte una situación muy agradable de encarar. La otra, tiene que ver con estar en constante relación y cooperación con los organismos internacionales. La subsecretaria ha mantenido este rol, en términos generales, ha cumplido con los informes que se tienen que entregar a nivel internacional. En algunos casos con atraso, con una falta de diligencia de estar al día con estos exámenes, pero lo más complicado es que si Chile hace parte de la comunidad internacional, ha suscrito y ratificado los tratados, la Subsecretaría debe estar vinculada y alineada con la comunidad internacional. Ella tiene ahí un rol que cumplir.

Agencia UNO

Usted habló de mantener un rol más activo en informar o entregar la versión del Gobierno en materia de DD.HH. En este sentido, quien se ha llevado toda la vocería activa ha sido el INDH, un organismo autónomo del Ejecutivo.

La Subsecretaría podría haber desempeñado un rol complementario al del INDH. El Instituto tiene un rol de protección de los DD.HH., por lo tanto, tiene herramientas que permiten la protección de la ciudadanía, por ejemplo, presentar recursos de amparo o querellas por torturas, lo que sin duda es visible. Eso no lo hace la Subsecretaría, pero sí podría haberse referido, por ejemplo, a las falencias en la información que hemos visto, que es algo a mejorar, porque no tenemos un registro único o unificado respecto a violaciones de DD.HH.

Lo digo porque el INDH hoy no tiene la capacidad presupuestaria ni humana para llevar adelante un registro único que permita cruzar información. Podría decirse, también, que a la luz de lo que ha pasado, faltan ciertos marcos legales de protección para las personas, entre otros, pedir los protocolos de Carabineros para actualizarlos o aterrizarlos mucho más a la realidad que vemos hoy. La Subsecretaría tiene un mandato concreto de educación a Carabineros, a través del cual, efectivamente, podría haber tomado más iniciativa a la luz de lo que ha pasado. No puede salir a condenar las violaciones a los derechos humanos porque es parte del Gobierno y si no está de acuerdo con esa postura le corresponderá renunciar, pero podría haber asumido un rol más activo públicamente, abrir una agenda que fortalezca y contribuya a que esto no vuelva a pasar.

Sobre el mandato concreto en educación de Carabineros, en principio este punto se recoge en el Plan Nacional de Derechos Humanos que se ingresó en septiembre y que fue modificado. En el original, diseñado en el anterior gobierno, había 26 acciones más. Según dijo en su momento el Ejecutivo, algunas se fusionaron y se incorporaron otras nuevas. Pero el documento que aparece en la web está en muy baja resolución y no se puede leer.

Exactamente, no se sabe qué quitaron y qué no del plan original. Sea como sea, el plan apunta a coordinar y comprometer de manera creciente los esfuerzos del Estado en esta materia, incorporar un enfoque en las políticas públicas de derechos humanos y bajar la política pública hasta llegar a la práctica, a las personas, que son los titulares de derechos, y hemos visto que, por ejemplo a pesar de que hay protocolos para el manejo de orden público, se requiere afinarlos aún mas ya que lo que hemos visto en las calles es que los protocolos no han sido respetado, eso es un ámbito que le compete a la Subsecretaría. Mi punto, en resumen, es que, en el contexto actual, la subsecretaria podría haber fortalecido una agenda de derechos humanos que diera cuenta de que este Gobierno tiene un compromiso real con ellos.

¿Cree que la imagen de este gobierno queda debilitada en lo que respecta a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional?

Nadie se esperaba las movilizaciones ni la masividad que han tenido, ni tampoco el grado de represión. Esta es una cuestión que inmediatamente activa a los mecanismos internacionales. Más aún, el propio presidente invitó a la alta comisionada de DD.HH. a verificar y hacer recomendaciones sobre lo que está pasando. Lo que me parece positivo. Pero si ese informe va a ser desconocido, como prácticamente lo plantea la Subsecretaría, la verdad es que esto es sólo apariencia y no convicción. Eso me preocupa.

Las pocas veces que se ha abordado esto desde el Ejecutivo, hemos visto como vocero de todo lo que tiene que ver con DD.HH. al ministro Larraín. Lorena Recabarren ha quedado en un segundo plano en la mayoría de las comparecencias.

Efectivamente, pero eso son los arreglos internos que se hacen en un ministerio. Si el ministro [Hernán Larraín] le señala a la subsecretaria que él será el vocero de DD.HH., ella puede aceptarlo o tratar de pelear su espacio. Pero si eso se cierra por otros lados, no tiene mucho que hacer. El problema, para mí, tiene que ver con cuánta convicción hay de que el tema de DD.HH. es un tema central para un gobierno democrático. En ese sentido, más que darle a ella vocería o no, que finalmente depende del peso interno de las fuerzas políticas dentro del gobierno y del interés que ponga el ministro en estos temas, sin duda, ella podría haber tenido un rol más visible –difícil, por cierto– y que aportara otra cara de lo que hemos visto en las calles.

Lorena Fries: “Me han hablado de 8 detenidos de los que no se sabe su paradero”

Frente a las denuncias sobre detenidos desaparecidos, la ex subsecretaria de Derechos Humanos señaló que, aunque no hay información oficial, a ella le han hablado de algunos presuntos casos.

 

La ex subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fries sostuvo que ha recibido información acerca de gente que habría sido detenida en el contexto de las protestas, y hasta el momento se desconoce su paradero.

En entrevista con CNN Chile CHV Noticias, Fries sostuvo que, aunque aún no hay nada formal, “a través de organizaciones sociales se habla de personas detenidas desaparecidas”.

“Me han hablado de alrededor de 15 personas, de las cuales ocho fueron detenidas y no se sabe su paradero. Si eso es efectivo, esta es una situación gravísima”, afirmó.

Fries explicó que “una vez que se han hecho las denuncias y se corroboran, pasan a presentarse querellas, pero también hemos visto a través de las redes muchas denuncias”.

“Cualquier defensor o defensora de derechos humanos sabe que en estas circunstancias el riesgo de violaciones a los derechos humanos aumenta porque entregamos un mandato bastante amplio a las Fuerzas Armadas para manejar el orden público en un contexto de manifestaciones que en su gran mayoría han sido pacíficas”, agregó.

 

Lorena Fries: “En Todas Partes del Mundo un Estado de Emergencia Produce Violaciones a los Derechos Humanos”

La ex subsecretaria de Derechos Humanos y abogada de Corporación Humanas, Lorena Fries, manifestó su preocupación ante la ausencia de cifras oficiales unificadas sobre violaciones a derechos humanos en el contexto de las movilizaciones en Chile.

“No podemos saber de qué magnitud de violaciones a los derechos humanos estamos hablando, qué tipo de violaciones son las que mayormente se cometen y, por cierto, si no se sabe la información, no es un elemento disuasivo del propio Estado de Emergencia, porque yo me imagino, que si en las cifras, por ejemplo, aumenta el número de fallecidos por manos de agentes del Estado, eso es un factor disuasivo para levantar el Estado de Emergencia o para tomar medidas más severas respecto de quienes violan los derechos humanos”, señaló a Página 19.

Fries criticó la gestión del Gobierno en la entrega detallada de información a nivel país. “Una esperaría que dado lo gravosa de la medida de Estado de Emergencia, el Gobierno no solo se preocupara de dar distintos tipos de cifras, porque sorprende que hay un tipo de cifras que da el Ministerio del Interior, otro que da el de Salud y las cifras que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que no son representativas puesto que no alcanzan a todos los lugares del país, ni siquiera de la Región Metropolitana”.

Para la abogada especializada en Derechos Humanos es necesario un esfuerzo mayor por parte del Gobierno, “más de convicción también, para efectos de que hubiera total transparencia del tipo de violaciones, de la magnitud y respecto de quiénes son las personas que se han visto afectadas”.

La ex subsecretaria de Derechos Humanos subrayó que se sabe que el riesgo de violaciones a los derechos humanos está presente cuando se decide decretar un Estado de Emergencia, “son momentos en que la regulación el orden público pasa a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y con una mayor discrecionalidad de la que normalmente tienen, por lo tanto, como en todas partes del mundo, un Estado de Emergencia produce violaciones a los derechos humanos”, indicó.

Fries apuntó a las muertes de personas en manos de agentes del Estado, informadas por el INDH, “es una situación gravísima porque bajo este Estado de Emergencia lo único que se ha restringido es la libertad de circulación y de reunión, nada más, todos los otros derechos están vigentes, por lo tanto, incluso, las propias Fuerzas Armadas y de Carabineros no están respetando el propio marco de acción que le da las atribuciones que tienen y están yendo más allá”.

Con respecto a denuncias sobre personas detenidas durante las protestas y que se desconocería su paradero, la abogada dijo que esta situación no se ha confirmado. “Estoy solicitando a las distintas entidades públicas que entreguen esa información si es que existe, puesto que una puede ver en las redes sociales, pero también sabemos que estas redes pueden llamar a error, por lo tanto hay que cerciorarse de esos datos”, acotó.

Violencia sexual contra mujeres y denuncias ciudadanas

Frente a denuncias de violencia sexual contra mujeres detenidas en comisarías, y por las cuales incluso el INDH presentó querellas, Lorena Fries recordó que este tipo de violencia tiene una trágica tradición histórica.

“No es algo que aparece sólo en las manifestaciones, la violencia contra las mujeres y la violencia sexual está presente en todos los espacios, la agravante es que en contextos donde el espacio público se restringe, vuelven a reproducirse las formas más brutales de discriminación de género y, en ese sentido, entidades que son sumamente patriarcales como las Fuerzas Armadas y de Carabineros, operan con los sesgos que tienen como institución histórica dentro de una sociedad patriarcal”.

Consultada respecto a los numerosos videos que circulan en redes sociales y que contienen testimonios ciudadanos de violaciones a los derechos humanos, la abogada llamó a enviarlos de inmediato al INDH. “como decía no siempre tienen la posibilidad de acceder a todos los rincones de la ciudad o de las regiones, por lo tanto, cuando se le envía ese tipo de material, es más fácil para ellos contactarse e investigar y, por lo menos, incorporar la información que falta para hacer denuncias”, expresó.

Fries agregó que en un Estado de Emergencia es importante aportar en la recopilación de antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos. “Es lo que ha estado haciendo no solo el INDH, sino también estudiantes de facultades de medicina, de derecho, etc., que han contribuido a visibilizar estas cifras y a entregar esta información, tanto públicamente como al Instituto, obviamente hablo del INDH porque debiera ser la entidad que centralizara esa información para que tengamos un panorama de lo que está pasando en el país”, finalizó.

 Publicado por Pagina19

Misión Internacional Recaba Antecedentes sobre violaciones a DD.HH. en Protesta Social en Chile

Este miércoles 6 de noviembre de 2019 comenzó el trabajo de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de Derechos Humanos en Chile en el contexto de las protestas sociales posteriores al 18 de octubre.

Los observadores internacionales se reunieron -durante la mañana- con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y luego, por la tarde, con organizaciones sociales, de derechos humanos, defensa legal, gremios profesionales y de grupos de verificación en terreno de estas vulneraciones, a fin de recabar antecedentes de forma directa y testimonios de estas graves denuncias.

La Misión, compuesta por diez observadores de organizaciones y ligas internacionales de reconocida trayectoria, realizó además una conferencia a mediodía para dar cuenta de sus objetivos, metodología y agenda, destacándose “que se trata de una misión histórica, en un momento muy particular de exigibilidad de derechos y movilizaciones sociales en Chile, y podríamos señalar de represión a la protesta social en diferentes países de América Latina, pues articula las capacidades y experiencia de organizaciones con gran competencia en la verificación de violaciones a derechos humanos, que puede replicarse en estos contextos regionales”, señaló Paulina Acevedo, periodista y  coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio, al referirse a las particularidades de la Misión.

Por su parte Lorena Fries, abogada y presidenta de Corporación Humanas, advirtió que es de público conocimiento la fuerza y la acción con la que se han vulnerado los derechos humanos en el país. “Nos preocupa mucho la situación de mujeres y niñas que en todo este proceso han pasado por toda la etapa de la represión, siendo detenidas, ha sido objeto de lesiones, violentadas, víctimas de violencia sexual e incluso de violación que no necesariamente han llegado al conocimiento de los organismos oficiales”.

El derecho a movilizarse

Para las organizaciones chilenas es de la mayor relevancia que la grave vulneración de derechos humanos trascienda a los medios de comunicación. En un contexto de democracia, nos preocupa que se vuelvan a repetir prácticas tan represivas. “La ciudadanía tiene el legítimo derecho a movilizarse, más aún por razones de derechos humanos”, puntualizó Fries.

Agrego que los temas que están en la base de la movilización tienen que ver con la falta de garantías de derechos sociales que no son reconocidos, entregados al mercado y provocado una desigualdad estructural la que ha generado el malestar de la ciudadanía y, por consiguiente, su expresión en las calles, manifestó la presidenta de Corporación Humanas.

Enrique Font, representante de la Organización Mundial contra la Tortura, señaló que, respecto de la situación de Chile y las informaciones recibidas, se encuentran con muchas continuidades de lo que ya venía sucediendo. “Si bien la escala de la protesta y la escala de la violación a los derechos humanos la hace significativa, nos muestra que esto no es nuevo. Más bien se apoya en situaciones que ya venían sucediendo”.

Recordó que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ya había recalcado en el año 2018 la militarización de los conflictos, el uso abusivo de la fuerza y de las armas de fuego y el uso de la violencia sexual como forma de tortura en Chile.

“Uno de los mandatos que tenemos en derechos humanos no es solo que se sancione y asista a las víctimas, sino que no se repitan. Esta es una oportunidad para mostrar lo que ya venía sucediendo en Chile”, insistió Font.

A este escenario de vulneración de derechos se suma la falta de claridad o acceso a la información y una serie de acciones cuestionables en el marco de los derechos humanos.

La Misión Internacional de Observación la integran: la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) Front Line Defenders, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), Liga Argentina por los Derechos del Hombre – FIDH, Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL, Canadá), Artículo 19 (Brasil); CTA- Autónoma (Argentina), Madres Plaza de Mayo y Perú Equidad.

Publicado por Página19

Misión Internacional de Observación inicia agenda de reuniones para recabar antecedentes sobre graves violaciones a derechos humanos en contexto de movilizaciones

  • Destacan que los hechos denunciados en Chile evidencian una prevalencia del incumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en el marco de la protesta social y se corre el riesgo que la vulneración de derechos se repita.
  • Asimismo, hacen un llamado al gobierno de Sebastián Piñera a buscar una salida al conflicto con responsabilidad.

Santiago 06 de noviembre de 2019.- Durante la mañana del miércoles 06 de noviembre comenzó el trabajo de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de Derechos Humanos en Chile en el contexto de las movilizaciones sociales posteriores al 18 de octubre. A primera hora de la mañana, con la reunión de los observadores internacionales que componen la Misión con representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para luego por la tarde reunirse con organizaciones sociales, de derechos humanos, defensa legal, gremios profesionales y de grupos de verificación en terreno de estas vulneraciones, a fin de recabar antecedentes de forma directa y testimonios de estas graves denuncias.

La Misión, compuesta por diez observadores de organizaciones y ligas internacionales de reconocida trayectoria, realizó además una conferencia a mediodía para dar cuenta de sus objetivos, metodología y agenda, destacándose “que se trata de una Misión histórica, en un momento muy particular de exigibilidad de derechos y movilizaciones sociales en Chile, y podríamos señalar de represión a la protesta social en diferentes países de América Latina, pues articula las capacidades y experiencia de organizaciones con gran competencia en la verificación de violaciones a derechos humanos, que puede replicarse en estos contextos regionales”, señaló Paulina Acevedo, coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio, al referirse a las particularidades de la Misión.

Por su parte Lorena Fries, abogada y presidenta de Corporación Humanas, advirtió que es de público conocimiento la fuerza y la acción con la que se han vulnerado los derechos manos en el país. “Nos preocupa mucho la situación de mujeres y niñas que en todo este proceso han pasado por toda la etapa de la represión, siendo detenidas, ha sido objeto de lesiones, violentadas, víctimas de violencia sexual e incluso de violación que no necesariamente han llegado al conocimiento de los organismos oficiales”.

Para las organizaciones chilenas es de la mayor relevancia que la grave vulneración de derechos humanos trascienda a los medios de comunicación. En un contexto de democracia, nos preocupa que se vuelvan a repetir prácticas tan represivas, “la ciudadanía tiene el legítimo derecho a movilizarse, más aún por razones de derechos humanos”, puntualiza Fries.

Agrega, que los temas que están a la base de la movilización tienen que ver con la falta de garantías de derechos sociales que no están reconocidos, que están entregados al mercado y que han provocado una desigualdad estructural la que ha generado el malestar de la ciudadanía y por consiguiente su expresión en las calles, advierte la presidenta de Corporación Humanas.

Enrique Font, representante de la Organización Mundial contra la Tortura, señala que, respecto de la situación de Chile y las informaciones recibidas, se encuentran con muchas continuidades de lo que ya venía sucediendo. “Si bien la escala de la protesta y la escala de la violación a los derechos humanos la hace significativa, nos muestra que esto no es nuevo. Más bien se apoya en situaciones que ya venían sucediendo”.

Recordó que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ya había recalcado en 2018 la militarización de los conflictos, el uso abusivo de la fuerza y de las armas de fuego y el uso de la violencia sexual como forma de tortura en Chile.

Uno de los mandatos que tenemos en derechos humanos no es solo que se sancione y asista a las víctimas, sino que no se repitan. “Esta es una oportunidad para mostrar lo que ya veía sucediendo en Chile”, comenta Font.

A este escenario de vulneración de derechos se suma la falta de claridad o acceso a la información y una serie de acciones cuestionables en el marco de los derechos humanos.

La Misión Internacional de Observación la integran: Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) Front Line Defenders, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), Liga Argentina por los Derechos del Hombre – FIDH, Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL, Canadá), Artículo 19 (Brasil); CTA- Autónoma (Argentina), Madres Plaza de Mayo y Perú Equidad.

Declaración de la Articulación Regional Feminista frente a la situación socio política que se vive en Chile

DECLARACIÓN PÚBLICA

Frente a la situación que vive Chile

La Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género observa con preocupación las crecientes denuncias de violación de los derechos humanos que se están produciendo en Chile a propósito de las demandas de chilenos y chilenas por un país más justo e inclusivo. Se trata de manifestaciones pacíficas a las que el Gobierno de Chile ha respondido con la declaración de Estado de Emergencia y el toque de queda con la consecuente restricción a los derechos de reunión y circulación. De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos a la fecha de hoy se registren 19 personas fallecidas en el país, 5 de estas en manos de agentes del Estado, más de 500 personas heridas y la cifra de detenciones supera las 3.500 personas entre los días 19 y 24 de octubre, 593 son mujeres. Se ha presentado 120 acciones judiciales y 18 de ellas son querellas por violencia sexual cometidas por agentes del Estado.  

La desigualdad en Chile afecta desproporcionadamente a las mujeres. El alza de los servicios básicos, una brecha salarial que puede llegar al 30%, y una pensión que en promedio es 48% menor que la de los hombres dan cuenta del impacto que el modelo neoliberal instalado durante la dictadura ha tenido en las mujeres chilenas. A pesar de esta constatación, el gobierno no ha cambiado el rumbo. Por ello la Articulación Regional Feminista exige al gobierno:

  • La investigación rigurosa de las denuncias por violaciones a los derechos humanos, en particular las denuncias por violencia sexual, así como la reparación a sus víctimas.  
  • La adopción de medidas urgentes destinadas a aliviar la situación de millones de mujeres y niñas, las que constituyen el sector más vulnerabilizado de la población. 
  • Generar las condiciones para impulsar un pacto social, con todas las fuerzas sociales y políticas que permita avanzar hacia una nueva Constitución Polìtica paritaria y en la que se garanticen los derechos sociales.

Finalmente, hacemos un llamado al Estado y a la sociedad en general a organizarse y mantener la movilización pacífica con el fin de lograr una transformación en favor de las mayorías que asegure el reconocimiento y garantía de los derechos humanos.

 

 

«Juntas en Acción»: la plataforma que busca impulsar los derechos de las mujeres

Autor: Qué Pasa

Busca incidir en políticas públicas, impulsando, por ejemplo, la aprobación de proyectos de ley como la Ley Gabriela, que amplía la tipificación del femicidio. Es financiada por la Unión Europea y liderada por ComunidadMujer y Corporación Humanas.


Por cada agresión sexual reportada en Chile, existen entre tres y 10 que no son denunciadas. Esa es una de las frases con las que se lanzó hace unos días la iniciativa  Juntas en Acción, que además contó con videos de mujeres reconocidas como la astrónoma y premio Nacional de Ciencias María Teresa Ruiz, plataforma que reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres.

La iniciativa es financiada por la Unión Europea y liderada por ComunidadMujer y Corporación Humanas, organizaciones con reconocida trayectoria y experiencia en temáticas de género y derechos de las mujeres.

A estas organizaciones se suman, en un consejo consultivo, el Centro de Estudios de la Mujer, Mujeres del Pacífico, el Instituto de la Mujer, Laboratoria y el Observatorio contra el Acoso Chile, que dan cuenta de una convocatoria transversal, que busca reunir distintas voces de mujeres con un propósito común.

 

"Juntas en Acción"

“La historia nos ha demostrado que cuando las mujeres nos unimos somos poderosas. Juntas en Acción parte de esa premisa, nos inspiramos en la historia de las mujeres para convocar una vez más a organizaciones de la sociedad civil porque tenemos la convicción que entre más diversa e inclusiva sea esta unidad, más fuerza tendremos para lograr los cambios que las mujeres en Chile buscamos”, dijo Mercedes Ducci, presidenta de ComunidadMujer.

El trabajo de Juntas en Acción tendrá tres focos de acción estratégicos: derecho a una vida libre de violencia, autonomía económica y la participación y representación de las mujeres en la toma de decisiones.

La plataforma tiene como objetivo incidir en políticas públicas que avancen en los derechos de las mujeres en esas tres áreas, impulsando, por ejemplo, la aprobación de proyectos de ley como la Ley Gabriela, que amplía la tipificación del femicidio; acceso a sala cuna, que permitiría una mejor inserción de las mujeres en el mundo del trabajo; y ley de cuotas para las elecciones municipales y regionales, entre otras iniciativas.

“Hoy nos unimos para impulsar avances que son urgentes y fundamentales para la vida de las mujeres. Las mujeres merecemos estar representadas políticamente de manera paritaria, que nuestra voz sea escuchada e incluida en todos los ámbitos; las mujeres tenemos derecho a nuestra autonomía económica, a la propiedad de nuestros bienes, y a no ser discriminadas en el mercado laboral; y lo más importante: las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Con Juntas en Acción queremos que estos derechos se cumplan”, manifestó Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas.

La embajadora de la Unión Europea, Stella Zervoudaki, valoró la iniciativa: “La UE apoya el desarrollo sustentable, la construcción de sociedades más justas y el respeto de la dignidad humana. En ese contexto, los derechos de las mujeres ocupan un espacio especial. Esperamos que Juntas en Acción abra posibilidades de alianza entre las organizaciones de sociedad civil que promueven estos derechos. Así, juntas, van a poder acelerar el proceso de mejoras”.

Juntas en Acción es una iniciativa abierta y diversa, destacan sus organizadoras, que invita a organizaciones por los derechos de las mujeres que trabajen en alguno de los ejes del proyecto a unirse.

Opinión Seguridad contra la precarización de la vida

Escribe Lorena Fries, presidenta de Corporación Humanas


Muchos dicen que no lo vieron venir y la verdad es que si bien el mundo social venía alertando sobre el grado de precariedad con el que chilenos y chilenas estaban viviendo, aún así nos sorprendió. Sorprendió la transversalidad geográfica, etaria, social, de género con que emergió el malestar de la mayoría de este país. Si bien inicialmente hubo apertura del gobierno para escuchar la demanda de la calle, al poco andar el discurso se endureció; el Estado de Emergencia, el toque de queda y la exigencia de un diálogo sin condiciones. La desigualdad, elemento a la base del malestar, fue sustituido por “la guerra” y un “enemigo poderoso” nunca identificado, por la ineptitud absoluta de un gobierno que no tiene más respuesta que el orden público y el consenso contra la violencia avalado por Carabineros y las Fuerzas Armadas.

Es real, hay miedo e inseguridad frente a los saqueos que hemos visto, pero no ha habido capacidad de prevenirlos y más bien cada noche que pasa aumentan personas heridas, muertas, los malos tratos en comisarías, las y los heridos por bala o por perdigones. La ciudadanía ha debido organizarse para evitar que atenten contra su supermercado, su colegio o el negocio de la esquina, con el peligro que ello conlleva. El Gobierno no ha sido capaz de brindar esa seguridad y si me apuran, ha contribuido a aumentar el riesgo de la violencia.

Y es que cuando hablamos de seguridad frente a la violencia, de orden público versus delincuencia pareciera que ese derecho humano, que es la seguridad, se limita a evitar que nos saqueen o nos roben. Para eso están las Fuerzas de Orden y Seguridad. Sin embargo, a la falta de credibilidad y legitimidad que arrastra Carabineros no ayuda la represión de movilizaciones pacíficas ni a sus problemas operativos y de inteligencia para dar con aquellos que cometen actos de violencia que repudiamos.

Pero la seguridad, es mucho más que eso, es poder liberarnos de la incertidumbre, del miedo a no tener para llegar a fin de mes, es tener la certeza de que una vez que jubilemos podamos descansar dignamente de años de trabajo, es no tener miedo a que cualquier contingencia desbarate la organización del bajo presupuesto familiar, es que el narco no invada nuestras calles y plazas. La seguridad humana es la otra cara de los derechos humanos, es aquella que permite a las y los ciudadanos encarar su futuro con un mínimo de certezas que son las que brinda el vivir en una comunidad donde todos y todas tenemos igual valor, igual dignidad. Sin eso, la conflictividad social y los actos de violencia que lamentablemente se adosan a ella, están a la vuelta de la esquina.

Requerimos un nuevo pacto social, forjado entre actores sociales, políticos y empresariales, donde los que tienen más poder y recursos ceden en función de una comunidad que se llama Chile. Es hora de redibujar nuestro mapa, nuestras reglas, nuestros mínimos para una convivencia democrática basada en los derechos humanos. Se requiere ahora ya caminar hacia una nueva constitución con acciones concretas en esa dirección.  

Publicada en La Tercera

JUNTAS EN ACCIÓN: Organizaciones de mujeres se unen en inédita plataforma para impulsar derechos sociales, económicos y políticos

  • Juntas en Acción se llama la iniciativa que reúne a diversas organizaciones de mujeres de la sociedad civil tras el objetivo de impulsar avances sociales y legislativos en tres áreas clave: más autonomía económica, participación política y el derecho a una vida libre de violencia.
  • En su Consejo Consultivo, la plataforma agrupa a organizaciones diversas como el Centro de Estudios de la Mujer, Mujeres del Pacífico, el Instituto de la Mujer, Laboratoria y el Observatorio contra el Acoso Chile.

El miércoles 09 de octubre  se dio a conocer Juntas en Acción, plataforma que reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres. La iniciativa es financiada por la Unión Europea y liderada por ComunidadMujer y Corporación Humanas, organizaciones con reconocida trayectoria y experiencia en temáticas de género y derechos de las mujeres.

A estas organizaciones se suman, en un consejo consultivo, el Centro de Estudios de la Mujer, Mujeres del Pacífico, el Instituto de la Mujer, Laboratoria y el Observatorio contra el Acoso Chile, que dan cuenta de una convocatoria transversal, que busca reunir distintas voces de mujeres con un propósito común.

“La historia nos ha demostrado que cuando las mujeres nos unimos somos poderosas. Juntas en Acción parte de esa premisa, nos inspiramos en la historia de las mujeres para convocar una vez más a organizaciones de la sociedad civil porque tenemos la convicción que entre más diversa e inclusiva sea esta unidad, más fuerza tendremos para lograr los cambios que las mujeres en Chile buscamos”, dijo Mercedes Ducci, presidenta de ComunidadMujer.

El trabajo de Juntas en Acción tendrá tres focos de acción estratégicos: derecho a una vida libre de violencia, autonomía económica y la participación y representación de las mujeres en la toma de decisiones.

La plataforma tiene como objetivo incidir en políticas públicas que avancen en los derechos de las mujeres en esas tres áreas, impulsando, por ejemplo, la aprobación de proyectos de ley como la Ley Gabriela, que amplía la tipificación del femicidio; acceso a sala cuna, que permitiría una mejor inserción de las mujeres en el mundo del trabajo; y ley de cuotas para las elecciones municipales y regionales, entre otras iniciativas.

“Hoy nos unimos para impulsar avances que son urgentes y fundamentales para la vida de las mujeres. Las mujeres merecemos estar representadas políticamente de manera paritaria, que nuestra voz sea escuchada e incluida en todos los ámbitos; las mujeres tenemos derecho a nuestra autonomía económica, a la propiedad de nuestros bienes, y a no ser discriminadas en el mercado laboral; y lo más importante: las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Con Juntas en Acción queremos que estos derechos se cumplan”, manifestó Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas.

La embajadora de la Unión Europea, Stella Zervoudaki, valoró la iniciativa: “La UE apoya el desarrollo sustentable, la construcción de sociedades más justas y el respeto de la dignidad humana. En ese contexto, los derechos de las mujeres ocupan un espacio especial.  Esperamos que Juntas en Acción abra posibilidades de alianza entre las organizaciones de sociedad civil que promueven estos derechos. Así, juntas, van a poder acelerar el proceso de mejoras”.

Juntas en Acción es una iniciativa abierta y diversa, que invita a organizaciones por los derechos de las mujeres que trabajen en alguno de los ejes del proyecto a unirse. Para conocer más de la plataforma, las organizaciones que la integran y formas de participar, se puede visitar su sitio web www.juntasenaccion.cl.