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El examen de Chile ante Naciones Unidas

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Por Lorena Fries Monleón, presidenta de Corporación Humanas 

El Examen Periódico Universal (EPU) es siempre una posibilidad de mirar lo que como Estado hemos hecho por avanzar en el campo de los derechos humanos. Delegaciones de gobierno y de sociedad civil se enfrentan en un diálogo constructivo en el seno del Consejo de Derechos Humanos, para evaluar lo acometido en periodos regulares de cuatro años y proyectar los cuatro años que vienen. Se trata del foro político de Estados más importante en materia de derechos humanos y un elemento importante en las relaciones internacionales.

Al gobierno de Chile correspondió presentar los avances de los últimos cuatro años por lo que el primer ejercicio que tuvo que hacer el gobierno fue asumir, como propios, los avances y problemas en derechos humanos del gobierno anterior a lo que se suman los avances y problemas en el último año del actual gobierno.

A modo de resumen se puede señalar que Chile fue felicitado por sus avances en materia de institucionalidad de derechos humanos y por la adopción del Plan Nacional en la materia. Las situaciones críticas se encuentran en el ámbito de la no discriminación y la violencia policial.

En efecto, los Estados, junto con felicitar dichos avances, hicieron recomendaciones respecto de situaciones que vieron cómo críticas.

En primer lugar, la relación del Estado con los pueblos indígenas y particularmente con el pueblo mapuche, se le representó a Chile en más de 40 intervenciones tanto en relación con la aplicación de la Ley Antiterrorista y criminalización de sus representantes, como respecto de sus derechos a participación y a su reconocimiento constitucional.

Respecto de los derechos de las mujeres, se recomendó al Estado hacer los esfuerzos necesarios para que las mujeres puedan acceder a las instancias de representación a nivel regional y local, a avanzar hacia la despenalización absoluta del aborto y a limitar la objeción de conciencia a personas naturales.

La inmigración fue otro de los focos de recomendaciones y el llamado fue a su protección y reconocimiento de derechos, previniendo la xenofobia e incluso los brotes de racismo, en el marco de respeto y garantía de sus derechos humanos, cuestión que el actual proyecto en discusión no cumple.

La situación de niños y niñas en el país también llamó a la preocupación de los Estados los que sugirieron redoblar los esfuerzos para contar con un sistema de protección integral de los derechos de la niñez.

Las denuncias sobre abusos policiales en el uso de la fuerza venían siendo denunciados ya en el EPU anterior, pero adquirieron una relevancia mayor en el seno de Naciones Unidas con el asesinato de Camilo Catrillanca.

Los Estados recomendaron hacer esfuerzos urgentes por terminar con este tipo de situaciones que en casos han derivado en tortura, malos tratos e incluso la muerte. Todas cuestiones sabidas, y representadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos a los gobiernos, que debieran abordarse desde un marco de derechos humanos tratando de dejar fuera los cálculos y oportunismos políticos.

Como nunca antes, organizaciones a lo largo del país se movilizaron para hacer llegar sus informes a quienes debían evaluar el desempeño de Chile en derechos humanos.

Si el 2013 eran dos las organizaciones, este 2019 fueron 62 dando cuenta del creciente interés por participar y capacidad técnica de las mismas en sus presentaciones.

Se esperaba que el Gobierno diera al EPU la misma relevancia, sin embargo y a pesar de la presencia de la Subsecretaria de Derechos Humanos, en la delegación no participó ningún ministro, como ha sido la tónica en todos los exámenes y gobiernos anteriores.

Se trata de gestos que en el campo internacional tienen un peso más allá del récord del país.

Así mismo se extrañó la ausencia de un representante de la Cámara de Diputados y parece que el poder legislativo no sabe que tiene obligaciones en materia de derechos humanos las que derivan de los Tratados que el organismo ratifica.

La participación del Senador Alejandro Navarro y del ministro de la Corte Suprema fueron relevantes para darle a la delegación un status de Estado que esperamos empiece a consolidarse a futuro.

En efecto, las comisiones de derechos humanos, tanto de la Cámara como del Senado que, hasta ahora, inexplicablemente se han restado, debieran empezar a monitorear lo que presenta el poder Ejecutivo, en representación también del parlamento en las instancias internacionales, muchas veces incluso responsabilizándolos de la falta de avances en materia legislativa.

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ATENCIÓN: Taller de Defensa Personal para Mujeres

 

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Introducción:

El programa de Defensa Personal para Mujeres está pensado en entregar técnicas, estrategias y conceptos fundamentales de defensa personal urbana, diseñado específicamente para reaccionar eficientemente ante ataque comunes en espacios públicos y privados. Las técnicas del presente programa son derivadas del Ving Tsun Kung Fu, estilo Marcial creado por una mujer, el cual enfoca sus técnicas en la optimización y correcto uso del cuerpo, el uso de la fuerza del oponente, y la simpleza y efectividad de sus movimientos.

Objetivos.

Objetivo General:

Entregar a las participantes herramientas teóricas y prácticas para el adecuado manejo de situaciones de acoso, prevención y anticipación de potenciales riesgos en la calle, y defensa contra agresiones físicas.

Objetivos Específicos:

  1. Aprender técnicas de ataque y defensa simples, prácticas y efectivas, sus usos y correctas aplicaciones en escenarios de acoso, asalto, agresiones físicas, etc.
  2. Conocer técnicas de control y manejo de emociones estresantes en contextos de acoso callejero, asaltos y agresiones en general.
  3. Conocer metodologías de prevención y reconocimiento de escenarios peligrosos y potenciales agresores.

Clases: Se realizarán 12 clases prácticas entre el 4 de febrero y el 1 de marzo en el siguiente horario:

Lunes-miércoles y viernes de 11:30 a 12:30 horas.

Lugar: Las clases se realizarán en la sede central de Wu Hsing Tao Chile ubicada en calle Salvador Sanfuentes N° 2150, metro Republica, Santiago centro.

Expositor: La capacitación estará a cargo del Sr. Horacio Masías Orellana, Profesor de Educación Física, Maestro de Kung Fu estilo Ving Tsun con certificación internacional y único representante para Chile de dicho sistema (registro y autorización por la Dirección General de Movilización Nacional).

Certificación: A todas las participantes que cumplan con un 80% de asistencia y participación, se les entregara un certificado avalado por el Club Deportivo Ving Tsun Chile.

Costo: Actividad gratuita.

Cupos disponibles: 20.

Para contactos y consultas en hmasias@wuhsingtaochile.cl teléfono +56968491985

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COLUMNA | Migración y Derechos Humanos

“(…)El Estado si bien puede ejercer su soberanía al determinar quienes ingresan y a quienes se expulsa debe hacerse con apego a los derechos humanos. A ello hay que agregar el trato discriminatorio que se les da a migrantes de una nacionalidad en relación con otros, cuestión que en la práctica refuerza y reproduce los prejuicios que existen en torno a la migración y que no tienen base de sustento”, dice Lorena Fries en esta columna.

Recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Migración, un largo anhelo de las personas y organizaciones migrantes en el país. Ahora corresponde al Senado el debate del proyecto e introducir ajustes que la hagan compatible con las obligaciones internacionales que se derivan de la ratificación a la Convención sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

 Cabe recordar que Chile es el único país de América Latina que no contaba con una ley marco que regulara y gestionara la migración, y que reconociera y garantizara el conjunto de derechos humanos que les cabe a las personas migrantes por el hecho de ser tales. Sin duda, estamos dando un paso relevante aunque varios de los aspectos de dicho proyecto atentan contra dichos derechos y pudieran hasta alentar el ingreso irregular de aquellos que vienen huyendo de crisis políticas, económicas o incluso de los efectos de catástrofes medioambientales. Y es que la migración que atrae a los extranjeros en Chile no sólo dice relación con las oportunidades que creen van a encontrar sino que con la imposibilidad de permanecer y sobrevivir en sus países de origen. Se trata en buena parte de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal que están dispuestos a ingresar como puedan.

Esto nos lleva al primero de los problemas de la ley, la categoría migratoria. El proyecto tal como se aprobó impide que las personas que ingresen al país como turistas, puedan cambiar esta categoría una vez dentro. Se trata de una situación que considerando lo que el gobierno quiere, esto es una migración regulada, ordenada y regular, produce exactamente el efecto contrario. Bastante estudiado está que las restricciones como esta al rigidizar el cambio de categoría, niegan el ingreso a las personas migrantes ya que los obliga a salir del país para cambiar a otra categoría, no contando su mayoría con los medios para hacerlo. También se encuentra documentado que las visas consulares se prestan para fraudes y negocios que pueden llegar a la comisión de crímenes internacionales como la trata o el tráfico de migrantes. Un par de casos han circulado por la prensa y se encuentran en manos de la justicia. Pero, cierto es que el supuesto básico en materia de migración es la soberanía del Estado la que determina que las condiciones de ingreso y de estadía, así como las de expulsión, son prerrogativa de los Gobiernos. Por ello, al menos desde la óptica de derechos humanos es una pésima señal pero el gobierno puede hacerlo.

Un segundo problema es que ya durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias había recomendado a Chile garantizar los mecanismos de acceso a recursos judiciales y administrativos que efectivamente garantizarán a las personas migrantes una defensa frente a una expulsión. En efecto, el plazo con que cuentan es exiguo y termina constituyéndose en un acto arbitrario que podría incluso llevar al Estado a un reproche por discriminación. Esto porque el Estado si bien puede ejercer su soberanía al determinar quienes ingresan y a quienes se expulsa debe hacerse con apego a los derechos humanos. A ello hay que agregar el trato discriminatorio que se les da a migrantes de una nacionalidad en relación con otros, cuestión que en la práctica refuerza y reproduce los prejuicios que existen en torno a la migración y que no tienen base de sustento.

Un último aspecto, aunque no debatido en la prensa en estos días, refiere a los derechos fundamentales que tienen las personas migrantes una vez que ingresan al territorio nacional. Estos no pueden depender de la condición de regularidad o irregularidad en que se encuentren, así como tampoco del tiempo de estadía que tengan. Salud, educación, vivienda y acceso a la justicia, además de otros derechos civiles son parte derechos básicos y forman parte del patrimonio de las personas que ingresan al país por el hecho de ser parte de la comunidad humana. Otra cosa es que estos derechos sean más amplios cuando los/las migrantes se encuentran en situación regular.

Es de esperar que en el Senado estas cuestiones puedan resolverse en un sano equilibrio entre el el derecho de los Estados a hacer valer el principio de soberanía, y aquella que aceptaron ceder para proteger los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación de ninguna índole.  

Escribe: Lorena Fries Monleón, Presidenta Corporación Humanas*

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Presidenta de Corporación Humanas asume como directora de Magíster en derechos humanos y ciudadanía de la U.Central

Cuenta con 35 años de experiencia en derechos humanos, ha trabajado en distintos países de la región particularmente con funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres.


Lorena Fries, es la nueva directora del Magíster en derechos humanos y ciudadanía de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, programa que tiene por objetivo entregar a los participantes los conocimientos necesarios para comprender los DD.HH. como un marco regulatorio para la convivencia democrática y una ciudadanía activa en diversos ámbitos sociales (educacionales, empresariales, de servicios públicos y ONGs, entre otros); así como el desarrollo de investigaciones aplicadas para la resolución pacífica de conflictos, en sus diversas áreas laborales.

Fries es abogada de la Universidad de Chile, Master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. En el año 2016 asumió como Subsecretario de Derechos Humanos por la Presidenta Michelle Bachelet y estuvo a cargo de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como abogada de la Corporación Humanas en Chile.

 Cuenta con 35 años de experiencia en derechos humanos, ha trabajado en distintos países de la región particularmente con funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos y en particular de los derechos de las mujeres.
Experta en el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, ha coordinado la presentación de informes gubernamentales por parte de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones públicas autónomas y gubernamentales. Autora de varias publicaciones y artículos en el ámbito de los derechos humanos y derechos de las mujeres, se desempeñó como docente del post grado en el Diplomado ‘Derechos Humanos de las Mujeres: Teoría y práctica’ que ayudó a crear en el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Fue presidenta de la Corporación Humanas entre 2004 y 2010. Organización no gubernamental con sede en Chile, Colombia y Ecuador, y se desempeñó como Directora del INDH, órgano autónomo del Estado, entre 2010 y 2016.

Publicado por La Tercera

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Asume nuevo directorio de Corporación Humanas

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En reunión celebrada el 05 de enero de 2019, la Asamblea de Socias de Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género- procedieron a la elección del nuevo directorio que, con el voto unánime de las socias queda conformado por Lorena Fries Monleón, presidenta; Victoria Hurtado Pinochet, vicepresidenta; Carolina Carrera Ferrer, secretaria; Camila Maturana Kesten, tesorera y María Eugenia Lorenzini Lorenzini, integrante del directorio.

Tras asumir la presidencia de Corporación Humanas por un periodo de dos años, Lorena Fries, agradeció la confianza y enfatizó en el compromiso de seguir fortaleciendo el trabajo institucional con el fin de ir generando nuevas alianzas con organizaciones nacionales e internacionales.

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¿Por qué el 2018 fue tan importante para el feminismo?


El 2018 quedará en la memoria de chilenos y chilenas como el año de la irrupción pública y masiva de los feminismos. Se pensaba que éramos pocas, exageradas y pasadas de moda. Las miles de jóvenes y estudiantes demostraron lo contrario y más, denunciaron que a pesar de los discursos de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la práctica muchas viven discriminación, acoso y abuso sexual, y violencia en sus hogares, en las universidades, en los colegios, por parte de sus maridos, pololos, profesores o empleadores.

Durante el 2018, el feminismo se instaló como un actor político de transformación social que demanda la recuperación del cuerpo como territorio soberano, exige el respeto y autonomía para poder desarrollar sus potencialidades y ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones con los hombres. Logró incomodar a las élites masculinas que tuvieron que escuchar, recoger y empezar a asumir que la democracia patriarcal no es el horizonte que las feministas imaginamos y queremos.

Este año las feministas del mundo constatamos que somos muchas más de las que pensábamos, que la violencia hacia una es la violencia hacia todas, que unidas tenemos fuerza y más de la que pensábamos. El trabajo colaborativo tomo fuerza, las redes sociales y el tecno feminismo instaló consignas que se desplegaron por todo el mundo #MeToo, #YoTambién #TimesUp #YoSiTeCreo, #AbortoLegalYa y #MiraComoNosPonemos.

En 2018 las feministas dijimos ¡basta! Todo con nosotras y nada sin nosotras. Por un 2019 más feminista.

*Abogada de Corporación Humanas

Publicado por La Tercera 

 

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El manto de impunidad

El manto de impunidad

En tiempos de desconfianza, de abuso, de precariedad que ponen en cuestión nuestra forma de convivencia se requiere de esfuerzos para repensar el país, no solo para administrarlo en base al mantra de un crecimiento económico que enriquece más a los más ricos y domestica a los más pobres. La Constitución del 80, es la traba más grande para la democracia chilena, su legitimidad y el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

Mucho se ha dicho y debatido sobre el fin de la transición. Intelectuales y políticos vieron en cada avance democratizador el fin de la transición. Los últimos acontecimientos, sin embargo, vuelven a abrir la pregunta sobre si, ahora sí, estamos llegando al fin de la tan mentada transición. Quizás haya que remontarse a los tiempos oscuros de la dictadura y ver qué de ella persistió durante estos 28 años de régimen democrático. De cómo miremos el pasado, depende en buena parte la respuesta.

Durante la dictadura no sólo se afectaron gravemente los derechos humanos de miles de personas, las que por pensar distinto se vieron expuestas al infierno de un Estado que las perseguía, las desparecía, las ejecutaba, las violaba y torturaba. Se afectaron también los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado, que solía garantizar bienes básicos a toda la población cambió radicalmente para convertirse en un administrador del nuevo modelo de desarrollo.En el intertanto, personas tuvieron que recurrir a formas solidarias de sobrevivencia, para comer, para vivir, y trabajar por sueldos miserables para mantener a sus familias. Nos grabaron a fuego que somos uno, que no hay diferencias y tampoco diversidad, que no se requiere un trato distinto para aquellos que históricamente han sufrido la discriminación y la desigualdad, y que el único trato distinto lo merecían aquellos que eran la continuidad del Estado; las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

Todo eso se ha resquebrajado en los últimos años. Los ciudadanos/as se sienten abusados por el poder económico, concentrado como está en el 10% de la población. La política del chorreo llegó para un sector que ahora teme caer de su sitial, abandonado por el Estado mínimo que apunta al mero esfuerzo personal. La diversidad, literalmente explotó en nuestras caras teniendo su mejor expresión en el pueblo/nación mapuche y nuestra incapacidad de reconocerlos como tal. Las comunidades territoriales se han visto afectadas por un desarrollo productivo que no mide consecuencias y sólo se allana a mitigar las consecuencias negativas. Las Fuerzas Armadas y de Orden Público se han mostrado como un continuo, pero en la apropiación de fondos públicos, en sus privilegios y un exceso de autonomía frente al poder civil. Dos de sus máximos líderes en democracia, han sido enjuiciados como cómplices de violaciones a los derechos humanos. Y es que a pesar de los avances democratizadores, el modelo de desarrollo y el modelo jurídico- institucional, no ha cambiado lo suficiente para poner fin a las diferentes formas de impunidad que nos acompañan desde la dictadura.

En tiempos de desconfianza, de abuso, de precariedad que ponen en cuestión nuestra forma de convivencia se requiere de esfuerzos para repensar el país, no solo para administrarlo en base al mantra de un crecimiento económico que enriquece más a los más ricos y domestica a los más pobres. La Constitución del 80, es la traba más grande para la democracia chilena, su legitimidad y el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Una nueva Constitución, fruto de un amplio acuerdo social y político es lo que Chile requiere para terminar esta agonía de una transición que muestra brutalmente hoy todo aquello que no quisimos y no pudimos cambiar.

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Lorena Fries: “El concepto de Derechos Humanos sigue siendo problemático en Chile”

Lorena Fries: “El concepto de Derechos Humanos sigue siendo problemático en Chile”

La ex subsecretaria de Derechos Humanos habla ampliamente desde su nueva vereda, la de la sociedad civil que estará atenta monitoreando la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos y le exigirá cuentas al Estado en el Examen Periódico Universal ante la ONU. En una época en que siguen apareciendo líderes que niegan de los derechos humanos, Fries pone una voz de alerta y autocrítica: “Cada vez jugamos menos a la democracia y eso trae aparejado la amenaza para la vigencia de los derechos conquistados”.

El próximo 22 de enero, el Estado de Chile será sometido a una prueba. Representantes del gobierno responderán, en Ginebra, una a una las interrogantes que les realicen países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en lo que se conoce como el Examen Periódico Universal, en el que las naciones deben rendir cuentas respecto a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como distintas situaciones de vulneraciones en los últimos años.

Con el asesinato Camilo Catrillanca y la crisis medio ambiental en Quintero-Puchuncaví como recuerdos frescos del año que termina, el gobierno de Sebastián Piñera deberá pararse ante la comunidad internacional a dar cuanta de sus actos.

Del otro lado estará la comisión de Derechos Humanos, que lleva meses nutriéndose de información de vulneraciones a los derechos humanos en Chile gracias a medio centenar de informes que presentaron distintas organizaciones de la sociedad civil. Esto marca un inédito precedente en la instancia, ya que el último EPU que rindió Chile ante Naciones Unidas solo se presentaron dos informes paralelos. Así, los países que interrogarán a los representantes del gobierno estarán ampliamente informados de una serie de temas y de cómo Chile las aborda, desde migración, infancia, violaciones a derechos humanos en dictadura, pueblos indígenas y desastres ambientales.

Entre el 10 y el 22 de diciembre ya estuvo en Ginebra una delegación de Quintero, denunciando ante el Consejo la crisis que se vivió desde agosto en una de las zonas más contaminadas del país.

Chile, en tanto, también envió su pre informe, a fines de octubre, documento que estuvo a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. El gobierno destacó el Plan Nacional de Derechos Humanos (lanzado a fines del mandato de Michelle Bachelet), así como los “grandes acuerdos” que convocó el presidente Sebastián Piñera: Infancia, Araucanía, Seguridad, Mujer y Adultos mayores.

Uno de los cincuenta informes agrupó a distintas organizaciones de la sociedad civil, como la Friederich Ebert Stiftung y la Corporación Humanas, actual casa de la ex subsecretaria de Derechos Humanos y ex directora del INDH, Lorena Fries.

Desde una vereda distinta a la que la tuvo los últimos años, Fries adelanta la importancia del Examen de enero, mira con urgencia la implementación del histórico Plan Nacional de Derechos Humanos y plantea una mirada crítica a  la aparición de líderes neofascistas que implican una pérdida para la democracia.

 A usted le tocó la presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos, pero ahora ve desde fuera la implementación. ¿Cómo ha visto al gobierno y a la subsecretaria Recabarren llevar el tema?

– Ahora viene una de las patas más importantes del plan que es el monitoreo y seguimiento. Y eso tiene que ser algo que realizan organizaciones de la sociedad civil, entonces por una parte me tocó de parte del gobierno elaborar el plan con consulta a las organizaciones en todas las regiones del país, establecer o dejar esbozado el mecanismo de seguimiento y durante este primer periodo no se ha implementado el plan, sino que lo que anunció la subsecretaría de derechos humanos es una revisión a las acciones que estaban comprometidas. Entiendo, por lo que nos han dicho, que un 44% de las acciones tienen que ser ajustadas y dentro de ellas, 85% son por temas de forma.

El plan, como estructura, objetivos y metas, no ha variado. Eso es importante porque recoge las recomendaciones que le han hecho a Chile los organismos internacionales de derechos humanos. Lo que se está haciendo es testear que las acciones que comprometieron los distintos servicios efectivamente estén haciéndolas. Yo tengo la impresión de que el plan quedó, es una experiencia nueva para el Estado chileno y también para las organizaciones de la sociedad civil que van a contar con una herramienta para exigir a los gobiernos el cumplimiento de las medidas que ellos mismos se comprometen.

– El plan incluye serie de medidas en distintos temas. En migraciones, por ejemplo, habla de protección a los derechos de los migrantes, acceso laboral. ¿Cómo se relaciona con lo que hace el gobierno, al rechazar el pacto migratorio de la ONU y promocionando la salida de haitianos del país?

– Eso es un tema. En eso consiste el trabajo que hacemos con la FES, que las organizaciones, y las de migrantes también, se incorporen a este monitoreo que vamos a empezar en enero del próximo año, para demandar que las medidas que se planteen se hagan dentro del marco de los derechos humanos. Y claramente estamos teniendo un problema con la forma de gestionar la migración que está teniendo el gobierno del presidente Piñera. Lo que ha pasado con el mundo haitiano, más allá de que los Estados tienen el derecho a decidir quienes ingresan y qué requisitos requieren las personas extranjeras para ingresar, ha habido una actitud de poco cuidado con los haitianos. Chile participó en misiones de paz en Haití, abrió la puerta a que la población haitiana viera en Chile un lugar que había prestado solidaridad con ellos y que hoy no se hace lo suficiente para la integración de esas personas, partiendo por la barrera idiomática. La idea es que las acciones del plan se hagan en el marco de derechos humanos, sino no tiene sentido.

– ¿A través de qué mecanismos concretos funcionará la fiscalización de la sociedad civil?

– La idea es que a partir del próximo año convocar a las organizaciones que están interesadas en seguir algunos de los capítulos o medidas que establece el Plan. Y de ahí, a través de mecanismos institucionales, que tiene que ver con acceso a la información de las reparticiones que se comprometieron en acciones, pero también poniendo sobre la mesa una agenda pública de derechos humanos, creemos que podemos presionar para que las acciones se vayan cumpliendo dentro del plazo establecido.

– Pero el Plan aborda empresas, Sename, Memoria y DDHH, trata de personas, es muy grande. El Estado en su conjunto está comprometido en esto, a través de los distintos servicios públicos. ¿Cuál va a ser la capacidad real de fiscalizar?

– El monitoreo no tiene que ver necesariamente con hechos puntuales en la práctica, aunque sean sistemáticos, sino con las acciones que toma el Estado para evitar la violación a los derechos humanos y promover el reconocimiento y la protección de los derechos humanos. Lo que nosotros vamos a hacer es requerir información y contrastarla con la información que nosotros tenemos respecto de ciertas situaciones y eso lo vamos a denunciar cuando no coincida efectivamente la medida con cuestiones específicas que puedan llegar como denuncia. Si se enfrentan a situaciones de violaciones a los derechos humanos, se pueden activar mecanismos de reclamos e informar a organismos internacionales que no se está cumpliendo con las recomendaciones que señala el Plan, que además están puestas a prueba a propósito del Examen Periódico Universal. Ese examen hizo recomendaciones a Chile que fueron recogidas en el Plan para que el Estado implementara acciones para cumplirlas. De manera que si no las cumple, la sociedad civil también puede recurrir a los países que componen el Consejo de Derechos Humanos para señalar que Chile no está cumpliendo ni con las recomendaciones ni las acciones el plan establece.

– ¿Está atrasado el gobierno con la implementación?

– Ellos dijeron que harían una revisión del Plan y como sociedad civil no conocemos qué partes del Plan han cambiado y qué no, aun entendiendo que no va a cambiar radicalmente el plan. Y esa es la mayor exigencia: No puede haber monitoreo si no se conoce qué plan se va a implementar y eso es una cuestión en la que el gobierno está al debe hace rato.

– Por ejemplo, ¿se podría recurrir el Plan para cuestionar políticas del gobierno, como Aula Segura o el Estatuto Laboral Juvenil?

– Habría que ver si hay medidas, porque una cosa son las medidas que comprometen el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos y otra cosa son las violaciones a los Derechos Humanos que se producen. No necesariamente puede que exista una medida que resuelva el problema de la violencia al interior de los colegios, aunque no exista esa medida, las organizaciones de la sociedad civil tenemos la obligación de denunciar que ese tipo de medidas, como entró el proyecto de la famosa Aula Segura, era totalmente violatoria a los derechos humanos de la comunidad escolar en su conjunto y sobre todo los jóvenes. Por lo tanto, que acciones no estén consideradas en el plan, no obsta a que esas mismas organizaciones que vamos a seguir el Plan, denunciemos también, situaciones de violaciones a los derechos humanos, porque al denunciarlas, esas llegan a los organismos internacionales y se convierten en recomendaciones que futuros planes van a tener que recoger.

– Este estándar en Derechos Humanos parece ser un avance, pero todavía vemos que en Chile el concepto de derechos humanos no es transversal.  En el Poder Judicial, por ejemplo, si un juez es formado en derechos humanos se le considera un juez de izquierda.

– Creo que el concepto de Derechos Humanos sigue siendo problemático en Chile. No hemos logrado, hemos avanzado, pero no hemos logrado todavía una mirada integral de los Derechos Humanos, ni del sector de la izquierda, menos aún de la derecha. La derecha tiene sospechas del sistema internacional de derechos humanos, aunque no se atreve a desahuciarlo, por lo tanto es resistente a la incorporación de lo que los organismos internacionales señalan, a pesar de que ha ratificado todos los tratados, y ese es el punto, en la medida que Chile ha ratificado tratado en materia de Derechos Humanos, está obligado, sino los tiene que desahuciar. Ahí hay un doble discurso de la derecha de que acata, pero molesto, resistente, porque les aprieta el zapato también respecto de las violaciones sistemáticas cometidas durante la dictadura. Por otro lado, dentro de la izquierda, que somos los que hemos sufrido la experiencia histórica de las violaciones a derechos humanos, hay una identidad muy fuerte, enraizada en esas violaciones, y no siempre una mirada que permita incluir otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Mientras eso siga ocurriendo, los únicos que salimos perdiendo somos los y las ciudadanas, porque no se instala un concepto integral de los derechos humanos. Han habido avances, pero no es suficiente. En los jueces uno ve esa tensión, la derecha acusa de izquierdosos a jueces que han dicho en todos los tonos que no son de izquierda ni de derecha, sino que aplican el derecho caso a caso. A uno le puede gustar o no las sentencias, pero si hay violación a los derechos humanos en el acceso a la justicia están los mecanismos para denunciarlo ante la Comisión Interamericana y otras instancias internacionales. Lo importante es que en los últimos 10 años el Poder Judicial ha hecho un enorme avance en materia de derechos humanos, recuerda que en 2011, con las manifestaciones estudiantiles, se presentaron varios recursos ante las Cortes de Apelaciones por movilizaciones, y en general se invocó la convención sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes para fundar sus resoluciones. Eso es un tremendo paso, así como incorporar el convenio 169, el pacto internacional de derechos civiles. Las cortes han sido lentas, pero han ido incorporando cada vez más los estándares en materia de derechos humanos y eso es lo que la derecha tilda un activismo de izquierda. Y es oportunismo plantearlo en esos términos, porque el día que la derecha efectivamente asuma una mirada de derechos humanos acorde con los estándares internacionales, vamos a avanzar más rápido en su respeto y garantía.

– ¿Cuál es el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el Examen Periódico Universal?

– Las organizaciones presentan informes. Son informes que permiten a alguien a distancia conocer lo que plantea al Estado y también las críticas que plantean las organizaciones de la sociedad civil sobre lo que dice el Estado.

– ¿Son informes paralelos?

– Exactamente. Con la FES hemos estado trabajando varios grupos de organizaciones que hicieron estos informes y este es el año en que más informes paralelos se presentan. Son más de 50 y la última vez fueron solo 2. El que hicimos nosotros como Corporación Humanas con otras 12 organizaciones, plantea un gran grupo de materias, desde migración, infancia, torturas, violaciones durante la dictadura, personas con discapacidad, todo está en nuestro informe. Así lo han hecho otros grupos también con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, el Observatorio Ciudadano. Esos informes llegan al Consejo, que ha nombrado una troika, un grupo de tres personas que tienen que leer esto y hacerse una opinión. Reciben además insumos de otros exámenes, anteriores y ante otros organismos, de manera de tener el panorama más completo de lo que está pasando en el país.

– Cómo cree que debe enfrentar el sistema internacional de Derechos Humanos las apariciones  de estos neofacismos, que más allá de la etiqueta, tienen presidentes electos democráticamente que niegan los derechos humanos.

– Claramente el sistema internacional de derechos humanos no puede cuestionar la legitimidad de los gobiernos, pero si puede poner alerta de situaciones de violación de derechos humanos. Y los discursos de odio pueden ser constitutivos de violaciones a derechos humanos si vienen aparejados a la posibilidad de actos de violencia. Y el sistema está alerta, el piso mínimo de convivencia para los estados democráticos, sea quien sea el presidente, es el cumplimiento de las obligaciones que los países han contraído. Por lo tanto, en la medida que se reniega de esas obligaciones, el sistema va a responder con alertas, abrir las puertas a organizaciones  de sociedad civil que denuncian esas situaciones y en última instancia están los organismos regionales. Los fundamentalismos están siendo una preocupación para todo el sistema, porque es el consenso ético político que nos rige desde la segunda guerra mundial y la posibilidad que eso se trice es meterse a una caja de pandora respecto de las posibilidades de hacer mal que tiene el ser humano.

– Pero que se trice ese consenso es una posibilidad. Hace años era impensado. ¿Qué autocrítica debe hacerse el sistema internacional ante esto?

– Yo me hago una autocrítica como persona de izquierda, que tiene que ver con la elitización de la política, con la pérdida de vasos comunicantes con los movimientos sociales y organizaciones sociales, que finalmente van poniendo ciertos temas que los partidos tienen que ser capaces de procesar como demandas políticas. Esos vasos comunicantes no están tan claros, no solo en Chile, es un problema de densidad democrática en general en los países. Esto en un marco global que es devastador, el marco neoliberal lo que hace es generar una razón neoliberal que reniega de marcos de convivencia, que vacía los contenidos democráticos e impone una lógica de mercado en las propias instituciones democráticas, entonces cada vez somos menos democráticos, cada vez jugamos menos a la democracia y eso trae aparejado la amenaza para la vigencia de los derechos conquistados. La corrupción en la izquierda es una deuda con los pueblos, no es aceptable en el mundo de la izquierda, y se nos castiga, con mucha razón, más que a la derecha en estos temas. No solo hay que parecer, hay que ser, dice el monje. Ahí hemos fallado, y estamos en una disfonía con la sociedad y con los miedos de la sociedad, porque hoy no moviliza la posibilidad de un mundo mejor, que es lo que llama la izquierda, lo que moviliza es evitar el miedo. Y para eso, la izquierda no tiene discurso, porque no creemos que el miedo deba ser el rector de nuestras vidas, pero la verdad, es que entre la precariedad laboral, la incerteza del empleo y el miedo a la violencia, las soluciones neofascistas le hablan más a la gente y es eso a lo que hay que poner cota.

Por El Desconcierto

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Opinión La migración: derecho humano


La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; y que: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.

frente a frente - columna migración LorenaEstos preceptos, acompañados del principio de no discriminación, se refuerzan con lo establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares que, además, establece que dicho instrumento es aplicable a todo el proceso migratorio, es decir, a la preparación, partida, tránsito y a todo el período de estadía en el estado que lo emplee, así como el regreso al estado de origen o de residencia habitual. Todos estos instrumentos han sido ratificados por el Estado de Chile que, en virtud de ellos, ha contraído la obligación de respetarlos y garantizarlos.

Como otros derechos humanos, la migración no es un derecho absoluto. Puede haber restricciones, las que en este caso dicen relación con el principio de soberanía y el derecho de los estados a gestionar los flujos migratorios, estableciendo requisitos de ingreso, de estadía, de salida y expulsión. Esta prerrogativa no puede ejercerse de manera arbitraria y debe, en todo momento, realizarse en un marco de derechos. Así, por ejemplo, no podría discriminarse en el ingreso de las personas migrantes generando más restricciones para un grupo que para otro, o que éstas sean objeto de detenciones ilegales, de tortura o malos tratos. La excepción a esta facultad la tienen aquellos migrantes que, al ingresar a un país, solicitan refugio, respecto del cual existe la obligación de ampararlos, ya que huyen de sus países de origen producto de situaciones que afectan sus derechos fundamentales.

Las personas migrantes son titulares de derechos humanos, en tanto personas, que los acompañan en toda su trayectoria migratoria. Más aún, frente a aquellos que buscan hacer distinciones entre personas migrantes en situación regular y aquellos/as en situación de irregularidad -sea porque entraron ilegalmente o porque se les ha vencido el permiso que los autoriza a permanecer en dicho país-, la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios establece una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, sin distinguir entre unos/as y otros/as, agregando para quienes se encuentren documentados la libertad de movimiento dentro de dicho territorio, el derecho a crear asociaciones y sindicatos y a la protección de las familias migratorias, entre otros.

La realidad a nivel mundial muestra que estamos lejos de este ideal de fraternidad entre los seres humanos, y de cooperación entre los estados, para resolver el drama que millones de migrantes viven en los países de origen antes de su partida, en los países de tránsito y en aquellos receptores. En su trayectoria migratoria, las personas migrantes se ven expuestas y son más vulnerables a caer en las redes del crimen organizado, particularmente la trata y tráfico de personas, lo que ha llevado a los estados a adoptar convenciones y protocolos para establecer niveles de asistencia y protección a sus víctimas.

De ellas también se hace parte el Estado chileno.

Es en este marco de preocupación por la migración a nivel mundial que se gesta la Declaración de Nueva York para Migrantes y Refugiados y el trabajo preparatorio que llevó al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que el gobierno de Chile desestimó.

Su ausencia de la reunión de Marrakesh no lo exime del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y, particularmente, de los derechos de las personas migrantes que ingresan a nuestro país.

Publicado por La Tercera

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Columna de Lorena Fries | Mala señal

Por Lorena Fries, abogada de Corporación Humanas 

Si bien Chile tiene el derecho de regular sus flujos migratorios debe hacerlo en el marco de los compromisos de derechos humanos ya adquiridos y que son previos e involucran en su cumplimiento la responsabilidad internacional del Estado.

Chile acaba de informar al mundo que no participará de la reunión sobre el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, foro que viene preparándose con la participación activa de Chile desde 2016, fecha en que se adoptó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes.

El Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular es el primer esfuerzo por dotar de una gobernanza mundial a la migración, en un contexto migratorio complejo y de crecientes desafíos. No es un tratado, por lo que no genera obligaciones jurídicas para los Estados. Sin embargo, da cuenta de la voluntad política de los Estados, en el seno del multilateralismo, por reforzar los esfuerzos para lograr avances en esta materia, que tengan como base los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, en particular aquellos relativos a los derechos de las personas migrantes.

Así las cosas, cuando el Gobierno señala que no participará en dicha instancia porque se busca imponer a los Estados, por sobre su soberanía, acuerdos reñidos con las políticas internas de Chile, se falta a la verdad. En primer lugar, el principio de soberanía se encuentra a la base de la regulación de la migración. Tanto así que, si bien existe el derecho de un nacional a salir y regresar a su país, no existe la obligación del Estado de recibir a un extranjero/a que desee entrar al país, a excepción de los solicitantes de asilo. Por otro lado, el Pacto Global no avanza más allá de los estándares de derechos humanos fijados en la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. En efecto, cuando el Gobierno señala que se intenta diluir la distinción entre migrantes en situación regular y aquellos en situación irregular, se vuelve a faltar a la verdad porque dicha distinción, de acuerdo a dicha Convención no existe respecto de los derechos humanos básicos y sólo existe para ampliar la gama de derechos relacionadas con la plena inserción laboral de quienes se domicilian en nuestro país. El Gobierno vuelve a faltar a la verdad cuando señala que el Pacto Global impone medidas concretas en materia de tráfico y trata. Las medidas dicen relación con las obligaciones que ya tiene Chile en estas materias por haber ratificado el Protocolo de Palermo. En definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol a excepción de la expresión concreta y renovada de una voluntad política de parte de la comunidad internacional a la necesidad de darle una perspectiva global y de cooperación a la regulación de uno de los problemas de derechos humanos más álgidos de estos tiempos.

Anunciar a última hora que no asistirán a la conferencia en Marrakesh es por lo tanto, un hecho político y comunicacional que busca causar un impacto a nivel internacional y nacional. A nivel internacional probablemente esta señal será leída como un cambio de dirección en la política exterior y concretamente en la política multilateral de Chile, donde pasamos de ser un ejemplo en la región a pertenecer a un grupo de países que han esgrimido posiciones nacionalistas y xenófobas, que ven con desconfianza las instancias globales que refieren a temas de o relacionados con los derechos humanos. Chile se une a países como Estados Unidos, Hungría, Polonia, entre otros, lo que es el reflejo de una mala señal.

Pero cabe insistir en que no asistir a dicho foro, no exime de sus obligaciones al Estado de Chile en materia de derechos humanos de la población migratoria. Si bien Chile tiene el derecho de regular sus flujos migratorios debe hacerlo en el marco de los compromisos de derechos humanos ya adquiridos y que son previos e involucran en su cumplimiento la responsabilidad internacional del Estado.

Publicado por The Clinic 

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