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Declaración: Feministas en Chile apoyan a feministas nicaragüenses

 

El día domingo 14 de octubre, en el contexto de una concentración pacífica, las fuerzas policiales detuvieron a 23 personas por el solo hecho de encontrarse en el lugar. Entre los detenidos se encuentran compañeras de la Articulación Feminista de Nicaragua, Marlen Chow y Tamara Dávila, y otras feministas tales como Suyen Barahona, Ana Vijil, Ana Lucía Álvarez, Alba Aragón, Marcela Martínez, María Machado, Sandra Cuadra, Geisel Solis, María Dolores Monge y María de Los Ángeles Gutiérrez.

Asimismo, nos enteramos del arresto arbitrario de Haydee Castillo, asociada histórica de la Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (RSMLAC), y de Letty Cunningham, fueron detenidas en el aeropuerto de Managua. Las compañeras feministas detenidas el domingo han sido liberadas la tarde de este lunes,  ninguna debió estar nunca detenida no han cometido ningún delito.

Desde Chile expresamos nuestro enérgico apoyo y solidaridad hacia la población nicaragüense en general, y especialmente a  las mujeres y feministas defensoras de los derechos humanos quienes han sido amenazadas, secuestradas y encarceladas solo por tener la valentía y el coraje de luchar por aquello que creen justo. Nos unimos así a la exigencia mundial para la liberación inmediata de Yaritza Mairena, Amaia Coppens y Victoria Obando y de las más de 340  presas y presos políticos que mantiene el régimen dictatorial de Ortega-Murillo.

No nos rendiremos jamás frente a los fundamentalismos políticos que  en la región solo buscan acallar las voces disidentes y seguiremos denunciando todas las amenazas y persecuciones a defensoras de los derechos humanos y del territorio. Con mayor fuerza que nunca reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la libertad y la democracia plenas. Y nos ponemos a disposición para las acciones propuestas por las organizaciones feministas nicaragüenses (agosto 2018).

Organizaciones y personas que adhieren:

  • Coordinadora Autónoma contra la violencia machista
  • Colectivo Con-spirando
  • Paro Internacional de Mujeres Chile
  • APROFA, Asociación chilena de protección a la familia
  • Lideracción organización Puerto Montt, Chile.
  • Red chilena de profesionales por el derecho a decidir
  • Corporación Humanas, Chile
  • Marcha Mundial de Mujeres Chile
  • Observatorio de Género y Equidad
  • Dirección de Igualdad de Género Universidad de Chile
  • Mesa de Acción por el Aborto en Chile
  • Red de Docentes Feministas
  • Red de Actrices chilenas, RACH
  • Fundación Instituto de la Mujer (IMU)
  • Ni Una Menos Chile
  • Colectiva Hartas Mujeres
  • Foro Ciudadano
  • Católicas por el Derecho a Decidir – Chile
  • Feministas Izquierda Autónoma
  • Feministas Autoconvocadas
  • Colectiva Lesbofeminista Lastres Abisales
  • La Ciudad de las Diosas
  • Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes
  • Mujeres inmigrantes Warmipura
  • Comisión de Observadores de DDHH Casa memoria José Domingo Cañas
  • Colectiva feminista Patiperras La Serena, Chile.
  • Coordinadora Acción Gabriela Mistral La Serena, Chile.
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  • Adriana Gómez Muñoz
  • Josefina Hurtado Neira
  • Soledad Acevedo Arenas
  • Irma Palma
  • Solange Vásquez Valenzuela
  • Madeleine Kohnenkampf Bolbarán
  • Consuelo Estrada Kohnenkampf
  • Constanza Ulloa Fernández
  • Paola Arroyo Fernández
  • Verónica Díaz Ramos
  • Marcela Herrera  Luque
  • Celeste Pérez Álvarez
  • Camila Rojas Valderrama, Diputada Izquierda Autónoma Frente Amplio
  • Daniela López Leiva, Directora Fundación Nodo XXI
  • Constanza Valdés Contreras
  • María José Castillo Oñatt
  • Marcela Arriagada Porma
  • Isabel Punoñanco Punoñanco
  • María José Lizana Varela
  • Ute Maria Seibert
  • Susan Cabezas Cartes
  • Claudia Daroch Yáñez, Presidenta Organización Feministas Lideresas del Bío Bío.
  • María Fernanda Recart González
  • Paula Salvo Del Canto
  • Mariela Infante Erazo
  • Marta Cisterna Flores
  • Daniela Aceituno Silva
  • Carol Crisosto Cádiz, católica feminista.
  • Inés Pérez Cordero
  • Vesna Madariaga Gjordan
  • Adela Gómez Pickering
  • Leslie Nicholls Silva
  • Mary Judith Ress
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Corporación Humanas expresa su profunda preocupación por la muerte del defensor de derechos humanos Alejandro Castro

DECLARACIÓN DE PÚBLICA

Frente al asesinato de Alejandro Castro, se requiere de una respuesta estatal enérgica para esclarecer estas situaciones y que proteja a los defensores de derechos humanos en su contribución insustituible para la profundización de la democracia.

Corporación Humanas expresa su profunda preocupación por la muerte del defensor de derechos humanos Alejandro Castro y solidariza con sus familiares y las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos de Quintero y Puchuncaví.

El rol de los defensores de derechos humanos en una sociedad democrática es fundamental para la denuncia de situaciones que afectan los derechos de las personas. Por esta razón en América Latina personas como Alejandro Castro han sido criminalizados e incluso asesinados.

Exhortamos a las autoridades a realizar una completa y exhaustiva investigación que permita esclarecer los hechos, y a proteger a los defensores de DDHH para que continúen desarrollando su labor en defensa de sus comunidades. 

Según la información entregada por la Policía de Investigaciones, la causa de muerte del líder de las protestas por contaminación en la zona, fue asfixia por ahorcamiento no observándose “lesiones atribuibles a terceras personas”. En tanto, cercanos al activista sostienen que Alejandro Castro recibió amenazas por Carabineros de la Séptima Comisaría de Valparaíso, quienes habían llegado a Quintero a resguardar la seguridad, lo que sucedió tras la segunda marcha del 23 de septiembre pasado.

El caso de la lamentable muerte de Alejandro Castro, recuerda otras situaciones con el mismo resultado. La del sindicalista Juan Pablo Jiménez alcanzado supuestamente por una “bala loca” y el supuesto suicidio de la activista medioambiental Macarena Valdés, cuya familia ha descartado completamente que la joven se haya quitado la vida, tesis que la autopsia también desechó.

Finalmente, reiteramos que una respuesta democrática de los Estados a los conflictos y protestas sociales implica el compromiso de garantizar los derechos de reunión, de expresión y de participación por lo que se hace necesaria una respuesta estatal enérgica para esclarecer estas situaciones y que proteja a los defensores de derechos humanos en su contribución insustituible para la profundización de la democracia.

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El caso de Isidora González y las dificultades de la Ley de Femicidios

La joven de 23 años fue asesinada hace un año por su pareja, y aunque en el juicio la defensa del imputado intentó desestimar la convivencia para descartar el femicidio, el Tribunal Oral de Melipilla lo declaró culpable y decretó para él la pena de presidio perpetuo calificado. A pesar de la condena la dificultad de tipificar estos casos sigue vigente, pues la ley establece que este delito solo se remite a relaciones oficiales y no a todos los casos de violencia contra las mujeres.

Por Andrea Bustos, Radio Universidad de Chile 

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La gran ola que cambia Chile empezó en la universidad

Las estudiantes se movilizan por una educación no sexista y contra todas las formas de violencia hacia la mujer

Decenas de mujeres realizan una manifestación el viernes en la tradicional Plaza Italia de Santiago a favor del aborto

Por Rocío Montes, El País 

La nueva ola feminista chilena se gestaba hace años, pero la revolución silenciosa dejó de serlo: el 16 de mayo pasado, unas 150.000 mujeres salieron a las calles de Santiago de Chile y otras 50.000 en diferentes ciudades bajo el lema contra la violencia machista, educación no sexista. La rebelión fue empujada por el movimiento Me too, contra el acoso de académicos en las universidades, la muerte por abusos sexuales de una niña de un año y ocho meses y por las expresiones de quien era ministro de Educación, Gerardo Varela, que señaló que sus hijos eran “campeones” por usar más de tres condones.

Entre abril y agosto, las estudiantes de una cincuentena de universidades ocuparon sus establecimientos o paralizaron las actividades en protesta contra todas las formas de violencia hacia la mujer. Las universitarias y las jóvenes se convirtieron en la punta de lanza de un movimiento que logró visibilizar el machismo incrustado en la idiosincrasia nacional.

“Las movilizaciones de mujeres este año han sido verdaderamente inéditas. En Chile se habían producido antes ciclos de movilización masiva de mujeres, a mitad del siglo XX y en la década de los ochenta, pero es la primera vez que ocurren tras demandas y consignas exclusivamente feministas”, relata Marcela Ríos, representante adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La imagen de una universitaria sin sujetador junto a una estatua de Juan Pablo II, en uno de los patios de la conservadora Pontificia Universidad Católica, graficó la indignación de las estudiantes chilenas y se convirtió en el símbolo de lo que fue bautizado como mayo feminista. Alumnas de Derecho de esa casa de estudio, en medio de las protestas, develaron lo que tenían que escuchar por parte de sus profesores: “Señorita, ¿qué hace con ese escote? ¿Usted vino a dar una prueba oral o a que la ordeñen?”.

Pero la protesta se propagó fuera de las aulas y se hizo transversal. “Nadie vio venir que con este movimiento no solo se iban a identificar las comunidades educativas, sino que muchas de nuestras madres y abuelas. La violencia de género no solo afecta a las mujeres en las universidades, sino que en todos los planos de la vida. Las chilenas se levantaron contra el patriarcado en que estamos inmersas”, indica Araceli Farías, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica.

Las jóvenes consiguieron que sus respectivas instituciones educacionales comenzaran a atender sus demandas. La Universidad de Chile, la pública de mayor importancia y antigüedad en el país, generó políticas integrales de prevención de violencia y acoso sexual, junto con medidas antidiscriminatorias. Una de las principales conquistas, sin embargo, ha sido el cambio de paradigma: “El machismo ahora es condenado públicamente y en todas sus dimensiones. Nuestros compañeros, padres y profesores comienzan a cuestionar sus comportamientos machistas”, relata Farías.

A diferencia de lo que ocurría hace un año, las miradas impúdicas, los comentarios obscenos y los malos tratos hacia las mujeres en Chile no pasan inadvertidos ni en los espacios públicos ni privados. Se han conocido los abusos cometidos por conocidos directores de teatro o de cine. De acuerdo a la Dirección del Trabajo, las denuncias por acoso sexual en ámbitos laborales crecieron un 51% en el primer semestre. “Existe una mayor conciencia y rechazo de la violencia contra las mujeres. Se ha develado la violencia sexual como un ejercicio de poder, desmontado su naturalización y denunciado las múltiples complicidades que la sustentan”, explica Camila Maturana de Corporación Humanas.

El movimiento feminista chileno no se detiene, porque existe consenso en que falta mucho para acercarse a la igualdad. Pero en el Parlamento se estudian diversos proyectos de ley en favor de las mujeres y el Gobierno de Sebastián Piñera, en medio de la ola feminista, presentó una agenda de medidas para corregir las disparidades. El mandatario hizo un mea culpa por su machismo: “Yo también he cometido errores y haré todos los esfuerzos para corregirlos”.

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México será sede de #Confedrogas2018

II Conferencia Latinoamericana y II Mexicana sobre Políticas de Drogas

La Ciudad de México será el centro del debate regional más importante sobre las políticas de drogas, del 29 al 31 de octubre del año en curso. Tras la reciente elección de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, #Confedrogas2018 se presenta como un escenario promisorio para que la sociedad civil, tomadores de decisiones, políticos, funcionarios públicos y de organismos multilaterales y los más destacados especialistas, cuestionen seriamente los resultados de las actuales políticas de drogas y puedan elaborar propuestas innovadoras y eficaces. 

En los últimos cien años, el tema de reformar la política de drogas se ha instalado como una cuestión de urgencia regional debido a los enormes daños sociales que resultan de las acciones de distintos actores sociales –en particular de los Estados– frente a este tema. A pesar de que desde hace décadas casi todas las naciones del mundo adoptaron distintas versiones de un modelo prohibicionista represivo, en los últimos años el consenso global del modelo se ha fragmentado. Actualmente, existen países que han roto abiertamente con este paradigma e implementado modelos alternativos de regulación de la cadena productiva de estas plantas y sustancias, así como estrategias de reducción de daños y diversas variantes de despenalización del consumo.

El último Informe Mundial de Drogas publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), da cifras contundentes sobre el fracaso del modelo actual, que no ha conseguido reducir la oferta ni la demanda de sustancias, y tampoco, en su naturaleza prohibicionista, aporta a la promoción de la reducción de daños ni el consumo responsable. La producción mundial de cocaína alcanzó en 2016 el nivel más alto jamás reportado, con un estimado de 1.410 toneladas. La marihuana fue la sustancia más consumida en 2016, con 192 millones de personas que la usaron al menos una vez durante ese año. De 2016 a 2017, la producción global de opiáceos aumentó en un 65% alcanzando las 10.500 toneladas, la estimación más alta registrada por ONUDD desde que comenzó a monitorear la producción mundial de opio a principios del siglo XXI.

Los esfuerzos punitivos han tenido poco impacto en sus objetivos de reducir la producción ilegal de plantas y sustancias psicoactivas ilegales, además de haber generado impactos sumamente negativos como violaciones a los derechos humanos, violencia generalizada, la criminalización de comunidades vulnerables y/o marginadas y la estigmatización de personas que usan drogas. Sin embargo, lo que ha tenido resultados extremadamente positivos ha sido un enfoque de reducción de daños y gestión del placer, acompañado por la regulación de los mercados. Veinticinco por ciento de la población estadounidense vive en un lugar con cannabis legal para uso adulto[1]. Uruguay ha regulado el mercado desde la semilla hasta la venta[2] y Canadá ya esta trazando una ruta hacía la regulación[3].

Los resultados han sido contundentes. El estado de Colorado ha distribuido más de $230 millones de dólares a su Departamento de Educación entre 2015-2017 con ingresos por los impuestos de cannabis[4].  Los fondos son utilizados para construir escuelas, prevención de bullying y campañas de salud. California y Washington han implementado programas de equidad dentro de sus regulaciones de cannabis que busca favorecer comunidades y personas impactadas por la prohibición y darles mayor oportunidad para entrar al mercado legal de cannabis. Se estima que el mercado de cannabis legal en Estados Unidos ha generado 165.000-230.000 empleos en todo el país[5]. Es urgente que América Latina forma parte de estos cambios.

La ola de militarización de la seguridad pública, el alza en el encarcelamiento por delitos no violentos relacionados con drogas, particularmente de mujeres, así como la creciente desatención y estigmatización de las personas que usan plantas y sustancias psicoactivas son factores que merecen una revisión profunda. El momento y el lugar para un debate tan primordial no podría ser más propicio. En su séptima edición, el gran evento que organiza el consorcio Confedrogas, llega por segunda vez a México. Equis Justicia para las Mujeres será el organizador local y cuenta con el apoyo de Reverdeser Colectivo y el Instituto RIA.

La cita será en el Sheraton María Isabel del 29-31 de octubre.  Las inscripciones para el público se encuentran abiertas ¡Ahí les esperamos! Para más información, consultar: http://www.conferenciadrogas.com

[1] Tate, Emily. Nearly 25 percent of americans could be living in states with legal marihuana. Huffington Post. 11 de octubre de 2016, en: https://www.huffingtonpost.com.mx/entry/legal-recreational-marijuana-vote_us_57fd2b1de4b0e655eab7f600[2] Instituto de Regulación y Control del Cannabis, ver: https://www.ircca.gub.uy[3]Canadá legaliza el uso recreativo de la marihuana. Expansión. 20 de junio de 2018, en: https://expansion.mx/mundo/2018/06/20/canada-legaliza-el-uso-recreativo-de-la-marihuana[4]Marijuana Reform in Colorado. Drug Policy Alliance. 2018, en: http://www.drugpolicy.org/colorado/marijuana-reform[5]Cabot, Heather. Do you need a degree to work in marijuana? Forbes. 13 de febrero de 2018, en:https://www.forbes.com/sites/heathercabot/2018/02/13/do-you-need-a-degree-to-work-in-marijuana/#5a2012d77511

 

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Casi un tercio de las víctimas de femicidio en 2018 había denunciado


Según cifras del Ministerio de la Mujer, de las 28 mujeres asesinadas, 20 no habían dado a conocer a las autoridades situaciones de violencia. Por esto, llamaron a denunciar.

Rosa Martínez Duarte (58) fue a declarar en contra de su pareja por presunta violencia psicológica reiterada ante la fiscal Erika Maira, el 29 de enero pasado. La persecutora, quien hoy es la jefa de atención a víctimas de la Fiscalía Nacional, desestimó que los hechos relatados por Martínez fueran constitutivos de maltrato habitual. Nueve meses después, Rosa fue asesinada por su pareja, convirtiéndose así en la octava víctima de femicidio registrada este año que había presentado una denuncia previa por situaciones de violencia intrafamiliar.

Además de ellas, hubo otras 20 mujeres que también fallecieron por femicidio en lo que va de 2018. Sin embargo, estas últimas no presentaron una denuncia, por lo que en el Estado no se tenía conocimiento de que ellas hubieran sido maltratadas con anterioridad.

Todas estas cifras son parte de un análisis realizado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género al que tuvo acceso La Tercera. En este se detalla, además, que de las 28 víctimas en total, solo una contaba con medidas de protección vigentes y tres estaban en los programas del gobierno para ayudar a estas mujeres. Asimismo, en 10 de estos casos el agresor se suicidó luego de cometer el crimen.

De acuerdo a la información del ministerio, la víctima de femicidio que más denuncias presentó fue María José Hurtado, una mujer de 33 años, que fue encontrada muerta en Ñuñoa el 27 de mayo, con un golpe en la cara y en avanzado estado de descomposición. Tenía cuatro hijos y su marido se suicidio tras cometer el crimen.

Según los datos del gobierno, registraba ocho denuncias por violencia intrafamiliar: el 17 de febrero de 2012 en la 5° Comisaría de Casablanca; el 24 de marzo de 2013 en la 3° Comisaría de Algarrobo; el 6 de enero de 2015 en la Tenencia El Tabo; el 24 de noviembre de 2015 en la misma tenencia; el 19 de enero de 2016 en el mismo lugar; el 4 de diciembre de 2012 en la 3° Comisaría de Algarrobo; el 22 mayo de 2017 en la 3° Comisaría de Santiago, y el 11 de noviembre de 2017, en la 16° Comisaría de La Reina. No registraba medidas cautelares ni atención del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) al momento de su deceso.

Consultada respecto de cómo ve el rol de la fiscalía, tomando en cuenta que ocho víctimas habían denunciado hechos de violencia previos, la ministra de la Mujer, Isabel Plá, dijo que “lo único que nosotros hemos visto de todas las instituciones, especialmente de la fiscalía, del Poder Judicial y de la policía, es preocupación y son bien comprometidos, ponen lo mejor de ellos”. Señaló que “el máximo responsable de la muerte de una mujer víctima de femicidio es el femicida. Nunca podemos perder el foco de quién es el verdadero criminal”.

En ese sentido, indicó que “siempre es mejor que la mujer denuncie a que se mantenga en silencio”, y agregó que “de las mujeres que son víctimas de violencia, menos del 30% había denunciado a Carabineros, a la PDI o a la fiscalía, y solo tres habían recurrido a un centro de la mujer. Necesitamos que las mujeres confíen en la institución”.

Por esto, la secretaria de Estado aseguró que “el principal objetivo estratégico es revestir de una mayor confianza a las instituciones para que las ciudadanía denuncie”.

En tanto, Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, aseguró que “esta situación lamentablemente pone en evidencia las falencias que presenta el Estado de Chile en el cumplimiento de sus obligaciones de prevención a la violencia y de protección a las víctimas, que se refleja, por ejemplo, en la ausencia de un mecanismo estatal a cargo del seguimiento y evaluación de las medidas de protección que se decretan para la seguridad de las mujeres”.

En tanto, consultada la Fiscalía Nacional sobre cuál es el seguimiento que les hizo a estos casos, La Tercera no obtuvo respuesta.

Por La Tercera 

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“El filtro de los ddhh no existe para la derecha”

 

Lorena Fries indicó que “eso nos muestra la cara más cruda de ese sector político”. Sostuvo que Piñera perdió “cierto capital político” que tenía en esta materia.

Hugo Guzmán Rambaldi. Periodista. Lorena Fries, abogada y ex subsecretaria de Derechos Humanos indicó que “eso nos muestra la cara más cruda de ese sector político”. Sostuvo que Piñera perdió “cierto capital político” que tenía en esta materia y aseveró que “hoy lo veo más cautivo de su coalición”. La experta en estos temas advirtió que “la derecha está teniendo discursos, tesis, que impactan la noción” en DDHH y afirmó que crear el “Museo de la Verdad” y sostener la teoría del empate “no tiene mucho asidero”. Expresó que se vienen fechas conmemorativas, como los 45 años del golpe de Estado, que van a movilizar al país y reivindicó que “en DDHH no se puede hablar de pasado, de presente, sino en una línea de continuidad”.

De manera relevante se instaló lo de derechos humanos en la agenda nacional.

Así es, se instala como tema. Hay una coyuntura que tiene que ver acciones del Gobierno como nombrar funcionarios cuestionados en esta materia, pero también con las conmemoraciones de este año, la cercanía del mes de septiembre y los 45 años del golpe de Estado. Uno esperaría que este tema no se diluya después de esas fechas conmemorativas y permita construir una unidad en el país, en la oposición, respecto a DDHH, que es un factor de valoración en una sociedad democrática.

Se vienen los 45 años del golpe de Estado, los 30 años del triunfo del No, los 20 años del arresto de Augusto Pinochet en Reino Unido. ¿Serán meses muy convulsos?

Pueden serlo. Es un elemento positivo que esas fechas y los derechos humanos movilicen a la gente. Lo que toca políticamente es que tenga una proyección en el tiempo y se configure de una vez por todas el sentido amplio de los derechos humanos como una línea de acción desde los partidos políticos, los movimientos sociales y desde quienes creen en el valor de la democracia y de esos derechos.

Se insistió desde algunos sectores en que los DDHH eran un asunto del pasado. ¿Cómo mirar eso con lo que ocurre en estos meses?

El tema de los derechos humanos nunca es del pasado. No solo porque hay cuestiones pendientes, sino porque ese pasado informa sobre cuestiones que son de esta democracia. Por ejemplo, el tema de la tortura -que no es sistemática como en dictadura-, que existe hoy en Chile, o los temas de no discriminación, de derechos sociales que hace poco son parte de la agenda, o el modelo económico heredado de la dictadura. En DDHH no se puede hablar de pasado, de presente, sino en una línea de continuidad.

Precisamente, en la actualidad se habla de los DDHH de los niños y adolescentes del Servicio Nacional de Menores, del pueblo mapuche, de la diversidad sexual. ¿Hay una temática contemporánea de derechos humanos en nuestro país?

Absolutamente. Por eso no se puede dividir los DDHH entre pasado y presente. Lo que pasó en el país durante la dictadura impacta en otros temas y el mayor anhelo que una tiene como defensora de DDHH es que haya una unidad de mirada respecto al tema. Así como hay organizaciones que promueven derechos de niñas y niños, debería promoverse verdad, justicia y reparación respecto de menores que fueron víctimas de tortura; y en eso importa lo que pasa con los niños del SENAME. Lo mismo con las mujeres, la violencia sexual que fueron objeto por agentes del Estado y su no consideración, hoy impacta en la falta de atención y sensibilidad respecto de la violencia contra las mujeres por parte de otros que no son agentes del Estado, que son sus ex parejas o amigos. Hay una nueva agenda de DDHH y no puede estar separada del pasado.

Se armó el debate en torno del Museo de la Memoria. Sebastián Piñera insistió en su Museo de la Democracia. Y la “familia miliar” salió con un Museo de la Verdad.

Este es un debate en reacción a la fuerza del movimiento ciudadano de derechos humanos. Ese Museo de la Verdad no habla de derechos humanos, sino de muertes que hubo durante la dictadura que no tienen que ver con esos derechos, de cuando el Estado viola derechos de los ciudadanos. Esta teoría del empate y menos con ese Museo de la Verdad, no tiene mucho asidero. Y ligo a eso el Museo de la Democracia, que no es un anuncio de Piñera en el contexto del Museo de la Memoria, sino que lo había planteado durante la campaña, vinculado a una idea de él de “segunda transición” en el país. Me parece más inverosímil, porque entre otras cosas vacía de contenido lo que es una transición, de un régimen dictatorial a uno democrático, para hablar de una “segunda transición” donde nada cambia: no cambia el modelo, no cambia la mirada institucional. Piñera apela a los grandes acuerdos que dieron inicio al proceso de transición como si pudiéramos restablecer esos acuerdos, cuando hoy lo que está en juego es cuál es el modelo de desarrollo para este país. Eso es un debate ideológico que más abre que cierra las discusiones en torno de acuerdos.

La derecha sostiene la tesis del “contexto” en cuanto a las violaciones a los DDHH y reivindica a “víctimas de la violencia política”.

Efectivamente, y si uno mira el Informe Rettig hay casos de víctimas de violencia política, que no es lo mismo que víctimas de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Pero la discusión sobre “el contexto” no tiene mucho sentido, porque el contexto de esas violaciones fue la dictadura, no el periodo del Presidente Salvador Allende. No hay nada más que añadir a eso.

¿Cómo ve el papel que ha jugado Piñera en todo esto?

Sebastián Piñera tenía cierto capital político en materia de derechos humanos que venía de sus acciones durante su primer Gobierno. Cuando habló de “los cómplices pasivos” de la dictadura, cuando decretó el cierre del penal Cordillera donde recluían a ex uniformados. Pero hoy lo veo más cautivo de su coalición y tuvo que salir él a contrarrestar la reacción que tuvo el movimiento de DDHH ante la designación de sus ministros y un subsecretario, cuestionados en estas materias. Se dijo que esas designaciones no pasaron filtros, pero la verdad lo que uno ve, es que el filtro de los derechos humanos no existe para la derecha. Eso incluye varias cosas, entre otras, para elegir a sus autoridades. Eso nos muestra la cara más cruda de ese sector político.

Otro de los temas que cruzó la agenda fueron las libertades condicionales otorgadas por la Corte Suprema a represores y la acusación constitucional parlamentaria a jueces que dieron esos beneficios.

Eso de las libertades condicionales viene pasando hace mucho tiempo, desde el 2013, cuando fueron liberados los criminales del caso degollados (el asesinato de tres militantes comunistas). Era un tema pendiente que desde que yo estaba en el Instituto Nacional de Derechos Humanos se lo hicimos saber al Parlamento. La verdad es que el déficit principal es de legislación, hay que decirlo con todas sus letras. En su momento no se le tomó el peso a que eso iba a pasar, porque la jurisprudencia de la Corte Suprema da tanto para no otorgar u otorgar la libertad condicional. Por lo tanto, un cambio podía reafirmar cualquiera de esas tendencias. Se reafirmó la del legalismo de cumplir con los requisitos que se establecían y en ello el Poder Judicial dio una señal de impunidad frente a violadores de DDHH y afectó a las víctimas al acceso a la justicia. Bueno, esto dio lugar a la acusación constitucional contra los jueves. Leí la acusación de los parlamentarios, y lo que se refiere a que esos jueces hayan hecho un mal control de convencionalidad, es decir, no revisaron ni acogieron lo que se les dijo en materia de derecho internacional en relación a las graves violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, insisto en que el principal déficit es legislativo.

Hay una ofensiva de la derecha, de la “familia militar” en DDHH. ¿No hay un marco delicado, peligroso?

Por supuesto que hay una situación muy delicada, y creo que se requiere una gestión desde las agrupaciones de DDHH y de familiares de las víctimas, desde el movimiento social, de los partidos políticos, por apurar las iniciativas que permitan tener más información del paradero de los detenidos desaparecidos. Eso es una urgencia y no podemos esperar un par de años más, porque puede perderse esa información. Murió el segundo a bordo de la Caravana de la Muerte y no entregó ninguna información y nunca se arrepintió de los secuestros y asesinatos cometidos. Muestra que no hay disposición y vamos a tener que, desde la política y la sociedad, presionar para avanzar en más verdad, justicia y reparación.

Junto a eso se ve a personeros e intelectuales de la derecha, plantear tesis en relación a los DDHH, cambiando la mirada.

Así es, y eso como decías, es delicado y es peligroso. Por un lado una podría decir “que bueno” que la derecha esté debatiendo sobre derechos humanos. Hace años atrás lo único que planteaban es que los DDHH estaban dominados por jueces y expertos que eran de izquierda. Ya no hay ese planteamiento, salvo unos pocos, y la derecha está teniendo discurso, tesis, y que desde mi punto de vista afecta e impacta a la noción de derechos humanos. Están cuestionando la aplicación del sistema antiguo a las víctimas de violaciones de DDHH, están recurriendo al Tribunal Constitucional utilizando la convención de adultos mayores para lograr un trato benigno para represores, incluso la opción de beneficio penitenciario por la condición de adulto mayor, que no es lo que señalan las normas de derecho internacional, están planteando lo del “contexto”. Eso obliga al mundo de derechos humanos a estar atento y más preparados frente a esta embestida.

“La derecha no cuenta con vasos comunicantes con organizaciones que trabajan en promoción de DDHH”

¿Quedaste satisfecha con la labor en la Subsecretaría de DDHH, considerando que la hiciste partir?

Quedé satisfecha en relación a que la armamos, conté con un equipo extraordinario para llevarla adelante, sacamos la tarea principal que era el Plan Nacional de DDHH. Quisimos hacer más, pero nos topamos con problemas incluso al interior de nuestro sector, sobre todo en materia de verdad y justicia.

¿Está cerrado o queda pendiente el tema de que no se haya cerrado el penal de Punta Peuco?

Está pendiente. Lamento no haber podido lograr que se cerrara Punta Peuco. Hoy no se ve en el horizonte que eso vaya a ocurrir. Quedó pendiente, y lo señaló el Comité Contra la Tortura en Ginebra, el levantamiento del secreto de 50 años que pesa sobre la Comisión Valech 1, y donde estamos derechamente en responsabilidad internacional puesto que no se puede negar a los Tribunales de Justicia información que sirva para investigar y sancionar los crímenes de tortura que se cometieron durante la dictadura.

Salieron informaciones de que en la Subsecretaría de Derechos Humanos que tú dirigiste en el Gobierno de Michelle Bachelet, están modificando el Plan de DDHH que dejaron instalado.

Tengo esa información. La subsecretaria (Lorena Recabaren) dijo que se va a implementar el Plan y que habrá modificaciones pero no en torno de los objetivos y las metas, sino respecto a algunas acciones. Eso está dentro del rango de cuestiones que se pueden cambiar. Pero no los objetivos y metas que tienen relación con las recomendaciones hechas por el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano.

¿Eso se estaría modificando?

Eso no. Objetivos y metas no. Se modificarían acciones que llevan a eso. Habrá que ver el resultado de esa modificación. Lo más importante de ese Plan es que está considerada la sociedad civil como parte del mecanismo de monitoreo, y ahí veo una falencia ya que la derecha no cuenta con vasos comunicantes con las organizaciones que trabajan en la promoción de DDHH. Un Plan que no esté monitoreado por las organizaciones de DDHH pierde legitimidad.

Publicado por El Siglo 

Jóvenes

Los distintos tipos de violencia que los jóvenes reconocen dentro del pololeo

Según una encuesta del Injuv y la UC, el 60% de los consultados señaló que las agresiones no se denuncian. El 11% aseguró que su pareja lo ha presionado para mantener relaciones sexuales a pesar de no desearlo.


El 13 de junio, en la comuna de Maipú, Gabriela Alcaíno (17) y su madre, Carolina Donoso (53), fueron encontradas sin vida en el living de la casa, luego de todo un fin de semana sin que se supiera de ellas. Horas más tarde, Fabián Cáceres (18), expareja de Gabriela, confesó el crimen a la PDI.

El imputado, quien dijo a la policía “no soportar el quiebre amoroso”, fue formalizado por doble homicidio. La figura de femicidio fue descartada, pues no había una relación de convivencia entre agresor y víctimas. Si se hubiera aplicado, el rango de pena que arriesga Cáceres sería mayor.

El caso, que reabrió la discusión en torno a la falta de regulación de las agresiones en el pololeo, se registró pocas semanas después de que el Ejecutivo pusiera urgencia al proyecto de ley que sanciona la violencia en la pareja sin convivencia.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DesUC) dieron a conocer los resultados de la última encuesta sobre violencia en las relaciones de pareja entre los jóvenes.

El estudio incluyó a 1.112 hombres y mujeres entre 15 y 29 años, pertenecientes a 107 comunas del país, cuyas respuestas dan cuenta de que el 60% de los consultados estima que las agresiones no se denuncian porque existe temor a las represalias.

“Podemos apreciar que pese a las campañas, y que hoy como nunca el problema se ha visibilizado como algo grave, muchos jóvenes están viviendo relaciones violentas y algunos ni siquiera se dan cuenta. La violencia sicológica está naturalizada entre las parejas, especialmente las adolescentes”, advierte Mariana Madariaga, directora de la ONG Parejas Sin Violencia. Agrega que estos resultados están en sintonía con “el estudio que realizó nuestra ONG en 2014 en Maipú, donde detectamos que el 49% de los adolescentes entre 14 y 19 años habían sido víctimas de violencia”.

El impacto de las redes

Qué se publica, dónde, cómo y cuándo también fue parte del estudio del Injuv, pues el impacto y uso habitual de las redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram lo hacen necesario.

En este sentido, el 17,1% de los encuestados declaró que revisar el teléfono y redes sociales de la pareja es aceptable o bastante aceptable, mientras que el 14% estimó que no es negativo hacer bromas con amigos respecto a las relaciones íntimas.

Además, un 39,4% declaró que su pareja ha revisado su celular o redes sociales sin su consentimiento. Según el reporte elaborado por el Injuv, esto “da cuenta de las nuevas formas en las que se expresa y ejerce la violencia en las relaciones de parejas jóvenes”.

En este sentido, el director del organismo, Mirko Salfate, aseguró que “llama la atención que estas conductas, de alguna manera, se han ido naturalizando. Parece ser contradictorio con una juventud que se supone está con una mente más abierta, más integrada y que entiende de manera distinta las comunicaciones”.

La violencia sexual también fue parte de la encuesta. Según los datos, un 5,3% de los encuestados considera aceptable o bastante aceptable presionar a la pareja a tener relaciones sexuales y un 4,4% opina lo mismo sobre dar golpes o bofetadas.

Sobre violencia sexual el estudio refleja, además, que el 11% declara que su pareja la ha presionado para tener relaciones sexuales “aunque no lo desee”.

Proyecto de ley

La violencia en las relaciones de pareja se ha convertido en un foco de preocupación del Ejecutivo. En este sentido, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, aseguró que se puso urgencia al proyecto de ley sobre violencia en el pololeo “y el de violencia integral contra las mujeres, que forma parte de las prioridades legislativas del gobierno y que estamos trabajando para su pronta aprobación”.

En la ONG Humanas existe otra mirada. La abogada de la organización, Camila Maturana, asegura que hace 10 años que el Injuv realiza este sondeo, y que desde esa perspectiva “es incompresible que no exista una política de Estado que regule la violencia dentro del pololeo (…) Es inaceptable que el Parlamento mantenga retrasada la iniciativa legal que sanciona la violencia en este tipo de relaciones”.

En tanto, Plá agregó que más allá del trabajo que realizan las policías, el gobierno y el Ministerio Público, “no vamos a ganar la batalla de la violencia si no concretamos como país un cambio cultural, porque en Chile todavía existen sectores que justifican la violencia contra las mujeres”.

Madariaga indicó, por su parte, que “el llamado es a dejar de normalizar o justificar acciones violentas como bromas, humor diferente. Y ese cambio debe estar liderado por la autoridad, con políticas públicas integrales de prevención en materia de violencia en la pareja. Estas nuevas políticas implican incluir al Ministerio de Educación, para que actualice el currículum escolar, incluyendo planes y programas efectivos que aborden temáticas como la autoestima, resolución de conflictos de manera asertiva, tolerancia y el respeto a otros”.

En este sentido, Camila Maturana, de la ONG Humanas, valoró que “la movilización feminista estudiantil de 2018 puso en el tapete la violencia hacia las mujeres, y lo más relevante es que levantó la necesidad de terminar con la educación sexista”.

El proyecto que modifica la ley de violencia intrafamiliar tendrá que hacerse cargo de que el 90 por ciento de los consultados indicó que no se sienten protegidos por Carabineros tras realizar una denuncia. De ahí que el análisis elaborado por el Injuv recomienda que “es de toda relevancia generar espacios de confianza y efectividad de los canales de sanción y denuncia, con la intención de que las personas jóvenes que sepan y entreguen información lo hagan y queden protegidas”.

Desde el Ejecutivo acotaron que actualmente el Ministerio de la Mujer, en conjunto con la PDI, realizan “charlas gratuitas de prevención de violencia en el pololeo, porque estamos convencidos de que trabajar en prevención es trabajar para que menos mujeres en el futuro sean víctimas de violencia”.

 Publicado por La Tercera 
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#PolíticamenteHumanas Francisco Estévez: “El Museo de la Memoria se convirtió en un símbolo que la gente quiere defender”

 

VIDEO| Francisco Estévez: “El Museo de la Memoria se convirtió en un símbolo que la gente quiere defender”

Estévez no sólo se refirió a esta polémica, también detalló cómo funciona este museo, en el sentido que su archivo se compone por donaciones que puede llevar gente común y corriente. 

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El historiador y director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, explicó que “el museo se convirtió en un símbolo que la gente quiere defender”,luego del masivo acto que se realizó el pasado miércoles 15 de agosto para manifestarse en contra de las opiniones del ahora ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas.

Entrevistado por Kena Lorenzini, en Políticamente Humanas, Estévez no sólo se refirió a esta polémica, también detallócómo funciona este museo, en el sentido que su archivo se compone por donaciones que puede llevar gente común y corriente.

Revisa la entrevista completa a continuación:

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Machi Francisca Linconao, anuncian la presentación de una petición ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Postulan a la machi Francisca Linconao al Premio Nacional de Derechos Humanos

14 de agosto, 2018.- El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Central y Corporación Humanas, representados por Sergio Fuenzalida y Lorena Fries respectivamente anuncian la presentación de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por violación al derecho a la integridad personal, al derecho a vivir una vida libre de violencia, derecho a acceso a la justicia y derecho a la identidad cultural, de la Machi Francisca Linconao.

Los hechos denunciados refieren al allanamiento al domicilio de la Machi Francisca Linconao realizado por Carabineros de Chile el 4 de enero de 2013, en el marco de la investigación por el ataque incendiario con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. Durante dicha diligencia la afectada fue objeto de violencia y trato denigrante por parte de agentes del Estado que, al detenerla, la despojaron de sus vestimentas tradicionales de machi del pueblo mapuche, siendo exhibida a los medios de comunicación a nivel nacional, atentando contra su dignidad como autoridad espiritual del pueblo mapuche. Ello motivó a Francisca Linconao a presentar una demanda civil de indemnización de perjuicios contra el Estado de Chile que fue rechazada en {ultima instancia por la Corte Suprema, en un fallo que evidencia una serie de problemas de forma y fondo que afectaron el acceso a la justicia y la reparación que exigía.

La Machi Francisca Linconao señaló que:el hecho de ser Machi y de haber sido detenida, despojada de mis vestimentas tradicionales, despeinada y por sobre todo puesto por carabineros un polerón verde de no sé quién, para ser fotografiada saliendo de un carro policial, ha repercutido fuertemente en mi salud física y espiritual, donde la sociedad chilena no logra dimensionar los efectos que causó en mi dicho despojo, los cuales sigo sufriendo hasta el día de hoy. Todo el país se enteró que fui detenida y formalizada por porte de arma de fuego del cual fui absuelta. Sin embargo mi dignidad y la de mi pueblo ya se afectó y el Estado de Chile no me ha querido reparar”.

De acuerdo a lo señalado por Sergio Fuenzalida: “Los tribunales de justicia deben poner especial atención y realizar un análisis interseccional cuando conocen este tipo de causas, puesto que se trata de personas, en este caso la Machi Francisca Linconao, que por su posición de mujer indígena, autoridad espiritual de su pueblo. Se encuentran en una situación de desventaja en la sociedad chilena”. Agregó que: “frente a las violaciones de derechos humanos que sufrió la Machi Linconao y no habiendose logrado la reparación de la violencia de la que fue objeto por Carabineros de Chile, no cabe mas que acudir a las instanias internacionales de derechos humanos.”

Por su parte, Lorena Fries señaló que: “La Machi Francisca Linconao es un referente para el pueblo mapuche y que el acto fundante de la petición debió haber sido reparado, puesto que junto con humillarla y denigrarla ante la sociedad chilena, a traves de los medios de comunicación, y al no haberse logrado la reparación del hecho durante el juicio civil, afectó no sólo su dignidad de autoridad espiritual sino que la del pueblo que representa”

La petición sera presentada el día jueves a la Comisión Interamericana para su admisibilidad.     

Publicado en AD Prensa: Programa de Derechos Humanos de la Universidad Central y Corporación Humanas, anuncian la presentación de una petición ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos por caso de la Machi Francisca Linconao

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