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“Mujeres cocaleras don trabajadoras, no narcotraficántes”

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La Corporación Humanas que trabaja con mujeres cocaleras, rechazó la intervención del Fiscal Néstor Humberto Martínez en la Plenaria del Senado este 18 de Abril, en la que calificó como inconveniente el punto 6.1.9 del Acuerdo Final de Paz, en el que se refiere al tratamiento diferenciado por los delitos relacionados con cultivos de uso ilicito, cuando los procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales.

Para el Fiscal, sería adecuado no tener un tratamiento diferenciado para las mujeres, porque, según él, este podría redundar en que las mujeres encarceladas por esta práctica sean usadas “como carne de cañón por la industria de las drogas”, sin embargo para la Corporación Humanas el tratamiento penal diferenciado si es necesario y recuerda que dicho tratamiento hace parte de los acuerdos.

Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas aseveró que se ha evidenciado que las mujeres realizan este tipo de prácticas porque son zonas que están desprotegidas del Estado.

“No se les ha garantizado la salud, la educación y la única posibilidad para muchas de estas mujeres en extrema pobreza para poder sacar a sus hijos e hijas adelante, ha sido la relación con el cultivo y allí han tenido relación con todo lo que es la producción de la coca, porque hay una ancestralidad pero también está la elaboración de la pasta, la cocaína” dijo Benjumea.

Las mujeres cocaleras exigen que se cumpla lo pactado en el Acuerdo de Paz en relación con la persecución penal “lo que se está viendo es que hay un incumplimiento, que no se ha escuchado a las mujeres cocaleras. Ellas no quieren que ningún acuerdo avance sin ellas. Por supuesto que quieren la sustitución, pero debe venir con garantías” relata Benjumea. Le puede interesar: Familias Cocaleras ya tienen Plan de Sustitución de Cultivos

Dice la directora de la Corporación Humanas que lo que vienen denunciando desde hace mucho tiempo es que las mujeres cocaleras no son narcotráficantes “las mujeres cocaleras están dispuestas a viajar a Bogotá para reunirse con la comisión de implementación de los acuerdos, para hablar incluso con el Fiscal si se honra a recibirlas, porque hay que dejar muy claro que ha habido un enfoque desde la Fiscalía General de la Nación desde el que se está criminalizando a las mujeres cocaleras” aseveró.

Benjumea es enfática en manifestar que las mujeres no quieren una acuerdo en el que no estén presentes ellas “el enfoque de género pactado en los Acuerdos de Paz no puede ser negociable y que la paz será con las mujeres. Todas las instituciones del Estado deben estar abocadas a cumplir”. Le puede interesar:“Comunidades del Putumayo insisten en plan de sustitución a pesar de erradicación forzada”

En la actualidad las mujeres están siendo instrumentalizadas por estructuras delictivas y, manifiesta Benjumea que el Estado no las está protegiendo “en el Acuerdo dice que el Estado tendrá que buscar alternativas a la persecución penal de estas mujeres y eso lo tiene que cumplir todas las partes, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General y estamos abocando por eso”. Le puede interesar: Erradicación de cultivos de uso ilicito van en contra de Acuerdo de Paz

En ese orden de ideas , asegura la Corporación Humanas, la persecución penal a mujeres instrumentalizadas por el narcotráfico, podría equipararse a culpar a trabajadores por aceptar laborar por debajo del salario mínimo antes que exigir a los empleadores respetar las normas laborales.

MUJERES COCALERAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.

Según un informe de Prison Insider al 31 de enero de 2017 del total de la población carcelaria, cerca de 7849 son mujeres, es decir un 6.6% y comparadas con las cifras de hace 25 años, hoy en día la población femenina es 5.5 veces mayor.

Además lo más dramático de estas cifras es que estas mujeres han sido condenadas en su mayoría – un 45 % de ellas – por delitos relacionados con drogas. Le puede interesar: La alarmante situación de las cárceles colombianas

“Hay más hombres privados de la libertad que mujeres, pero más mujeres privadas de la libertad por drogas que hombres, es decir, corresponden al eslabón más debil de la cadena y estamos hablando de lo nefasto que es perseguir a estas mujeres, muchas de ellas cabeza de hogar (…) es un ejercicio desproporcionado del derecho, persiguiendo mujeres pobres” recalca Benjumea.

En la actualidad si una persona es judicializada por narcotráfico la ley no permite acceder a ningún tipo de beneficio, no admite la cárcel domiciliaria, ni disminución de la pena, razón por la cual quien incurre en este delito está condenado a pagar con la prisión de manera completa hasta que termine la pena.

SOLICITUDES DE LAS MUJERES COCALERAS DEL PAÍS.

Los primeros beneficios que están llegando como parte de los Acuerdos de Paz, están siendo entregados solo a las mujeres recolectoras de la hoja de coca, razón por la que las mujeres trabajadoras afectadas continúan solicitando vías de acceso que en la actulidad se encuentran en estado deplorable o inexistentes, mayores incentivos para el comercio rentable de otros cultivos, mayor apoyo para nuevas economías. Le puede interesar: Mujeres cocaleras de todo el país se reúnen para trabajar propuestas de sustitución

HUMANAS

PARA COMUNICADO

No quiero tu ética ni tu moral

Carolina Hidalgo terminó con la nariz fracturada, golpes marcados en sus brazos y señas de puños y hematomas en la cara y el cuerpo, todo luego de una golpiza propinada por el diputado demócrata cristiano Ricardo Rincón. El “honorable” recibió una sentencia que lo condenaba por violencia intrafamiliar y lo obligaba a realizar un tratamiento psicológico, sin embargo, su decisión fue incumplir la sentencia ejecutoriada de un Tribunal de la República y simplemente no realizar el tratamiento.

Para la Democracia Cristiana, la existencia de una sentencia condenatoria no resultó suficiente para dar credibilidad al hecho de que Rincón es un agresor de mujeres. Así, el Tribunal Supremo del partido consideró que la gravedad de los hechos de violencia perpetrados por él,  ameritaban ser sancionados con una simple amonestación, resguardando la impunidad lo suficiente como para permitir que el señor Rincón vuelva a presentarse a la ciudadanía como un candidato a parlamentario por su partido.

Ante tal escenario de impunidad y complicidad con la violencia hacia las mujeres,  la Coordinadora Ni Una Menos Chile no guardará silencio. Las mujeres en este país ya no seguiremos guardando silencio. Las feministas levantamos la voz y denunciamos la violencia machista de los agresores que se creen con el derecho a maltratarnos, agredirnos, y golpearnos. Levantamos la voz contra los partidos políticos que los amparan y hacen defensas corporativas a favor de maltratadores aún cuando la justicia dictamina lo contrario.

Como movimiento social de mujeres y feministas independientes y auto organizadas que no dependemos de ningún gobierno, partido u organización política, defendemos la vida y la dignidad de todas las mujeres y exigimos de nuestra sociedad un reproche total a la violencia machista que en lo que va del año ya ha cobrado la vida de más de 20 mujeres.

Exigimos ser reconocidas como sujetas de derechos. No somos objetos desechables ni de recambio.

Exigimos que la Democracia Cristiana expulse a Rincón de sus filas, enviando un mensaje claro a la ciudadanía de rechazo absoluto a ser representada en el Congreso Nacional por un diputado agresor de mujeres.

Exigimos que Rincón, renuncie al Parlamento y que no se presente como candidato ni ejerza ningún otro cargo público por carecer de la ética y dignidad mínimas para ejercer cualquier función del Estado.

Y llamamos a las mujeres a organizarse e impedir que agresores de mujeres sigan teniendo derecho a decidir por nosotras.

Vivas nos queremos.

Coordinadora Ni Una Menos Chile

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Supremo DC y la naturalización de la violencia contra mujeres

El mensaje del supremo de la DC es claro: la violencia hacia la mujer puede ser obviada y minimizada. La connotación pública que tiene el femicidio frustrado contra Nabila Rifo debió impedir una decisión de esta magnitud como debió evitar el asesinato de más de medio centenar de mujeres que murieron desde el día de la agresión a Rifo hasta la condena de Ortega.

Foto: Agencia Uno

El juicio a Mauricio Ortega como responsable del femicidio frustrado contra Nabila Rifo terminó de confirmar en toda su expresión, la cruda realidad que viven las mujeres víctimas de violencia de género en Chile. Mostró cómonuestro sistema judicial, que avanza lento en la incorporación del derecho internacional para el trato de víctimas de violencia; nuestro sistema político, que hace de las causas de las mujeres una causa negociable y medios de comunicación, que hicieron un festín con este drama, no han estado a la altura de las urgencias que tenemos como país y democracia, en la erradicación la violencia de género hacia mujeres y niñas. 

Todo un sistema social que sanciona a las víctimas que deciden denunciar al hombre agresor y protege a los victimarios, justificando sus acciones. Lamentable. Es un sistema que invita a las mujeres a mantenerse en silencio y a los victimarios a perpetuar sus conductas delictivas.

Cuando se creyó que la perplejidad del femicidio frustrado de Nabila Rifo (pero también de Carolina Barría y tantas más) se superaba con la condena de Mauricio Ortega; otro hecho de violencia mantiene las dudas sobre cómo avanzar en el reconocimiento pleno y efectivo de los derechos de las mujeres.

El Tribunal Supremo de la DC acaba de decidir que los maltratos físicos y psicológicos propinados por el diputado Ricardo Rincón contra su expareja mujer, de acuerdo a la condena judicial recibida en su contra el 2002, no son razón suficiente para que sea suspendido ni expulsado del partido.

Es más, el tribunal demócratacristiano aduce que no habría sido suficientemente acreditado el hecho de violencia. Así deconoció la sentencia del 16º Juzgado Civil de Santiago, ratificada posteriormente en segunda instancia. Al ignorar el pronunciamiento de los tribunales de justicia también desacreditó la denuncia de la víctima. Nuevamente en duda la reputación de la mujer que denunció al diputado Rincón.

La Democracia Cristiana a través de su Tribunal Supremo contradice lo resuelto por su Comité de Ética que investigó por ocho meses el proceder del diputado Ricardo Rincón, cuando la denuncia por violencia contra su ex pareja fue nuevamente pública. El Comité advirtió que Rincón niega la verdad de manera tenaz, no manifiiesta arrepentimiento por lo realizado y que la fecha de la denuncia ante la justicia es una referencia porque la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos; su daño dificilmente prescribe. 

La decisión del Tribunal Supremo DC es una reiteración de la agresión, un reflejo del amparo que reciben los victimarios y de la naturalización de la violencia contra las mujeres. Si uno de los partidos más emblemáticos de Chile, cuyos principios dicen fundarse en el respeto del bien común y los derechos humanos, ampara dentro de sus filas a un maltratador de mujeres condenado por la justicia y considera que esto no lo inhabilita para ejercer cargos públicos bajo su alero: qué mensaje se está enviando a la ciudadanía, qué le está diciendo a los agresores, cómo pretende retomar funciones públicas en el Estado como principal garante de los derechos de mujeres, niñas y víctimas. 

El mensaje del supremo de la DC es claro: la violencia hacia la mujer puede ser obviada y minimizada. La connotación pública que tiene el femicidio frustrado contra Nabila Rifo debió impedir una decisión de esta magnitud como debió evitar el asesinato de más de medio centenar de mujeres que murieron desde el día de la agresión a Rifo hasta la condena de Ortega. Un cambio político y cultural real debió reflejarse en la expulsión de Rincón de las filas DC y su inhabilidad como servidor público. Pero no. Continuamos con el imperioso desafío de propinar ese cambio profundo. De enviar un mensaje claro a las mujeres que sobreviven a la violencia, asegurándoles que nunca más las dejaremos solas.

Mientras esto no ocurra, seguiremos sosteniendo y validando la violencia hacia las mujeres, favoreciendo que no se denuncie a los agresores y haciendo de su no visibilización una costumbre que ya ha cobrado la vida de demasiadas mujeres. Ni una menos, a causa de la violencia machista. Ni una mujer más abandonada por una sociedad cómplice.

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Ezzati por violación de monja en claustro: “Cada persona tiene que hacerse responsable de la vida que ha engendrado”

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El día de ayer el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se refirió públicamente a la denuncia por violación y negación de ayuda que ha efectuado la hermana Francisca, ex integrante del claustro de las monjas clarisas. La mujer señaló que fue violada el año 2012 al interior del convento, que sus hermanas la abandonaron y que tuvo un hijo producto del crimen.

 Al respecto, Ezzati contradijo el testimonio de la mujer. “Debo decir que sí fue escuchada, que su situación ha sido acogida”, apuntó, y que como iglesia se ocuparon del hijo engendrado. “Cada persona tiene que hacerse responsable de la vida que ha engendrado”, señaló.

La abogada de la hermana Francisca, Camila Maturana de Corporación Humanas, declaró el jueves a El Desconcierto que “cuando la hermana Francisca da en adopción al niño, ella se presenta al monasterio, vuelve a solicitar ser reincorporada y en el Arzobispado se entrevista con el Vicario de la vida religiosa, Aldo Coda, a finales de 2013. Ella le pide volver a ser reintegrada a algún monasterio y la respuesta del vicario fue: Hermana, deje que las aguas decanten”.

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El cuestionado juez del caso Nabila que desestimó una violación acusando a la víctima de “casquivana del pueblo”

Hace 12 años atrás, dicha magistratura dejó exento un delito de violación en contra de Giovanna Vidal basándose en juicios de valor con respecto a su vida privada. La afectada junto a Corporación Humanas entregaron una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que aún está en proceso.

Por 

El juicio por la brutal agresión que sufrió Nabila Rifo ha estado en el centro mediático durante varias semanas. Distintas voces de organizaciones de derechos de las mujeres, activistas, políticos y medios de comunicación criticaron la estrategia judicial que la defensa de Mauricio Ortega, ex pareja de la joven y único imputado en el caso, ocupó para desacreditarla.

La dinámica del juicio oral ha llamado la atención por el constante escrutinio a la vida íntima y personal de Rifo, con una formulación de preguntas intencionadas y de cuestionada relevancia para la investigación. No obstante, no es la primera vez que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique procede de esta manera.

Hace 12 años atrás, dicha magistratura dejó impune un delito de violación en contra de Giovanna Vidal, fundado en casi su totalidad,en juicios de valor con respecto a su vida privada. La afectada, junto a Corporación Humanas,entregaron una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue considerada admisible y está pendiente.

Un militar violador libre

Existen antecedentes que demuestran que el Tribunal ha tratado con la misma manga ancha a otros casos de similar índole, desde violaciones, hasta femicidios. La Comisión Jurídica de la Coordinadora Niunamenos Chile recopiló antecedentes que cuestionan al tribunal señalando “serios cuestionamientos a sus labores” así como al proceder específico de Luis Rolando Del Río, uno de los jueces titulares del caso de Nabila y que ha llevado otros episodios de características afínes.

Corría el año 2003 y Giovanna se encontraba en una cena familiar con su pareja. Luego de comer, le propuso a su pololo que fueran a una discoteca, quien desechó la idea por lo que optó por salir con una amiga. En el interior del recinto, se encontró a Cristóbal González, perteneciente al Ejército y a quien conocía con anterioridad por haber rechazado una propuesta de pololeo del mismo.

Él le insistió en bailar y aunque ella accedió, después se alejó. Ante la molestia de González, ella se acercó preguntándole qué le había pasado, entonces él la le propuso que subiera al auto y que fueran a su casa, en Villa Militar, a escuchar música y beber un trago. Al estar solos, González le insistió en tener relaciones sexuales y ante la negativa de la mujer, la violó.

En un intento de desesperación, la joven de ese entonces 23 años arrancó desnuda y pidió auxilio en una casa próxima, en donde la obligaron a ingerir alcohol para no levantar sospechas. La puertoaysenina decidió querellarse contra su agresor y la sentencia emanada del tribunal en agosto de 2004 estuvo lejos de protegerla. Según se lee en el fallo, los jueces titulares Sergio Vásquez, Pedro Castro y Luis Rolando Del Río estimaron que el hecho “escapa de la connotación delictual imputada en el juicio”, tildándola de “casquivana” y terminaron por absolver al acusado.

Tal como en el caso de Nabila, la Defensoría Penal Pública se abocó en cuestionar la vida personal y sexual, realizando preguntas como “¿qué hace una muchacha sola en una discoteca sin su pareja?”, sosteniendo la tesis de que la denuncia es producto de “despecho o histeria, y no violaciónEl documento tiende a desacreditar a la demandante atribuyéndole características de “fácil” y “que se acostaba con cualquiera” sólo por el hecho de ir a fiestas, además de presentar en casi su totalidad únicamente testigos pertenecientes al ejército.

Vidal se acercó a Corporación Humanas, quienes en conjunto presentaron una denuncia ante la CIDH en la cual se alegó responsabilidad internacional del Estado de Chile por denegación de justicia. Para la abogada de la Corporación, Camila Maturana, es frecuente que las mujeres que sufren violencia sean cuestionadas en sus decisiones y sus comportamientos frente a los agresores. “En los casos de violencia sexual eso se exacerba, porque se duda de sus relatos y ponen en cuestión comportamientos previos en lugar de centrarse en la determinación de responsabilidad de la agresión y muchas veces la impunidad en que queda la violencia hacia las mujeres está determinada porque a la víctima se le asigna una menor credibilidad“, explica.

La petición admitida por dicha comisión denuncia “falta de debida diligencia por parte de las autoridades chilenas en investigar y sancionar el hecho denunciado” y sostiene que “las decisiones judiciales que eximieron de responsabilidad penal al presunto agresor, se habrían basado en prejuicios discriminatorios en contra de la presunta víctima exponiendo aspectos relativos a su vida privada, a fin de deslegitimar la veracidad de su denuncia“.

Por su parte, el Estado señala que “el reclamo es inadmisible por haber sido presentado fuera del plazo de seis meses” y que el asunto “fue resuelto por las autoridades internas con apego a las reglas del debido proceso“. Sin embargo, Giovanna presentó un recurso de nulidad posterior a la resolución del juicio y la petición ante la CIDH fue en abril de 2005, por lo que se encuentra dentro del tiempo establecido. La Comisión Interamericana se propuso incluir la petición en el Informe Anual para la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y continuar con el análisis de fondo del asunto.

Por la rebaja de penas en un femicidio en Puerto Aysén

En 2016, Karina Barría Muñoz tenía solo 25 años y era madre de un hijo pequeño. Fue acuchillada por su conviviente, Yonatan Esteban Cárdenas Nahuelquin (29) “motivado por celos”. El femicida fue condenado a 20 años de presidio (lo que marcó un precedente al ser la sentencia más alta que se haya registrado) sin posibilidad de optar a beneficios carcelarios mientras dure la condena.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de diversos amigos y familiares de la víctima, lo cual fue coordinado por la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, sumado a las pericias del Servicio Médico Legal, Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), según consigna el medio local El Divisadero.

La sentencia impuesta por el voto de la mayoría representado por la jueza Cecilia Urbina  y el magistrado Paulo Freire, determinó no considerar lo solicitado por la defensa y condenar al individuo en su totalidad. El juez Del Río fue el único que votó en contra planteando una pena más baja: “aplicar una pena de 13 años y un día a Cárdenas considerando dos atenuantes“.

La debida diligencia en investigaciones y procedimientos judiciales

Maturana insiste en que en general, los estereotipos y prejuicios de género“están presentes en los operadores jurídicos” y al menos, es visible en el Tribunal de Coyhaique, como lo fue la impunidad de la violación sexual, que se traduce en una negación de justicia que se extiende a las víctimas“. Desde Corporación Humanas existe una preocupación con el caso de Nabila, porque se ha expuesto su vida privada pasada y su sexualidad al escrutinio de la opinión pública y la justicia.

Todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación de riesgo y violencia, al ver cómo el tribunal ha tratado el caso de Nabila, como ella ha sido cuestionada, estigmatizada, les provocará un disentido acudir a los tribunales, porque claramente se ha gestado una desconfianza profunda acerca de cómo el sistema opera y es incapaz de dar protección, con mayor razón a situaciones de violencia sexual“, enfatizó la abogada.

Finalmente, para la organización es necesario que se puedan definir acciones y políticas contra la violencia, para que investigaciones y procesos judiciales se realicen con la debida diligencia de recabar todos los antecedentes probatorios que permitan la sanción de los agresores, la protección de las víctimas y la reparación de las mismas. En esa misma línea, desde la Coordinadora Niunamenos se insiste en que “el Estado debiera estar considerando una disposición que obligue a las y los funcionarios a prepararse en los temas de género y todo lo que significa para una mujer que vive violencia“.

Fuente: El Desconcierto

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Abogada de la monja que demandó al Arzobispado tras violación: “No recibió ninguna clase de protección ni amparo”

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, analizó el caso de la hermana Francisca, quien denunció a su congregación y al Arzobispado de Santiago por no prestarle ayuda ni protección legal tras haber sido violada en el claustro. “La acción civil busca el reconocimiento de la responsabilidad por el daño causado”, explica.

Por 

/Captura 24 Horas

La hermana Francisca tenía 20 años cuando ingresó a la orden Clarisas Capuchinas, siguiendo una convicción que albergaba desde hace mucho tiempo. En el recinto, ubicado en pleno centro de Santiago, los años transcurrieron sin mayores sobresaltos hasta 2012, cuando un hecho cambió radicalmente su vida.

El monasterio donde residía la religiosa necesitaba reparaciones, por lo que la madre superiora decidió autorizar el ingreso de un grupo de maestros, quienes permanecieron cerca de ocho meses durmiendo en el lugar. Uno de ellos, Hernán Ríos, quien trabajaba en las obras, aprovechó que la hermana estaba enferma para conducirla a una habitación y violarla.

La víctima reaccionó ocultando el hecho por miedo, pero tres meses después descubrió que estaba embarazada y tuvo que comunicarlo. Entonces, cuenta la hermana Francisca, “me dijeron que yo era la culpable, más encima me calumniaron de robo, que yo lo hice a propósito. Mis hermanas fueron muy crueles conmigo”.

Luego de dar al bebé en adopción en la Fundación San José, la religiosa fue marginada de hecho, en un proceso evidentemente irregular para la regulación canónica, de su vida religiosa. Por ello, después de conseguir justicia en la condena de Ríos por el delito de violación en 2015, la hermana Francisca interpuso una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago y el claustro, quienes no creyeron en su verdad y la desampararon tras el hecho.

En conversación con El Desconciertola abogada Camila Maturana de la Corporación Humanas, que está asesorando a la mujer en su acción judicial, explicó

¿Cuál es el objetivo de esta demanda de la hermana Francisca contra el Arzobispado y su congregación?

Al ser víctima de un delito al interior del monasterio, no recibe ninguna clase de protección ni amparo de parte de la iglesia a la que ella pertenecía, desde los 16 años, entonces lo que busca con una acción judicial es que se determine la verdad de lo ocurrido y que la iglesia asuma la responsabilidad del daño causado y los errores cometidos. Principalmente, por el hecho de haberla marginado de su vida religiosa, sin seguir el procedimiento regular para ello y, por cierto, por haberla culpabilizado de la violación sexual que sufrió.

La hermana cuenta que la presionaron para ocultarlo y que la culpabilizaron.

Lo más llamativo y fuerte es que desde el primer momento, cuando se devela el embarazo, y a raíz de ello que había sufrido una violación sexual, a ella la responsabilizan de eso y le piden que abandone su vida religiosa.

¿Qué es lo que mandataba en este caso el derecho canónico? ¿Cómo debería haber actuado la iglesia? 

Existe una regulación en el derecho canónico donde está expresamente previsto cuál es el procedimiento que debe seguirse para la expulsión de los miembros, dependiendo del tipo de falta que la persona ha cometido. Hay un capítulo donde se contempla que la persona pueda ser oída y defienda de los cargos que se le acusan. Esa instancia determina cuál sería la sanción aplicable, porque no es sanción inmediata.

Además, se mandata, sea cual sea la falta cometida, que debe haber compasión y misericordia respecto de esta persona de la comunidad religiosa. Eso está dicho así en la regulación canónica y por supuesto ninguna de estas normas se cumplió. Las autoridades se saltaron el procedimiento y la expulsaron en los hechos, de manera irregular, no le dieron la posibilidad de defenderse.

Como nadie le creía que había sido violada, ella presenta la denuncia y a partir de esto se inicia una investigación en el Ministerio Público, donde se logra efectivamente determinar que la violación ocurrió y el agresor fue condenado por la justicia. A pesar de esto, la iglesia no revierte la decisión de mantenerla alejada de la vida religiosa. Hay un conjunto de acciones que tienen que ver con la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres al interior de los claustros, la falta de vías de protección frente a la violencia sexual, la autorización de ingresar trabajadores al monasterio de manera anómala y luego la falta de acogida a una miembra que había sufrido un delito.

¿Cuál fue la respuesta de la congregación y el arzobispo Ezzati? ¿Estuvo al tanto del caso?

Cuando la hermana Francisca da en adopción al niño, ella se presenta al monasterio, vuelve a solicitar ser reincorporada y en el Arzobispado se entrevista con el Vicario de la vida religiosa, Aldo Coda, a finales de 2013. Ella le pide volver a ser reintegrada a algún monasterio y la respuesta del vicario fue: Hermana, deje que las aguas decanten.

El arzobispo Ezzati es el representante legal. No tenemos cómo saber si él maneja esta información, pero de acuerdo al derecho canónico, es él el responsable y debe velar por todo lo que ocurre en su diócesis. Él debe saber, para ello es nombrado por la Iglesia Católica. Por su parte, los tribunales de justicia deben aplicar la legislación chilena, a la cual la iglesia también esta sometida.

Todo indica que tampoco se cumplió con el conducto regular para la denuncia de una violación. 

El deber que tenían era darle protección a una de sus miembras que habían sufrido un delito, con mayor razón si este delito es una violación sexual cometida en su contra al interior del monasterio. No se explica que ella no haya recibido asesoría y protección en la presentación de acciones judiciales.

También es muy grave constatar que cuando se inicia esta investigación, las autoridades de la iglesia no colaboraron. El provincial capuchino, Héctor campos, entrevistado por la PDI, fue citado por la Fiscalía a prestar declaración y no concurrió. La abadesa se negó a prestar declaración y a que el resto de las hermanas lo hiciera y ademas, mintió en su entrevista. Ella fue entrevistada por la PDI y acusó a Francisca de haber cometido el delito de robo. Hubo obstaculización a la justicia chilena de parte del monasterio.

Otro hecho es que el obispo auxiliar, mandatado por el Arzobispado a dar una respuesta ante un canal de TV, señala que se acaban de enterar. Eso no se condice con lo que ocurrió: a fines de 2013, ella se entrevista con ellos y les entrega una carta. Incluso, se presentan en la casa de ella con dos abogados en enero de este año llevándole para pedirle su reincorporación y le dicen “le manda saludos el cardenal”. Es preocupante que diga que no tienen idea, quiere decir que perseveran en su actitud de desconocer estos hechos.

¿Es posible que la hermana Francisca sea reintegrada a su comunidad religiosa?

La acción civil busca el reconocimiento de la responsabilidad por el daño causado y que se materializa en una reparación. Si ella o no vuelve a su vida religiosa, corresponde a su vida privada y a las alternativas que pueda ofrecer el monasterio, pero no es lo que estamos buscando. Estamos al margen del procedimiento canónico, porque ella no tiene ningún elemento para confiar, considerando que cuando la expulsan, se saltan toda la regulación.

Había una cuadrilla de trabajadores viviendo ahí entre abril y diciembre de 2012. Si eso no es saltarse la regulación, no sé. En un recinto de claustro solo pueden vivir las monjas en clausura sin contacto con el mundo exterior. Las reglas dicen claro que el ingreso de personas ajenas al claustro lo dispone la abadesa, quien debe solicitar autorización al obispo, que es Ezzati. No pueden decir que no sabía, porque de acuerdo a las normas canónicas, es él quien tiene que autorizar que ingresen personas externas a la vida religiosa al lugar de clausura.

¿Cómo se enfrenta Corporación Humanas a este caso, donde una mujer religiosa es abusada y luego violentada institucionalmente, lo que evidencia el riesgo en que podrían estar otras integrantes de la iglesia?

Como Corporación nunca habíamos defendido a una mujer de vida religiosa, pero es significativo que en el caso de la hermana Francisca se concluye una cultura de la violencia sexual, que naturaliza la violación y responsabiliza a las víctimas de lo ocurrido. Eso se entrecruza con la existencia de una institución jerárquica, como es la Iglesia Católica, el Ejército o Carabineros, donde las mujeres se encuentran en un lugar de subordinación y de máxima vulnerabilidad, porque además se encubren los abusos e irregularidades que ocurren.

Hay un elemento que es común a las historias de violencia sexual de las mujeres y es que, en la inmensa mayoría de los casos, sufren violencia de parte de sus parejas y además enfrentan violencia institucional, son desacreditadas y responsabilizadas, siempre puestas en sospecha. Esta sospecha en el relato de las mujeres alcanza incluso a una mujer de vida religiosa.

Fuente: El Desconcierto